Como tantos otros estudiantes de Ingeniería Informática, David Fernández Sancho (Gijón, 1991) ya desarrollaba aplicaciones móviles antes de terminar la carrera. Su trayectoria, sin embargo, tomó un rumbo menos previsible cuando en 2017 conoció a los fundadores de Maldita.es y, como recuerda en conversación con La Gaveta Económica, decidió “liarse la manta a la cabeza” y trasladarse a la capital para incorporarse como jefe de ingeniería de una fundación que empezaba a hacerse un hueco en el terreno de la verificación, el periodismo de datos y la rendición de cuentas.
Desde siempre le habían interesado el periodismo y el Derecho como formas de investigar y sacar a la luz cuestiones de interés público que alguien preferiría mantener ocultas. Ese contacto directo con proyectos de fiscalización del poder le llevó también a la Ley de Transparencia, primero como parte de sus labores en Maldita.es y más adelante como inquietud personal. De ahí nacieron iniciativas como PideInfo, Contratación Abierta o una plataforma para comprobar el funcionamiento de las sedes electrónicas de la Administración.
¿Qué lleva a un informático a preocuparse por la transparencia pública?
Tengo la sensación, y yo creo que muchos ciudadanos la tendrán también, de que en los últimos años todo va un poco a peor. Cada vez es más complicado fiscalizar el poder, cada vez los servicios públicos funcionan peor, las páginas funcionan peor y cada vez hay más chanchullos extraños.
Después de décadas de corrupción, la gente ha desconectado mucho de la política pensando que todos son iguales y que no funciona nada. Pero yo creo que hay que ir un poco a lo contrario: revisar lo que hacen las administraciones, señalar lo que no está bien y pedir cuentas.
¿No es paradójico que sea tan difícil fiscalizar al poder pese a que hay más medios tecnológicos?
En España llegamos a la transparencia un poco tarde. La ley nacional se aprobó en 2013 y, a partir de ahí, fueron aprobándose leyes autonómicas. El problema con la ley estatal es que no hay un reglamento sancionador y el Consejo de Transparencia, que es el garante de que el derecho de acceso se cumpla, no tiene capacidades ejecutivas.
La ley está ahí y hay resoluciones de Transparencia pero si no llegas a litigar contra la Administración, las está ignorando. Eso está pasando constantemente.
¿Cómo puede defenderse un ciudadano?
Con abogado, procurador y un contencioso-administrativo. Pero eso cuesta dinero. Tenemos unas leyes de transparencia, pero no se cumplen y los consejos alargan indefinidamente los plazos de tres meses que tienen para resolver. Nominalmente tenemos derecho de acceso; efectivamente, no tanto.
¿Por qué decidió fijarse en la contratación menor?
Las licitaciones tienen mucha documentación obligatoria –pliegos, actas, mesas–, pero hay un tipo de contratación, la menor, con menos obligaciones de transparencia.
Son contratos que llegan hasta 15.000 euros más IVA en el caso de servicios o suministros, y hasta 40.000 euros más IVA en el caso de obras. Lo que ocurre es que muchos contratos se trocean. Casos de contratos de 14.995 euros dados a dedo a una persona concreta para presentar algo o a una empresa para proveer cualquier tipo de productos.
Es algo que sucede y que no está prácticamente fiscalizado. O bien los controles son simplemente formales en los que la intervención solo verifica que estén todos los documentos pero no entran en el fondo; o directamente ni se fiscaliza.
¿Dónde ha detectado más fraccionamiento?
Nos encontramos con unas tasas de fraccionamiento tremendas, sobre todo en los servicios de salud de las comunidades autónomas. Es una cosa brutal. La ley, la OIReScon y las juntas consultivas establecen que los contratos menores están para cosas que no se pueden prever y para hechos puntuales.
Por ejemplo, solo en el primer trimestre de 2024 se gastaron cuatro millones de euros en contratos menores en insulina en un hospital del Principado de Asturias. Salían a tres contratos y pico por día. No se puede decir que un hospital no sepa que necesita insulina. Lo mismo pasa en la Comunidad de Madrid con los marcapasos.
¿Por qué es grave?
El problema de esta contratación es que no tiene una competencia real. Es la Administración dándole directamente el dinero a una empresa. No hay concurrencia de ofertas. De hecho, a pesar de que es recomendable solicitar tres, en muchos casos solo hay una.
Los expedientes de contratación prácticamente no son públicos. Lo único que tienen que publicar las administraciones es el trimestre del contrato —ni siquiera la fecha—, el objeto, el importe con IVA y el adjudicatario. Aun así, hay administraciones que también incumplen estos requisitos. Hay un desastre organizativo y eso es un poco lo que me llevó a intentar poner algo de orden y llevarlo todo a la misma plataforma.
¿No existe un repositorio común?
En las licitaciones todo está en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En el caso de la contratación menor, cada organización decide dónde va. Te encuentras con la plataforma estatal, ayuntamientos que lo publican en su página web –y hay más de 8.000 ayuntamientos en España–, diputaciones que hacen lo mismo y comunidades autónomas que tienen sus propias plataformas. No hay un repositorio centralizado, y eso va en contra de la fiscalización.
¿Cuáles son esas “red flags” que hacen saltar las alarmas?
Uno de los requisitos es que los objetos de los contratos tienen que estar definidos. Si haces una búsqueda y te encuentras, como en el caso de la Agencia Gallega de Sangre y Tejidos, miles de contratos que solo dicen “factura OK”, están impidiendo fiscalizar qué hay detrás.
Otro caso es encontrarte contratos de 14.995 euros. Puede ser que haya alguno en el que efectivamente el coste sea eso, pero generalmente, cuando se acercan a los 15.000 sin pasarlo, es que está afinado para que vaya por contrato menor. Y si además te encuentras en cuatro o cinco días varios contratos que superarían los 15.000 euros con el mismo objeto, claramente lo que hay es un fraccionamiento.
También me fijo en las prórrogas encubiertas. Un contrato menor no puede prorrogarse más de un año. Pero ¿qué pasa si tienes seis contratos distintos hechos en seis años por el mismo objeto? En realidad es un mismo contrato, una misma unidad funcional. Lo que debería haberse hecho es licitar algo durante seis años.
Ahora estoy trabajando en cruzar todos estos datos con el Registro Mercantil y creo que hay muchísimo potencial, pero es muy complicado porque las administraciones no publican correctamente la información. Es una labor titánica, una reconstrucción forense de datos.
Cuando se logra, se pueden encontrar colusiones extrañas, como cuando hay varias ofertas a un mismo contrato menor, pero todas son de empresas que tienen el mismo administrador. O una sociedad que se funda y a los 15 días tiene ya tres contratos de un mismo ayuntamiento. Es sospechoso porque no tiene una solvencia que aportar sobre tu trayectoria.
¿Puede ser que la norma sea demasiado estricta?
Efectivamente, hay casos en los que la ley es demasiado estricta y habría que revisarla. Un ejemplos es el de Paradores que para dar un servicio en un restaurante tiene que licitar, en vez de ir a la lonja y comprar. Ese es un caso claro en el que la ley debería contemplar.
Las normas tienen que incluir mecanismos más ágiles. Hay otros casos en los que, si solo tienes un proveedor, lo más fácil es hacer un procedimiento abierto simplificado: va bastante más rápido, pero no es opaco.
Recurrir al contrato menor redunda en que la ley tampoco se cambie, porque hecha la trampa, todo el mundo va por la trampa, la ley nunca cambia y estamos así permanentemente.
¿Ha encontrado casos llamativos en Canarias?
Generalmente, cuando bajas a los contratos de los ayuntamientos, te encuentras cosas más raras porque el control también es distinto. En Canarias hay un caso muy simpático que está ante el Comisionado de Transparencia porque no me ha contestado el Ayuntamiento de Tías.
Este consistorio compra iPhones a los funcionarios de policía que se jubilan y ves gastos de 15.500 euros como obsequio de jubilación. En esos contratos aparece un reparo de la intervención. Es decir, la intervención ha dicho: “esto no se puede hacer”, pero aun así se adjudican.
¿Le han contactado las administraciones aludidas o legisladores?
Se han puesto en contacto sobre todo desde la oposición… yo creo que es el lugar más cómodo cuando tienes que tratar estas cosas. Y sindicatos, en este caso sobre todo por regalos que pueden tener consejeros de empresas públicas. También se han puesto en contacto conmigo desde algún organismo fiscalizador, tribunales o sindicaturas de cuentas.
Creo que las sindicaturas de cuentas y los tribunales se han quedado un poquito atrás. En muchos casos todavía están trabajando con muestras de contratos. Conozco un caso que de 20.000 contratos menores toman una muestra de 60… y 49 eran irregulares. Con la tecnología actual, y con la de hace veinte años, no hacía falta ir a una muestra y se podían analizar todos.
También monitoriza sedes electrónicas. ¿Por qué?
Porque creo que es difícil encontrarlas funcionando. Como todos los días estoy pidiendo expedientes, es raro el día en que entro en la web de Carpeta Ciudadana y puedo iniciar sesión a la primera. Es una cosa tremenda.
Mi aplicación vigila la pasarela Cl@ve, la plataforma de datos, el Consejo de Transparencia, la web de cita previa del DNI, el Catastro, el SEPE… Ahora mismo la web de cita previa del DNI está caída el 23% del tiempo.
Y nadie dice nada. No hay un tuit ni un aviso en la web del Ministerio de Transformación Digital avisando de que está caído tal servicio y dando una fecha estimada de solución. Cuando ocurre en la empresa privada generalmente tienes un panel donde puedes ver que hay una incidencia, que el servicio está degradado, y te van dando explicaciones.
¿Qué ocurre cuando se cae una de estas webs?
Creo que en abril, si no me equivoco, Cl@ve no funcionó durante seis horas. Nadie podía entrar a las sedes digitales y no hubo ningún tipo de aviso por parte de la Administración, ningún tipo de explicación.
Y esto no es solo que yo quiera pedir un expediente. Si tengo un plazo que se me acaba, la Administración tiene que tener en cuenta que es ella misma la que no te permite presentar documentación por vía digital porque su sistema está caído.No hemos interiorizado que la sede virtual es tan importante como la oficina.
¿El diseño y la usabilidad también son un problema?
Sí. No es solo que funcione, es que se entienda. En la Administración española muchas veces pinchas en un sitio y acabas en una web de un ministerio que ha cambiado tres veces. Hay ministerios que no existen desde hace diez años, redirecciones extrañas y páginas que no son navegables.
En eso la Plataforma de Contratación del Estado es desesperante: si pones una palabra con acento, sin acento o con otro tipo de acento, te puede dar resultados distintos. “Valencia”, dependiendo de cómo lo escribas, puede arrojar miles de resultados diferentes. Además, los enlaces no se pueden copiar y pegar de forma normal y muchas veces no puedes usar ni el botón de atrás por cómo está hecha la navegación. No sería difícil hacer las cosas un poquito mejor.
¿Cuánto trabajo hay detrás de una alerta?
Lleva trabajo, porque tienes que pedir los expedientes, analizarlos, ver y cruzar dónde hay cosas raras. Son cosas que con las red flags vas viendo. Pero como se publica tan poca información, tienes que ir por transparencia, pedir el expediente completo de contratación; te pueden contestar en uno o dos meses; si te lo deniegan, tienes tres meses de espera ante el Consejo de Transparencia. Al final, para un tema que es bastante sencillo, has estado cinco meses.
¿Y cómo se sostienen estas iniciativas?
Lo hago por amor al arte. En principio es un hobby pero tampoco le puedo echar todo el tiempo que me gustaría porque hay que hacer otras cosas en la vida y no se puede estar todo el día pegado a la pantalla.
Sí es verdad que, con Contratación Abierta, ahora tengo un canal en el que la gente puede donar cinco o diez euros, o suscribirse por lo que puede costar un café al mes, para apoyar un la iniciativa.
