Cada década en Canarias arranca con la misma promesa y termina con el mismo lamento: hay que diversificar la economía. Se decía en los ochenta, cuando España entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea; se repitió en los noventa, cuando el transporte aéreo y la liberalización del turismo abrían oportunidades inéditas; se juró en los 2000, mientras la construcción crecía al calor de la burbuja; y volvió a prometerse en 2020, tras la pandemia, cuando la palabra “resiliencia” se convirtió en el mantra de moda.
Cuatro décadas después, el resultado es decepcionante: la economía canaria sigue dependiendo de un solo motor —el turismo— y de un solo mecenas —la administración pública—. El sector privado no ha logrado desarrollar tejido competitivo suficiente, y las instituciones, en vez de facilitar el emprendimiento, se han transformado en su principal rival. La diversificación que prometían los gobiernos autonómicos no ha creado nuevos sectores, sino nuevas empresas públicas. El Archipiélago ha sustituido la iniciativa privada por una telaraña burocrática que crece desenfrenadamente: dieciocho sociedades mercantiles, siete fundaciones públicas y un ejército de más de 5.600 empleados que cobran del presupuesto autonómico o de sus satélites.
La administración canaria, en vez de crear condiciones para que el mercado florezca, ha decidido plantar su propio huerto. Y, como suele ocurrir con los proyectos cultivados desde el poder, el fruto es escaso, caro y de baja calidad. En el peor de los casos la tierra puede convertirse en yerma, la URSS secó el mar de Aral y el Ché Guevara fracasó en su plan de industrialización de Cuba.
A pesar de los spoilers con los que la historia nos advierte del fracaso del intervencionismo, los políticos se dejan llevar una y otra vez por su fatal arrogancia que les lleva a creer que desde su despacho pueden ser más eficientes que el capitalismo planificando la economía sin la coordinación espontánea y voluntaria de sus actores como sucede en un mercado libre y competitivo. Los burócratas canarios, lamentablemente, no son una excepción.
El Estado empresario: 2.249 nóminas y sumando
El ejemplo más paradigmático de esta tendencia es Gesplan, acrónimo de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A., una sociedad pública que nació en 1991 con la finalidad de prestar asistencia técnica a los ayuntamientos y al Gobierno de Canarias en materia de planeamiento.
Tres décadas después, se ha convertido en un gigante con 2.249 empleados, un presupuesto de 105 millones de euros en 2026 y un gasto de personal de 74,6 millones, lo que representa el 70% de su presupuesto total.
Gesplan supone ya la mitad del empleo total de todas las empresas públicas autonómicas. En teoría, su misión es facilitar la gestión administrativa y ambiental; en la práctica, actúa como una empresa constructora y consultora pública que absorbe contratos que antes eran ejecutados por empresas privadas. No solo proyecta, planifica o evalúa: también ejecuta obras, dirige equipos, subcontrata servicios y, en ocasiones, incluso cobra comisiones internas por encargos entre administraciones.
Lo hace amparada en la figura legal del encargo a medio propio, regulado en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta norma permite a las administraciones adjudicar directamente trabajos a sus medios propios sin pasar por un concurso público. Es una excepción razonable cuando el mercado no puede responder con rapidez o cuando el conocimiento técnico requerido no existe en la iniciativa privada. Pero en Canarias, como suele suceder con las excepciones que se institucionalizan, lo excepcional se ha vuelto la norma.
Gesplan recibe cada año decenas de encargos directos de cabildos, ayuntamientos y consejerías por importes millonarios. Muchos de ellos acaban subcontratados parcialmente a pequeñas empresas locales, que solo reciben las migajas. El medio propio se queda con los costes fijos, los gastos generales y el control del flujo de dinero. El resultado: los mismos proyectos, más caros y más lentos, pero bajo el control del sector público que acapara recursos.
Esta ineficiencia se materializa en proyectos fallidos o paralizados que GESPLAN ha gestionado, como revelan informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias (2025) y sentencias del TSJC. Un ejemplo paradigmático son los retrasos en obras urbanísticas en Tenerife, donde encargos directos a GESPLAN para planes generales en municipios como Candelaria y Arafo fueron anulados en mayo de 2025 por incumplir requisitos de concurrencia, dejando proyectos estancados durante años y elevando costes en un 20-30% por demoras administrativas.
A escala regional, se suman al menos 837 obras públicas paralizadas entre 2021 y 2025 —muchas bajo su tutela—, debido a licitaciones desiertas y sobrecostes por inflación de materias primas, según datos de la patronal de la construcción FEPECO. Estos fracasos no solo desperdician fondos públicos, sino que frustran el desarrollo local y ahogan a las empresas que podrían haberlos ejecutado con mayor agilidad.
Más allá de la crítica ideológica o quejosa de los contribuyentes que terminan pagando esta fiesta, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló varios encargos urbanísticos adjudicados a Gesplan por los ayuntamientos de Tenerife, al considerar que no cumplían los requisitos de eficiencia y concurrencia. La sentencia, que daba la razón al Colegio de Arquitectos, apuntaba a que la administración utiliza el medio propio para esquivar el mercado.
La fatal arrogancia de los gesplanistas convencidos
El caso Gesplan ilustra a la perfección esa “fatal arrogancia” de la planificación central, esa idea —sobre la que nos advirtió Friedrich Hayek— de que un grupo de funcionarios puede sustituir al conjunto del mercado en la asignación eficiente de recursos. El burócrata, haciendo uso de toda la maquinaria administrativa, cree que puede decidir qué proyectos son prioritarios, a quién contratar, qué objetivos fijar y cómo medir el éxito. Lo hace con dinero ajeno y sin arriesgar su capital, casi siempre sin consecuencias personales cuando fracasa.
Esa “arrogancia planificadora” explica el fracaso económico canario. Cada año, los presupuestos públicos aumentan el gasto en personal, en organismos y en fundaciones que viven de transferencias corrientes, mientras la inversión real pierde peso relativo. En 2025, el gasto en nóminas representó el 38% del presupuesto, mientras que la inversión directa apenas alcanzó el 6,4%. En 2026, las cifras son aún más desequilibradas: unos 4.800 millones en personal frente a 647 millones en inversión.
En lugar de destinar esos recursos a infraestructuras, innovación o rebajas fiscales que incentiven el ahorro y la inversión privada, el Gobierno de Canarias mantiene la inercia pese al cambio de color político. Lo hace, además, con el argumento del “control” y la “eficiencia”. Pero esa eficiencia raramente se mide, porque los resultados no se evalúan con criterios de productividad ni de retorno como piden instituciones como la AIReF. Los proyectos no se someten a la disciplina del mercado, donde el error se paga con pérdidas e incluso la desaparición; mientras que el acierto se premia con beneficios y el crecimiento. El mercado puede ser cruel pero también es justo. Las entidades públicas esquivan la sentencia ampliando su presupuesto a costa de los contribuyentes al tiempo que sus propagandistas tratan de hacer pasar la mera ejecución como un triunfo.
Riesgo moral y coste de oportunidad
Los efectos negativos van más allá de la redistribución de la riqueza desde la parte productiva de la sociedad a los poderes públicos pues se generan pérdidas por el coste de oportunidad de los recursos que podrían estar produciendo en otras manos. El riesgo moral crece también entre compañías que se enfrentan a la competencia desleal de la administración o buscan la certidumbre de la subvención y la concesión pública.
Un comportamiento que también se contagia a los trabajadores seducidos por este rastro de promesas y dinero público. Los profesionales mejor capacitados opositan o se refugian en las sociedades autonómicas, atraídos por la estabilidad o el talento opta por emigrar. El capital humano que las islas produce con fondos públicos y privados se pierde, y el que se queda se acomoda en una economía de salarios seguros pero con horizontes cortos.
Los datos de absentismo así lo reflejan. Canarias figura entre las comunidades con mayores tasas de baja laboral —alrededor del 9,1%— y menor productividad por hora trabajada. Entre tanto, el peso del empleo público sobre el total no deja de crecer: uno de cada tres asalariados canarios depende directa o indirectamente del sector público.
La intervención en el mercado genera incentivos perversos que distorsionan el mercado. En una sociedad donde la seguridad laboral proviene del Estado y no del talento, donde los ascensos dependen más del reglamento que del mérito, la innovación y el riesgo se castigan. Y cuando el emprendedor es tratado como sospechoso mientras el funcionario es presentado como héroe, el resultado es una economía esclerótica que no levanta cabeza por mucho dinero público que se le inyecte.
Herramientas que no sirven
La excepcionalidad fiscal de Canarias (Reserva de Inversiones, Zona Especial Canaria, Deducciones al Impuesto de Sociedades…) ha sido neutralizada por la burocracia. Los incentivos existen, pero los trámites para aplicarlos son tan farragosos que disuaden a la mayoría de inversores. Mientras Madeira o Malta han atraído multinacionales y startups, Canarias ha producido reglamentos, comisiones y procedimientos.. La libertad se lleva mal con el exceso de burocracia si para alcanzarla hay que rellenar decenas de formularios y esperar plazos administrativos interminables.
Esta brecha se evidencia en los datos de PIB per cápita: en 2024, Canarias registró unos 24.000 euros, frente a los 39.330 euros de Malta y los aproximadamente 29.000 euros proyectados para Madeira. Estas regiones ultraperiféricas, con ventajas fiscales similares, han diversificado hacia fintech y servicios digitales, atrayendo inversión extranjera que multiplica su riqueza per cápita, mientras Canarias se estanca en turismo y burocracia.
A este lastre regulatorio se suma el intervencionismo local. Las empresas públicas actúan como cuellos de botella burocráticos, monopolizan proyectos y capturan buena parte de los fondos europeos. Lo que prometieron que llegaría a a los ciudadanos, aquí lo absorben los burócratas internamente, neutralizando su efecto sobre la economía real.
Los políticos se enorgullecen y persiguen estos fondos que jamás llegan al tejido empresarial real porque quedan atrapados antes en la maraña burocrática. Mientras los sueldos y empleos públicos crecen, los privados no dejan de ajustarse. Nunca hubo recortes reales en la administración pública mientras las empresas no dejan de apretarse el cinturón hasta el punto de que muchas no pueden respirar.
La telaraña autonómica
El ecosistema público canario está compuesto por 18 sociedades mercantiles autonómicas (dos sin personal) y 7 fundaciones públicas. Entre todas suman 4.415 empleados y un gasto en personal de 173,9 millones de euros en 2026, según las últimas cuentas autonómicas presentadas. A ellos hay que añadir las plantillas de cabildos y ayuntamientos, además de los consorcios y entes instrumentales. La estructura es tan compleja que el propio Gobierno ha tenido que crear unidades de coordinación para controlar sus propios tentáculos.
Los nombres —Gesplan, Visocan, GMR, Proexca, Hecansa, Promotur, ITC— se repiten en casi todos los contratos públicos. Cada una nació con una misión específica, pero han ido acaparando nuevas funciones. Algunas gestionan promoción turística y ferias; otras, proyectos de innovación o vivienda social; y otras, como Gesplan, asumen incluso tareas de emergencias o servicios que antes correspondían a empresas privadas especializadas, como el Cecoes 112, que el Gobierno prevé transferir a su plantilla en 2026.
El discurso oficial habla de “sinergias”, “eficiencia” y “control”. Pero en la práctica hay duplicidades, gasto recurrente y dependencia estructural del presupuesto autonómico. Y, lo que es más grave, un sistema que no rinde cuentas ante el mercado ni ante los ciudadanos, porque su supervivencia no depende de la satisfacción de un cliente, sino de la asignación política de fondos.
Lo que no se ve
La economía pública canaria se mueve en el terreno de las apariencias: proyectos inaugurados, ruedas de prensa, cifras de ejecución presupuestaria. Pero lo importante está en lo que no se ve, como diría Bastiat. No se ven las inversiones que no se hicieron porque el Estado absorbió el crédito disponible. No se ven las empresas que no nacieron porque el mercado fue ocupado por un medio propio. No se ve la innovación que no floreció porque el talento más inquieto terminó preparando oposiciones o emigró.
Cada euro que pasa por una sociedad pública es un euro que no circula libremente en la economía privada. Y cada proyecto ejecutado por encargo es una oportunidad perdida para que una empresa gane experiencia, mejore procesos y compita. El coste es mucho más profundo que el volumen de gasto público. Canarias se acostumbra a la subvención, a la nómina segura, al paternalismo administrativo. El resultado es una mayor dependencia de lo público mientras el mercado queda anestesiado.
Esta arrogancia burocrática explica por qué Canarias, pese a sus ventajas geográficas, fiscales y humanas, crece por debajo de la media española y europea. Explica también por qué los fondos europeos se traducen en informes y seminarios en lugar de en empresas exportadoras. La economía planificada, aunque se vista de modernidad verde o digital, sigue siendo planificación.
Menos planificación y más orden espontáneo
Canarias no necesita más “planes estratégicos”, sino menos intervención en la economía. No necesita más “diversificación institucional”, sino menos burocracia y más libre mercado. Lo que ha diversificado la administración canaria en los últimos años no es su estructura productiva, sino su organigrama. Cada nueva sociedad pública es un recordatorio de que el poder político no soporta el vacío: cuando la iniciativa privada flaquea, el Estado ocupa el espacio, aunque lo haga peor.
Gesplan es el símbolo perfecto de esta paradoja. Nació para apoyar al mercado y ha terminado por sustituirlo. Crece mientras el tejido privado se estanca. Y lo hace con la bendición de todos los gobiernos, de izquierda y de derecha, porque garantiza control, empleo y votos. Pero lo que garantiza a corto plazo compromete el futuro: cada euro que entra en su cuenta es un euro que no genera competencia, ni innovación, ni productividad.
La verdadera diversificación que necesita Canarias no pasa por multiplicar empresas públicas, sino por reducir su peso y dejar respirar al mercado. Las islas tienen talento, ubicación y fiscalidad favorable. Lo que les sobra es planificación y lo que les falta es libertad.
Como escribió Hayek, “el orden que surge de la acción humana no necesita ser diseñado”. Lo mismo puede decirse de la prosperidad: florece cuando hay libertad, no cuando hay planificación centralización.
