Cuando un gobierno asegura que una medida “se pagará sola”, a los contribuyentes les conviene esconder la cartera y sacar la calculadora. Pedro Sánchez arrancó el año político anunciando una regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular. Una medida que llegará al BOE próximamente vía decreto y sin pasar por las Cortes Generales.
Más allá de las formas –que también son muy relevantes en un Estado de Derecho– resulta llamativo que el Ejecutivo progresista haya destacado razones fiscales para defender una decisión política que, teóricamente, está respaldada por fundamentos morales y humanitarios. Sin embargo, en el argumentario oficial de ministerios y tertulianos afines han incidido en que los “sin papeles” ya pagan impuestos indirectos como el IVA pero que, una vez obtengan un permiso de residencia, comenzarán a aportar “a través de otros impuestos como el IRPF”, con una estimación concreta de 3.300 euros por persona.
La cifra suena bien porque es fácilmente convertible en titulares optimistas. Multiplicada por varios cientos de miles de personas, permite construir un relato de ingresos adicionales, responsabilidad presupuestaria e incluso alivio para un sistema de pensiones de reparto insostenible. El problema es que el Gobierno no ha mostrado cómo ha calculado este dato ni en qué estudios se apoya para defenderlo, más allá de sus propias publicaciones en las páginas oficiales de sus ministerios y sus redes sociales.
La desconfianza hacia un Ejecutivo que no ha logrado aprobar ningún presupuesto y gobierna prorrogando ejercicio tras ejercicio los de la legislatura anterior es un deber ciudadano. Es evidente que los trabajadores extranjeros pueden generar crecimiento, actividad y, por tanto, recaudación para una Hacienda depredadora siempre ávida de ampliar la base de contribuyentes a los que poder expoliar. No obstante, el Gobierno al que no le salen las cuentas confunde recaudar con aportar, ingresos de corto plazo con balance fiscal intertemporal y, en el fondo, deseos políticos con contabilidad pública.
El espejo holandés
Para comprobarlo no hace falta especular, pues basta preguntarse qué ha ocurrido en países con sistemas de servicios y subsidios públicos equiparables al nuestro, pero con décadas de experiencia migratoria acumulada. Precisamente uno de los casos paradigmáticos –y que durante años ha servido de referencia en Europa por sus políticas de integración– es el de los Países Bajos, un país que tras décadas de políticas migratorias expansivas empieza ahora a revisar críticamente sus propios supuestos.
En diciembre de 2024, el Instituto IZA de Economía Laboral publicó The Long-Term Fiscal Impact of Immigrants in the Netherlands, un informe exhaustivo sobre el impacto fiscal de la inmigración en los Países Bajos. Sus autores parten de una premisa tan sencilla como incómoda: la política migratoria tiene efectos relevantes sobre ingresos y gastos públicos, y esas consecuencias deben analizarse con herramientas empíricas rigurosas, no con consignas morales ni atajos retóricos.
A diferencia de la mayoría de análisis que circulan en el debate público, el estudio no se limita a una fotografía anual ni a cálculos agregados que diluyen las diferencias entre colectivos. Utiliza microdatos administrativos del conjunto de la población, asigna 23 partidas completas del presupuesto público, incorpora trayectorias laborales, salarios, uso de prestaciones, costes educativos y sanitarios, y calcula la contribución fiscal neta descontada a lo largo de toda la vida de los inmigrantes. Es decir, responde a la única pregunta relevante desde el punto de vista de las finanzas públicas: ¿cuál es el balance real para el contribuyente desde que una persona entra en el sistema hasta que lo abandona?
Una conclusión incómoda
La conclusión general es tan clara como políticamente difícil de digerir: solo el 20% de los inmigrantes realiza una contribución fiscal neta positiva a lo largo de su vida. El 80% restante recibe más del Estado de lo que aporta cuando se suman impuestos, cotizaciones y gasto público.
Los autores subrayan, además, que los grupos con contribuciones claramente positivas proceden mayoritariamente de Escandinavia, el mundo anglosajón y algunos países concretos como Francia o Japón. El origen del capital humano, por tanto, importa. Mucho.
El estudio va incluso más allá e introduce una métrica poco habitual en este tipo de análisis: la denominada “distancia cultural”, construida a partir de encuestas comparadas sobre valores sociales y normas institucionales. No se trata de una categoría identitaria, sino de un indicador de proximidad en aspectos como la relación con el trabajo, la confianza interpersonal o las expectativas frente al Estado.
Los resultados sugieren que esta distancia explica una parte significativa de las diferencias fiscales entre colectivos, incluso cuando el nivel educativo y las habilidades son similares. Así, los trabajadores originarios de países culturalmente más próximos a la tradición europea presentan trayectorias laborales más estables y mayores retornos fiscales, mientras que los más alejados tienden a integrarse peor en mercados laborales regulados y sistemas de bienestar amplios.
En el caso español, este matiz resulta especialmente relevante. La inmigración hispanoamericana, aunque lingüística y culturalmente más cercana, no es homogénea desde el punto de vista de los incentivos laborales y las normas informales de trabajo. La inserción en sectores de baja productividad, la elevada temporalidad y la economía sumergida generan patrones laborales que, aun sin grandes barreras culturales, limitan la contribución fiscal a largo plazo. La cercanía cultural puede facilitar la integración social, pero no garantiza automáticamente una integración económica sostenible dentro de un Estado de bienestar amplio.
No todas las migraciones son iguales
Uno de los grandes méritos del trabajo es su nivel de desagregación. No habla de “inmigrantes” en abstracto, sino que distingue por motivo de llegada, región de origen, edad de entrada y estructura familiar. Y las diferencias son enormes.
En términos de contribución fiscal neta a lo largo de la vida, las diferencias son abismales. Un inmigrante occidental de primera generación aporta, de media, alrededor de 42.000 euros a las arcas públicas, mientras que un inmigrante no occidental genera un coste fiscal neto cercano a los 167.000 euros. Cuando se incorpora el escenario familiar, el contraste se amplifica todavía más: las unidades familiares de inmigrantes occidentales presentan un saldo positivo en torno a los 60.000 euros, mientras que las familias de inmigrantes no occidentales alcanzan un coste neto que ronda los 772.000 euros. Esta última cifra –casi tres cuartos de millón de euros por unidad familiar– rara vez aparece en el debate público europeo y prácticamente nunca en el español.
El estudio introduce además una distinción crucial que suele quedar diluida en el debate político: no toda inmigración laboral es fiscalmente equivalente. Los inmigrantes que llegan por selección laboral a un puesto y se incorporan de forma temprana y estable al mercado de trabajo pueden generar contribuciones fiscales netas claramente positivas, superiores a los 100.000 euros cuando entran entre los 20 y los 50 años.
Sin embargo, cuando la inmigración se produce de forma desordenada sin pasar por una proceso de selección, concentrada en sectores de baja productividad, con alta rotación y salarios reducidos, el resultado fiscal converge rápidamente con el de otros flujos deficitarios. Puede que estos inmigrantes consigan firmar un contrato laboral pero es insuficiente; lo decisivo es cómo, dónde y durante cuánto tiempo se trabaja.
Ni el talento joven ni la segunda generación
Más aún, el estudio desmonta otro argumento habitual, según el cual la edad de llegada lo explica todo. Los datos muestran que los inmigrantes no occidentales suponen una carga fiscal independientemente de la edad a la que lleguen. Llegar joven no garantiza compensación futura si las trayectorias laborales son débiles y los ingresos persistentemente bajos.
Otro de los mitos recurrentes es que, aunque la primera generación pueda ser deficitaria, la segunda “lo arregla”. El análisis neerlandés es especialmente revelador en este punto. Los hijos de inmigrantes alcanzan niveles educativos similares a los de los nativos y obtienen títulos comparables, pero sus ingresos para un mismo nivel educativo son sistemáticamente inferiores. La brecha no está en la educación, sino en los retornos del capital humano. En consecuencia, su contribución fiscal neta sigue siendo inferior a la de los autóctonos, incluso cuando el sistema educativo ha logrado cerrar parcialmente la brecha formativa.
El coste que esconde el asilo
Una de las vías de entrada comunes en Holanda y que en España se ha multiplicado en los últimos años es la del asilo, hasta convertir a nuestro país en uno de los principales receptores de solicitudes en la Unión Europea. Para estos flujos, los autores estiman costes fiscales netos cercanos a los 400.000 euros por persona, incluso para edades de llegada relativamente tempranas.
Solo los costes directos de acogida ascienden a más de 50.000 euros por solicitante, a los que se suman los costes de integración.
Pero, de nuevo, lo verdaderamente relevante no está en el gasto inicial, sino en lo que viene después con tasas de empleo persistentemente bajas, salarios reducidos y una recaudación estructuralmente insuficiente para compensar el acceso pleno al Estado del Bienestar durante décadas.
Un modelo insostenible
Uno de los hallazgos más importantes del estudio –y también uno de los más ignorados en el debate que ha suscitado– es que el saldo fiscal negativo no se explica principalmente por un uso excesivo de prestaciones, sino por ingresos laborales persistentemente bajos.
Aproximadamente el 70% del efecto fiscal negativo total de los inmigrantes no occidentales procede del lado de los ingresos, no del gasto. Dicho de otro modo, no es que “abusen” del sistema, sino que ganan poco, cotizan poco y pagan pocos impuestos durante toda su vida laboral. El problema no es moral, sino estructural afectando también a los trabajadores patrios con salarios más bajos.
Así, cuando el Gobierno presume de los 3.300 euros extra que recaudará por regularizado,, está sumando ingresos inmediatos sin restar obligaciones futuras. El sistema, especialmente en lo que respecta a pensiones y prestaciones vinculadas a la residencia, es excesivamente generoso en relación con las cotizaciones efectivamente realizadas. Trabajar genera derechos, pero el actual modelo de reparto es incapaz de sostenerlos sin una base salarial amplia y productiva.
Los incentivos perversos del Estado
Países Bajos no es España. Pero ese es precisamente el problema. Es un país más rico, con mayor productividad, mejores salarios, un mercado laboral más eficiente y una integración laboral, en general, más exitosa. Y aun así, la inmigración genera un saldo fiscal negativo para la mayoría de casos.
España parte de una estructura económica más frágil, con salarios bajos, alta temporalidad, productividad estancada, un mercado laboral dual y un sistema de pensiones ya tensionado. Pretender que aquí se obtendrán beneficios fiscales automáticos donde otros no los obtienen es peor que un optimismo bienintencionado, es contabilidad creativa.
Nada de esto implica que la regularización sea, por definición, una mala política. La exigencia de “papeles” para poder cruzar una frontera solo tiene lógica dentro de un modelo de Estado que controla exhaustivamente la vida económica de sus ciudadanos. El mismo que genera incentivos basados en ilusiones y promesas que, realmente, no puede cumplir. Pero precisamente por eso, cuando el Estado promete responsabilidad fiscal, debe estar dispuesto a mostrar las cuentas completas.
Y aquí el estudio neerlandés vuelve a ser revelador. El impacto fiscal de la inmigración no es una constante universal, sino una “variable dependiente del diseño institucional del país receptor”: acceso al mercado laboral, estructura salarial y generosidad del sistema de bienestar. Cuando las ayudas públicas están ligadas a la renta y no al historial contributivo, trayectorias laborales débiles generan déficits fiscales acumulativos a lo largo del ciclo vital. El Estado del Bienestar actúa entonces como multiplicador, no solo de protección social, sino también del desequilibrio fiscal.
La inmigración no es fiscalmente positiva ni negativa por naturaleza. Lo es en función de los incentivos que crea el intervencionismo económico del Estado de bienestar, del diseño de las ayudas públicas y de la capacidad del mercado laboral para transformar trabajo en salarios y salarios en impuestos.
Ignorar esta realidad no hará desaparecer el coste real ni frenará el crecimiento del discurso xenófobo que se alimenta precisamente de la negación de las evidencias. Solo difiere el problema y traslada la factura a las generaciones futuras. Una estrategia a la que los socialistas de todos los partidos nos tienen, por desgracia, acostumbrados.
España necesita un debate migratorio responsable, que combine transparencia en las cuentas con libertad económica, también para aquellos que quieren venir a trabajar. Lo contrario –prometer beneficios fiscales sin explicar los costes a medio y largo plazo– no es solidaridad ni buena política económica: es, simplemente, engordar una factura que acabaremos pagando todos.
