Nos hemos acostumbrado a desayunar cada día descubriendo un nuevo escándalo de corrupción que supera al que conocimos anteriormente: desde la fontanera del PSOE pasando por el fiscal general hasta el hallazgo de las joyas que escondía el expresidente Zapatero en su despacho. Ocho años después de la moción de censura que prometía regeneración democrática, la sensación generalizada de podredumbre de todo el sistema político es una realidad que ya se refleja en los índices internacionales de transparencia, en los que España ha ido perdiendo puestos en los últimos años.
Tras varias décadas de escándalos, desde Filesa hasta los ERE andaluces, pasando por Gürtel, el caso Pujol, las tarjetas black, las comisiones de las mascarillas o las investigaciones más recientes que rodean al Gobierno, resulta difícil seguir creyendo que todos estos episodios son simples accidentes provocados por individuos particularmente deshonestos. Es la hipótesis de las manzanas podridas que, a tenor de las informaciones que conocemos gracias a los investigadores policiales, se queda corta y nos lleva a cuestionar si no habrá también un problema con el cesto.
Más allá de que ciertos personajes excesivamente codiciosos puedan llegar a puestos de poder, la pregunta relevante para una sociedad es si la selección de las élites fomenta perfiles corrompibles e incluso qué factores culturales o institucionales facilitan que la corrupción haya permeado desde la concejalía de urbanismo del pueblo más pequeño hasta el mismo palacio de La Moncloa.
El cesto podrido del Leviatán
En el imaginario colectivo, el Estado se presenta muchas veces como una institución neutral situada por encima de la sociedad, una especie de árbitro benevolente cuya misión consiste en corregir fallos de mercado, redistribuir recursos y velar por el interés general. Es una visión reconfortante y, hasta cierto punto, necesaria para la legitimidad de cualquier sistema democrático. Pero también es una visión incompleta que obvia que el Estado ha ido creciendo hasta convertirse en el poder económico más importante de un país a través de regulaciones y un gasto público que ya supone más del 45% del Producto Interior Bruto (PIB).
En la práctica, esto deja en manos de políticos y burócratas decidir quién recibe subvenciones y quién no. Pueden adjudicar contratos multimillonarios. Pueden conceder licencias, aprobar recalificaciones urbanísticas, repartir fondos europeos, rescatar empresas, otorgar ventajas fiscales o imponer regulaciones capaces de favorecer a unos sectores y perjudicar a otros. En definitiva, el sector público posee una enorme capacidad para alterar la distribución de oportunidades económicas que, sobre el papel, están encaminadas a procurar el bien común. Pero, en la práctica, donde existe la capacidad de conceder privilegios aparece, inevitablemente, el incentivo para obtenerlos.
Esta observación es la que llevó a economistas como James Buchanan y Gordon Tullock a desarrollar durante la segunda mitad del siglo XX lo que se conoció como Escuela de la elección pública (Public Choice). Frente a la visión naïve de la Ciencia Política que analizaba las instituciones como si los gobernantes y burócratas estuvieran motivados por el bien común, plantearon que los políticos también respondían a incentivos y perseguían sus propios intereses, como ocurre en la economía y, en definitiva, en toda acción humana. Mancur Olson, en su obra The Rise and Decline of Nations, profundizó en la idea de sus colegas al detectar que, a medida que aumenta la riqueza de un país y su estructura política se vuelve más compleja y poderosa, también proliferan grupos organizados cuyo objetivo principal deja de ser crear valor para los consumidores y pasa a consistir en obtener ventajas políticas para sus miembros. Es lo que Tullock describió como “rent seekers” o “buscadores de rentas”.
Son los conocidos como lobbies o grupos de presión. Asociaciones empresariales que buscan protección frente a competidores extranjeros. Sectores económicos que reclaman subvenciones. Empresas que presionan para obtener ayudas públicas. Colegios profesionales que impulsan regulaciones destinadas a dificultar la entrada de nuevos competidores. Organizaciones de todo tipo que descubren que influir sobre el poder político puede resultar mucho más rentable que competir en el mercado.
Según este análisis, cada grupo actúa racionalmente desde su propia perspectiva. El problema surge cuando todos descubren que el acceso al BOE puede generar rendimientos muy superiores a los que ofrece la innovación o la competencia. En una economía de mercado, una empresa prospera cuando convence a millones de consumidores de que su producto es mejor que el de sus competidores. En una economía donde la regulación, las subvenciones y los contratos públicos adquieren un peso creciente, esa misma empresa puede descubrir que resulta mucho más rentable convencer a un ministro, un director general o a un funcionario clave. Los empresarios dejan de ejercer su función para prestar atención a lo que ocurre en los despachos políticos y, de ahí, que hayan proliferado los cargos y departamentos de “relaciones institucionales” que se encargan de mantener y cuidar estas relaciones que pueden traducirse en jugosos contratos sin tener que pasar por el test de los consumidores.
Comportamientos que constituyen una forma de relacionarse con el poder que puede ser considerada legal, pero que abre la puerta a la corrupción de las mordidas, los sobres o las comisiones ilegales. Bajo esta perspectiva, no sólo debemos fijarnos en los corruptores y los corrompibles, sino en el entramado institucional que incentiva la corrupción: el gran cesto del Leviatán.
La genética de la picaresca
Además del institucional, hay otros factores que los investigadores tienen en cuenta para analizar las causas de la corrupción en un país: el cultural. El sociólogo Robert Putnam estudió las diferencias entre las regiones del norte y del sur de Italia, y llegó a la conclusión de que allí donde existían tradiciones más sólidas de cooperación cívica, confianza interpersonal y participación asociativa, las instituciones funcionaban mejor y la corrupción era menor. Allí donde predominaban las relaciones clientelares y la desconfianza, ocurría exactamente lo contrario.
La idea fue desarrollada posteriormente por Francis Fukuyama a través del concepto de capital social. Algunas sociedades generan altos niveles de confianza entre desconocidos. Otras dependen mucho más de vínculos familiares, personales o tribales. Esta diferencia tiene consecuencias enormes. Una sociedad donde las reglas impersonales son respetadas necesita menos vigilancia, menos controles y menos burocracia. Una sociedad donde las personas esperan comportamientos oportunistas tiende a desarrollar mecanismos defensivos que, paradójicamente, terminan generando nuevas oportunidades para la corrupción.
Los trabajos de Geert Hofstede añadieron otra pieza al rompecabezas. Sus investigaciones sobre culturas nacionales identificaron varios rasgos especialmente relevantes para comprender las diferencias internacionales en materia de corrupción. Entre ellos destacan la distancia al poder –es decir, el grado en que una sociedad acepta las jerarquías–, el nivel de individualismo y la aversión a la incertidumbre.
Los países donde la autoridad se cuestiona menos suelen mostrar una mayor tolerancia hacia los abusos cometidos por quienes ocupan posiciones superiores. Las sociedades donde las lealtades personales pesan más que las reglas impersonales tienden a normalizar con mayor facilidad el favoritismo y el enchufismo. Y aquellas que sienten una especial necesidad de regular cada aspecto de la vida económica suelen terminar generando burocracias complejas que multiplican las oportunidades para obtener excepciones, favores y privilegios.
Siguiendo estos análisis, España presenta niveles relativamente elevados de distancia al poder y una fuerte aversión a la incertidumbre, lo que históricamente se ha traducido en una preferencia por sistemas más reglamentados y burocráticos. Al mismo tiempo, nuestros niveles de individualismo se sitúan claramente por debajo de los países anglosajones y nórdicos, donde las relaciones impersonales y el respeto a reglas generales suelen prevalecer sobre los vínculos personales. Esto se traduce en que tenemos instituciones relativamente avanzadas con prácticas sociales y políticas que todavía conservan importantes elementos clientelares.
Los datos internacionales reflejan bastante bien esa situación ambigua. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparency International, España obtuvo en 2025 una puntuación de 55 sobre 100 y descendió hasta el puesto 49 entre los 182 países analizados. Lo más preocupante, sin embargo, es que en dos décadas nuestro país ha perdido aproximadamente diez puntos respecto a los máximos alcanzados antes de la crisis financiera y se encuentra claramente por detrás de las economías europeas que suelen servir como referencia en materia de calidad institucional.
La comparación resulta especialmente llamativa porque España no es un país pobre, ni políticamente inestable, ni carece de una administración profesionalizada. Comparte niveles de renta y desarrollo similares a los de otras democracias europeas y, sin embargo, obtiene resultados significativamente peores cuando se mide la percepción de imparcialidad institucional o la confianza en la integridad de los poderes públicos.
Dicho de otro modo: España presenta más corrupción de la que cabría esperar para un país de su nivel de riqueza. El enchufismo, el amiguismo o la utilización de contactos personales para obtener ventajas suelen generar una condena social mucho más clara en los países del norte de Europa que en los países mediterráneos. Allí se interpretan como una vulneración de reglas impersonales. Aquí, con demasiada frecuencia, se contemplan como una manifestación de habilidad, cercanía o simple sentido práctico.
La famosa picaresca española constituye probablemente la expresión más conocida de este fenómeno. Desde el Lazarillo hasta buena parte del imaginario popular contemporáneo, el pícaro no suele aparecer como un villano, sino como alguien que logra sobrevivir utilizando su inteligencia para sortear unas reglas consideradas absurdas o injustas.
Una cuestión de incentivos
Sin embargo, incluso esta explicación cultural tiene sus límites y no podemos caer en el determinismo. Porque, si bien estos factores pueden ser importantes, la arquitectura institucional y sus incentivos pueden corregirlos. Eso es lo que se desprende de uno de los estudios más curiosos sobre corrupción. Los economistas Raymond Fisman y Edward Miguel analizaron el comportamiento de los diplomáticos destinados en Naciones Unidas en Nueva York. Durante años, estos funcionarios disfrutaron de inmunidad frente a las multas de aparcamiento. En la práctica, podían incumplir las normas sin temor a sufrir consecuencias reales, lo que ofreció a estos investigadores la oportunidad de usar esta información como experimento social: miles de personas procedentes de países distintos convivían en el mismo entorno, bajo las mismas leyes y con idéntica ausencia de castigo… manifestando comportamientos muy diferentes.
Los resultados parecían confirmar la importancia de la cultura, ya que los diplomáticos procedentes de países con mayores niveles de corrupción acumulaban muchas más multas impagadas que aquellos originarios de países institucionalmente más limpios. Los españoles no salieron muy bien parados en el análisis. Sin embargo, el estudio recogió cómo en 2002 las autoridades neoyorquinas introdujeron un mecanismo de sanción efectivo y comenzaron a retirar matrículas diplomáticas a quienes acumularan demasiadas infracciones. Las multas se desplomaron, por lo que Fisman y Miguel concluyeron que los incentivos y la capacidad de hacer cumplir las reglas son decisivos para corregir la corrupción.
Teniendo esto en cuenta, los españoles no deberíamos resignarnos a considerar la corrupción como algo inevitable. Puede que el caciquismo y el cabildeo hayan formado parte de la cultura política de nuestro país, pero no tiene por qué seguir siendo así. Si bien los casos que estamos conociendo en los últimos años implican a buena parte del Gobierno, también están aflorando gracias a las investigaciones policiales y a la acción judicial. Preservar su independencia y fortalecer las instituciones podría generar los incentivos necesarios para cambiar el sistema. Pero fortalecer el Estado de Derecho no implica fortalecer el poder económico del Estado, sino todo lo contrario. Porque allí donde la política decide quién gana y quién pierde, quién recibe ayudas y quién queda excluido, quién prospera y quién desaparece, la corrupción deja de ser una excepción ocasional para convertirse en una consecuencia perfectamente racional del propio diseño institucional.
Nos preguntamos constantemente cómo encontrar políticos más honestos cuando la cuestión verdaderamente relevante es cómo construir instituciones que hagan innecesario depender de su honestidad. Porque las sociedades prósperas no son aquellas que consiguen producir gobernantes virtuosos de manera milagrosa, sino aquellas que en lugar de encumbrarlos los desactivan.
