En 2014, el Ministerio de Medio Ambiente dio luz verde a los sondeos exploratorios de Repsol en aguas de Canarias. Tres pozos, a sesenta kilómetros de la costa, sin extracción, solo investigación. La respuesta fue un tsunami de pancartas, recursos judiciales y declaraciones apocalípticas. «Catástrofe inminente», «fin del turismo», «santuarios marinos amenazados». Cuatro años después, en 2019, el Gobierno de Canarias paralizaba la ampliación del muelle de Agaete por «informes de impacto ambiental no actualizados» y «oposición de la población». Era apenas un muelle de 150 metros, algo que en cualquier archipiélago del mundo sería una infraestructura básica. Son solo dos ejemplos, pero marcan una constante: la de que (casi) siempre se salen con la suya.
Ocurre que, cuando se habla de protección de la naturaleza en Canarias se arrastra, sin que casi nadie repare en ello, una premisa que pertenece más a la teología que a la ecología: la idea de que existe, en algún pliegue del archipiélago, un estado original y armonioso al que la actividad humana amenaza constantemente con profanar. Esta convicción encuentra en las islas un terreno singularmente fértil, pues la estrechez del territorio, la fragilidad aparente de sus ecosistemas y la abundancia de figuras administrativas de protección han convertido cada metro cuadrado en un potencial santuario, y cada proyecto de inversión en un pleito filosófico disfrazado de expediente técnico. Lo notable es que esa premisa, la de un equilibrio natural anterior y ajeno al hombre, está siendo abandonada por la propia ecología contemporánea, a medida que la investigación paleoecológica prueba hasta qué punto los paisajes que se creían prístinos fueron ya modelados por sociedades humanas mucho antes de que existiera un ministerio que los catalogase. De modo que la administración defiende, con el aparato entero de la ley, un estado de cosas que ni siquiera la ciencia que invoca reconoce ya como real.
Basta recorrer la última década para comprobar la extensión del fenómeno. Las prospecciones de Repsol no tuvieron como respuesta la deliberación serena que merece una decisión puramente técnica, sino una movilización que anunciaba, con la misma convicción con que otros anuncian el fin del mundo, la destrucción inminente del turismo y de los santuarios marinos. La empresa no halló finalmente petróleo a precio que justificase la extracción (aunque sí gas, de lo que se benefician ahora Marruecos y Mauritania), así que el episodio se cerró sin daño alguno que lamentar, salvo el que ya se había instalado en el relato colectivo, donde Canarias figuraba desde entonces como una tierra rescatada in extremis del «ecocidio».
El patrón se ha repetido con mayor intensidad todavía entre 2024 y 2026, en tiempos de una supuesta transición energética que exigiría aprobación a priori. Sin embargo, el proyecto eólico Costa Calma I, de dieciocho megavatios, quedó paralizado en el Parque Natural de Jandía tras el rechazo del Cabildo y el Ayuntamiento, de manera que la propia consejera de Ordenación pudo declarar, sin advertir la paradoja, que las renovables son prioritarias siempre que respeten un planeamiento que en la práctica las hace inviables. En Tenerife, los parques de Fasnia y Güímar recibieron alegaciones por su supuesto impacto paisajístico y sobre la avifauna; en Lanzarote, la planta fotovoltaica de Mácher tropezó con un informe desfavorable del Cabildo en defensa del suelo agrario tradicional, cuyo presidente llegó a sugerir que las instalaciones debían ubicarse en espacios ya degradados, sugerencia que equivale, en un archipiélago donde todo terreno es o degradado o tradicional, a no ubicarlas en ninguna parte. En las islas orientales, la protección dispensada a la avutarda canaria y al guirre ha bastado para bloquear la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en extensiones de suelo baldío que ninguna otra función productiva reclama. El resultado agregado de tanta cautela es previsible y no debe llamar la atención que Canarias, una de las regiones de mayor potencial solar y eólico de Europa, importe todavía el 90 % de la energía que consume.
Los sebadales
Ningún caso ilustra mejor la desproporción entre el argumento invocado y el daño real que el Puerto de Granadilla, proyectado en Tenerife en 1971 y no inaugurado hasta 2017, con un coste final de 300 millones de euros y tres décadas de litigio en torno a los sebadales de Cymodocea nodosa. El Tribunal Superior de Justicia paralizó las obras en 2009, y la Consejería de Medio Ambiente resolvió el conflicto de la única manera posible dentro de la lógica administrativa vigente, que fue retirar a la especie del catálogo de protegidas para poder continuar. El propio Observatorio Ambiental de Granadilla certificó después que la pradera marina se había reducido un siete por ciento en la zona de obra, cantidad que, según explicó su director, el ecólogo Antonio Machado, en una frase que merecería grabarse a la entrada de cualquier consejería, representa apenas el 0,35 por ciento del sebadal de Tenerife. No hubo, pues, hecatombe alguna, pero el relato de la hecatombe ya había cumplido su función, y el puerto que hoy se encuentra infrautilizado lo está por falta de conexiones y de planificación logística, no por la herida ecológica que durante todo ese tiempo se dio por descontada.
Algo semejante ha ocurrido con el proyecto Cuna del Alma, en Adeje, cuyos planes parciales contaban con aprobación definitiva y respaldo institucional hasta que el hallazgo de unos ejemplares aislados de Atractylis preauxiana bastó para desencadenar una paralización cautelar que el inversor asumió íntegramente, exponiendo así la fragilidad de una seguridad jurídica que la propia administración se permite revocar cuando la presión ambientalista arrecia. La misma lógica puede apreciarse en la central hidroeléctrica de Chira-Soria, en Gran Canaria, donde los debates acerca de la alteración del paisaje de cumbre y de la ocupación de barrancos han terminado por eclipsar la función estratégica de una infraestructura concebida para dotar al sistema eléctrico insular de mayor estabilidad y capacidad de almacenamiento.
Más allá de la magnitud del valor ambiental discutido, que en casi todos los casos resulta, medido con rigor, modesto, lo que estos episodios comparten es la arquitectura de incentivos que gobierna a quienes deciden. El funcionario o el tribunal que autoriza un proyecto asume un riesgo político inmediato si algo sale mal, mientras que quien lo paraliza no rinde cuentas jamás por la inversión que se pierde, por el empleo que no se crea o por la dependencia energética que se perpetúa. De esta asimetría nace, con la misma naturalidad con que nace cualquier otro incentivo perverso, una aversión sistemática al riesgo que favorece por defecto la denegación o la demora indefinida, y que encuentra en la figura del santuario natural el instrumento jurídico perfecto para convertir la litigación estratégica en sustituto de la gestión ambiental propiamente dicha. Detrás de buena parte de estos informes y alegaciones se agazapa, además, un concepto tan invocado como escasamente examinado, el de la salud del ecosistema (véase despiece).
Aunque no parezca que se refleje en el debate público de las islas, este modo de entender la conservación ya no coincide siquiera con el de una parte creciente de la propia ecología. Autores como Emma Marris nos recuerdan que prácticamente ningún ecosistema contemporáneo permanece al margen de la influencia humana y proponen abandonar la nostalgia de una naturaleza virgen para pensar el planeta como un «jardín bullicioso», muy transformado por las personas y, precisamente por ello, necesitado de una gestión más inteligente que de una veneración abstracta. En la misma línea, Peter Kareiva y Michelle Marvier sostienen que la conservación ha de dejar de considerar al ser humano como una perturbación externa para reconocer que la dinámica ecológica y la dinámica social forman un único sistema inseparable, de modo que proteger la naturaleza exija comprender también los incentivos, las instituciones y las necesidades de quienes viven en ella.
La ecología contemporánea habla cada vez con mayor naturalidad de «ecosistemas novedosos» y de «antromas», esto es, paisajes donde la presencia humana no constituye una anomalía, sino una de las fuerzas que configuran el territorio. Sin embargo, buena parte de la legislación ambiental continúa inspirándose en la idea de restaurar un supuesto estado originario del que el hombre habría desviado a la naturaleza, como si existiera un punto de equilibrio objetivo al que fuera posible regresar. El abandono de esa ficción nos debería llevar a la conclusión de que conservar no significa inmovilizar el paisaje ni reconstruir un pasado idealizado, sino decidir, de manera consciente y responsable, qué naturaleza queremos legar y mediante qué instituciones hacerlo posible en un mundo que nunca ha dejado de cambiar.
La salud del ecosistema
Pocas expresiones circulan con tanta autoridad como «salud del ecosistema», invocada casi siempre como si describiera un hecho tan objetivo como la fiebre o la tensión arterial de un paciente. Para el ecólogo Robert Lackey, la salud del ecosistema es un concepto basado en valores que se disfraza de ciencia, puesto que no existe ningún estado natural que pueda calificarse de sano con independencia de la preferencia humana que decide medirlo así. Los ecosistemas, a diferencia de los organismos que les prestan la metáfora, no tienen preferencias sobre su propio estado. No padecen ni se curan; por ello, la elección de una línea de base como referencia saludable constituye, inevitablemente, un juicio de valor travestido de diagnóstico clínico. Cuando un informe técnico o una alegación vecinal afirman que un proyecto compromete la salud de un ecosistema, conviene, por tanto, traducir la frase a su significado real, que no es científico sino político, porque significa: «esto no me gusta y quiero que se detenga». Reconocerlo no resta legitimidad a esa preferencia, que puede ser perfectamente razonable, pero le exige presentarse como lo que es, una posición entre otras sobre el uso deseable del territorio y no como una verdad biológica que dispensa de toda deliberación.
