Las declaraciones de impacto ambiental y la oposición política surgen cada vez que un gran proyecto aparece en Canarias, apoyados en la consiga de la “degradación del territorio” hasta inmovilizar enormes capitales.
Que sea ya un tópico del que duermen el sueño de los justos ante discurso político quejarse de la maraña burocrática no ha traído como consecuencia que esta disminuyese, en absoluto. Otro tópico, el de la degradación del territorio, sí ha tenido consecuencias bastante concretas, porque son muchos, demasiados, los procesos de inversión que duermen el sueño de los justos ante las trabas que se ponen, bien desde los despachos, bien desde la plaza pública, siempre en nombre de la conservación del medio natural. Que nada menos que el 42 por ciento de la superficie del Archipiélago esté protegida por ley no les parece suficiente a algunos grupos de presión, ni significa necesariamente, que los propietarios de la tierra restante tengan libertad para disponer de ella según crean conveniente. A los condicionantes habituales de los distintos niveles de administración sobre cómo se debe construir, cuánto y hasta con qué materiales se suma la figura de la declaración de impacto ambiental (DIA), verdadero dedo pulgar sobre qué se puede y no se puede hacer. Aunque pueda recurrirse, si el pulgar apunta hacia abajo, mejor olvidarse del asunto.
Puede darse también el caso de que el pulgar no apunte hacia arriba ni hacia abajo y que el tiempo transcurra más allá de lo permitido legalmente. Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, este plazo no puede superar los cuatro meses. Sin embargo, ya sabemos que es la propia administración la que a veces es la primera en infringir las normas y es así que en el Gobierno de Canarias se acumulan las DIA sin resolución mucho más allá de lo imaginable. Según fuentes de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, la acumulación de proyectos a la espera de esta declaración oficial está frenando inversiones que suman alrededor de 3.300 millones de euros. La cifra es un cálculo aproximado –aunque el origen del guarismo es el área de impacto ambiental–, pero da una idea de la magnitud del problema. Sucede en momentos en que escasean las inversiones en Canarias, siempre en números escuálidos en lo que a inyección genuina de capital se refiere.
Resultaría difícil identificar cada uno de esos proyectos frenados por una DIA pendiente en la consejería, pero de esos despachos surgió el freno a una de las iniciativas más ambiciosas en materia de desarrollo turístico, el de Punta de Abona. Se trata de un viejo anhelo de inversores italianos, con cuatro hoteles de cinco estrellas y 3.000 camas, que se presentó como respetuoso con el medio ambiente. La idea de los promotores incluía un parque ambiental, la recuperación de poblaciones de fauna y flora autóctonas, como la tabaiba, cuya superficie se incrementaría del 23 por ciento actual al 50 por ciento. Esto hacía que fuese presentado como “el proyecto turístico ecosostenible más importante de Europa”. Además, los hoteles se ubicarían en las proximidades de la autopista del sur, pero siguiendo una propuesta adaptada a la orografía del lugar y de su sistema de lomas y barrancos, por lo que no se verían desde la autovía. De los 1,7 millones de metros cuadrados disponibles, el uso hotelero solo ocuparía el 17 por ciento de la superficie total, ya que los 1,3 millones de metros cuadrados restantes se dividirían en un paseo litoral, un espacio de regeneración ambiental, plazas y parques públicos con infraestructuras para actividades recreativas.
Sin embargo y pese a este esmero en presentarlo en armonía con su entorno, el proyecto recibió pronto el mote de “macroproyecto”. El prefijo “macro” suele significar en Canarias descrédito inmediato, mala imagen pública y, con el tiempo, muerte segura. Tal cosa sucedió en este caso, ya que poco pesó finalmente la promesa de 1.550 empleos directos que generaría el promotor –un enamorado de la isla que había comprado los terrenos hace veinte años– para que finalmente el gobierno regional frenase la iniciativa, hace doce meses. El argumento es una laberíntica interpretación de la ordenación del territorio, que se puede explicar con mayor facilidad desde la óptica política: el proyecto contó con aval político tanto desde el Cabildo Insular como del Gobierno de Canarias cuando el pacto de partidos era entre CC y el PSOE. Ahora CC ya no está en ninguna de las dos administraciones y la que sí está es Podemos, aunque con apoyo externo en el caso del Cabildo.
El grupo promotor, ante el varapalo, se preguntaba cómo podía ser que se dieran estos cambios de posición en la misma administración sobre el mismo asunto (el ejecutivo regional, en la legislatura anterior lo había declarado como proyecto estratégico) y la contradicción entre una oposición al proyecto por parte de grupos señalados como ecologistas y el hecho de que la Unión Europea sí hubiera dado el visto bueno a los estudios ambientales. Otra contradicción que salta a la vista es que el actual Gobierno de Canarias no parezca tener objeciones con otro hotel costero, aunque en Fuerteventura, el Oliva Beach, al que se concederá una licencia de reforma “lo antes posible”, según afirmaciones en el Parlamento el consejero de Territorio, José Antonio Valbuena, quien dijo estar solo a la espera de la transferencia de la gestión de las costas por parte del gobierno nacional.
Sin seguridad jurídica
“Se está acrecentando la idea de que en Canarias no hay seguridad jurídica y que es un lugar arriesgado para invertir”, sostiene José Fernando Cabrera, empresario de larga trayectoria en el sector turístico y que hoy preside el Foro de Amigos del Sur de Tenerife. A su juicio, hay decisiones administrativas “incomprensibles para los empresarios”, máxime si se trata de un gobierno como el actual, que muestra “una vocación declarada de transición verde”. Y cita el caso de las energías renovables, donde, luego, la realidad es que la instalación de cualquier parque eólico o granja fotovoltaica “exige años y años de tramitación” y “en muchas ocasiones quedan en nada”. Cada día “aprueban normativas nuevas que hacen más y más difícil la inversión en este sector”, sostiene.
Otro de los casos notorios de campañas públicas contra inversiones de peso ha sido el que padece el proyecto llamado “Cuna del alma”, también en Tenerife, sobre la costa de Adeje. Un “movimiento ciudadano” de nombre “Salvar el Puertito” ha conseguido gran cobertura mediática y ha llegado a organizar una manifestación por las calles de Santa Cruz en junio pasado. Repitiendo las consignas malthusianas de los límites al crecimiento del Club de Roma (1972), creen que “se está llevando al colapso” a la isla de Tenerife, ya que no aguanta más la “presión turística”. Es curioso, apuntan fuentes del sector turístico, que muchas de estas iniciativas “son capitaneadas por profesores universitarios” que no acudieron a la información pública y prefirieron la vía política y las manifestaciones en la calle.
Lo cierto es que el proyecto de “Cuna del Alma” fue sometido a tres informaciones públicas, en las que se podría haber cambiado y mejorado el texto inicial, pero no se presentaron objeciones de importancia durante los periodos de alegaciones. Más bien, la acción se centró en paralizar el proyecto a través de la presión política (Podemos anunció que lo llevaría a los tribunales), la acción directa a través de manifestaciones en la vía pública o la recolección de firmas en una plataforma de internet. En este último caso, se destaca en la justificación de la web YouMoveEurope.eu que se trata de un lugar donde “aún la industria hotelera no ha metido mano”. Los promotores, frente a esta idea negativa, destacan sin embargo que implicará la creación de más de 750 puestos de trabajo y que cuenta con el asesoramiento de un equipo de origen local donde se cuentan arqueólogos, ambientalistas, biólogos, paisajistas y arquitectos. Señalan que tanto en el diseño de las construcciones como en cuestiones paisajísticas se ha buscado el respeto a la flora y fauna de la zona, además de la recuperación total del espacio original de la playa, que es de pleno dominio público, ya que se eliminarán los muros de hormigón que hoy limitan y afean su disfrute.
Los vecinos de la zona tampoco comparten la visión de quienes se oponen, son 22 casas cuyos residentes dicen estar deseando que llegue el proyecto “porque va a mejorar mucho el entorno”, al dotarlos de más plazas de aparcamiento y con mejoras para la seguridad de la zona, en estos momentos amenazada por la presencia de chabolas con moradores ocasionales.
¿Qué islas queremos?
En el fondo de todo, subyacen dos visiones opuestas a la hora de imaginar el presente y futuro de las islas. Por un lado, quienes creen que Canarias es un santuario, un paraíso que en algún momento perdió su pureza de origen y que esta debe ser devuelta a su estado anterior. Una idea que apela a valores presuntamente inmateriales y permanentes. Pero que choca con la realidad de una economía que en lo único que ha sabido especializarse mínimamente es en el turismo, dadas sus condiciones naturales. La otra visión es la de aquellos que buscan crear riqueza con las mismas armas con que la buscaban desde que hace medio siglo la llegada de visitantes extranjeros empezó a evitar la salida de población local en búsqueda de un futuro mejor. Cierto es que los proyectos turísticos de hoy en día son de una calidad infinitamente superior a la de los que se hacían hace décadas, pero las culpas del pasado parecen pesar más que las virtudes del futuro. “Lo primero que debe ser sostenible es la vida de los canarios, que con 20 por ciento de paro crónico, ciertamente, no lo es”, dice José Fernando Cabrera, quien cree que “una vez resuelta esta sostenibilidad, debería venir la de la lagartija y del escarabajo; pero parece que es al revés”.
Mientras tanto, la periódica aparición de noticias negativas en las publicaciones especializadas del sector turístico no parecen ser la mejor manera de alentar la inversión en el Archipiélago. La última de ellas ha sido una sentencia del Tribunal Supremo contra el proyecto del empresario tinerfeño Wolfgang Kiessling para montar un parque acuático en el sur de Gran Canaria de estilo similar al que ya tiene en Adeje, pero de mayores dimensiones. Según el alto tribunal, que ratifica lo actuado por el TSJ de Canarias, el proyecto del parque no acredita las suficientes existencias de recursos hídricos para su funcionamiento. Por insólito que parezca, se le está diciendo al promotor, un especialista en parques acuáticos, que no es seguro que su negocio pueda contar con la disponibilidad de agua que precisa. Cabe aclarar que el Consejo Insular de Aguas ya había emitido un informe favorable al respecto, allá por mayo de 2015, pero los tribunales de justicia lo juzgan insuficiente. Y todo esto a pesar de que el proveedor del servicio en esta zona del sur grancanario, Canaragua –filial de Veolia– había dado por asegurada la provisión del agua necesaria para este complejo de toboganes, piscinas y atracciones a través de las plantas desaladoras de las que se abastece la comarca.
Las más protegidas
Canarias, con el 42 por ciento antes citado, es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de territorio bajo protección. Su red de espacios naturales protegidos llega hasta los 146 lugares y la lista de sus distintas calificaciones parece interminable: Parques Nacionales, Parques Naturales y Parques Rurales, Reservas Naturales Integrales y Reservas Naturales Especiales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Sitios de Interés Científico. Sin embargo, ha calado un mensaje que se resume en frases coloquiales como la de “nos estamos cargando las islas”, de notable éxito en los medios de comunicación y en los más politizados ámbitos universitarios.
La narrativa vindicativa de la pureza original perdida, pese a ocupar el espacio dominante en la opinión pública, se presenta como víctima y basta con que se conozca cualquier tipo de inversión millonaria para saber que enseguida se encontrará la manera de desacreditarla. Siempre en nombre de la conservación del medio ambiente, pese a encontrarse en el territorio más protegido de toda España. Y siempre también presentándose como el ingenioso David que derrotará a Goliat, aunque quizá los papeles deberían invertirse, dado que no queda nada claro cuál es la parte que, en realidad, tiene más fuerza.
