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Fernando Clavijo: “Si hay inseguridad jurídica, la inversión se va”

3 de mayo de 2023
Fernando Clavijo
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¿Qué balance hace de los últimos cuatro años en Canarias?

Ha sido una legislatura compleja marcada por hechos de alcance internacional como la pandemia o la inflación causada por la invasión rusa en Ucrania, pero también por situaciones de ámbito canario como la crisis turística derivada de las restricciones del Covid-19, la erupción del volcán en La Palma, la crisis migratoria o el giro de España en las relaciones con Marruecos. La exigencia ha sido alta, pero el Gobierno de Canarias no ha estado a la altura. Ha hecho lo que Madrid le ordenaba sin atender a las necesidades objetivas de un territorio diferente en el que no se pueden aplicar las mismas medidas que en el continente. Y ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha mantenido un perfil bajo para no importunar a sus jefes en Madrid. Lo resumió bien el ministro Bolaños cuando dijo que Torres es un presidente que no da problemas. Pero la pregunta es, ¿problemas a quién? ¿A los jefes de su partido?

A su juicio, ¿cuál cree que es el principal problema económico de las Islas?

Sin duda, el empleo, la productividad y, por añadido, los salarios. Canarias tiene que seguir avanzando en su convergencia con los niveles de desarrollo del conjunto del Estado y de la Unión Europea. Y eso, por desgracia, no se ha hecho en estos cuatro años.

A principios de este siglo, Canarias había logrado converger en PIB per cápita con el resto del territorio nacional, pero en los últimos años se ha agudizado el rezago. ¿A qué es debido? ¿Cuál cree que sería la principal política pública a implementar para revertir esta situación?

El primer reto de Canarias debe ser el empleo, el trabajo. La tasa de paro en las islas sigue siendo inasumible por varias razones. Porque se está cronificando una situación basada en capas de economía irregular y por el traslado a una cobertura pública que no siempre es posible cumplir en tiempo y forma. Pero en CC sabemos, porque ya lo hicimos, que la tasa de paro puede reducirse y el objetivo debe ser una tasa inferior al 10% en 2030 o, al menos, equipararnos a la media estatal. Tenemos que ofrecer nuevas herramientas a quienes tienen más dificultades para retornar al mercado laboral a través de la formación permanente. Existen muchas medidas en las que debemos trabajar, empezando por el empleo juvenil. Esa sí que es una situación de emergencia que requiere respuestas más eficaces.

La productividad lleva estancada en las Islas casi tres décadas, sin embargo, merece poca atención por parte de los políticos, medios y académicos. ¿Qué importancia le da a la productividad? ¿Cree que se podría hacer algo para colocarla en guarismos aceptables?

La productividad es un elemento definitorio de la calidad social y económica de un pueblo y de un territorio. Y es imprescindible responder con solvencia a todos los desafíos económicos y sociales presentes y de futuro. El modelo de desarrollo de Canarias no es consumir más territorio ni explotar recursos naturales de manera insostenible, sino generar conocimiento de calidad en I+D y en las empresas para lograr transferirlo de forma más rápida y efectiva al sistema económico. Esta cadena de valor del conocimiento, con la implicación de agentes públicos y privados, debe atenderse con una inversión sostenida, con un seguimiento estricto y ordenado, y los fondos europeos deben apoyar este camino. También tenemos que mejorar nuestra renta disponible, tanto en el nivel del PIB per cápita como en índices de productividad y tasa de paro, sobre todo de larga duración y juvenil, a partir de la capacidad de reinversión de los beneficios empresariales y del tamaño de las empresas.

Numerosos sectores de nuestra economía deben su sostenibilidad económica a las subvenciones. ¿Qué límite deben tener estas ayudas?

No se trata de subvenciones sino de las compensaciones que reconoce nuestro REF debido a la lejanía del continente. Somos una región ultraperiférica y somos un archipiélago, y de ahí se deriva una serie de costes que van desde el transporte hasta el almacenaje de mercancías. Si Canarias tiene que jugar con las mismas reglas de la UE, que amparan la libre circulación de trabajadores y de capitales, evidentemente para poder estar en un plano de igualdad necesitamos compensaciones. A partir de aquí, el límite está en todo lo que se estudie pertinente para compensar la lejanía y la insularidad. Canarias no tiene que tener complejos a la hora de decir que hay determinados sectores económicos como el industrial o el sector primario que tienen que recibir compensaciones para estar en un mismo plano de igualdad. Igual que Canarias no puede ser un centro financiero o no puede tener ventajas fiscales que superen los límites marcados por la UE, obviamente debemos tener esas compensaciones.

¿Es partidario de reducir el impacto de impuestos como el AIEM?

Precisamente, el AIEM está encajado en nuestro REF para gravar la entrada de determinados productos con el objetivo de proteger a la industria local. Ocurre que han pasado muchos años y ese AIEM no se ha revisado porque en los últimos años se ha tenido más con un perfil recaudatorio que como elemento de protección efectiva y real de la industria local. En Coalición no estamos por quitar el AIEM sino poder revisarlo, actualizarlo y analizar si de verdad ha servido para proteger a la industria local. Y si hay que darle una vuelta para mejorarlo, actuar en esa dirección.

La Tasa verde se ha constituido, sobre todo lo que afecta a las comunicaciones aéreas, en una grave amenaza para Canarias. ¿Confía en que pueda salvarse la excepción? ¿No es contradictorio el haber declarado la emergencia climática antes que nadie?

Es una de las contradicciones más flagrantes de este Gobierno de Canarias, que ha preferido hacer propaganda de medidas que, es cierto, son necesarias para combatir los efectos perniciosos del cambio climático, antes de trabajar para equilibrar esta voluntad con el necesario sostenimiento de nuestra economía. Y la tasa verde, como usted sabe, es un recurso positivo en el conjunto de España y de Europa, pero a un destino turístico como Canarias nos puede hacer un roto muy grande. En CC estamos trabajando para defender la singularidad canaria ante la tasa verde porque, si se hace tabla rasa en todo el territorio nacional y europeo, este modelo de viajes de ocio y turismo puede resentirse por un excesivo aumento de los precios del transporte aéreo. Y no solo el turismo, también el derecho a la movilidad de una sociedad que no tiene, ni tendrá, como es obvio, alternativa terrestre al avión. Tenemos que retomar la actividad en Bruselas para la defensa de Canarias después de cuatro años de una dejación absoluta. No solo se trata de la tasa verde aérea sino los nuevos derechos de emisiones, que van a suponer un encarecimiento de los billetes, y la tasa que también se prevé aplicar al transporte marítimo.

Hemos visto en los últimos tiempos que movilizaciones ciudadanas han paralizado proyectos que parecían poder desarrollarse sin más complicaciones. De un lado, se paralizan; en otros, se ralentizan. ¿No puede esto explicar la falta de atractivo inversor que presentan las islas frente a otros territorios más empeñados en garantizar la seguridad jurídica?

Efectivamente, parece que el entramado burocrático ha generado inseguridad jurídica y sabemos que si hay inseguridad jurídica la inversión se va. No tiene sentido que proyectos con licencias que cumplen todos los requisitos legales, desde las declaraciones de impacto ambiental hasta disponer de instrumentos de desarrollo urbanístico, con licencias incluso de sus ayuntamientos, se vean sometidos a una inseguridad jurídica que tiene mucho que ver, en ocasiones, con la pelea entre funcionarios y entre partidos políticos en distintas administraciones. Por lo tanto, lo que necesitamos es un sistema legal simple que obviamente proteja el territorio, pero que sea fácil de cumplir para que se dote de seguridad jurídica y el inversor que quiera actuar en las islas sepa que si cumple con los requisitos tendrá su licencia para poder desarrollar su producto, su negocio, su hotel o su promoción, para poder obtener un beneficio. Pero lo que ahora tenemos es inseguridad jurídica.

En relación con lo anterior, una protección del suelo excesiva o muy celosa, ¿no puede complicar más el futuro de las islas?

En Coalición siempre hemos sido, y somos, partidarios de proteger nuestro suelo, y protegerlo de manera celosa. Pero no puede ser que el suelo que las administraciones han decidido destinar a la actividad económica, ya sea con planes generales, planes territoriales o planes de ordenación insular, luego se vea sometido a un entramado jurídico que impida o que sufra de una mayor inseguridad jurídica. La ordenación tiene que ser simple y rigurosa para proteger nuestro principal bien, nuestra naturaleza, nuestro paisaje, nuestro clima, que es por lo que vienen a visitarnos 14 ó 15 millones de turistas al año y que es nuestra principal fuente de riqueza. Por eso no podemos convertir este objetivo en una carrera de obstáculos difíciles de superar.

¿Están las Islas superpobladas?

Esta pregunta no se puede responder con un monosílabo, con un sí o un no. No es tan sencillo entre otras cosas porque hay islas que tienen mucha población y otras que no. ¿Podemos actuar igual en Gran Canaria o en Tenerife que en El Hierro o en La Palma? Es evidente que no. Ahora bien, dicho esto, los hechos y los datos nos dicen que la población ha crecido mucho en últimas décadas y que deberíamos abrir un debate serio y riguroso sobre el camino que queremos seguir como sociedad y como economía. No es bueno que partidos y dirigentes políticos agiten el factor poblacional para esconder su incapacidad para dar respuestas a los retos y a las necesidades presentes y futuras de Canarias. Nosotros vamos a plantear la creación de una Consejería de Reto Demográfico y Transición Ecológica para hacer frente a estos dos desafíos a través de una estrategia conjunta adaptada a la realidad de cada uno de los territorios insulares.

¿Cree que tiene encaje legal la limitación de compra de propiedades a no residentes?

Esa intención siempre ha generado suspicacias. ¿Cómo se puede limitar un derecho básico como es la propiedad privada a unos ciudadanos de otros países europeos que quieren venir a vivir con nosotros? Esa es una pregunta que ya se ha planteado abiertamente en Europa, y la respuesta ha sido que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas, por parte de nacionales de la UE no residentes. Se podría plantear que se establezcan restricciones, especialmente en los territorios insulares con una alta concentración poblacional, pero habría que debatirlo en el seno de la UE.

Llegamos a la recta final de la legislatura y arranca la campaña electoral, con lo que se volverá a hablar de la necesidad de cambiar el modelo productivo de las Islas. ¿Cree que es necesario? En tal caso, ¿qué propone su partido para que tal cosa pueda ocurrir?

Nuestra principal fuente de riqueza es el turismo y va a seguir siéndolo durante muchos años. Y ahora tenemos que lograr que esa locomotora que tira de nuestra economía ayude a desarrollar el resto de sectores. Ya pusimos en marcha programas como ‘Crecer Juntos’ para que el turismo tirase del sector primario y que ese sector primario sea también un atractivo turístico a través del consumo de productos típicos canarios. También hemos impulsado la conexión con el sector turístico para que compre productos hechos en Canarias, o abrirnos a nuevas profesiones como por ejemplo los e-sports, aunque el actual Gobierno de Canarias boicoteó la iniciativa, y nuevas actividades económicas que, aunque no son intensivas en mano de obra, sí permiten trabajar en las islas. Pero todo debe pivotar siempre alrededor del turismo como palanca para impulsar actividades nuevas. Porque no conozco ninguna sociedad que sea exitosa, y Canarias es un producto de éxito en el sector turístico, que renuncie a un producto que genere riqueza y empleo. Tenemos que aprovechar todo esto para diversificar la economía, pero se ha fallado principalmente porque el REF no se ha cumplido y en Coalición exigimos que se cumpla porque si se cumple y las compensaciones son ajustadas de verdad a los costes reales, nos permitiría desarrollar más actividades económicas. Y no ha ocurrido porque el entramado burocrático en las islas ha ahuyentado determinadas inversiones o porque el volumen económico canario no permite que se instalen, por ejemplo, plantas de reciclaje que puede ser un buen nicho de negocio en el futuro. Insisto: se tiene que cumplir el REF y que se adapte a la situación real para compensar esas desventajas de Canarias como región ultraperiférica. Con un REF que se cumpla de verdad, con un sector turístico con compromiso empresarial para tirar de otros sectores, y con mayor seguridad jurídica en la regulación del suelo, la sociedad canaria podrá avanzar, mejorar las rentas disponibles en los hogares y tener un futuro más prometedor

Entrevista publicada en el número 89:

Portada LGE 89