Los tambores de guerra cada vez resuenan más fuerte en Europa hasta el punto de que países como Francia o Alemania se plantean seriamente recuperar el servicio militar obligatorio. La mili de toda la vida, envuelta en retórica de seguridad, valores cívicos y patriotismo de despacho amenaza con regresar cuando ya la habíamos dado por superada.
Más allá de los discursos pacifistas, lo cierto es que la mili es una expropiación forzosa de tiempo y talento, concentrada precisamente en los años más fértiles y productivos de la vida. Consiste en arrancar a millones de jóvenes de sus estudios, de sus primeros trabajos, de sus empresas incipientes o de su formación especializada para convertirlos en recursos administrativos al servicio de intereses políticos que ellos no han decidido.
El coste de oportunidad, tanto en lo personal como para toda la sociedad, es enorme. Una fuerza productiva y creadora que el Estado absorbe totalmente para desfilar y hacer otras funciones que, en muchos casos, podrían hacer máquinas. En el pero de los desenlaces, estos jóvenes que son utilizados como carne de cañón pueden morir o sufrir heridas graves, lo que no es descabellado teniendo en cuenta que el interés principal de los gobiernos por recuperarla es la posibilidad real de tener que emprender una guerra con Rusia que podría costar millones de vidas.
Tampoco resultan muy acertados los argumentos a favor de su obligatoriedad como un servicio cívico en el que la juventud puede aprender valores… como si no hubiera otras formas voluntarias de crecer en lo personal sin necesidad de ponerse a las órdenes de un mando militar. Los padres que quieran disciplinar a sus hijos tienen mecanismos de sobra para hacerlo y tampoco es necesario encerrar a la gente en barracones para conocer otras formas de ver el mundo desde otras realidades sociales o geográficas.
El liberalismo –que no puede restringirse a lo meramente económico– ha criticado históricamente el servicio militar obligatorio. Murray Rohtbard quizá haya sido uno de sus autores que más claramente lo haya expuesto al afirmar que el servicio militar obligatorio es “pura y simplemente esclavitud” porque no “hay retórica sobre el bien común puede alterar ese hecho básico” al tener que obligar a un joven a empuñar un arma bajo amenaza de cárcel o multa no es un contrato social; es coerción pura.
Desde un punto de vista más económico, Milton Friedman también apuntó a que el reclutamiento forzoso suprime los incentivos del mercado al impedir que los individuos elijan libremente sus ocupaciones y genera ineficiencias.
Pero es que incluso Thomas Hobbes, el padre teórico del Estado moderno, sostuvo que ningún hombre puede estar obligado a sacrificarse a sí mismo por un supuesto bien común. Así, aunque el autor de el Leviatán defendía que muchas veces los intereses particulares debían quedar supeditados por el contrato social que habían firmado todos con todos, el derecho a la autopreservación era el motivo, precisamente, por el que se cedía ese poder al Estado y por tanto no se podía renunciar a él. Paradójicamente, el Estado de Derecho del siglo XXI se le permite justificar lo que no se le permitía a un gobernante absolutista del siglo XVI.
Pocos países conservan el ideal revolucionario de un pueblo en armas capaz de defenderse a sí mismo. Tampoco es lo que interesa a los actuales burócratas, que prefieren funcionarios uniformados dispuestos a cumplir sus órdenes, incluso cuando son cooptados forzosamente. De hecho es algo a lo que temen, y por eso se reservan el monopolio del uso de la violencia.
La alternativa de un ejército voluntario, donde los salarios reflejan la oferta y la demanda, es no solo más justo, sino más eficiente como de hecho ocurre ya en zonas de guerra donde actúan este tipo de fuerzas subcontratadas por los estados.
Si aceptamos este nivel de expropiación vital, es porque durante las últimas décadas el Estado nos ha convencido de que trabajar la mitad del año para él no es un saqueo, sino “solidaridad”. Pero se nota menos, eso sí. Un servicio civil, si se quiere, que tenemos que pagar en diferido pero que también es muy gravoso porque cargamos con él a lo largo de toda nuestra vida.
Quizá, al final, el debate sobre la mili tenga un efecto inesperadamente saludable porque visualiza esta expropiación. Tal vez obligue a muchos a preguntarse por qué aceptan sin rechistar que el Estado se lleve años de su trabajo vía impuestos, ahora que aspira a quedarse con un año entero de su vida por decreto. En ese espejo incómodo se refleja una verdad que hemos preferido ignorar demasiado tiempo.
