Afincado desde hace unos años en Madrid, Esaú Alarcón es socio del despacho barcelonés Gibernau, desde donde se dedica a ayudar a sus clientes a cumplir unas normas que pocas veces parecen redactadas para ser comprendidas y, cuando es necesario, defenderlos de la misma Administración que tiende a interpretarlas a su favor.
Este fiscalista ha compaginado los litigios tributarios con la docencia universitaria, la investigación y la divulgación en FiscalBlog. Se hizo un nombre entre los abogados capaces de plantar cara a Hacienda y ganar al lograr que los tribunales europeos tumbaran el modelo 720, aquella obligación informativa con la que el Gobierno de Mariano Rajoy pretendió perseguir el patrimonio oculto en el extranjero y terminó castigando con sanciones disparatadas a quien se equivocaba al rellenar un formulario.
¿Qué revela el modelo 720 sobre la forma en que se legisla en España y sobre la relación entre Hacienda y el contribuyente?
Era una barbaridad. No puede ser que una persona, simplemente por dejar de presentar un modelo informativo dentro de plazo, reciba multas que podían alcanzar cantidades absurdas. Aquello ya no afectaba solamente a quien tenía dinero oculto en el extranjero, sino a cualquier ciudadano que llegara a España y se olvidara de declarar una casa en Guayaquil o una cuenta bancaria en otro país.
Se mezclaron una voluntad de que la gente repatriara el dinero y un problema presupuestario. El objetivo podía ser loable, pero España forma parte de la Unión Europea y la libertad de circulación de capitales es sagrada. Creo que quisieron hacerse los listos y les salió mal.
Además, el modelo 720 fue un correlato de la amnistía fiscal. El Gobierno pretendía ingresar unos 2.500 millones de euros, pero llegó el verano de 2012 y prácticamente nadie había pagado. Montoro se asustó y pidió a sus técnicos que prepararan algo para conseguir que la gente ingresara. Si la amnistía hubiera recaudado lo previsto, probablemente el proyecto habría terminado en un cajón. Sin embargo, aparecieron las cuentas de Jordi Pujol en Andorra y el Partido Popular temió que retirar la norma se interpretara como un intento de favorecerlo. Muchas veces se legisla por una urgencia recaudatoria o por miedo a un titular, sin valorar las consecuencias jurídicas para el contribuyente.
¿Hacienda somos todos o es “selectiva” en sus inspecciones?
He oído muchísimas cosas, incluso amenazas, pero no termino de creérmelas. Sí considero posible que, en determinados niveles, el personal político o los altos directivos establezcan mecanismos para que ciertas personas no aparezcan en el sistema. Nunca he tenido como cliente a un político en activo sometido a una inspección. No quiero afirmar que exista un mecanismo que los elimine de los planes, pero me resulta sorprendente no haber conocido ningún caso. Puede ser que, por exclusión, existan privilegios para determinadas personas.
También hemos visto inspecciones que comenzaron a ciegas y en las que apareció el nombre de algún político. Los responsables siguieron adelante porque creo que son profesionales, aunque después se produjeron cambios en los puestos directivos. Eso resulta llamativo.
En cualquier caso, gran parte del control se basa en cruces de datos y mecanismos informatizados: ahí pagamos todos, justos y pecadores. Puede existir un número minoritario de perfiles que salgan del sistema mediante una decisión humana, pero quiero creer que son la excepción.
¿Se excede Hacienda en sus capacidades?
Sí. Dentro de la Dirección General de Tributos y de las altas instancias de Hacienda se utilizan a veces caminos procesales y mecanismos que fuerzan la ley al máximo. Si a eso unimos que la potestad legislativa en materia tributaria la ejerce en la práctica la Dirección General de Tributos (DGT) sustituyendo al Parlamento, tenemos una anomalía que afecta a la separación de poderes.
Las leyes fiscales pasan formalmente pasan por las Cortes, pero los diputados no tienen ni idea. Salvo algunas cuestiones muy políticas y concretas, las cuestiones importantes del sistema tributario terminan dependiendo de la DGT porque los parlamentarios, en realidad, no cuentan. Quien cuenta es Hacienda.
Además, cuando aparece una jurisprudencia desfavorable para la Administración, se cambia la ley para adaptarla precisamente a lo contrario de lo establecido por los tribunales. Vivimos en un Estado fiscal en el que el poder del Estado aplasta a los contribuyentes.
Hace poco conseguimos tumbar un artículo de una instrucción del Departamento de Recaudación porque innovaba el ordenamiento y debería haberse aprobado mediante un real decreto. Si no hay entidades que actúen como contrapeso, esas disposiciones se quedan ahí. Puede recurrirlas un ciudadano dispuesto a llegar hasta el Supremo o una asociación que actúe dentro de plazo. Por eso las asociaciones, corporaciones y asesores fiscales somos importantes como contrapeso.
Usted critica la complejidad del sistema tributario, pero ¿no es precisamente esa complejidad la que hace imprescindibles a los fiscalistas?
Vivimos instalados en varias falacias fiscales. La primera consiste en afirmar que queremos que todo el mundo pueda hacer sus propias declaraciones. Eso es mentira. En cuanto realizas una mínima actividad económica, aunque sea accesoria o esporádica, siempre vas a necesitar un asesor. Si intentas hacerlo por tu cuenta, es prácticamente seguro que algo saldrá mal.
En cuanto realizas cualquier operación, entras en el sistema y cualquier olvido puede terminar en un requerimiento.
La segunda falacia consiste en afirmar que el contribuyente es quien debe hacerlo todo. Desde los años ochenta hemos ido incrementando sus obligaciones: primero las autoliquidaciones, después la presentación electrónica, el Suministro Inmediato de Información y ahora la facturación que quiere implantar Hacienda.
Nos trasladan las obligaciones y nos venden que eso es lo moderno. Sin embargo, en países de nuestro entorno existen regímenes de liquidación administrativa: tú entregas los datos y la Administración calcula el impuesto. Aquí creemos que hacerse personalmente la declaración por internet es lo normal en toda Europa. Y es mentira.
Si quieren trasladarnos esa carga, por lo menos no deberían sancionarnos automáticamente cuando cometemos un error. Tenemos lo peor de ambos modelos: es Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Yo autoliquido y, si lo hago mal, me sancionan.
¿Todos los países tratan así al contribuyente?
Se habla mucho del cumplimiento cooperativo. En el Reino Unido, los inspectores tienen asignado un número determinado de empresas y puedes llamarles directamente. En Alemania, según el tipo de asesor que tengas, existe un primer filtro: un profesional acreditado funciona como una especie de sello público.
En España cualquiera puede colocar en la calle un letrero de asesoría fiscal. Puede no tener ninguna titulación. Estamos mezclando churras con merinas y habría que establecer unos mínimos.
Debería haber colaboradores tributarios acreditados —prefiero esa expresión porque colaboramos tanto con Hacienda como con el contribuyente— con formación continua, titulación mínima y algún filtro profesional. Así, ante un error, podría saberse si la responsabilidad es del asesor o de una interpretación incorrecta de Hacienda.
Pero no hay voluntad de hacerlo. Las asociaciones perderían muchos asociados y tienen miedo. No es solo un problema de Hacienda; también lo es de los asesores.
¿Es lo mismo defraudar que organizarse para pagar la menor cantidad posible de impuestos?
Evidentemente no. Existe la economía de opción: entre varias alternativas posibles, el contribuyente elige aquella con la que paga menos impuestos. Eso es completamente lícito.
Después está la elusión, que puede consistir en utilizar un artificio o contornear la ley para evitar el pago, pero no implica necesariamente cometer un acto defraudatorio. Finalmente está el fraude, que exige dolo, mala fe y voluntad de incumplir la ley. Estos conceptos se confunden muchas veces en el discurso público y político.
Actualmente hay un magistrado del Tribunal Supremo que habla de la economía de opción inversa: entre las diferentes alternativas existentes, la Administración elige siempre la peor para el contribuyente. Eso es lo que vivimos y por eso me refiero al Estado fiscal.
¿El tablero está inclinado para favorecer al Fisco?
Dentro de determinados paquetes normativos y programas informáticos se introducen bombas de relojería. En la orden ministerial que regula cada año el IRPF aparecen casillas que obligan al contribuyente a adoptar la decisión que más le perjudica.
Ocurrió con el cálculo de la amortización de un inmueble alquilado adquirido mediante una herencia o una donación. Existía una discusión sobre si la base deducible debía ser únicamente el coste soportado al recibirlo o el valor atribuido al inmueble. Hacienda incorporó al programa una casilla que impedía aplicar un cálculo distinto del suyo, que era el más gravoso.
El asunto llegó al Tribunal Supremo y los contribuyentes ganaron. Pero fíjate en lo que había sucedido: la Administración utilizó el interior de un programa informático para impedir que el ciudadano aplicara la interpretación de la ley que consideraba correcta.
Además, el contribuyente descubre esas casillas cuando introduce los datos y ya ha vencido el plazo para recurrir la orden ministerial. Cuando las facturas se envíen directamente a la Administración, cualquier discusión interpretativa se resolverá por el camino que más favorezca a Hacienda.
Por eso estoy en contra de una Administración electrónica al cien por cien. No solo hay personas que no saben utilizarla; a eso se añade la concentración de una enorme cantidad de información sensible. El tratamiento de esos datos da bastante miedo.
¿Qué debería cambiar para terminar con ese Estado fiscal?
Habría que rehacer el sistema tributario para disponer de un modelo más razonable y dejar de introducir cambios normativos como respuesta a cada crisis. También debería existir algún mecanismo de armonización fiscal. Personalmente creo que el impuesto sobre el patrimonio debería desaparecer, pero, mientras exista, no puede ser cero en un territorio y cien en otro. Lo mismo ocurre con sucesiones.
Sobre todo, necesitamos mecanismos reales de control y contrapeso. El Consejo para la Defensa del Contribuyente depende del Ministerio de Hacienda. Formalmente incorpora miembros de la Dirección General de Tributos, académicos y profesionales, pero incluso el tercio que debería representar a los asesores está formado, en buena medida, por antiguos miembros de Hacienda.
No digo que tengan que llamarme a mí, porque a lo mejor me consideran el diablo, pero podrían incorporar a alguien que nunca hubiera pertenecido a la Administración. La colaboración no puede imponerse unilateralmente; debe ser real. El problema es que los funcionarios de Hacienda han acumulado tanto poder que existe una prepotencia brutal.
¿Y cómo puede defenderse un contribuyente hasta ese momento?
Mientras no cambie el sistema, cualquier persona que realice una actividad económica debe estar asesorada y contar con un profesional de confianza. Hoy no puedes meterte en el charco fiscal español y presentar directamente una declaración sin asistencia. Es un ejercicio muy arriesgado.
Además, el contribuyente debe saber cuándo ha superado a su gestor. Puede llevar toda la vida con el mismo profesional, pero su actividad crece y llega un momento en el que esa gestoría ya no es adecuada.
Hay un momento en el que debes asumir que necesitas un servicio profesional de mayor nivel. De lo contrario, el problema posterior con Hacienda puede ser mucho más grave.
El controvertido bonus de los inspectores de Hacienda
Los inspectores de Hacienda cobran un complemento de productividad. Hasta ahí, nada extraordinario. Muchas administraciones retribuyen a sus empleados en función del rendimiento. El problema empieza cuando nadie sabe explicar con claridad qué se premia y cómo se mide. De ahí que cada vez sean más las voces que denuncian la “voracidad recaudatoria” de la Agencia animada por el interés personal de algunos funcionarios en liquidar lo máximo posible o incluso un “prostituido interés por la recaudación”.
Esaú Alarcón conoce bien el asunto porque formaba parte del consejo asesor de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) cuando ésta pidió a la Agencia Tributaria que revelara cómo se calculaban los incentivos. Hacienda no respondió y tuvieron que acudir al Consejo de Transparencia. Cuando finalmente consiguieron los documentos, la transparencia tampoco trajo demasiada luz ya que en palabras de este fiscalista se trata de “un sistema infumable e imposible de entender”. Se sabe que determinadas actuaciones como firmar actas con acuerdo, terminar la inspección antes de que transcurran los 18 meses y alcanzar ciertos resultados puntúan. Probablemente también influya la cantidad regularizada. Pero ni siquiera los inspectores conocen exactamente la receta con la que se cocina el bonus, según explica Alarcón.
A esto se suma que el complemento no depende sólo del funcionario, sino también de su equipo, la oficina, la delegación y los resultados generales de la Agencia. Existen baremos, bolsas comunes y objetivos cruzados que convierten el cálculo en un laberinto burocrático. Todo muy sofisticado, salvo para quien quiera entenderlo.
El catedrático Luis A. Malvárez Pascual ha tratado de aclarar esta cuestión en su libro “Incentivos a la productividad e imparcialidad de los inspectores de Hacienda” (Tirant lo Blanch, 2026) pero sus conclusiones no han resultado muy favorables para la Administración y advierte de que “no es admisible que los funcionarios cobren complementos de productividad que se determinen en función de las cantidades liquidadas por ellos”.
Málvarez deja claro que no discute si los inspectores ganan mucho o poco –considera que realizan una función esencial–, sino si el diseño de sus retribuciones variables puede condicionar, aunque sea de forma inconsciente, su objetividad. Por todo ello propone un modelo de “complemento de desempeño” con transparencia total en sus criterios y en su aplicación que elimine cualquier variable vinculada a importes liquidados o sanciones.
A tenor de lo que comentan los expertos, el tema es algo más complejo que asegurar que los inspectores trabajan a comisión pero, mientras ni los propios empleados públicos sepan explicar cómo se calcula su productividad, Hacienda tendrá difícil convencer al contribuyente de que muchos de los expedientes que se les abren no tienen como motivación el enriquecimiento personal de algunos funcionarios.
