Hay ideas que se repiten tanto en el debate público que terminan convirtiéndose en verdades indiscutidas. En educación, una de las más extendidas es la necesidad de reducir el número de alumnos por aula. Políticos, sindicatos docentes y asociaciones de padres coinciden en que las clases más pequeñas permiten una atención más personalizada y, por tanto, mejores resultados académicos.
Sus argumentos rebosan lógica: si un profesor tiene menos alumnos, podrá dedicar más tiempo a cada uno de ellos. Y, de hecho, la tendencia de los últimos años ha sido la de reducir ratios aumentando los presupuestos públicos con los que se costean los centros públicos y concertados.
Sin embargo, las intuiciones aparentemente evidentes no siempre resultan acertadas. Por eso es necesario cotejarlas con los hechos aunque en demasiadas ocasiones las políticas públicas no van acompañadas de una evaluación previa o posterior.
De ahí que un reciente informe del Centro de Políticas Económicas (EsadeEcPol), titulado “Clases más pequeñas: impactos limitados para inversiones elevadas”, aporte algo de luz a este asunto. Tras revisar los efectos reales que ha tenido la reducción de alumnos por profesor en España, los autores concluyen que tiene efectos modestos o incluso insignificantes sobre el rendimiento académico.
De hecho, el estudio no encuentra efectos estadísticamente significativos sobre las notas en pruebas estandarizadas, el bienestar subjetivo del alumnado o la repetición de curso. Como resume el propio informe, “la reducción del tamaño de clase no mejora el aprendizaje de forma eficaz”.
Una política muy cara para los contribuyentes
No se trata de un debate superficial porque reducir ratios no consiste simplemente en redistribuir alumnos entre aulas. Para hacerlo de forma generalizada es necesario contratar más profesores, construir nuevas aulas y ampliar infraestructuras escolares. Y aquí aparece el verdadero problema económico, ya que los recursos públicos son limitados y destinarlos a una partida implica detraerla de otra… o recaudar más de los contribuyentes.
Además, hay que tener en cuenta que el grueso del gasto público destinado a servicios se destina a pagar salarios. En concreto entre el 70% y el 80% del gasto educativo corresponde a salarios de forma que las administraciones públicas españolas gastan alrededor de 45.000 millones de euros al año en salarios y cotizaciones sociales de los profesores del sistema público.
Reducir de forma significativa el número de alumnos por aula implica necesariamente aumentar esa cifra. En términos prácticos, cada reducción sustancial de las ratios exige miles de nuevos docentes y supone cientos –o incluso miles– de millones de euros adicionales de gasto estructural.
Y, como suele ocurrir con el gasto público, una vez que aumenta resulta extraordinariamente difícil revertirlo. Sin embargo, los políticos deben ser responsables de sus decisiones y los votantes conscientes de las consecuencias de las políticas por las que votan.
Cuando más gasto ya no mejora la educación
A pesar de que los defensores de los sistemas públicos pretenden eliminar el cálculo económico de sectores como la educación o la sanidad, lo cierto es que la forma en que se reparte el presupuesto puede ser eficiente o no, independientemente de que su gestión sea pública o privada, o de si la factura la paga directamente el usuario o todos los contribuyentes.
Uno de los principales inconvenientes que tienen los gestores políticos es la ausencia de precios finales en los bienes y servicios que administran. Sin estas señales el sistema trabaja a ciegas, sin referencias para saber si las cosas se están haciendo bien o mal. De esta forma, no podemos saber cómo de eficientes son los colegios e incluso si los profesores cobran poco o mucho.
Si ya es difícil tomar decisiones sin estas referencias, lo es todavía más cuando no hay incentivos para fiscalizar el gasto público. También de forma intuitiva podemos afirmar que aumentar los recursos puede mejorar los resultados, pero llega un punto en el que cada euro adicional produce mejoras cada vez menores. Es lo que en economía se conoce como ley de los rendimientos decrecientes.
Reducir el número de alumnos puede tener sentido cuando las aulas están extremadamente masificadas. Pero en España las ratios ya se sitúan en niveles por debajo de la media de la OCDE y similares a los de otros países europeos.
No obstante, los datos apuntan a que seguir reduciendo el tamaño de las clases genera mejoras cada vez más pequeñas en el aprendizaje.
El economista Eric Hanushek, profesor en la Universidad de Stanford y uno de los mayores especialistas en educación, ha mostrado en numerosos estudios que la calidad del profesor tiene un impacto mucho mayor en el aprendizaje que el tamaño de la clase.
Un buen docente puede mejorar significativamente el rendimiento de sus alumnos incluso en aulas relativamente grandes. En cambio, un profesor mediocre apenas consigue resultados aunque el número de estudiantes sea reducido. Incluso el propio centro y otros factores pueden resultar mucho más decisivos.
Pero mejorar la calidad docente implica reformas institucionales complejas: sistemas de evaluación externos, incentivos a la competencia a través del cheque escolar y cambios organizativos que podrían llevar a cerrar los centros con peor desempeño. Reducir ratios, en cambio, es el camino más fácil pero el menos eficaz para mejorar el aprendizaje de los alumnos. No basta con contratar más profesores cuando la clave puede ser qué tipo de profesores se incorporan. Incluso si están cobrando demasiado poco.
Tal vez el sistema educativo y el diseño curricular también influyan con mayor relevancia. Pero los políticos tampoco dejan que se cuestionen sus leyes educativas y optan por destinar más recursos aunque su gestión no sea eficiente.
Mejores condiciones laborales para los profesores sin consecuencias educativas
Curiosamente, el informe de EsadeEcPol sí encuentra algunos efectos positivos de las clases más pequeñas. Entre ellos destacan una mayor satisfacción del profesorado y una reducción del tiempo que las familias dedican a ayudar a sus hijos con las tareas escolares.
El problema es que estos beneficios no se traducen en mejoras significativas del aprendizaje, aunque pueden suponer un alivio de las responsabilidades laborales y familiares. Pero esa no debería ser la preocupación principal del sistema educativo.
El informe es muy critico al señalar que “los beneficios principales no recaen sobre el alumnado, sino sobre los adultos (docentes y familias)”.
Desde una perspectiva económica, esto plantea una pregunta incómoda: ¿está diseñada la política educativa para maximizar el aprendizaje de los alumnos o para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sistema educativo?
No hay nada ilegítimo en querer mejorar las condiciones laborales del profesorado o reducir la presión sobre las familias. Pero conviene reconocer que hacerlo mediante una reducción generalizada de ratios tiene un coste elevado para los contribuyentes y un impacto limitado sobre el objetivo que, supuestamente, persigue el sistema educativo.
Orientar los incentivos a mejorar el aprendizaje
Friedrich Hayek explicó hace décadas que los sistemas centralizados suelen tener dificultades para asignar recursos de forma eficiente porque el conocimiento relevante está disperso entre millones de individuos.
La educación no es una excepción. Las necesidades de aprendizaje de los alumnos varían enormemente según su contexto familiar, su nivel académico o incluso su personalidad.
Sin embargo, muchas políticas educativas se diseñan como soluciones universales aplicadas de forma homogénea a todos los niños.
El propio informe de EsadeEcPol sugiere alternativas potencialmente más eficaces y menos costosas para el erario público: tutorías en pequeños grupos para estudiantes con dificultades, programas de refuerzo específicos o intervenciones tempranas en las primeras etapas educativas.
Estas intervenciones focalizadas podrían evaluarse mejor por sus resultados y ajustarse a las necesidades reales de los estudiantes. Un modelo que podría ofrecer un retorno mucho mayor por cada euro invertido. Y no nos referimos a cualquier retorno: una mejor educación supone un mejor capital social para un país.
Una lección incómoda
Si la evidencia empírica es relativamente clara, ¿por qué sigue estando bien vista la reducción del número de alumnos por aula?
La respuesta probablemente no está en la pedagogía, sino en los incentivos e intereses por los que se toman las decisiones políticas.
Reducir ratios genera beneficios inmediatos y visibles para varios grupos de interés con influencia en los partidos políticos que toman decisiones. Los profesores tienen menos carga de trabajo, las familias perciben una mejora en el servicio educativo y los gobiernos pueden anunciar nuevas contrataciones como prueba de su compromiso con la educación.
Los costes, en cambio, están dispersos entre millones de contribuyentes y se manifiestan lentamente a través de presupuestos públicos cada vez más abultados.
Este tipo de dinámicas fue descrito por el economista Mancur Olson, quien explicó cómo los grupos organizados tienden a influir en las políticas públicas para obtener beneficios concentrados, mientras que los costes se reparten entre el conjunto de la sociedad. La educación pública y sus funcionarios, aquí, tampoco son una excepción.
Cuando un sistema público ya dedica más de cuarenta mil millones de euros al año a pagar nóminas, el debate educativo deja de ser únicamente pedagógico. Pasa a ser, inevitablemente, un debate económico.
Tal vez ha llegado el momento de abandonar los sesgos ideológicos y analizar las políticas públicas por sus resultados en lugar de por sus intenciones. A pesar de que la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, afirmó que “el dinero público no es de nadie” lo cierto es que el cálculo económico importa como también importa que una sociedad logre que sus más jovenes lleguen bien formados a la edad adulta.
