Que fumar mata constituye una obviedad. Lo sabemos desde hace décadas. Cualquier adulto que enciende un cigarrillo lo hace con pleno conocimiento de los riesgos que asume. Precisamente por eso resulta llamativo que, una vez aceptada esa realidad y después de haber construido uno de los marcos regulatorios más restrictivos de Europa, el Gobierno considere que todavía queda un largo camino por recorrer en su misión de proteger a los ciudadanos… de sí mismos.
El nuevo anteproyecto de Ley Antitabaco representa un magnífico ejemplo de esa filosofía política según la cual el Estado ya no se limita a garantizar derechos, sino que pretende dirigir comportamientos. Es la lógica del Gobierno niñera: un poder público que, convencido de conocer mejor que los propios ciudadanos qué decisiones deben tomar, amplía sin descanso el catálogo de prohibiciones mientras reduce el espacio reservado a la responsabilidad individual.
Naturalmente, proteger a terceros del humo en espacios cerrados puede tener sentido. La legislación española fue pionera en ese ámbito y la convivencia social se adaptó con relativa normalidad. Pero lo que ahora se plantea va mucho más allá. Se pretende prohibir fumar en terrazas, playas, parques nacionales, piscinas, campus universitarios, marquesinas, instalaciones deportivas, conciertos al aire libre y un largo etcétera que convierte al fumador en una especie de ciudadano itinerante permanentemente expulsado de cualquier espacio público.
Conviene preguntarse cuál es exactamente el problema que se pretende resolver. ¿Existe evidencia concluyente de que la exposición ocasional al humo en una terraza abierta justifique semejante despliegue regulatorio? ¿Se han cuantificado los beneficios sanitarios esperados? ¿Compensan esos beneficios los costes económicos, organizativos y sociales que la norma impondrá?
El propio Consejo Económico y Social ha advertido de las insuficiencias del análisis de impacto económico que acompaña al proyecto normativo. Incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha cuestionado la proporcionalidad de algunas medidas por sus efectos restrictivos sobre la competencia. Y varios Estados miembros de la Unión Europea han formulado objeciones al procedimiento seguido por España. Cuando tantas instituciones distintas llaman a la prudencia, quizá convendría escuchar antes de legislar.
Porque legislar resulta sencillo. Mucho más difícil es asumir después las consecuencias. En Canarias, por ejemplo, la cuestión trasciende ampliamente el debate sanitario. Aquí el turismo representa el principal motor económico y buena parte de la experiencia turística se desarrolla precisamente en espacios abiertos durante todo el año. Resulta difícil comprender por qué España decide situarse entre los países más restrictivos de Europa cuando compite directamente con destinos como Portugal, Italia o Grecia, donde esas limitaciones no existen.
La hostelería tampoco sale indemne.
¿Qué ocurrirá cuando un cliente decida fumar en una terraza? ¿Quién deberá impedirlo? ¿El camarero? ¿El propietario? ¿Tendrá un empleado que abandonar su trabajo para ejercer funciones de vigilancia? ¿Se multiplicarán los conflictos entre trabajadores y clientes por cuestiones completamente ajenas al servicio que prestan?
Las leyes también deberían responder a esas preguntas antes de entrar en vigor. Algo parecido sucede con los festivales y conciertos al aire libre. Si miles de asistentes tienen que abandonar el recinto para fumar, el problema deja de ser sanitario para convertirse en un desafío de seguridad, control de accesos y gestión de emergencias. Es llamativo que la memoria del proyecto apenas dedique atención a estos aspectos.
Existe además un elemento especialmente preocupante desde la perspectiva liberal. Cada nueva prohibición se presenta como un caso aislado, una medida perfectamente razonable. Pero el problema nunca es una norma concreta. El problema aparece cuando todas responden a la misma lógica: la progresiva sustitución de la responsabilidad individual por la tutela permanente del Estado.
Hoy son las terrazas. Ayer fueron otros espacios. Mañana probablemente serán otros comportamientos considerados poco saludables. El precedente importa porque el criterio deja de ser la protección de terceros para convertirse en la corrección de decisiones personales.
Y ahí cambia completamente la naturaleza del debate. La misión del estado no consiste en fabricar ciudadanos virtuosos. Consiste en garantizar que personas libres puedan tomar decisiones libres, incluso cuando esas decisiones resulten equivocadas, siempre que no lesionen los derechos de los demás. Una sociedad madura no debería medir el éxito de sus instituciones por el número de conductas que consigue prohibir.
La buena regulación exige proporcionalidad, evidencia científica, evaluación económica y respeto por las libertades individuales. También exige reconocer que cada restricción tiene un coste y que no toda intervención pública produce automáticamente mejores resultados.
Porque existe una diferencia esencial entre un Estado que informa y un Estado que decide por nosotros.
Y esa frontera, poco a poco, empieza a difuminarse.
