Quienes defienden una mayor intervención del Estado en el mercado acostumbran a responsabilizar al capitalismo de cualquier disfunción en la economía. Olvidan, sin embargo, que en las socialdemocracias europeas el mercado solo es libre allí donde lo permite un Estado omnipresente y que la competencia –fundamental para su funcionamiento– en muchos ámbitos no existe en la práctica porque se ha convertido en un coto reservado a unos pocos amigos de los gobernantes.
De esta forma, la síntesis entre lo público y lo privado no se ha articulado mediante monopolios duros, como ocurrió antaño en los sistemas comunistas o fascistas, sino a través de una forma de intromisión más sutil pero igual de efectiva: la sustitución progresiva del mercado por el poder político como principal asignador de recursos.
Este capitalismo de amiguetes (crony capitalism, en inglés) es una corrupción de las relaciones económicas libres que, sin embargo, permite mantener las apariencias. Un sistema clientelar en el que el éxito empresarial depende menos de ofrecer mejores productos o servicios y más de la proximidad al boletín oficial, al ministerio correspondiente o al despacho desde el que se firma la adjudicación decisiva.
Aunque España no es un caso aislado, el creciente peso del Estado a través de la regulación de prácticamente todos los ámbitos de la economía está dejando cada vez menos espacio a los empresarios que tratan de competir libremente en el mercado, mientras proliferan aquellos que hacen negocios gracias a su cercanía con los burócratas que gestionan el presupuesto público. Este fenómeno ha terminado por moldear la estructura de muchas empresas con espíritu funcionarial, el perfil de los directivos que copan el Ibex 35 y la lógica con la que se toman muchas decisiones económicas de peso.
Un capitalismo cada vez más dependiente del Estado
Según los últimos datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el sector público español adjudica cada año más de 160.000 millones de euros en contratos públicos entre obras, servicios, suministros y concesiones, una cifra que equivale a algo más del 11% del PIB.
Si bien este porcentaje no resulta descabellado en comparación con otros países de la OCDE, conviene añadir un matiz clave: el gasto público español supera el 45% del PIB, claramente por encima de la media del organismo. Dicho de otro modo, en la práctica el peso de todas estas licitaciones que dependen de organismos públicos adquiere una importancia mucho más determinante en el conjunto de nuestra economía.
No se trata solo de volumen, sino de coste de oportunidad. El Estado decide a quienes redistribuye la riqueza que extrae de los contribuyentes. Y, muchas veces, los beneficiarios siempre son los mismos.
Cuando una parte tan significativa de la actividad pasa por decisiones administrativas, el Estado deja de ser un árbitro para convertirse en actor dominante. Y cuando eso ocurre, los incentivos cambian y distorsionan por completo el equilibrio del mercado.
En un entorno competitivo, las compañías luchan por el favor del consumidor. En un mercado tan regulado y dependiente de concesiones administrativas, compiten por el favor del decisor político. Las consecuencias permean todo el tejido productivo y reorientan los recursos disponibles: no solo muchos jóvenes aspiran a ser funcionarios antes que emprendedores, sino que un número creciente de empresarios termina renunciando a su función creativa para convertirse en subcontratistas del Estado.
De competir por los consumidores a competir por las rentas públicas
La ciencia económica lleva décadas explicando este fenómeno. George Stigler lo formuló en su teoría de la captura regulatoria: cuanto mayor es la intervención del Estado, más probabilidades hay de que las regulaciones terminen diseñadas por y para los regulados. No para proteger al contribuyente, sino para beneficiar a pequeños grupos organizados capaces de influir en el proceso político.
Estos mal llamados empresarios cumplen así la función de lobistas, en pie de igualdad con otros grupos de presión como sindicatos o asociaciones, no para lograr un marco justo para todos, sino para asegurarse ventajas regulatorias que garanticen su modo de lucrarse a la sombra del Estado, cerrando el mercado a una competencia sana y necesaria.
La lógica de los buscadores de rentas (rent-seeking) está ampliamente documentada por la literatura de la public choice, desde Gordon Tullock hasta James Buchanan, y encuentra respaldo empírico en numerosos estudios contemporáneos.
En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido en repetidas ocasiones sobre la baja competencia efectiva en las licitaciones públicas, caracterizadas por pocos oferentes y una elevada concentración del volumen adjudicado en un número muy reducido de grandes empresas.
Cuando más del 10% del PIB se reparte mediante concursos administrativos, invertir en relaciones institucionales puede ofrecer una rentabilidad mayor que invertir en innovación, internacionalización o mejora de procesos. No hace falta recurrir a teorías conspirativas: es un cálculo racional basado en incentivos.
No resulta extraño, por tanto, que España ocupe posiciones rezagadas en los índices internacionales de libertad económica, como el elaborado anualmente por The Heritage Foundation, y figure entre los países de la OCDE con mayor complejidad normativa acumulada. El resultado es previsible: solo las grandes corporaciones pueden permitirse los costes –económicos, jurídicos y políticos– de navegar un océano regulatorio plagado de licencias, informes y excepciones discrecionales. Para el resto, competir en igualdad de condiciones se vuelve una misión casi imposible.
Entre el mercantilismo y el caciquismo
Salvo en momentos muy puntuales de su historia, España no ha conocido etapas prolongadas de libertad económica que le hayan permitido desplegar todo su potencial. Mientras otros países abrazaban el progreso de la mano de la revolución industrial, nuestro país se refugió en postulados mercantilistas mientras los caciques del siglo XIX controlaban, en sus distritos, el reparto de obras públicas y el acceso al presupuesto estatal.
Ni la llegada de la democracia ni la modernización económica eliminaron del todo ese patrón; simplemente lo transformaron en un sistema híbrido que mantiene la apariencia de capitalismo mientras se apoya en una forma sofisticada de planificación económica.
El caciquismo de hoy ya no reparte favores con boina y bastón. Opera desde ministerios, direcciones generales y consejos de administración. Controla licitaciones multimillonarias en lugar de caminos vecinales, pero la lógica es idéntica: poder político concentrado, acceso privilegiado para unos pocos y dependencia económica estructural.
Este fenómeno se aprecia con claridad en los grandes ciclos de gasto público del último medio siglo: desde el desarrollismo del franquismo tardío y el papel del INI, hasta las privatizaciones de los años noventa y el auge posterior de la contratación pública ligada a infraestructuras, energía y, más recientemente, a los fondos europeos.
Hoy incluso se defiende abiertamente el regreso de los “campeones nacionales” mediante la participación directa del Estado en empresas o un diseño regulatorio que decide quién puede crecer y quién no. Ya no tenemos el INI pero el Gobierno controla empresas a través de la SEPI y muchas empresas públicas dominan sectores enteros a través de monopolios de facto.
El Ibex 35: un índice bursátil… o un club cerrado
El Ibex 35 representa teóricamente el termómetro de la economía española, pero se asemeja más a un club privado con carnet de socio casi vitalicio. Lejos de reflejar un capitalismo dinámico y competitivo, el selectivo muestra una fotografía estática que contrasta con la evolución de otros mercados más competitivos.
En los últimos veinticinco años apenas ha registrado 12 cambios netos de empresas, lo que supone una renovación aproximada del 34%, según los datos del Comité Asesor Técnico de Bolsas y Mercados Españoles (BME). En el mismo periodo, el DAX alemán renovó en torno al 45% de sus componentes; el CAC 40 francés, el 52%; el FTSE 100 británico, el 48%; y el S&P 500 estadounidense sustituyó casi al 60% de las empresas que lo componían. El Ibex, en cambio, destaca por la estabilidad de sus componentes.
Pertenecer al Ibex no solo garantiza visibilidad financiera o acceso privilegiado a financiación institucional. Supone un modo de estar y ser, una interlocución constante con reguladores y una posición preferente en un sistema donde el BOE condiciona buena parte de los flujos de los ingresos.
El propio peso sectorial del índice ofrece la clave: el 64% del Ibex se concentra en banca, energía y construcción, precisamente los sectores más dependientes de la regulación, las concesiones y los contratos públicos. La tecnología, el software o la biotecnología apenas representan un 8%, frente al 20% del DAX o el 30% del Nasdaq.
Mientras en otros parqués entran y salen empresas según su capacidad para competir globalmente, en España constructoras y energéticas pueden encadenar años mediocres y seguir dentro porque su negocio principal no es vender al consumidor, sino ganar concursos. El índice no expulsa a los perdedores: el Estado los mantiene con vida. El resultado es un Ibex que sube o baja en función del BCE o del color del Gobierno, no de la innovación o la productividad.
En este contexto, el mercado puede ejercer plenamente su función innovadora a través de la destrucción creativa. El capitalismo premia a las empresa que lo hacen bien y castiga a las que lo hacen mal, para depurarlo pero la red de protección del presupuesto público libera a unos pocos privilegiados de la competencias mientras que los sostiene –aunque sea mediante respiración asistida– con decisiones políticas.
Estos empresarios dejan de orientarse a los consumidores y pierden su ideología para hacerse progubernamentales, independientemente del color político. La contrapartida por vender su alma al Leviatán estatal es que si no cumplen cuando suena el teléfono de Moncloa pueden perder su favor y caer. No por la decisión que toma el Mercado sino por el capricho de un burócrata desde su despacho.
Acciona: una empresa al calor del BOE… y de las primas renovables
Las últimas noticias judiciales que acorralan al Gobierno no son más que una ventana a la realidad de un sistema corrupto.
Conseguidores y comisionistas que aprovecharon un estado de alarma para forrarse junto a los políticos pero también grandes empresas que ya aparecen en las investigaciones policiales.
Un caso significativo es el de Acciona. Más allá de los casos concretos que están investigando actualmente los tribunales,, los datos del Portal de Contratación del Sector Público reflejan una presencia recurrente de la compañía en grandes adjudicaciones de infraestructuras, energía, obra civil e incluso mantenimiento de jardines, tanto a nivel estatal como autonómico.
Si revisamos su evolución descubriremos que el ejemplo paradigmático de cómo una constructora tradicional se reconvirtió en “campeona verde” gracias a la intervención pública y no al libre mercado.
En los años noventa, cuando la energía eólica era todavía una tecnología cara e inmadura, la compañía apostó decididamente por ella porque el BOE acababa de crear el negocio con normas que garantizaban precios fijos por encima del mercado y primas adicionales De la noche a la mañana prácticamente cualquier parque eólico resultaba rentable.
Entre 1998 y 2013, España repartió más de 50.000 millones de euros en primas a las renovables, de los que la eólica absorbió alrededor del 70%, según datos históricos de la CNMC. Acciona instaló algunos de los primeros parques comerciales, multiplicó por diez sus ingresos energéticos y pasó a situarse entre los mayores operadores eólicos del mundo.
Cuando se recortaron las primas para frenar el déficit tarifario en 2024, Acciona perdió unos 250 millones de euros anuales, cerca del 20% de su EBITDA, y tuvo que desprenderse de activos para sobrevivir. Fue la prueba de que su modelo no era innovación disruptiva, sino rent-seeking con etiqueta sostenible.
Su crecimiento durante las últimas décadas ha estado estrechamente ligado a la obra pública y a sectores regulados. El BOE ha ofrecido una previsibilidad de ingresos que el mercado competitivo rara vez garantiza.
Hoy, mantiene esta estrategia alimentada por la financiación de los fondos Next Generation. El negocio real no es generar energía barata para el consumidor o construir un puente, sino capturar la subvención y el contrato público que otros pagan vía impuestos o factura eléctrica.
Un historial que ilustra que cuando una empresa depende en exceso de decisiones administrativas, cualquier alteración institucional afecta de lleno a su modelo de negocio.No es la única, ni mucho menos, pero sí es un caso significativo cuya cercanía al poder también la ha acercado a las miserias y corruptelas en las que se desenvuelven y medan los políticos.
Menos Estado, menos amiguetes
Los datos de las oficinas antifraude y de la propia OIReScon confirman un aumento de denuncias vinculadas a contratación pública, conflictos de interés e irregularidades administrativas. Pero conviene no perder la perspectiva: la corrupción no es la causa, sino el síntoma.
Tanto el peso del gasto público como el volumen de contratos indican que el Estado español no es solo regulador, sino cliente estructural y el mercado dominante. A medida que aumenta su tamaño, crece su capacidad para atraer empresas y recursos hacia la órbita política.
Cuando el Estado ocupa ese espacio, el mercado deja de ser el árbitro de la eficiencia. Las empresas dejan de competir por consumidores y empiezan a hacerlo por favores administrativos. Por eso el problema no se soluciona con más controles o más agencias públicas, sino reduciendo la causa del problema: la intervención de la política en la economía.
Reducir el tamaño y la discrecionalidad del Estado no es una consigna liberal, sino una necesidad institucional para restaurar la competencia real. Y el Capitalismo, cuando se le deja funciona de verdad, no necesita amigos en el boletín oficial, solo reglas iguales y consumidores libres.
