El contrato social que sostiene el Estado del bienestar corre riesgo de romperse. A pesar de que el consenso político asegura que las pensiones son sostenibles, las cifras apuntan a que estamos cerca de llegar a un punto de no retorno en el que la promesa de protección pública tras una vida de esfuerzo laboral puede dejar de ser factible. Si bien actualmente la factura de los subsidios es un lastre que está socavando el poder adquisitivo de los trabajadores y limitando el crecimiento empresarial, puede llevar al colapso de todo el modelo en las próximas décadas.

Un nuevo estudio de EsadeEcPol, firmado por Miguel Almunia, profesor de Economía en CUNEF Universidad y senior fellow de EsadeEcPol, y Pablo García-Guzmán, economista en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, sobre las transferencias intergeneracionales en España ayuda precisamente a hacer visible esa aritmética, estimando cuánto paga en impuestos y cuánto recibe del Estado cada grupo de edad. El resultado no sorprenderá en grandes rasgos, porque todos intuimos que los niños y los mayores reciben más de lo que aportan mientras que los adultos en edad de trabajar soportan la mayor parte de los servicios públicos, pero sí resulta especialmente revelador en su magnitud, en sus implicaciones y, sobre todo, en la fragilidad que descubre cuando esa fotografía de 2024 se proyecta sobre la España de 2050.

En cierto modo, la vida fiscal de un ciudadano sigue una evolución bastante parecida a la biológica. Al principio del camino se recibe más de lo que se aporta, después llega una larga etapa de contribución neta y, finalmente, con la jubilación, las pensiones y el mayor consumo sanitario, el saldo vuelve a hacerse negativo. Es la lógica de la previsión pública en la que se debe ayudar a quien más lo necesita cuando más lo necesita. En este sentido, el informe calcula que un español representativo es receptor neto durante la infancia y la vejez, y contribuyente neto durante la vida laboral; la aportación alcanza su máximo en torno a los 50 años, con un saldo positivo de aproximadamente 11.000 euros anuales, y cae hasta un déficit de unos 16.000 euros al llegar a los 70, cuando el cese de la actividad laboral coincide con el cobro de pensiones.

El problema, sin embargo, queda al descubierto si se examina al conjunto de la población, ya que solo el 41% presenta un saldo fiscal neto positivo, es decir, aporta al Estado más de lo que recibe de él. Entre los adultos de 25 a 64 años, la proporción sube al 68%, lo que confirma que buena parte de quienes trabajan no se equivocan cuando tienen la sensación de que pagan muchos más impuestos de lo que obtienen a cambio; pero esa percepción, siendo cierta para buena parte de la población activa, no describe al conjunto del país, porque España no está compuesta únicamente por contribuyentes en edad laboral, sino también por menores, estudiantes, desempleados, dependientes y jubilados.

De esta forma, los datos confirman que el sistema de bienestar se sostiene sobre la conocida solidaridad intergeneracional. El propio informe lo define como un mecanismo que “se repite generación tras generación, sostenido por un pacto implícito” en el que quienes más pagan son una base de contribuyentes concretos, en edades concretas, con niveles de renta, empleo y formación también concretos. Así, hay un flujo de recursos que va de unas generaciones a otras, una arquitectura de impuestos y prestaciones que funciona mientras el número de contribuyentes netos sea suficiente para financiar a los receptores netos, y una promesa política que empieza a tensionarse cuando la demografía cambia.

Durante muchos años, la pirámide de población jugaba a favor de este diseño de reparto y quienes pagaban de más confiaban en que cuando llegaran a jubilarse pasarían a recibir más en cumplimiento de ese contrato social. Pero, como advierten los autores, “esa ventana de oportunidad demográfica se ha ido cerrando”. Cuando las cohortes del baby boom entraron en la edad de trabajar, la natalidad ya había empezado a caer y, durante un tiempo, España disfrutó de una estructura poblacional favorable: muchos adultos en edad activa, relativamente pocos mayores y un peso decreciente de los menores. Pero las reglas empezaron a cambiar mientras se mantenía el mismo esquema de prestaciones añadiendo algunos parches. El propio informe recuerda que el número de personas en edad de trabajar por cada dependiente se sitúa hoy en torno a 1,9 y que las proyecciones del INE lo reducen a aproximadamente 1,3 en 2050, con una diferencia esencial respecto a los años setenta: entonces la dependencia procedía sobre todo de la infancia mientras que en las próximas décadas procederá, sobre todo, de la vejez.

La diferencia importa porque un niño y un jubilado son fiscalmente dependientes, pero no lo son del mismo modo. La infancia concentra gasto educativo, sanitario y familiar, pero hacerse cargo de la vejez supone una factura mayor: pensiones, sanidad y, en los tramos más avanzados, cuidados cada vez más costosos. Los investigadores de Esade señalan ahora que, manteniendo los perfiles fiscales actuales, el saldo fiscal asignable por edad ya fue negativo en 2024 en torno a 30.213 millones de euros, un 1,9% del PIB, y que ese indicador no debe confundirse con el déficit público total, porque solo incluye aquellas partidas de ingresos y gastos que pueden asignarse por edad bajo la metodología utilizada.

La advertencia se vuelve mucho más seria cuando el sistema actual se coloca sobre la población futura. Si España tuviera en 2050 la estructura demográfica proyectada y mantuviera los perfiles fiscales de 2024, “el saldo asignable por edad sería claramente deficitario”. En el escenario central, el informe estima un deterioro hasta el -6,8% del PIB; según el escenario migratorio, el saldo negativo se movería entre el -6,1% y el -8,5%. No se trata de una predicción cerrada de cuál será el déficit español dentro de un cuarto de siglo, sino de lo qué ocurriría si el sistema actual de impuestos y prestaciones operase sobre la España demográfica que viene.

Las pensiones no se pagarán con más niños ni inmigrantes 

Para abordar este problema en el debate público se proponen dos soluciones tan frecuentes como insuficientes. La primera consiste en confiar en que la inmigración resolverá el problema. La segunda, en proclamar que bastaría con tener más hijos. Sin entrar a profundizarlas, suenan bien, pero lo cierto es que ninguna permite cuadrar las cuentas porque caen en un simplismo que no aborda el fondo de la cuestión que está en el mismo diseño del modelo en el que se basa la redistribución de la riqueza.

La inmigración puede suponer un alivio, pero no obrará el milagro que algunos parecen esperar. Según el informe, pasar de un escenario de saldo migratorio nulo a uno moderado –330.000 personas anuales, la media de 2000 a 2024– reduce el déficit en 1,7 puntos del PIB; sin embargo, elevar ese flujo hasta 550.000 personas anuales –la media de 2021 a 2024– apenas recorta siete décimas adicionales. Es decir, la inmigración mejora la estructura de edades porque incorpora población en edad laboral, pero su capacidad de corrección se ve limitada por varios factores: los inmigrantes también tienen hijos, su nivel educativo medio es inferior al de la población nativa y, con el paso del tiempo, ellos también envejecen, se jubilan y generan derechos de prestaciones y ayudas.

De esta forma, el remedio a corto plazo podría agravar el problema a largo plazo y, además, maquillaría los números porque se presentaría como coartada para no reformar nada ya que “la ventaja demográfica de la inmigración es transitoria”. De hecho, una política migratoria inteligente debería tener en cuenta factores como la empleabilidad, la productividad, el nivel educativo, la integración laboral y la capacidad de generar carreras contributivas sólidas. Importar población no equivale automáticamente a importar contribuyentes netos de alta productividad. Depende de qué población llega, en qué condiciones trabaja, qué capital humano acumula, cuánto tiempo permanece en el mercado laboral formal y qué instituciones favorecen o dificultan su integración económica.

Si ponemos el foco en la natalidad, a largo plazo una fecundidad más alta ayudaría a estabilizar la pirámide poblacional; pero, de aquí a 2050, su efecto fiscal inicial sería negativo, porque añadiría población infantil dependiente sobre una estructura ya envejecida. Por ello, el informe proyecta los efectos positivos de una mayor natalidad más allá de la segunda mitad del siglo XXI, cuando esas cohortes entren en el mercado laboral, mientras que, en el horizonte analizado, el primer impacto sería un aumento del gasto asociado a la infancia.

Tener más hijos podría haber resuelto la trampa de las pensiones… si nos hubiéramos puesto a la tarea hace unos años. Ahora llegamos tarde. En cualquier caso, un modelo de país que se plantea tener hijos o abrirse al mundo sólo para tener más contribuyentes dice mucho, pero no necesariamente bueno, de cómo se organiza socialmente. Quienes defienden lo público se llenan la boca de palabras como solidaridad, pero en la práctica el colectivismo fomenta el egoísmo al hacer depender el bienestar de los impuestos que pagan “otros”.

La buena educación

Al igual que ocurre con la productividad, desde EsadeEcPol recuerdan la importancia de la educación en este debate. El empleo a veces se reduce a contar cabezas, pero lo que verdaderamente importa es el valor añadido que aportan. Actualmente, entre los 30 y los 54 años, el saldo fiscal neto medio de una persona con estudios superiores alcanza los 15.900 euros anuales, frente a 6.300 euros para quienes tienen bachillerato o FP media y apenas 2.500 euros para quienes no superan la ESO. La diferencia es significativa.

Una mejor formación no sólo favorece personas más realizadas, sino que pueden trabajar mejor, cobrar más y, en consecuencia, tener bases de cotizaciones más elevadas y pagar más impuestos. Una economía de bajo valor añadido, salarios estancados y empleo precario puede tener población activa y, aun así, no disponer de una base fiscal suficiente para financiar un Estado del bienestar cada mes más costoso. La sostenibilidad futura no dependerá solo de cuántos españoles, residentes o inmigrantes estén en edad de trabajar, sino de cuántos de ellos serán capaces de sostener con su productividad las promesas que el sistema ha ido acumulando.

Para repartir hay que generar riqueza

Pero la demografía sólo es el velo que esconde las deficiencias de la arquitectura del Estado del bienestar. El propio informe reconoce que “estos resultados desplazan el foco de la estructura poblacional hacia el diseño del gasto público”, especialmente hacia unas pensiones públicas cuyos pilares están mal diseñados y prometen una rentabilidad superior a la que realmente se podría disfrutar con la riqueza y productividad que genera nuestra economía. Según el estudio, las reglas actuales del sistema implican una rentabilidad real implícita estimada en torno al 2,61% anual, por encima del crecimiento real de los ingresos del sistema, que fue del 1,4% anual entre 2005 y 2024. Esa brecha marca una tensión estructural desde el momento en que las promesas hechas a esos jubilados futuros no encajan bien con la capacidad previsible de generación de ingresos.

Los pensionistas actuales financiaron a los jubilados anteriores y actuaron conforme a unas reglas que el propio sistema les ofreció. Pero tampoco se puede ocultar que, si esas reglas prometen más de lo que la economía puede pagar, alguien terminará asumiendo el ajuste: los trabajadores actuales mediante cotizaciones más altas, los pensionistas futuros mediante prestaciones menos generosas, los contribuyentes mediante más impuestos, los usuarios mediante peores servicios o las generaciones que aún no votan mediante deuda pública. En cierto modo, es lo que se ha hecho hasta la fecha y por esa misma razón autores como el profesor Miguel Anxo Bastos sostienen que el sistema siempre será sostenible porque los gestores políticos pueden empeorar las condiciones de las prestaciones o devaluar el valor de la moneda para seguir satisfaciendo estas promesas, al menos, nominalmente.

Tres posibles soluciones

Pero ese no es el horizonte al que deberían aspirar los burócratas ni una sociedad debe querer para su futuro. Por ello, Almunia y García-Guzmán van más allá de analizar la cuestión y plantean tres posibles reformas: elevar la participación laboral en edades avanzadas, vincular la edad efectiva de jubilación a la longevidad y avanzar hacia un sistema de cuentas nocionales de contribución definida, capaz de hacer más explícita la relación entre lo cotizado y lo percibido. También estiman que, entre los 55 y los 64 años, estar empleado supone un saldo fiscal neto unos 19.000 euros mayor al año, y que si España convergiera al percentil 75 europeo de empleo en ese tramo la recaudación neta aumentaría en unos 14.000 millones de euros, equivalentes al 0,9% del PIB.

Estas propuestas se alejan de las promesas políticas vacías y vuelven a reconectar el sistema con la realidad. En el fondo, comparten el objetivo que el propio informe formula como la necesidad de “distribuir los costes del envejecimiento de forma más predecible y equitativa entre generaciones”. Al fin y al cabo, no hay más caminos que adaptar la cuantía de las prestaciones a la capacidad real de la productividad de la economía o transicionar hacia un modelo basado en la responsabilidad fiscal.

En el primer caso, si el exceso de regulación e impuestos impide crear más riqueza, no quedará otra que empeorar las condiciones de las pensiones. No es agradable, pero al menos permitiría pagar la factura sin llevar a la quiebra todo el Estado del bienestar. En el segundo, se requiere más valentía política porque implica trastocar los prejuicios ideológicos que se tienen hacia un modelo verdaderamente contributivo. No se trataría de seguir un camino exótico, pues países como Suecia, Italia, Letonia, Polonia o Noruega han introducido sistemas de cuentas nocionales, con distintas variantes, precisamente para reforzar el vínculo entre lo aportado durante la vida laboral y lo percibido durante la jubilación.

La lógica detrás de este modelo se basa en que cada trabajador acumula en una cuenta individual ficticia –nocional, no financiera– las cotizaciones que realiza a lo largo de su carrera, de modo que esas aportaciones se revalorizan según una regla ligada a la marcha de la economía, como el crecimiento de los salarios, de la masa salarial o del PIB; y, llegado el momento de la jubilación, el capital acumulado se transforma en una pensión teniendo en cuenta la esperanza de vida de la cohorte.

De esta forma, el sistema sigue siendo público y de reparto, porque las cotizaciones presentes continúan pagando las pensiones presentes, pero deja de prometer prestaciones desligadas de la capacidad real de financiación de la economía.

Al final, el problema no es que España envejezca. El problema es que envejece con un sistema diseñado para una estructura demográfica que está desapareciendo, con una clase política acostumbrada a gastar más para asegurarse los votos de las próximas elecciones y con una población a la que se le ha dicho demasiadas veces que todo derecho aprobado en el Boletín Oficial del Estado es financiable porque “el dinero público no es de nadie”. Sin embargo, el aire no paga pensiones, las pagan los contribuyentes. Y cada vez hay menos por cada beneficiario.