Por qué la eficiencia energética no es una buena señal

5 de julio de 2026
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Azteca Cerámica, una firma histórica del azulejo castellonense, se encuentra en fase de liquidación desde el pasado enero, tras el concurso de acreedores y el posterior expediente de regulación de empleo que supuso el despido de la inmensa mayoría de sus 130 trabajadores. Para las máquinas que durante años produjeron miles de metros cuadrados de cerámica el único destino que les espera es el de una subasta judicial. No es la única, ya que Codicer Cerámica interrumpió de golpe su actividad en el tramo final del año pasado y el gigante multinacional británico Victoria Ceramics Spain no llegó a cerrar sus fábricas, pero ya ha despedido a unos 70 trabajadores. Hoy, la industria azulejera española sostiene a unos 14.900 trabajadores directos, lejos de los máximos históricos de 2007, cuando superaba los 27.000 empleados. Sin embargo, una concepción tan estrecha como deshumanizada podría ver esto como algo virtuoso, en cuanto a que se logra eficiencia energética y se consume menos combustible fósil.

Lejos de ser una caricatura o una exageración, esa es la manera de leer la realidad desde el gobierno actual, que tiene un enfoque meramente climático de la energía y de la industria. Aunque el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) insiste en que la descarbonización “reforzará la competitividad de la economía española”, acercará “empleo industrial y de calidad” a los territorios y convertirá al país en “uno de los ganadores” del nuevo mapa energético europeo, lo cierto es que descarbonizar se ha traducido en perder capacidad industrial. Cuando la ministra Sara Aagesen se felicita por cifras crecientes de eficiencia energética lo que está haciendo es celebrar que la economía crezca menos, o peor, que decrezca.

Desde 2019, el gas que alimenta los hornos, calderas y turbinas de la gran industria española se ha ido evaporando de los contadores, pero dejando un rastro visible en las estadísticas de despidos, como decíamos al comienzo. El consumo de gas de los grandes consumidores tiene cifras que se ubican en torno a un preocupante 22% por debajo de los niveles de 2019, incluso después de que los precios se hayan normalizado tras el paroxismo de la crisis de 2022. Para una economía con una base manufacturera ya frágil, esa caída persistente va más allá de un mero ajuste coyuntural y aparece como la huella de un proceso de desindustrialización paulatino y que a nadie parece importar, si nos guiamos por los asuntos presentes en la agenda pública.

La patronal Gas Industrial lleva años actualizando las curvas mensuales que publica Enagás, el gestor técnico del sistema gasista español, para tomar el pulso a esta evolución. A partir de los datos oficiales, la asociación elabora boletines sectoriales donde compara la demanda actual con la de un periodo de referencia estable, como la media 2018‑2021 o directamente con 2019, el último año “normal” antes de la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania. El objetivo es esquivar el ruido de los inviernos suaves y las olas de calor y centrarse en lo que pone negro sobre blanco cuánta energía están consumiendo, de forma sostenida, las fábricas españolas.

La respuesta, cinco años después, no invita al optimismo y aunque el gas es hoy mucho más barato que en los meses más duros de 2022, la demanda industrial no logra el rebote. Más bien, se instalado en un peldaño inferior, una brecha que es la prueba de que parte del tejido manufacturero se ha destruido —cierres, deslocalizaciones, líneas que no han vuelto a arrancar— y de que la industria gasintensiva ha perdido competitividad frente a sus homólogos europeos.

Los números de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), regulador de los mercados energéticos, ofrece una segunda capa de lectura. A través de sus boletines del mercado mayorista y minorista de gas, la CNMC supervisa las entradas y salidas del sistema y las cruza con los índices de producción industrial. El dibujo que emerge es coherente con el diagnóstico de la patronal gasintensiva, porque nos dice que la caída de consumo se concentra en los usos ligados a la manufactura y se agrava cuando se superponen las curvas de actividad y de demanda de gas. Allí donde hay menos producción, hay menos gas; y en demasiados casos, la producción no ha vuelto a los niveles previos.

El regulador, sin embargo, matiza la narrativa de “fábricas que se apagan”. Una parte importante del desplome del consumo se explica por el hundimiento de la cogeneración, esas plantas que, integradas en factorías de papel, química o cerámica, producen simultáneamente calor y electricidad a partir del gas. Con un mercado eléctrico mayorista instalado en precios bajos y un esquema regulatorio menos favorable, muchas de estas instalaciones han dejado de ser rentables y han optado por parar o funcionar al mínimo. El resultado es que se reduce el consumo de gas, sí, pero en buena medida tras apagar uno de los motores más eficientes de la industria.

El caso de la cogeneración nos habla de que la competitividad industrial no depende únicamente de los precios internacionales de la energía, sino también de las señales que envía el marco regulatorio. Cuando las administraciones privilegian determinadas tecnologías, modifican los incentivos económicos o alteran la rentabilidad relativa de unas inversiones frente a otras, terminan influyendo en la localización del capital industrial. La consecuencia rara vez aparece de forma inmediata, pero acaba reflejándose en decisiones empresariales sobre dónde ampliar capacidad, dónde mantener la producción y dónde resulta más atractivo invertir.

¿Buena noticia?

El problema es que se trata de dirigir una parte creciente del debate público a que interprete esta evolución de la demanda gasista como una noticia positiva. Desde el Gobierno y desde numerosos organismos vinculados a la transición energética se presentan las caídas del consumo energético como pruebas de un uso más eficiente de los recursos. Sin embargo, dejan de lado que la industria constituye el sector más intensivo en energía de toda la economía. Cada punto de PIB industrial requiere varias veces (entre cinco y siete) más energía que un punto de PIB generado en actividades de servicios. Por ello, al retroceder la actividad manufacturera el consumo agregado desciende de forma automática.

Las estadísticas energéticas deben interpretarse con un prisma diferente, ya que una mejora de eficiencia debería implicar producir la misma cantidad de bienes utilizando menos recursos. Pero una reducción del consumo derivada del cierre de fábricas, la paralización de líneas productivas o la deslocalización de inversiones nos está hablando de algo completamente diferente. En términos económicos, el resultado es una menor capacidad para generar valor añadido, para crear riqueza.

La consecuencia es que las cifras energéticas mejoran al mismo tiempo que se deterioran algunos de los fundamentos económicos que sostienen el crecimiento a largo plazo. La industria concentra inversión productiva, innovación tecnológica, exportaciones y empleo de alta productividad. Por eso el descenso persistente del consumo de gas debe ser interpretado como una señal de alarma económica y no como una buena excusa para dar rienda suelta a la propaganda política. La energía utilizada por la industria representa, en gran medida, la manifestación física de la actividad económica real. Cuando una economía industrial produce más acero, más cerámica, más papel o más productos químicos consume más energía. Esa relación forma parte de cualquier proceso de creación de riqueza material. Y pretender que no se consuma energía de forma abundante es renunciar al progreso mismo.

La caída del consumo energético solo merece celebrarse cuando es consecuencia de producir más con costes más reducidos. Si esta responde a cierres industriales, pérdida de competitividad y traslado de actividad hacia otros países, las estadísticas energéticas dejan de reflejar un éxito de eficiencia para convertirse en el registro contable de una economía que renuncia progresivamente a una parte de su capacidad productiva. Cuando desde el gobierno se trata de dirigir dónde debe ir la energía y el capital asociado a sus inversiones, o cuáles deben ser sus fuentes de preferencia no debería extrañarnos que el resultado sea una economía cada vez menos capaz de transformar energía en producción, inversión y, al final de todo, prosperidad.