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El infierno fiscal que viene

30 de mayo de 2021
RESILIENCIA
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El gobierno central está preparando un infierno fiscal para que los españoles paguen 80.000 millones más en impuestos. Los cálculos gubernamentales incluyen desde eliminar todo tipo de deducciones fiscales hasta crear nuevos tributos incluso a los billetes de avión pasando por cobrar peajes en todas las carreteras hasta un incremento en las cotizaciones sociales. A falta de una mayor concreción por el momento tan solo conocemos las líneas generales de este proyecto enmascarado dentro el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” que el gobierno de Pedro Sánchez presentó a la Unión Europea el último día de abril, el mismo día en el que terminaba el plazo. 

Tras un año mirando a Europa como solución mágica a la crisis económica derivada de la sanitaria, los fondos europeos todavía no han llegado y en los planes que el gobierno español ha remitido a Bruselas para justificar las inversiones prometidas no se atisba un plan de país seriamente formulado pero sí la promesa de ajustes por la vía de la recaudación con el único objetivo claro de que los ingresos públicos aumenten un 7,2% respecto al PIB, el diferencial con la presión fiscal media europea. El hachazo fiscal que suponen estas cifras será, por tanto, de unos 80.000 millones, cuatro veces mayor que el que se llevó a cabo durante la etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda tras la anterior crisis económica.

Con semejantes cifras, asombra que los asesores y expertos gubernamentales no tengan en cuenta que presión fiscal no equivale a esfuerzo fiscal por lo que en la práctica los españoles no solo están pagando más en impuestos respecto a su renta per cápita sino que están entre los cinco países de la OCDE que mayor esfuerzo fiscal realizan. Es decir, los impuestos tienen una mayor incidencia en el poder adquisitivo de los trabajadores españoles que en los de los otros países desarrollados. Como también sorprende que en el mismo plan se renuncie a realizar ajustes por el lado del gasto “dado el limitado margen de contención del gasto público”. No se plantea la posibilidad de reducir el gasto político con 23 ministerios ni realizar otras reformas estructurales de mayor calado, al contrario se preven subidas salariales a los funcionarios como si los ajustes solo tuvieran que afectar al sector privado.

Todo, en un plan lleno de eufemismos con palabras aparentemente positivas como “resiliencia”, “sostenibilidad”, “digitalización” y un largo etcétera que se ha presentado apurando los plazos establecidos por Bruselas situando a España como esos malos alumnos que esperan hasta el último día para presentar sus trabajos llenos de vaguedades, términos grandilocuentes y, en definitiva, mucha “paja” para concretar poco y rellenar muchas páginas. Las subidas impositivas que se esbozan en este “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” deberán precisarse en 2022 por un “comité de personas expertas” (sic) elegidas a la carta por el propio gobierno y entrarán en vigor en 2023. Agárrense la cartera porque los planes gubernamentales afectarán a todo tipo de bolsillos y sectores.

Impuestos teñidos de verde

Entre los nuevos impuestos que se plantean se encuentran los que “contribuyen a la transición ecológica” como los que gravarán el depósito de residuos en vertedero y a la incineración, el de gases fluorados de efecto invernadero (a los aires acondicionados y otros electrodomésticos), a los envases no reutilizables o los del diesel enmascarado en los papeles enviados a Bruselas como una revisión de “las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburantes”. Impuestos que afectarán a todas las familias independientemente de su nivel de renta a pesar de que el gobierno lleva prometiendo una y otra vez que no subiría la presión fiscal a las clases medias a pesar de (incluso después de los reiterados) los esfuerzos de la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, refiriéndose a estos tributos como “fiscalidad verde” con el objetivo de que los ciudadanos “cambien de hábitos”. Como es habitual los argumentos que se utilizan tratan de esconder el objetivo recaudatorio tratando de explicar que se obliga a la ciudadanía a pagar más por su propio bien y porque el gobierno sabe mejor que cada familia qué le conviene y qué debe consumir. Esta pléyade de nuevos tributos se suma a otros que ya han entrado en vigor como el de las bebidas azucaradas.

El automóvil en el punto de mira

Por si no fuera poco que aquellos que compraron en el pasado un coche diesel animados por las recomendaciones de las administraciones públicas tengan que pagar ahora más impuestos, el gobierno también quiere revisar los impuestos de circulación y matriculación. Una vez más utiliza el eufemismo “revisión” en lugar de asumir que los incrementará del mismo modo que (intenta convencer de que) su objetivo no es el recaudatorio sino “ajustarlo a estándares medioambientales”. No debemos olvidar que recientemente Hacienda también implementó una subida en los impuestos a las primas de los seguros por lo que en este concepto los propietarios de automóviles ya están pagando más en 2021. Así para quien tenga un automóvil pagará más al comprarlo, por circular y por repostar… pero también por circular por todas las autovías. Así es, el gobierno socialista se ha sacado de la manga imponer peajes en todas las carreteras de alta capacidad del Estado que hasta ahora se financiaban vía presupuestos generales.

El sector turístico en peligro

Si por tierra la movilidad resultará más cara, el plan del gobierno incluye un nuevo impuesto sobre el uso de transporte aéreo. De nuevo se argumenta que el “objetivo de este gravamen es el fomento del uso de medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente así como el incentivo a la exploración de nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes”. Bueno, ya sabemos que ni en coche ni en avión, de momento nos queda el barco, el tren, ir a pie o la bicicleta… Desalentador especialmente para los residentes en archipiélagos y muy preocupante para todo el sector turístico porque a las dificultades pasadas y presentes debido a las restricciones gubernamentales impuestas tras la pandemia ven como la recuperación se aleja todavía más con este tipo de medidas.

Muy relacionado, aunque no exclusivo del sector turístico, es el propósito de eliminar los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido. Uno de los principales sectores afectados sería el de la hostelería que pasaría a tributar un 10% al 21%. Desconocemos si estas reducciones también tendrían repercusión en los impuestos indirectos canarios aunque ya en 2020 se subió medio punto al tipo general del IGIC.

Más allá de nuestras fronteras

Hasta ahora el principio de territorialidad regía la fiscalidad, una forma más o menos ordenada para que cada Estado cobrara tributos a sus ciudadanos y empresas, pero desde que los nuevos servicios digitales permiten prestarse desde otros países hay gobiernos que se han empeñado en ambicionar parte de ese botín fiscal que se queda fuera de sus fronteras. Aquí es donde se inscribe la conocida como “tasa Google” que es un plan del gobierno que denomina como impuesto sobre “determinados servicios digitales”. Bajo la misma lógica también se plantea un nuevo impuesto sobre transacciones financieras, sucedáneo de la tasa Tobin, además del que ya existe sobre los rendimientos de capital.

No lo llames subida, llámalo armonización

Lo que no es una novedad para los españoles es la idea de armonizar, al alza, por supuesto, impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones en contra de la autonomía fiscal que permite a las Comunidades Autónomas bonificarlos. No es cierto que estos impuestos sean la norma en el entorno europeo, al contrario, no existen en la mayoría de países, por considerarse tipos arcaicos con los que se cae en la doble imposición. En el mismo sentido se mueve el tipo mínimo del 15% en Sociedades que se lleva tratando imponer desde 2019. Con estas “armonizaciones” lo más probable es que el capital huya allí a donde no se le persiga como viene ocurriendo en otros países que sí han entendido el concepto de competencia fiscal.

Adiós a las deducciones

Hasta ahora el sistema fiscal español contaba con tipos muy elevados que, en algunas circunstancias, son bonificados o se pueden deducir cuando los trabajadores hacen su declaración de la renta. En los propósitos del gobierno de Pedro Sánchez se encuentra también  eliminar los escasos beneficios fiscales y deducciones que no han hecho desaparecer ya. En el informe lo justifican como un “coste de oportunidad” en términos recaudatorios. Aquí se encuadraría, por ejemplo, el final de la presentación de la declaración conjunta que viene ahorrando unos 3.400 euros de media a los matrimonios.

Aumentar los costes laborales a pesar del paro estructural

No son propiamente impuestos pero en la intención del gobierno también se encuentra un aumento de las cotizaciones sociales que incrementarían los costes laborales de los trabajadores por cuenta ajena escondido una vez más en una frase rimbombante del plan de transformación en el que se lee que el sistema “requiere una adecuación gradual” de “las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza del sistema”.

Los trabajadores autónomos no quedarán libres de este nuevo impuesto al trabajo ya que el gobierno también ha presentado en paralelo un cambio en las cotizaciones de los autónomos que en la práctica supondrá una subida encubierta para la mayoría de autónomos en contra de la lógica del sistema al que se acogen actualmente los trabajadores por cuenta propia.

A contracorriente y un error de planteamiento

Estos planes son totalmente opuestos a la forma en el que el resto de países de nuestro entorno han encarado esta crisis con alivios fiscales que les permitan compensar las pérdidas que han sufrido durante la pandemia. Esta senda, que han seguido países tan diferentes como Alemania, Francia, Grecia, Portugal, Noruega o Italia, no es la que parece haber emprendido el actual gobierno español que ya ha subido o creado nuevos impuestos y planea aumentar todavía más la presión fiscal que sufren los contribuyentes españoles sin un proyecto ni a corto ni a largo plazo para reducir el gasto público.

Y es que la propuesta del gobierno central se fundamenta en un error de partida en el que se concibe la economía bajo una visión estática en lugar de como un proceso dinámico. Los funcionarios del gobierno han diseñado sus objetivos de recaudación y planean subir los tipos esperando que el dinero de los contribuyentes caiga en las arcas públicas sin tener en cuenta que los agentes económicos reaccionan también a las subidas impositivas. Las inversiones huirán, el consumo se resentirá y, la recaudación proyectada jamás se conseguirá. El resultado probable es un empobrecimiento acusado de la sociedad española en la que durante más de un año el gobierno decretó la paralización o impidió multitud de actividades económicas para rematarlas, con una subida de impuestos generalizada que afectará a los ricos… a las clases medias a las bajas y a las muy bajas.

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