La fragmentación geopolítica y el regreso del control de los sectores “estratégicos” están encogiendo los flujos de capital productivo. Canarias tiene una oportunidad que puede desperdiciar de la misma manera que ha desperdiciado las anteriores
La temperatura real de la economía global puede medirse de forma muy eficaz a través de la inversión extranjera directa, contabilizando el dinero que las empresas y los inversores mueven de verdad, no el que prometen mover en ruedas de prensa. La ONU, en su último World Investment Report, aporta un dato inequívoco: la inversión extranjera directa mundial cayó un 11 % en 2024, segundo año consecutivo de descenso, mientras que la actividad real de inversión (medida en nuevos proyectos, fusiones y financiación de infraestructuras) siguió encogiéndose. Por otra parte, las fusiones y adquisiciones transfronterizas cayeron un significativo 18 % en economías desarrolladas y los anuncios de proyectos de nueva planta disminuyeron un 16 % en número. Peor aún, la financiación internacional de proyectos acumula cuatro años consecutivos de descensos, regresando a niveles no vistos desde 2019. En conjunto, estos indicadores reflejarían un deterioro sostenido de la confianza inversora internacional y apuntan a una desaceleración estructural de la economía global más profunda de lo que sugieren otros indicadores más superficiales.
La inversión en 2024, último año completo con datos disponibles, estuvo marcada por “tensiones geopolíticas, fragmentación del comercio y una intensificación de la competencia en materia de políticas industriales”, asevera el informe. Incluso el secretario general de la organización lo formuló con una claridad infrecuente en el lenguaje burocrático de las Naciones Unidas, al decir que “esto no es un tropiezo de un año del que nos recuperaremos al siguiente”, sino que ya puede decirse que responde a “un patrón”.
El patrón al que se refiere la ONU tiene un nombre preciso, aunque políticamente algunos quizá no estén dispuestos a reconocerlo, porque apunta al regreso del intervencionismo estatal como factor determinante en la asignación del capital. La incertidumbre puede ser habitual en los procesos de mercado, pero el freno a la inversión del que hablamos es de naturaleza diferente y debemos atribuirlo a que cada vez más los gobiernos han tomado decisiones que traslucen una visión de que la economía necesita ser dirigida desde el boletín oficial.
La manifestación más visible de este fenómeno es la explosión de medidas de control a la inversión extranjera bajo el paraguas de la “seguridad nacional”, y en esto España no es la excepción, sino la norma. En 2023 entró en vigor el Real Decreto 571/2023 sobre inversiones exteriores, que desarrolla un mecanismo de autorización previa que inicialmente fue una respuesta de emergencia a la pandemia y que el Gobierno fue prorrogando hasta convertirlo en estructura permanente. El resultado es que lo que antes era libre es ahora objeto de autorización, con plazos que duplican los de otros países europeos. Las consecuencias para España se pueden medir a través de los flujos de entrada de inversión extranjera directa, que retrocedieron un 34,5 % en 2024. El informe de la Unctad (la división de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo) cita específicamente las resoluciones desfavorables recibidas por España en arbitrajes internacionales por los cambios retroactivos en las subvenciones a las energías renovables como ejemplo de lo que la inestabilidad normativa provoca sobre la confianza inversora.
El argumento gubernamental para justificar los controles es siempre el mismo, y lo hemos visto a través de los años: que los sectores estratégicos necesitan “protección”, que la soberanía nacional exige “vigilancia” sobre quién compra qué, que el interés público “no puede quedar subordinado a la lógica del mercado”, etcétera. Ese argumento tiene cierta coherencia interna y no es totalmente descartable, pero tiene también un coste que rara vez se cuantifica en el debate público. Cuando un gobierno amplía el perímetro de lo “estratégico” hasta incluir la energía, la tecnología, las telecomunicaciones y la defensa, que son algunos de los sectores de mayor dinamismo inversor, en la práctica está diciéndole al capital que, para instalarse, necesita pasar por un filtro político cuyo criterio no siempre es predecible. Y el capital, cuando tiene alternativas, prefiere no pasar por filtros.
La carrera que otros ganan
Pero, mientras unos países construyen filtros, otros tejen alfombras rojas, atentos a que la reconfiguración de las cadenas de suministro que arrancó con la pandemia y se ha acelerado con las tensiones entre Estados Unidos y China está creando una oportunidad estructural para los territorios bien posicionados geográficamente que sepan ofrecer certeza regulatoria. El 70 % de las empresas industriales europeas considera que el nearshoring, la relocalización de la producción hacia países cercanos al mercado final, será prioritario hasta 2030.
¿Qué condiciones son las mejores para recibir esta inversión? Lejos de ser los recursos naturales o las dimensiones del mercado interior, es la combinación de tres factores que se retroalimentan: la estabilidad normativa, la fiscalidad competitiva y la eliminación de burocracia. Cuando esos tres elementos se alinean, el capital llega y se queda; cuando uno falla, el capital toma nota y busca el destino siguiente. El Informe Draghi, presentado ante la Comisión Europea en 2024, estimaba que la UE necesita 800.000 millones de euros adicionales de inversión cada año para no perder pie frente a otras jurisdicciones. Con los números en la mano, en los próximos años veremos qué porcentaje de esa inversión llegará a los territorios que han optado por más control y cuál llegará a los que han optado por más libertad.
Ventajas y debilidades canarias
En este contexto, Canarias tiene una posición siempre citada como envidiable, algo que hemos vuelto a oír en las semanas pasadas tras desatarse la guerra en Irán. Cuenta con un puerto como el de Las Palmas, que es actualmente el puerto europeo mejor conectado con África, y ha reforzado en los últimos meses su posicionamiento como hub logístico tricontinental en el Atlántico medio, favoreciendo la conexión entre Europa, África y América. Vemos citarse con frecuencia el hecho de que el crecimiento económico de África, cifrado en un 4,3 % en 2025, está dando paso a la aparición de una clase media que podría superar los 1.000 millones de personas en las próximas décadas, lo que convierte al continente en uno de los mayores mercados de expansión del mundo, y que Canarias está en el centro geográfico de ese proceso.
A eso debemos sumar que el Archipiélago cuenta, además, con el Régimen Económico y Fiscal (REF), con la Zona Especial Canaria (ZEC) como instrumento de atracción de inversión, y con el acceso simultáneo al mercado europeo y al espacio atlántico. Pero solo estamos hablando de la geografía, de lo dado o de un marco fiscal. Este puede resultar insuficiente si nos atenemos a lo que ocurre alrededor de ese marco, con una proverbial lentitud administrativa, una complejidad regulatoria que se acumula capa sobre capa y una tendencia, compartida con el resto de España, aunque con matices propios, a tratar la inversión privada con una mezcla de recelo institucional y voluntad de control que neutraliza buena parte de las ventajas que el REF debería proporcionar. No basta con tener el instrumento, sino que hace falta que el entorno en el que opera el instrumento no lo contradiga.
Hay un sector en el que la tensión entre mercado e intervencionismo es especialmente visible en Canarias, y que ilustra con claridad la cuestión de fondo. La llamada transición energética ha movilizado en España un volumen extraordinario de recursos públicos, vía fondos Next Generation EU o a través del Innovation Fund europeo, que dispone de 2.400 millones de euros para proyectos de descarbonización. Las administraciones isleñas han pedido formalmente a la Unión Europea y al Gobierno de España ampliar el plazo de ejecución de los proyectos de descarbonización hasta diciembre de 2028, porque advierten que, de mantenerse su límite de junio de 2026, las islas podrían perder más de 200 millones de euros en inversiones estratégicas de energía.
Pero hay aspectos que no deberían quedar fuera del análisis, más allá de reacciones de última hora y muchas veces hechas al aliento de intereses particulares. La inversión impulsada por subvenciones y ayudas estatales tiene una característica que la distingue de la inversión privada, y esta no es otra que el hecho de desaparecer cuando desaparece la subvención. Una empresa que instala un parque solar porque los fondos europeos hacen rentable lo que el mercado no haría rentable por sí solo no está respondiendo a una señal del mercado, sino a una señal del estado. Cuando esa señal cambia, porque los fondos se agotan o no llegan al plazo, porque el presupuesto se recorta o porque el gobierno cambia de prioridades, la inversión no se sostiene sobre sus propios pies. Los mismos inversores que llegaron solo por la subvención serán los que se marchen por la inseguridad jurídica. Un modelo energético para Canarias basado en la lógica del mercado no tendría que elegir entre renovables y seguridad de suministro, sino que debería diseñar un marco en el que la inversión privada encuentre rentabilidad real, sin que esa rentabilidad dependa de una convocatoria de fondos europeos que puede renovarse o no, extenderse a última hora o ser objeto de rencillas entre diferentes niveles de administraciones.
En un mundo donde el capital es cada vez más móvil y la competencia entre jurisdicciones es más intensa que nunca, quedarse donde se está, manteniendo la regulación existente, el ritmo administrativo actual y el grado de intervencionismo habitual, equivale a elegir salir de la carrera, porque la posición de no elegir sencillamente no existe. Si bien Canarias tiene las ventajas expuestas, lo que le falta (con una regularidad que empieza a parecerse a una decisión consciente) es la voluntad de usar esas ventajas como palanca de atracción en lugar de como argumento para la renegociación permanente de fondos compensatorios. Si el capital responde a incentivos y allí donde encuentra libertad para operar sin tener que negociar cada paso con la administración termina por instalarse y quedarse, los diagnósticos acertados sobre las fortalezas del Archipiélago tienen el valor justo que el mercado les asigna cuando no van acompañados de las condiciones que los hacen creíbles.
por Bernardo Sagastume
