Semanas después de que los gobiernos europeos hubieran tomado medidas para tratar de paliar la subida de precios energéticos el gobierno español improvisó un decreto cuya medida estrella era la subvención de 20 céntimos por litro de los combustibles. Una parte de esta subvención corría a cargo directamente de las petroleras y el resto… la debían adelantar las estaciones de servicio. La solidaridad con el dinero ajeno es cualquier cosa menos solidaridad a pesar de que algunos propagandistas gubernamentales se apresurasen a mostrar sus tickets agradeciendo al presidente del gobierno el descuento… que en realidad estamos pagando todos los contribuyentes.
Por si no fuera poco la única preocupación de la ministra de Hacienda cuando anunció la medida fue precisamente que el descuento apareciera bien marcado en el ticket de compra mientras que en el Boletín del Estado dejaba en el aire los pagos del Estado a las gasolineras de las cuantías adelantadas. No solo es que tuvieran que pedir ese dinero a posteriori sino que en el texto decretado por el gobierno abría la posibilidad a que esas devoluciones no llegaran nunca y se dieran por “desestimadas” dejando a los empresarios con un agujero en su tesorería que solo podría solucionarse a través de un farragoso y largo calvario burocrático de recursos y contenciosos administrativos. Así se entiende la solidaridad burocrática de unos políticos que jamás han dependido del libre mercado para ganarse la vida pues lo tienen asegurado por la vía de los sueldos públicos y todo tipo de cargos en los que se van colocando a pesar de que dimitan o se vean envueltos en casos de corrupción.
A lo que se ha negado el gobierno español en reiteradas ocasiones ha sido en bajar los impuestos de los carburantes, una mordida que encarece notablemente la factura ya que a los impuestos especiales hay que sumar los impuestos indirectos. Una medida que habría tenido un efecto inmediato, no habría generado caos ni incertidumbre en su aplicación y, además, acercaría los precios al valor real de los carburantes, permitiendo que la información que transportan los precios envíen las señales adecuadas a los consumidores. Mientras tanto, nos encontramos ante un mercado altamente intervenido en el que las decisiones de consumo están distorsionadas por unos precios elevados artificialmente por los políticos.En Canarias el tipo del IGIC al 0% sobre los carburantes y la bonificación temporal de los impuestos especiales diseñada por el gobierno Canario, es el espejo de lo que sí se podría haber hecho para afrontar esta situación desde el poder político a nivel nacional. Otro ejemplo de lo beneficiosa que puede llegar la competencia fiscal entre regiones. La política no puede basarse únicamente en recaudación ni a toda costa, aunque el bienestar de los políticos dependa de ello.
Todo porque el gobierno central está haciendo caja con la crisis inflacionaria y energética. La recaudación no deja de recuperarse al tiempo que las previsiones de crecimiento se esfuman y la recuperación se ha demostrado una falsa promesa que no llega a cumplirse. Todas las señales que envía la economía, subida de tipos, elevada inflación, final de los programas de compra de activos por los bancos centrales y la inversión de la curva de los tipos de interés están avisandonos de que se acerca una crisis. Los mismos responsables políticos que deberían estar advirtiendo a la población de que se prepare para ello y tome así las decisiones adecuadas no deja de mentir y ver brotes verdes que solo crecen en sus jardines ministeriales. Y es que mientras la población se empobrece ellos cobran mayor porcentaje de impuestos al tiempo que los salarios y los ahorros se devalúan. Igual que ocurrió con la compra de material sanitario durante la pandemia, en contratos de “emergencia” cuyos detalles ahora empezamos a conocer y cuyo alcance real probablemente no llegaremos a conocer completamente. Es el mundo ideal de los malos gestores políticos que se han vuelto adictos al endeudamiento… con el dinero ajeno.
