El profesor Benito Arruñada, es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra y uno de los académicos españoles más incisivos en el análisis de las instituciones. Acaba de publicar La culpa es nuestra (La esfera de los libros, 2025), un libro que ha generado debate incluso antes de abrirlo. El título, que interpela directamente al lector, descoloca porque rompe un hábito muy arraigado: el de pensar que los problemas colectivos siempre vienen de otros —políticos, mercados, élites, votantes ajenos— pero nunca de nosotros mismos. Con este punto de partida, conversamos con él sobre responsabilidad, democracia, fiscalidad, universidad, Estado del bienestar y carácter social. Una charla en la que Arruñada desarrolla, sin evasivas, un diagnóstico tan honesto como incómodo.
El libro me pareció tan interesante como oportuno pero el título, aunque parece un diagnóstico impecable puede invitar a creer que es una forma de diluir responsabilidades particulares, cuando algo es culpa de todos, a lo mejor no es de nadie. ¿No teme que se lea así?
Es un riesgo real. Cuando la culpa se distribuye entre todos, puede suceder que al final no se identifique a nadie concreto. Pero el título es deliberado: pretende subrayar que los problemas institucionales no nacen exclusivamente en la clase política, sino en las preferencias y comportamientos de los ciudadanos.. Pero asumir que hay responsabilidad compartida no equivale a extinguir la responsabilidad individual. Simplemente evita que la descarguemos siempre en terceros.
Deja un sabor un tanto agridulce, se ve uno reflejado en él y también a la sociedad pero ese conocimiento implica, al tiempo, lo complejo que resultará revertirlo
Eso explica reacciones muy distintas ante el título. Hay quien se considera parte de “la masa” y concluye que el libro critica únicamente a “la élite”. Y quien se cree parte de la élite lee el título convencido de que la culpa es de “la masa”. Lo curioso es que ambos interpretan “nuestra” como “de los otros”. En redes sociales, además, aparece otro fenómeno: quienes admiten que la ciudadanía tiene responsabilidad se refieren siempre a los votantes del partido contrario. La autorreflexión propia casi nunca entra en la ecuación.
Esa dinámica se observa en el análisis del último ciclo electoral. Unos culpan a los votantes de Sánchez, otros a la abstención, otros a los errores de la derecha… ¿Quién es realmente más responsable del 23J: quien gana o quien pierde?
Ambos, pero solemos mirar solo a quien gana. Siempre es más fácil cargar la responsabilidad en el adversario. Sin embargo, para evaluar el resultado hay que preguntarse qué hizo o dejó de hacer quien perdió. Esta es una idea central del libro: las políticas malas o ineficientes no se sostienen porque los políticos sean tontos, sino porque los ciudadanos las votan o las toleran. Los partidos saben qué posiciones restan votos y cuáles los suman. Si una reforma razonable supone un coste electoral, ningún partido la defenderá. Eso condiciona también a la oposición, que muchas veces prefiere no incomodar a su electorado aunque eso implique renunciar a propuestas sensatas.
Eso explicaría por qué los grandes bloques del gasto público apenas se tratan en campaña. En la práctica, nadie quiere mencionar pensiones o sueldos públicos.
Exacto. La derecha insiste en el “gasto superfluo”, que existe pero no es el núcleo del problema. La izquierda recurre al “fraude fiscal” como si fuera una mina inagotable de ingresos. Ninguno de los dos discursos aborda el corazón del gasto. Porque si lo hicieran, perderían votos. Y lo saben. Es una estrategia para evitar decirle al votante lo que el votante no quiere oír.
En su libro sostiene que los españoles votamos más guiados por lo emocional que por consideraciones de competencia de los elegidos. ¿Hasta qué punto eso explica la calidad de nuestras élites políticas?
Mucho. España elige líderes con criterios más afectivos y tribales que técnicos. Las encuestas comparadas muestran diferencias claras con otros países europeos. Preferimos líderes que se parezcan a nosotros, que refuercen nuestra identidad o que confirmen nuestras opiniones previas. La competencia aparece en segundo plano. Y eso hace que, en media, seleccionemos élites menos preparadas. No es un fenómeno exclusivo de España, pero aquí es especialmente marcado.
¿Y eso tiene relación con la forma en que construimos confianza social?
Sin duda. La confianza interpersonal en España es muy fuerte, pero concentrada en círculos pequeños: la familia, los amigos, la gente del entorno inmediato. Ese tejido es un amortiguador social formidable —la familia sostiene donde el Estado no llega—, pero debilita la confianza anónima, que es crucial para sociedades complejas. En países nórdicos ocurre lo contrario: tienen menos apoyo familiar, pero más confianza en desconocidos. Y esa confianza facilita desde cumplir normas hasta aceptar sistemas fiscales exigentes.
¿Y esa estructura cultural ayuda a explicar por qué es tan difícil implementar reformas profundas?
Sí, porque una sociedad que desconfía de la competencia y confía solo en círculos cercanos prefiere políticas que no alteren su equilibrio inmediato. En vez de preguntarse qué sistema sería mejor, se pregunta si ese sistema podría dejarla peor que antes. Es un conservadurismo emocional, no ideológico, que retrasa cualquier reforma significativa.
El Estado del bienestar que queremos y el que podemos pagar
Usted insiste en que España quiere un Estado del bienestar más grande del que financia. ¿Eso nos condena a vivir en déficit permanente?
Tal como están las cosas, sí. Europa gasta de media un 30% del PIB en gasto social; Estados Unidos, un 20%; China, alrededor del 10%. España aspira a estándares europeos con estructuras fiscales que no los sostienen. Nuestro Estado social está montado sobre déficit estructural, no coyuntural. Y la gente, en general, no percibe la magnitud de ese desequilibrio porque el sistema fiscal está diseñado para ocultarlo.
¿Por qué considera que está diseñado para ocultarlo?
Porque recaudamos de forma poco transparente. El grueso de la carga se aplica sobre el trabajo y el ahorro -cotizaciones, IRPF, impuestos patrimoniales-, pero no sobre el consumo. El IVA, que es donde realmente se podría aumentar la recaudación con menos distorsiones, está lleno de tipos reducidos que responden a presiones sectoriales. A simple vista tenemos un IVA del 21%, pero el tipo implícito es mucho más bajo. En Dinamarca o Suecia, con un 25%, la recaudación es infinitamente mayor. No porque el tipo sea tan distinto, sino porque allí casi todo tributa al tipo general.
Uno ve los tipos y adivina un lobby detrás de cada rebaja. U oportunismo político, como las discusiones que se establecen acerca de la “tasa rosa”
Es que ese tipo de debates permiten a los políticos parecer sensibles sin asumir reformas profundas. Además, los mercados de productos como compresas o tampones están dominados por pocas empresas, antiguamente incluso por una sola familia. Reducir el IVA puede quedar absorbido por los márgenes y tener efectos nulos o incluso negativos. Pero políticamente funciona.
En cuanto al IRPF, usted sostiene que España penaliza el esfuerzo incluso en rentas bajas. ¿Por qué?
Porque los tipos marginales elevados aparecen demasiado pronto. En muchos hogares, la incorporación del segundo salario apenas compensa. Esto afecta sobre todo a mujeres con trabajos a tiempo parcial, pero también a cualquier trabajador que se plantea hacer horas extra o asumir nuevas responsabilidades. El sistema desincentiva el esfuerzo individual y, por tanto, la productividad agregada.
Y el tratamiento fiscal del ahorro tampoco ayuda.
En absoluto. La inflación está generando plusvalías ficticias y el contribuyente tributa por ganancias que no existen. Desde que se eliminaron los coeficientes de actualización, vender una vivienda no habitual puede implicar un golpe fiscal enorme aunque no haya habido enriquecimiento real, algo que es responsabilidad de Cristóbal Montoro. Es una anomalía que empobrece al ciudadano y distorsiona el mercado.
Quería preguntarle por una de las referencias que más me sorprendieron de la lectura de La culpa es nuestra, la que hace a Ortega y Gasset. ¿Por qué sostiene que su influencia fue perjudicial?
Porque Ortega era un gran escritor, pero no un buen analista institucional. Sus diagnósticos sociológicos son, en muchos casos, literatura con pretensiones filosóficas. Están llenos de contradicciones, de afirmaciones sin evidencia, de generalizaciones históricas muy discutibles. Lo sorprendente es el prestigio que alcanzó entre lectores que no sometían su obra a crítica. Eso permeó la cultura política española: se consolidó una forma de pensar más idealista que pragmática. Y esa forma de pensar sigue influyendo.
Es curioso como algunos dizque liberales se proclaman “orteguianos”, Mario Vargas Llosa en un libro -La llamada de la tribu (Alfaguara, 2018) – lo incluye entre los que influenciaron en su pensamiento, junto a Popper, Hayek, Revel o Smith.
Esperanza Aguirre, que también se proclama liberal, en un reciente artículo hacía un elogio a Ortega como gran liberal. Pero si despreciaba y lo tiene escrito el espíritu comercial al tiempo que alababa el guerrero. Por eso cuando escribe su arrepentimiento, el “no es esto, no es esto” no pide perdón y pasa por alto que aquellas llamas que comienza a observar desde las Cortes Constituyentes de la Segunda República son fruto de un incendio que él había contribuido a encender.
En el libro afirma que la transición fue un éxito político pero un fracaso institucional en varios aspectos. ¿Qué se podría haber hecho mejor?
Mucho, incluso dentro de las limitaciones de la época. Si se creaban autonomías, había que darles libertad y responsabilidad fiscal. Pero se descentralizó el gasto sin descentralizar los ingresos. Eso generó un incentivo perverso: gastar es fácil, recaudar es impopular. El sistema empuja al déficit.
Además, hoy cada autonomía puede disolver su parlamento, lo que genera un calendario electoral fragmentado.
Eso complica cualquier reforma nacional. Estamos siempre en campaña. Un gobierno central que quiera abordar el problema con las pensiones o la administración pública tiene que calcular el impacto en varias elecciones autonómicas. Nadie quiere arriesgarse a perder un parlamento regional por una decisión que, sin embargo, sería beneficiosa para el conjunto del país.
También es crítico con el papel de las universidades, ¿no fueron bien diseñadas?
No. Se le otorgó autonomía sin exigir rendición de cuentas. Eso ha generado incentivos internos perversos. Hay departamentos donde todos son catedráticos, apenas se imparte docencia y los alumnos disminuyen. La carrera académica se ha convertido en un mecanismo de ascenso salarial más que de excelencia investigadora o docente. Y como muchos graduados no encuentran salida laboral, acaban en sectores administrativos creados por el Estado -medioambiente, igualdad- que no necesariamente aportan valor productivo.
Con un diagnóstico tan severo, ¿quedan vías de mejora? Usted parece confiar en la transparencia como herramienta.
Sí, porque la transparencia genera realismo. Obliga a que el votante vea los costes reales de los servicios que demanda. En una comunidad de vecinos nadie puede decir que la limpieza o el ascensor son gratis. Aquí sí. Y por eso la transparencia fiscal es fundamental. El caso de Suiza es paradigmático: allí no existen retenciones, debe afrontar el pago de impuestos una vez al año y son completos, eso crea que cada contribuyente sepa exactamente cuánto paga. Ese simple hecho cambia el comportamiento ciudadano y reduce la demagogia.
Pero la Unión Europea, en algunos aspectos, va en sentido contrario. Por ejemplo, cuando no deja separar en el precio de un producto el precio que se paga de IVA.
Correcto. La directiva que obliga a publicar los precios con IVA incluido es un ejemplo. Oculta el impuesto y hace que el consumidor no perciba su magnitud.
En España hemos visto protestas de los gobiernos cuando alguna gran superficie presenta sus días sin IVA, consideran que eso rebaja la conciencia fiscal. Y lo que algunos vemos es lo que señala Carlos Rodríguez Braun, eso del trilerismo fiscal.
Responde al mismo principio, les incomoda que el ciudadano vea claramente qué parte del precio es impuesto. Es un mecanismo de ocultación transversal.
