La detención de Nicolás Maduro se celebró, sobre todo, en Madrid, Canarias, Miami o Bogotá. En las ciudades donde viven los más de nueve millones de venezolanos que tuvieron que marcharse buscando las oportunidades y la seguridad que no les ofrecía su país.
El contraste con la reacción de buena parte de la izquierda occidental ha sido llamativo. Donde los exiliados han visto alivio y esperanza, otros han visto un precedente peligroso, una vulneración del derecho internacional o una quiebra del orden multilateral. Resulta paradójico que esas mismas normas apenas suscitaran inquietud mientras el chavismo las incumplía de forma sistemática: falseando elecciones, encarcelando opositores, confiscando propiedades o utilizando el aparato del Estado como instrumentos de represión política.
Para el exilio, el colapso del régimen chavista no es un debate abstracto: es la posibilidad de cerrar una etapa marcada por el empobrecimiento y la violencia.
Un gobierno que expulsa a su gente
Venezuela ha perdido población a medida que los chavistas se hacían más fuertes pasando de los 30 millones a los 28 actuales. Una estadística sintomática del fracaso de un modelo de sociedad que, en lugar de atraer capital humano, lo ahuyenta. Cuando casi un tercio de la población abandona su país, no lo hace por una mala coyuntura económica ni por desacuerdos políticos superficiales, sino porque el sistema ha dejado de ofrecer un marco mínimamente previsible para desarrollar una vida normal.
A pesar de que en 1998 muchos venezolanos eligieron a Hugo Chávez en las urnas, para la mayoría de ellos el chavismo dejó de ser hace tiempo una opción política y pasó a ser una estructura de dominación de la que solo cabía escapar votando con los pies porque no tenían otra alternativa. Una fuga de capital humano que contribuyó a empeorar las condiciones materiales y posibilidades de aquellos que no conseguían salir del país.
Ahora bien, la comprensible alegría por el derrocamiento del tirano no responde a la pregunta de fondo que determinará el futuro de los venezolanos: ¿se abre una oportunidad real de reconstrucción social o asistimos, más bien, a un reajuste geopolítico que no les devolverá la libertad?
El coste del socialismo real
No se puede obviar el punto de partida. Venezuela ha recorrido un camino que ilustra con crudeza cómo el deterioro institucional no es neutral para la economía. La inseguridad jurídica se convirtió en la única norma que se cumplía, distorsionando los incentivos de una sociedad sana. Sin respeto por la propiedad privada se eliminó el cálculo a largo plazo dando paso a la mera supervivencia, el más corto de los plazos. El resultado fue un empobrecimiento sistemático de una sociedad que, no hace tanto, figuraba entre las más prósperas de Hispanoamérica.
Libertad y prosperidad son dos caras de la misma moneda, y el chavismo lleva casi tres décadas devaluándolas. No por accidente, sino por voluntad política. El proyecto bolivariano nunca fue únicamente una propuesta de redistribución, sino una transformación profunda de la relación entre el individuo y el poder. Venezuela se despeñó así por el camino de servidumbre sobre el que nos alertó Friedrich Hayek hasta caer en un pozo del que es muy difícil salir porque ha volado por los aires todas las instituciones naturales basadas en la confianza y en la propiedad que son los pilares de las sociedades libres y prósperas.
Sin reglas no hay mercado
Durante estos años, Venezuela ha conservado muchas de las formas externas de una democracia –elecciones periódicas, tribunales, leyes– mientras los chavistas vaciaban progresivamente su función esencial: limitar al poder y proteger al ciudadano frente a él. Esta degradación institucional tuvo consecuencias económicas que no se hicieron esperar. Autores como James Buchanan o Douglass North explicaron hace décadas que, cuando las reglas dejan de limitar al poder y la ley deja de proteger la propiedad, los contratos y la previsibilidad, el mercado deja de tener las herramientas para funcionar.
Hayek lo formuló desde otro ángulo, al advertir que el Estado de derecho no consiste en que el poder actúe conforme a normas, sino en que esas normas sean generales, previsibles y no discrecionales. Cuando la ley se convierte en una herramienta al servicio del gobernante, deja de coordinar expectativas y pasa a introducir incertidumbre. El resultado no es solo menos crecimiento, sino la erosión de la cooperación y la coordinación entre individuos y empresas, que es la que genera actividad económica.
El colapso venezolano no fue inmediato, pero sí persistente. Expropiaciones, controles de precios, manipulación de la moneda y uso político de la renta petrolera destruyeron los incentivos para producir y acumular capital. La hiperinflación no fue un accidente técnico, sino la consecuencia lógica de un Estado que recurrió a la emisión monetaria para sustituir la productividad del mercado. Incluso la industria petrolera, en un país con las mayores reservas del mundo, terminó colapsando bajo el peso de la politización y la mala gestión. Tenían el petróleo, sí, pero no sabían aprovecharlo.
El dilema de derrocar al tirano
En este contexto reaparece un dilema tan antiguo como incómodo: la legitimidad de derrocar a un tirano que somete a su propio pueblo. Quizás la reflexión más interesante sea la que realizó el jesuita español Juan de Mariana haya por el siglo XVI. En De rege et regis institutione (1599), sostuvo que la legitimidad del poder no deriva del cargo ni del procedimiento, sino de su ejercicio conforme a la justicia y al derecho natural. Un gobernante que confisca la propiedad, degrada la moneda, persigue a sus críticos y se perpetúa contra la voluntad de los gobernados deja de ser un magistrado legítimo para convertirse en un tirano. Pese a que han pasado muchos siglos, su actualidad es abrumadora y parece definir, punto por punto, lo que han hecho los chavistas en Venezuela.
Pero sería un error convertir al padre Mariana en un precursor simplista de la violencia política. El jesuita no legitimó el tiranicidio como gesto individual ni como atajo moral. Impuso condiciones estrictas: que la resistencia fuera expresión de la comunidad política y que la eliminación del tirano no generase un mal mayor que su permanencia en el poder. El tiranicidio era, para él, un último recurso, tolerable solo como mal menor cuando toda acción colectiva ordinaria había sido bloqueada. No sería posible trasladar sus argumentos al momento actual si quiera porque el derrocamiento de Maduro vino del exterior en lugar de producirse por un movimiento de su propio pueblo.
Leído desde el presente, el problema no es que Mariana se equivocara, sino que el mundo en el que pensaba ya no existe. El Estado moderno ha alterado por completo ese equilibrio. Mariana escribía en un momento histórico en el que diferentes actores como la Corona, la Iglesia e incluso grandes señores competían por el poder. Ninguno tenía, de hecho, un dominio incontestable y podía ser desafiado. El Estado contemporáneo, en cambio, concentra poder de una forma desconocida en el siglo XVI.
El padre de la sociología, Max Weber, lo definió como el monopolio legítimo de la violencia, pero hoy ese monopolio va mucho más allá de lo militar o policial. Es también institucional, económico y tecnológico. El Estado controla la coerción, la justicia, la emisión de la moneda y amplios sectores de la economía. En regímenes autoritarios, esa concentración se traduce en una capacidad casi total para bloquear cualquier forma de resistencia organizada.
Ni por las buenas ni por las malas
Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Venezuela. El chavismo no gobierna al margen de la ley, sino a través de ella. El Consejo Nacional Electoral, formalmente autónomo, ha sido acusado de manipular sufragios, alterar calendarios y eliminar garantías básicas de competencia. El poder judicial ha renunciado de facto a su independencia. Organismos de seguridad como el SEBIN han perseguido, encarcelado y torturado a disidentes no como una excepción, sino como una práctica sistemática de control y terror.
A este monopolio coercitivo se suma uno económico. El control sobre PDVSA y sobre amplios sectores productivos ha convertido la renta petrolera en un instrumento político. Subsidios, empleos públicos y acceso a divisas funcionan como mecanismos de lealtad o castigo. En un país donde el Estado se ha convertido en el principal proveedor de los ciudadanos, la dependencia económica refuerza la sumisión política. El monopolio de la violencia se ve así reforzado por el monopolio de la subsistencia.
Cuando el árbitro, las reglas y las consecuencias están controladas por el poder, el voto pierde su función correctiva. La democracia es mucho más que votar cada cuatro años. El procedimiento guarda las apariencias pero sin garantías ni una concurrencia libre el resultado está predeterminado. Venezuela ofrece un catálogo amplio de intentos fallidos de elecciones falseadas y protestas masivas reprimidas con violencia.
Ni por las buenas ni por las malas. Las protestas de 2014 y 2017 dejaron decenas de muertos y miles de detenidos sin provocar fisuras relevantes en el aparato del Estado. No es que los venezolanos no intentarán la vía Mariana para deshacerse del tirano, es que aunque fueran mayoría no tienen los medios para lograrlo. Al monopolio de la violencia estatal hay que sumar el apoyo exterior de los sospechosos habituales: Cuba, Rusia o Irán. Al otro lado, hasta ahora, Occidente tan solo enviaba observadores, buenas palabras y firmaba comunicados condenando al régimen.
La huida como última forma de libertad
Ante semejante panorama, la única resistencia posible es silenciosa pero cuantificable: votar con los pies. El Observatorio de la Diáspora Venezolana estima que más de 9,1 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2013. No es por apatía política ni falta de compromiso cívico. Es la constatación de que, cuando la ley deja de ofrecer una vía de corrección, el individuo se sustrae del sistema. Emigrar se convierte en la última forma de libertad al alcance de muchos.
Pero este éxodo masivo no es neutro desde el punto de vista económico. El economista George Borjas, profesor de la Universidad de Harvard, ha insistido en que la emigración forzada no solo empobrece al país que expulsa población, sino que lo condena a una pérdida persistente de capital humano, redes productivas y capacidad de recuperación futura. No se trata únicamente de que se vayan los más jóvenes o los más preparados, sino de que se rompen los vínculos que permiten acumular conocimiento, coordinar inversiones y sostener proyectos a largo plazo. La diáspora venezolana no es solo una consecuencia del colapso institucional: es uno de los mecanismos que explican por qué ese colapso se perpetúa en el tiempo.
El fin del espejismo multilateral
Entre tanto, el espejismo multilateral en el que las democracias occidentales parecían obligadas a someterse al derecho internacional mientras los gobiernos despóticos se lo saltaban con impunidad empieza a desvanecerse con la misma facilidad con la que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar en Caracas para capturar a Maduro y trasladarlo para ser juzgado en Nueva York.
Rusia actúa por zonas de influencia, China hace lo propio en su entorno y Estados Unidos nunca ha dejado de considerar Hispanoamérica como su patio trasero. La doctrina Monroe, lejos de ser una reliquia histórica, ha quedado revitalizada por la vía de los hechos.
Desde esta perspectiva, la detención de Maduro no es solo un ajuste de cuentas con un régimen criminal, sino también una señal de que el realismo ha vuelto a imponerse al discurso político. Las grandes potencias actúan en función de intereses, no de principios abstractos. Y la libertad individual rara vez ocupa el primer lugar en esa jerarquía.
¿Cambio de régimen o cambio de amo?
Aquí surge la última duda, quizá la más incómoda. La caída del chavismo no garantiza automáticamente la libertad si Venezuela pasa de estar en manos de una élite extractiva interna a convertirse en una pieza más del tablero geopolítico controlada desde Washington. La historia de Hispanoamérica está llena de soberanías formales combinadas con dependencias reales, de cambios de régimen que no alteraron la lógica profunda del poder.
Nada de esto implica que los venezolanos no vayan a estar mejor que bajo el chavismo. Es razonable pensar que lo estarán. Pero la pregunta relevante no es si estarán mejor, sino si serán libres. Y eso no lo decide la caída de un hombre ni una operación militar. Lo decide algo mucho más difícil: la reconstrucción de instituciones que limiten el poder, protejan la propiedad y devuelvan la confianza.
La detención de Maduro abre una oportunidad aunque la libertad nunca llega por decreto ni se puede garantizar eternamente desde el exterior. Hay motivos para creer que el día de los venezolanos ya viene llegando parafraseando la célebre canción del cubano Willy Chirino; el día en el que los venezolanos podrán sumarse a los alemanes orientales y a los rumanos para gritar “¡Venezuela! ¡Libre!”.
