El futuro del proyecto libertario argentino pende de un hilo. En el caso de que no consiguiera aumentar su capacidad legislativa, daría la imagen de aquel que se queda a mitad de camino.
El Gobierno de Javier Milei llega a la mitad de su mandato con incertidumbres que parecían lejanas hace apenas un año, cuando se advertían efectos positivos de las primeras medidas adoptadas al llegar a la Casa Rosada. En el frente económico, los indicadores comenzaban a dar señales de recuperación tras décadas de inestabilidad y desmanejo fiscal. Sin embargo, en el terreno político y social, el proyecto libertario aparece debilitado, acosado por derrotas electorales, escándalos de corrupción y tensiones económicas que cuestionan su capacidad de sostenerse en el tiempo.
La derrota en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre pasado, donde el peronismo volvió a mostrar su fuerza territorial, ha proyectado un clima enrarecido de cara a las elecciones legislativas de medio término, a finales de este mes de octubre. Será allí donde se defina si el experimento libertario logra consolidarse o si, por el contrario, queda atrapado en la telaraña de bloqueos parlamentarios y resistencias corporativas que han frustrado a tantos gobiernos argentinos. El presidente que se propuso dinamitar el statu quo ha conseguido ordenar ciertas variables económicas, pero no ha logrado aún abrir el camino para reformas de fondo. La pregunta, inevitable, es si su capital político sobrevivirá lo suficiente como para transformar los avances iniciales en un nuevo ciclo de prosperidad.
Las elecciones provinciales de Buenos Aires fueron un revés de enorme calado para La Libertad Avanza (LLA). El peronismo, unido bajo la sigla Fuerza patria, alcanzó el 47,25% de los votos, más de trece puntos por encima del oficialismo. La magnitud de la derrota no se explica solo por la fuerza histórica del aparato peronista, que controla 83 de los 135 municipios de la principal provincia del país, sino también por la erosión del propio mileísmo en un distrito clave que concentra casi el 40% del padrón nacional. Para colmo de males, el rival vencedor es Axel Kicillof, un antagonista simbólico. Exministro de Economía durante el kirchnerismo, fue en su momento señalado por Milei como un ignorante en materia económica.
Una nueva derrota debilitará aun más la capacidad del Gobierno para avanzar en su agenda, con reformas laboral, previsional y educativa que seguirán bloqueadas en el Congreso. La falta de mayorías obliga a negociar con un PRO fragmentado y a buscar apoyos circunstanciales que, en muchos casos, se esfuman en el último momento. El resultado es una sensación de parálisis que contrasta con la urgencia de los desafíos estructurales y con el brío con el que había comenzado su mandato. Es por ello que las elecciones legislativas de octubre serán un verdadero plebiscito. Lo que se juega no es simplemente la renovación de 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, sino la posibilidad de que el oficialismo obtenga la musculatura parlamentaria que necesita para implementar su programa.
Logros tangibles y límites estructurales
En materia económica, el balance ofrece cifras alentadoras. Tras dos años de recesión, Argentina se encamina a crecer entre un 4% y un 5,5% en 2025, con impulso en energía, minería y agroindustria. La inflación, que había trepado al 211% en 2023, se redujo a un rango del 25-30%. El riesgo país cayó de 2.500 a 700-800 puntos básicos y el superávit fiscal primario alcanzó el 2% del PIB. Son logros relevantes, ya que Argentina llevaba décadas sin registrar disciplina fiscal ni señales de estabilización inflacionaria.
Los claroscuros aparecen al analizar el mercado cambiario, que es donde muchas veces se mide el humor de un país que vive al ritmo del precio del dólar. La estabilidad cambiaria sigue siendo frágil y tras la apertura del “cepo”, el dólar oficial pasó de 1.097 a 1.320 pesos, con picos de hasta 1.380. El Banco Central mantiene tasas de interés altísimas para sostener la demanda de pesos, pero esas tasas restringen el crédito y deprimen el consumo. El consumo masivo cayó un 5% en 2025 y los salarios reales, aunque ya no se licúan con la velocidad del pasado, siguen sin recuperar poder adquisitivo. La pobreza, que descendió veinte puntos, continúa en niveles alarmantes para un país de renta media. La mejora estadística no alcanza a disipar el malestar social de millones que sienten que el ajuste los golpea más fuerte que la prometida prosperidad futura.
El mercado inmobiliario ofrece un ejemplo claro de los límites estructurales. La desregulación de los alquileres dio aire al sector, pero el crédito hipotecario sigue paralizado. El problema de fondo es la falta de fondeo a largo plazo en un sistema financiero que no logra securitizar carteras ni generar confianza en la moneda. Con tasas de interés prohibitivas y requisitos cada vez más duros en el Banco Nación, las hipotecas son un privilegio reservado a una minoría de altísima solvencia. Sin crédito, el sueño de la vivienda propia se posterga y los proyectos de construcción se frenan, lastrando la inversión.
Para peor, ha hecho su aparición un invitado poco deseable, la corrupción, con el caso Spagnuolo y las investigaciones sobre la Agencia Nacional de Discapacidad, que golpearon en pleno corazón del círculo de poder. Una serie de audios filtrados sugieren un entramado de sobornos que alcanzaría a la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros altos funcionarios. La Justicia Federal allanó domicilios e incautó teléfonos, desatando una tormenta política. La oportunidad fue aprovechada por los opositores, que denuncian un doble estándar de quienes llegaron a la política, precisamente, prometiendo barrer con “la casta” y su corrupción.
Las reformas pendientes
Si bien la estabilización inicial es un logro, el proyecto libertario solo podrá considerarse exitoso si concreta las reformas estructurales que prometió y que siguen pendientes, como dolarizar la economía, eliminar el Banco Central, reducir el gasto público al 25% del PIB, privatizar medio centenar de empresas estatales y desmontar regulaciones laborales y tributarias que asfixian la producción. Pero esas reformas siguen encalladas en el Congreso. “Todavía están pendientes el 90% de las reformas estructurales y esto solo se podrá hacer con un poder legislativo que deje de bloquear nuestras iniciativas”, afirman fuentes cercanas al mileísmo. La frase resume el dilema del presidente, porque condiciona a la obtención de mayorías parlamentarias una revolución liberal que corre el riesgo de quedar a medio camino.
El problema al que se enfrenta Milei no es nuevo y en casos anteriores hemos visto que transformaciones profundas requieran un shock de reformas simultáneas, como lo hicieron Chile en los años ochenta, Nueva Zelanda tras la crisis de 1984 o los países del Este europeo al salir del comunismo. En todos los casos, la clave fue un paquete coherente, no medidas parciales sometidas al veto corporativo. Milei es probable que lo sepa y su apuesta es lograr en octubre la legitimidad política que le permita dar ese salto. En esa cita electoral se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, pero la magnitud de lo que está en juego trasciende lo numérico. Una victoria amplia permitiría a Milei relanzar su agenda, recuperar confianza en los mercados y, finalmente, empezar a ejecutar la famosa motosierra que prometió en campaña. Una nueva derrota, en cambio, consolidaría la fragmentación política, acentuaría la parálisis y abriría la puerta a un regreso del estatismo de la mano de un renacido peronismo que probablemente encarnaría Kicillof.
Es por ello que la elección de ámbito nacional se percibe, dentro y fuera del país, como un referéndum sobre la agenda liberal libertaria. El peronismo lo ve como la oportunidad de frenar el avance de aquello que demonizan como “ultraderecha”, mientras que para Milei será el momento de demostrar que los argentinos, pese al traspié de Buenos Aires, quieren un cambio de fondo y están dispuestos a respaldarlo en las urnas, aun con costos a corto plazo.
El futuro del proyecto libertario argentino pende, pues, de un hilo. El gobierno insiste en difundir los datos de la inflación, que se ha reducido considerablemente pero todavía es alta (cercana al 30% en las proyecciones para este año) y este es en sí mismo un buen resultado, pero si no se fortalece políticamente las resistencias sociales podrían hacer descarrilar el proceso. En el caso de que no consiguiera aumentar su capacidad legislativa, daría la imagen de aquel que se queda a mitad de camino, con una estabilización sin transformación, y con una corrección de variables que no ha llegado a alterar la estructura de fondo que condena al país a ciclos de decadencia.
