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¿Nos podemos permitir gastar 10 mil millones?

28 de septiembre de 2020
Gasto Público
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Se dice que la ley de presupuestos es la norma más importante que se vota en un parlamento. No es para menos, en sus páginas se proyecta cuáles serán los ingresos que tendrá el gobierno y, lo que es igualmente importante, en qué y cómo se pretenden gastar. En Canarias la proyección para este año preveía un superior a los 9.400 millones de euros, gastos comprometidos que tras la crisis recaudatoria que acompañará al cierre del turismo por el Coronavirus tendrán que obtenerse de otras fuentes o posponer a futuro a través de la deuda. Otra posibilidad implicaría ajustar los gastos a los ingresos obtenidos y aunque nadie parece plantearlo podría ser la opción más razonable habida cuenta de que entre los servicios públicos básicos también hay partidas del todo superfluas, gastos injustificados, duplicidades y estructuras cuestionables. 

 

Una laberinto sin salida

Si por algo se caracterizan las cuentas públicas es por su enrevesada redacción que hace imposible el entendimiento para el ciudadano de a pie. No solo por el tiempo que es necesario dedicarle para asimilar las casi 600 páginas que conforman un presupuesto como de la Comunidad Autónoma de Canarias sino por lo complejo que y poco claro que es seguir los apuntes contables de las partidas que se entrelazan y enmarañan en un sinfín de transferencias y aportaciones que por un lado se reciben desde otras instituciones europeas o desde el gobierno español hasta las que se derivan dentro de la propia región a sus organismos autónomos y otras entidades públicas que forman parte de la Comunidad Autónoma. Así las transferencias corrientes alcanzan los 4,6 mil millones de euros que junto a los casi 600 millones por transferencias de capital suponen más de la mitad del presupuesto público, ahí es nada.

Si desglosamos hasta el detalle y tomamos la consejería de Sanidad como ejemplo descubriremos que solo desde aquí se transfieren 2,8 mil millones de euros a todo tipo de entidades en programas como el de formación, hemodonación o la propia asistencia sanitaria, de la cual se encarga un organismo autónomo el Servicio Canario de Salud.

Pero la descentralización no solo contempla las autonomías sino que en las islas tropezamos con otros niveles administrativos como cabildos y ayuntamientos que también son el destino de este tipo de transferencias. Solo al Fondo Canario de Financiación Municipal se destinan 307 millones de euros que incluyen también inversiones reales definidas como gastos en inversiones de carácter inmaterial. Bajo este concepto encontramos a lo largo de todo el presupuesto multitud de apuntes que se refieren a estudios y trabajos técnicos, es decir informes que no siempre se terminan sustanciando en inversiones reales o beneficios prácticos para la gente pero que tienen un alto coste. Los cabildos también reciben este tipo de financiación y, por poner un ejemplo, el de El Hierro recibe 9,3 millones.

El resultado final es un laberinto sin salida para el contribuyente en el que nunca se llega a completar y por el camino financia no se sabe muy bien qué servicios ni a qué coste. No es fácil seguir la pista a estos importes. Esta posiblemente sea una de las principales críticas que se le pueda realizar al sistema autonómico ya que los ciudadanos no solo no pueden fiscalizar las cuentas públicas sino que reciben unos servicios de una determinada institución sin saber cómo ha sido financiada de modo que el gasto público puede llevarse a cabo eludiendo el principio de responsabilidad.

 

¿A dónde va el dinero?

A pesar de que por ley los diferentes gobiernos tienen el deber de mantener portales de transparencia en los que volcar información pública y atender a las cuestiones que puedan plantear los ciudadanos, basta con pasearse por alguno de estos para toparse con que la mala usabilidad de este tipo de páginas web como los diferentes formatos tanto de año en año como entre administraciones de modo que impiden poder comparar y tratar los datos de forma comprensible. 

Si por ejemplo queremos aclarar cuánto dinero reparte el gobierno canario en subvenciones nos encontramos con que cada consejería o entidad tiene su propio apartado en el que para obtener un total, hay que sumar una a una diferentes cuantías que terminan siendo parciales y resulta complicado hacerse una idea global ya que, además, se distribuyen por semestres. Sin embargo, a través del sistema nacional de publicidad de subvenciones podemos llevar a cabo una búsqueda general de todo un año, en este caso el 2019, que devuelve 16.744 entradas por un total de 499.253.645 euros. 

Por el contrario, rápidamente nos redirige al portal en el que buscar todo tipo de subvenciones y ayudas en curso que se pueden solicitar. Una vez más el sistema está organizado para poder acceder fácilmente al dinero público pero no tanto para fiscalizarlo. Tampoco ayuda el hecho de que la información verdaderamente importante termine diluyéndose entre un océano de datos en el que se prioriza la cantidad a su calidad. 

Uno de los capítulos más onerosos es el de los gastos de personal que con más de 1.600 millones de euros supone el 18% del total de los presupuestos públicos. Se debe tener en cuenta que muchos de los servicios públicos básicos son intensivos en capital humano, como por ejemplo lo son Educación o Sanidad, llegando a emplear a 65.040 personas. De esta forma la comunidad autónoma se erige como el principal empleador de las islas muy lejos de los, por ejemplo, 6000 trabajadores la empresa Dinosol, la compañía privada canaria que mayor número de empleados dice tener.

 

Políticos poco profesionales

La tendencia en nuestra democracia a la profesionalización es clara, se pueden contar con los dedos de una mano los casos de profesionales o empresarios exitosos que tras una larga y reconocida experiencia dan el salto a la escena pública para dedicarse a la política. Al contrario, cada vez más son los políticos profesionales que no han conocido otro oficio que el de ir subiendo escalones en la organización de los partidos y ocupar puestos de responsabilidad pública porque así lo han querido sus jefes políticos. En estas circunstancias se presupone que estas personas deberían amasar una experiencia suficiente en la gestión de las instituciones comunes cuando en la práctica nos encontramos con que el número de asesores que necesitan para realizar esta tarea no ha dejado de aumentar.  

En el caso de Canarias la cuenta puede ser interminable solo en la estructura del gobierno. Si tomamos una de sus consejerías como la de presidencia al jefe de gobierno le acompañan un vicepresidente, su director general, otro para su coordinación y apoyo, uno más de relaciones institucionales, un viceconsejero de presidencia, otro de acción exterior, otro de comunicación y relaciones con los medios junto a los directores generales de emigración, relaciones exteriores, comunicación gabinete del presidente y una secretaría general. En todo el gobierno se trata de 130 altos cargos, 93 eventuales que ocupan puestos muy variados como se ha visto y 22 directivos de sociedades públicas, fundaciones públicas y consorcios, de estas habría que contabilizar también a sus asesores y otros cargos que elevarían la cifra total considerablemente.

Por estos servicios los canarios pagan una factura elevada que roza los 14 millones de euros anuales. Los altos cargos acaparan dos terceras partes de esta cantidad mientras que el resto es para el personal eventual. Si algo llama la atención es que en su desglose la mayor cuantía se debe a otras remuneraciones de los altos cargos con más de cinco millones de euros que hay que sumar a sus retribuciones básicas y otros conceptos como los trienios por antigüedad, ese principio filosófico que rige la vida de todo empleado público según el cual su sueldo aumentará por el hecho de “estar” en lugar de seguir criterios de productividad o logro de objetivos como ocurre en el mercado laboral privado. La indemnización que reciben antiguos miembros del gobierno se queda en poco más de 400 mil euros, una cuantía ínfima pensará alguno por todo lo que los ciudadanos han recibido a cambio. 14 altos cargos para una sola consejería de las 11 que conforman el gabinete. Presidencia cuenta con otras 31 personas que forman parte del personal eventual de los cuales solo 6 figuran como asesores, mientras que entre el resto encontramos desde dos asistentes a la vivienda oficial del presidente, ayudantes y secretarios así como un jefe de protocolo.

 

Sin límites

A pesar de que tanto la política como la economía quedan lejos de ser una ciencia exacta los datos de los últimos cuarenta años no dejan lugar a dudas y marcan una clara tendencia al alza del gasto público. Trazar un continuo desde los inicios autonómicos supone casi una labor de indagación arqueológica en sus primeras leyes presupuestarias, muy diferentes a las actuales. Se debe tener en cuenta que entonces la moneda de curso legal era la peseta, que competencias muy costosas como la sanidad no se transfirieron hasta el año 1994 y que con la entrada en el eurosistema la propia metodología presupuestaria cambió. Con todo, si echamos la vista atrás, los 80 mil millones de las antiguas pesetas (ni quinientos millones en euros) parecen calderilla en comparación a los más de 9.400 millones de euros que el gobierno canario gastará este año casi 20 veces más. 

Por otro lado no cabe duda de que el gasto público también depende de la riqueza de la propia sociedad, con lo que tampoco sería sensato que el gasto público se mantuviera constante a lo largo del tiempo pero sí que evolucionara en consonancia a la creación de….

La progresión en estos años ha sido invariable casi sin excepciones, no solo por aumentar la capacidad de financiación propia y el número de funciones, sino porque los gastos se han ido incrementado en cada partida y se han aumentado esferas de intervención pública. De hecho existe un malentendido con el concepto de austeridad, ya que tan solo en momentos puntuales como en los años 2010 y 2012 se redujo levemente el presupuesto público. Lo cierto es que la lucha política por el poder ha traslado a la opinión pública que un aumento de los presupuestos por debajo de la inflación era equivalente a llevar a cabo recortes presupuestarios.

El resultado es un círculo vicioso en una deriva hacia un gasto público irracional e ilimitado que nos acerca a alcanzar la barrera psicológica de los 10 mil millones de euros sin que los bienes y servicios se hayan incrementado o mejorado en la misma proporción. Tampoco parece que los intentos de elaborar unos presupuestos en base cero hayan sido fructuosos, ni cuando lo intentó hace décadas el consejero Molina Petit ni las más recientes promesas de González Ortiz que desembocaron en un gasto público mayor al del año anterior. La metodología de elaborar un presupuesto de cero sin tener en cuenta las estructuras ni las cifras del anterior en lugar de limitarse a actualizarles en base a un porcentaje mayor de gasto no garantizan el objetivo final si el planteamiento inicial no parte de una concepción restrictiva del gasto donde cada euro gastado debe justificarse buscando su máxima eficiencia en forma de retorno económico o social a la sociedad. En un presupuesto así no tendrían cabida ni los gastos superfluos que en ocasiones se califican como el chocolate del loro pero tampoco la suposición de que un mayor gasto destinado a un servicio público, aunque se trate de algo básico como la sanidad o la educación, terminará materializandose en la mayor calidad de los mismos. Al fin y al cabo no se trata del cuánto se gasta sino del cómo, un principio básico que los políticos no parecen haber interiorizado pese a la crisis de 2007 ni la catástrofe económica que asoma tras las respuestas planteadas para hacer frente a la pandemia actual.

 

¿Y quién paga todo esto? 

El profesor Rodriguez Braun respondería con un “¡usted, señora!” y no le faltaría razón. Al fin y al cabo el impuesto sobre la renta de las personas físicas destaca a gran distancia del resto si ponemos la atención en los ingresos que corresponden al tramo autonómico, con casi millón y medio anuales que suponen alrededor del 20% de todos los ingresos del gobierno canario. Ni grandes patrimonios, ni impuestos especiales, ni siquiera el IGIC… Quienes sostienen estos presupuestos son las clases medias trabajadoras con una nómina que no escapa al celo recaudatorio de las administraciones públicas. Precisamente por esta razón cada euro público que se gasta debería ser precedido de un estudio de eficiencia y retorno que producirá para la sociedad en lugar de terminar alimentando una maquinaria administrativa de voracidad insaciable. De lo contrario, el dinero malgastado estaría mejor en el bolsillo de cada ciudadano, para gastarlo o ahorrarlo de forma más sensata y acorde a sus necesidades reales que conocerá mejor de lo que lo hará cualquier burócrata desde su despacho.

 

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