La caída del régimen chavista ha reactivado un debate recurrente: si la intervención de Estados Unidos en Venezuela respondió, fundamentalmente, al interés por apropiarse de su petróleo. La hipótesis parece intuitiva en un país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Sin embargo, cuando se analizan con detalle las cifras reales de la industria petrolera venezolana y se las pone en relación con el estado general de la economía, esta explicación pierde fuerza y deja paso a un diagnóstico mucho más complejo sobre el futuro inmediato del país.
Los cálculos del economista Juan Ramón Rallo permiten dimensionar con bastante precisión el verdadero peso económico del petróleo venezolano en la actualidad. La producción ronda hoy el millón de barriles diarios, lo que equivale a unos 365 millones de barriles al año. Se trata, además, de crudo pesado o extrapesado, mucho más costoso de transportar y refinar que el petróleo ligero. Por ese motivo, se comercializa con descuentos significativos frente al precio del Brent.
Con el Brent en torno a los 60 dólares por barril y aplicando un descuento conservador de unos 10 dólares -frecuentemente mayor-, el barril venezolano se vende aproximadamente a 50 dólares. A ese precio, los ingresos brutos anuales de toda la producción ascenderían a unos 18.000 millones de dólares. Conviene subrayar que se trata de ingresos, no de beneficios.
Una parte sustancial de los costes procede del uso de diluyentes. Para exportar su crudo extrapesado, Venezuela debe mezclarlo con petróleo ligero importado. Aproximadamente, cada barril exportado requiere un tercio de barril de petróleo ligero, cuyo precio ronda los 60 dólares. Solo este concepto supone un coste de entre 15 y 18 dólares por barril. El ingreso neto tras incluir el diluyente en el cálculo se reduce así a unos 32–35 dólares por barril, antes incluso de considerar los costes de extracción, mantenimiento de infraestructuras, amortización del capital y costes financieros.
Incluso asumiendo un escenario extraordinariamente optimista, el margen de beneficio neto difícilmente superaría el 20 % del precio de venta, es decir, unos 10 dólares por barril. Con esa hipótesis, los beneficios netos anuales de toda la industria petrolera venezolana estallarían entre los 3.500 y los 4.000 millones de dólares. Para poner esta cifra en contexto, basta recordar que los ingresos del gobierno federal de Estados Unidos superaron en 2025 los 5,2 billones de dólares. Incluso en el mejor de los casos, el beneficio petrolero venezolano no alcanzaría ni el 0,1 % de esos ingresos. Por incluir una comparación más cercana y accesible, Canarias contempla en su presupuesto para este año 2026 una cantidad superior ya que son 4.833 millones de euros los que dedicaremos a ese fin.
Además, ese cálculo es todavía generoso. Parte de la producción debe destinarse al consumo interno y resulta poco verosímil que la totalidad de los beneficios de exportación se transfieran a Estados Unidos. Lo habitual, como muestran experiencias históricas, es un reparto entre el estado anfitrión y las empresas extranjeras. En ese escenario, el beneficio atribuible a Estados Unidos estaría más cerca de los 2.000 o 3.000 millones de dólares anuales. Una cantidad marginal incluso para economías mucho más pequeñas. Por ponerlo de nuevo en contexto local, a educación en las islas dedicamos una cantidad de 2.313 millones de euros.
El debate se desplaza entonces hacia la posibilidad de aumentar la producción. Históricamente, Venezuela llegó a producir entre 3 y 3,5 millones de barriles diarios, y durante el chavismo alcanzó picos cercanos a los 3 millones. En un escenario optimista, podría aspirar a volver a esos niveles. Pero incluso así, a precios actuales, los beneficios totales de la industria se situarían en torno a los 13.000 o 14.000 millones de dólares anuales, a repartir entre el Estado venezolano y las compañías operadoras. Para Estados Unidos seguiría siendo una cifra irrelevante y sería el equivalente en dólares al presupuesto de Canarias para este año (14.614 millones $).
Lo más importante es que ese escenario no sería inmediato. La infraestructura petrolera venezolana ha sido profundamente degradada por décadas de desinversión, corrupción y politización. Su reconstrucción exigiría inversiones de decenas de miles de millones de dólares y muchos años de trabajo. La experiencia de Irak resulta ilustrativa: tras la guerra y con presencia directa de Estados Unidos, el país tardó casi una década en recuperar sus niveles de producción previos. En el caso venezolano, el daño productivo e institucional ha sido, en muchos aspectos, más profundo. Por no contar que el personal más cualificado dedicado a esa industria se fue del país y lo primero que habría que hacer es recuperarlo.
Este diagnóstico petrolero conecta directamente con el estado general de la economía venezolana. Entre 2013 y 2023, el PIB real del país se contrajo en torno a un 70–75 %, según estimaciones de organismos internacionales. Se trata de una caída acumulada excepcional en tiempos de paz, comparable solo a la de economías que han sufrido guerras civiles prolongadas o colapsos estatales severos. Más relevante aún que la magnitud del desplome es su persistencia: tras el hundimiento inicial, la economía no mostró una recuperación sostenida, sino una prolongada meseta de estancamiento.
Aquí resulta especialmente útil el marco empírico del paper del National Bureau of Economic Research (NBER) The Economic Consequences of War, de Benmelech y Monteiro. El estudio analiza 115 conflictos armados en 145 países durante los últimos 75 años y documenta un patrón claro: tras el inicio de un conflicto, el PIB real cae de media un 13 % y no recupera su nivel previo ni siquiera diez años después. En los conflictos internos —guerras civiles— el daño es aún mayor, con caídas cercanas al 20 % y una recuperación prácticamente inexistente.
Venezuela no ha vivido una guerra convencional, pero su trayectoria macroeconómica reproduce ese patrón de caída persistente. No se trata de una recesión cíclica ni de un ajuste transitorio, sino de una destrucción duradera de la capacidad productiva. El paralelismo se refuerza cuando se analiza la inversión. El paper del NBER muestra que la inversión se hunde tras los conflictos y no se recupera, incluso cuando la destrucción de capital debería, en teoría, elevar su rentabilidad marginal. La explicación reside en el colapso del crédito: el crédito doméstico real cae más que el PIB y permanece deprimido durante años, bloqueando la reconstrucción.
El alcance del daño económico venezolano resulta más comprensible cuando se compara con episodios históricos extremos. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania experimentó uno de los colapsos económicos más severos jamás registrados en una economía industrial avanzada. Según documenta Adam Tooze en The Wages of Destruction, entre 1944 y 1946 la producción industrial alemana se desplomó entre un 75% y un 80% respecto a los niveles de preguerra, mientras que el PIB real se redujo en torno a un 66 %. Cerca de una cuarta parte del parque de viviendas quedó destruido, las infraestructuras de transporte y energía estaban inutilizadas y el sistema monetario había dejado de cumplir su función básica: el Reichsmark era prácticamente inservible y gran parte de la actividad económica se realizaba mediante trueque o mercados paralelos. A ello se sumó una profunda dislocación del capital humano, con millones de muertos, desplazados y una administración pública desorganizada. Lo relevante es que, pese a contar con una población altamente cualificada y con ayuda exterior masiva, la economía alemana no inició una recuperación sostenida hasta varios años después, y solo tras profundas reformas institucionales y monetarias. La experiencia alemana ilustra que, cuando se destruyen simultáneamente el capital físico, el sistema monetario, el crédito y las instituciones, la recuperación no es automática. Este precedente histórico ayuda a dimensionar la magnitud del reto venezolano: una economía que, sin haber pasado por una guerra, ha erosionado por vías políticas muchos de los mismos pilares cuya destrucción dejó a Alemania sumida en una economía de posguerra.
En Venezuela, la inseguridad jurídica, las expropiaciones, la politización del sistema financiero y la pérdida de confianza eliminaron el crédito como instrumento de asignación eficiente del capital. Sin crédito no hay inversión; sin inversión no hay crecimiento. El resultado es una economía atrapada en una dinámica de supervivencia, muy similar a la descrita para países que salen de conflictos internos.
A este colapso del capital físico se suma un fenómeno decisivo: la emigración masiva. Más de 9 millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, lo que equivale a cerca de un tercio de la población. No se trata solo de un éxodo cuantitativo, sino cualitativo. Una parte sustancial de los emigrantes pertenece a los tramos más jóvenes y más formados de la población: profesionales, técnicos, emprendedores y trabajadores cualificados. Desde el punto de vista económico, esto supone una destrucción adicional del capital humano.
La literatura económica ha subrayado reiteradamente que la emigración forzada no solo reduce la población activa, sino que rompe redes productivas, empresariales y de conocimiento. El paper del NBER muestra que, tras los conflictos, la pérdida de capital humano contribuye a explicar por qué el PIB no se recupera incluso cuando cesa la violencia. Venezuela encaja de nuevo en ese patrón: la huida masiva de población actúa como un freno estructural a cualquier rebote económico.
El análisis fiscal y monetario refuerza el paralelismo. Benmelech y Monteiro documentan que, tras una guerra, los ingresos públicos caen mientras el gasto se mantiene, aumentando la probabilidad de déficits persistentes. Estos déficits se financian mediante emisión monetaria e inflación. El nivel de precios aumenta cerca de un 50 % de media y la inflación actúa como un impuesto encubierto que erosiona el valor real de la deuda y de los ahorros.
Venezuela llevó este mecanismo al extremo. La monetización del déficit no fue coyuntural, sino estructural. La hiperinflación no fue un accidente técnico, sino la consecuencia lógica de un Estado que sustituyó productividad y crédito por emisión monetaria. El efecto acumulado fue devastador para el ahorro interno, la inversión y la confianza.
El comportamiento del tipo de cambio completa el cuadro. En los países en conflicto, la moneda se deprecia fuertemente —hasta un 180 % en una década— sin mejorar la competitividad exterior, porque la depreciación se traslada íntegramente a los precios internos. No hay ganancia real, solo empobrecimiento. Venezuela ofrece un ejemplo casi de manual de este fenómeno.
Desde esta perspectiva, el petróleo aparece no como un salvavidas inmediato, sino como un recurso limitado dentro de una economía con daños estructurales comparables a los de la posguerra. Incluso en el escenario más favorable, la renta petrolera no bastaría para reconstruir rápidamente el capital productivo perdido ni para compensar la pérdida de capital humano. La evidencia comparada del NBER muestra que las economías devastadas tardan décadas en recuperar su capacidad, incluso cuando cuentan con ayuda externa y estabilidad política.
El escenario que se abre en Venezuela es, por tanto, el de una reconstrucción larga y compleja. No se trata solo de aumentar la producción de petróleo, sino de rehacer instituciones, restaurar el crédito, recuperar capital humano y devolver la confianza. Las cifras del petróleo desmontan la idea de un botín económico inmediato; los datos de PIB, emigración y capital humano advierten de que la recuperación, incluso en las mejores condiciones, será lenta. Venezuela no sale solo de un régimen político, sino de un colapso económico con claros rasgos de posguerra, aunque no haya habido guerra.
En cifras
- La caída del PIB entre 2013 Y 2020 ha sido de un 75%.
- Las guerras provocan pérdidas en riqueza del 13% en promedio
- Ha pasado de producir 3 millones de barriles de petróleo diario a menos de un millón.
