El Foro Regulación Inteligente nació en 2017 para promover lo que se conoce como smart regulation en España mejorando y simplificando el entorno normativo. A diferencia de otros think tanks no se limita a elaborar estudios sino que también se los presenta a las autoridades públicas lo que les ha llevado a participar en una veintena de reformas económicas en administraciones a nivel nacional, autonómico y local lo que en en palabras de su director, Diego Sánchez de la Cruz se ha traducido en “mejoras concretas que le cambian la vida a la gente para mejorar en su faceta de consumidores, trabajadores o empresarios”. Estas iniciativas hicieron que el año pasado la Fundación Atlas les reconociera como una de las instituciones finalistas del prestigioso premio Templeton Freedom Award. Aunque la burocracia suponga un freno al potencial económico de España, Sánchez de la Cruz es optimista y piensa que como ya ha demostrado en el pasado nuestro país no está condenado a la mediocridad y puede tomar medidas para corregir el rumbo que ha tomado en los últimos años.
¿Puede haber una regulación inteligente o es una contradicción?
La mayoría de economías líderes a nivel global o en la mayoría de sectores punteros dentro de las distintas ramas de la producción privada, lo que solemos encontrar como denominador común es el hecho de que hay un marco regulatorio inteligente, entendiendo como tal un conjunto de normas que sean sencillas, claras, estables y que estén diseñadas de la mano con las empresas del sector y desde un entendimiento de cómo funciona esa parte de la actividad económica. Entonces sí, claro que la puede haber y, de hecho, la hay, es el rasgo central de las economías más competitivas del mundo. Lamentablemente en muchos otros países lo que tenemos es todo lo contrario: un exceso de burocracia, una legislación mal diseñada, una superposición de leyes y normas de distintas instancias administrativas. De ahí que todo lo que resulta de eso es un coste que es incluso más grave que los impuestos porque los impuestos son más visibles y legibles, tienen cierta transparencia. Por poner un ejemplo sencillo se entiende mejor una tasa del 30% sobre los ingresos que una superposición de cientos de regulaciones que pueden suponer un coste superior pero como se dan por acumulación y la inercia burocrática en la que cae el legislativo funcionan como piedras en la mochila de los creadores de riqueza y empleo que al final son un lastre para la economía.
¿El traslado de la sede de Ferrovial fuera de España puede achacarse a esta maraña burocrática y la inseguridad jurídica que genera?
A mí me gusta ser justo con la situación. España no es el país con mayor inseguridad jurídica, pero a nosotros no debería servirnos estar en una posición media a nivel global sino que debemos compararnos con los países de nuestro entorno que son con los que competimos para atraer capital, talento e inversiones. Cuando hacemos esta comparativa ahí sí que es verdad que España presenta un marco regulatorio y un grado de seguridad jurídica marcadamente inferior al que hay en otros países de la Unión Europea. Y esto sí que nos tienen que obligar a una reflexión porque sí es verdad que tenemos mayor seguridad que países de otras latitudes pero, por ejemplo, hay muchas fortunas, empresas y trabajadores que están dejando muchos países de América Latina porque la inseguridad jurídica es mayor. Todo hay que medirlo en clave relativa pero, insisto, en clave OCDE, nuestro marco regulatorio es mejorable y el precio que estamos pagando por tener este modelo de regulación tan onerosa y antiempresarial al final se puede estimar en dinero pero también se puede visibilizar con casos concretos de muchas compañías que se van. Otro ejemplo: en el sector de la energía renovable en España ofrecimos unas primas, luego las retiramos, luego aplicamos un impuesto que las modifica por la puerta de atrás y todo aquello resultó en decenas de procedimientos internacionales que ahora España está impagando a pesar de haberse personado en todos los procesos y haberse gastado ya 250 millones en costes financieros y legales. Por acumulación de todo esto de España se han ido compañías como NextEra, que es la empresa más grande inversión renovable en EE.UU. o E.On, que es una de las empresas de referencia en el ámbito de la energía. Incluso un gobierno y un país que dicen ser promotores de la energía renovable lo que hacen con este marco regulatorio de este tipo es espantarla. Otro ejemplo práctico ahora mismo, hay un sistema de hitos en este sector en el que se les exige más de cinco informes diferentes y que genera continuos cuellos de botella cada seis meses por la falta de tramitación de los expedientes. Un ejemplo más de que incluso en esos ámbitos en los que se supone que España quiere jugar un papel de liderazgo la regulación es tan mala que estamos haciendo todo lo contrario.
Es evidente que también hay un problema cultural, pensamos que los políticos pueden resolver cualquier conflicto a través de la regulación, ¿cómo visibilizar estos costes?
El primer paso es ser conscientes de la dimensión del problema, de cuál ha sido la acumulación de normativa en los últimos años y ahí las cifras lo que demuestran que las administraciones están publicando todos los años más de un millón de páginas de nuevas regulaciones. De entrada ya tenemos un aluvión que hace imposible el conocimiento efectivo de la legislación en vigor de forma que aunque estuviéramos las 24 horas de todos los días del año dedicados a leer le legislación que se aprueba en España no podríamos hacerlo. Partimos de un problema de acumulación muy importante. El siguiente problema es que la mayoría de las normas que se promulgan no derogan, sustituyen o superan las vigentes sino que añaden nuevas cargas y continuamente hacen referencias y enlaces entre sí de forma que si quieres empaparte de toda la legislación del sector turístico en lugar de tener un norma, aunque fuera muy prolija, pero clara y estable en el tiempo, sería el librito al que aferrarse sobre todo lo que se puede hacer en ese sector. Pero en España tenemos un sinfín de nomas que afectan al sector turístico a nivel nacional, autonómico y municipal que además están enlazadas entre sí y que incluso plantean escenarios de contradicción como hemos visto recientemente en un episodio bastante lamentable en el que dos ministerios modificaban una misma norma en el mismo día sin haberlo notificado el uno al otro, Trabajo e Igualdad actuaron sobre el régimen sancionador de la parte de las relaciones laborales y tocaron un mismo articulado sin que existiera diálogo entre ellos. Otro problema es el coste de la regulación. Una vez que se impone una regulación puede haber algunos beneficios derivados de la misma, el problema es que ese cálculo debe hacerse en virtud de los costes. Por ejemplo: si sobre el papel se justifica una regulación que va a producir 1.000 millones de beneficios para un colectivo o sector a priori parece una buena noticia pero si no he realizado sin embargo un estudio de cuáles son esos costes que puedo estar perdiendo lo que no se ve que quizá esa misma regulación también impone un coste a otras ramas de la economía o de forma dispersa al conjunto de la producción. Entonces ahí tendríamos otro problema mayúsculo porque solo se considera un efecto directo de la regulación pero no sus costes indirectos, implícitos e inducidos. Pero además no se revisa con el tiempo que sería lo lógico, ir estableciendo una evaluación de qué resultado ha tenido la normativa, cuál era objetivo original, hasta qué punto se ha cumplido, qué costes se derivan de su implementación y, finalmente, hasta qué punto es conveniente mantenerla y no simplificarla, superarla, derogarla o refundirla con normativa preexistente o de nueva creación.
El traspaso de competencias a las autonomías ha favorecido la hiperregulación y fragmentación regional pero ¿hay diferencias entre unas y otras?
Las autonomías o ayuntamientos que están empezando a mover ficha son pioneras en este ámbito pero no es sencillo determinar cuáles son las expectativas que podemos tener y hasta qué punto podemos lograr un salto adelante significativo. Pero de momento sí que se empiezan a observar algunos cambios a mejor. Un caso paradigmático sería el de la Comunidad de Madrid que a pesar de tener un modelo económico facilitador de la economía privada es verdad que a lo largo de las últimas décadas sí que cayó en ese tipo de inercia burocrática y regulatoria en el que cayeron muchas comunidades. Uno de los avances de la legislatura que ahora llega a su fin es que se han aprobado bastantes medidas de mejora regulatoria, de repliegue regulatorio e incluso de eliminación de regulación innecesaria. En Madrid por ejemplo se modificó la ley del suelo para facilitar el desarrollo de vivienda y la actividad constructiva, también se aprobó una ley llamada Ómnibus porque aglutina 50 derogaciones o modificaciones simplificatorias de legislación existente, se aprobó la la ley de mercado abierto que reconoce automáticamente licencias o permisos concedidos por otros ayuntamientos o comunidades del resto de España y se aprobó también una iniciativa de línea abierta contra la hiperregulación en la que se han tramitado más de 200 expedientes de normas que se han cambiado en virtud a las peticiones que han llegado a ventanilla. También ha habido algunos sectores como el ocio y la restauración se han beneficiado de la simplificación en temas de licencias o de horarios y más recientemente se ha dado un paso importante para simplificar y agilizar el papeleo y la regulación que afecta a los establecimientos hoteleros. Entonces la nota sería muy positiva pero hay que desarrollarlo en el tiempo y eso es lo que puede conseguir que Madrid dé un salto adelante. Y luego hay algunos otros casos notables como el ayuntamiento de Madrid que ha hecho mejoras en el ámbito de las licencias urbanísticas como lo ha hecho Málaga pero en general son temas que todavía están un poco en pañales en las administraciones. La Xunta de Galicia tiene una ley de simplificación administrativa que sobre el papel es interesante pero que necesitaría más desarrollo. La Junta de Extremadura, que está a la cola en libertad económica, ha empezado a tramitar también una ley para simplificar la manera en la que funciona su administración pero claro, con el track record que tiene la Comunidad hay que recibirla con cautela. Hay otros experimentos en marcha pero de momento solo Madrid ha conseguido cambios de calado que son prometedores.
¿Por qué hay empresas que prefieren ir a otros países antes que fijarse en Canarias donde existe un marco fiscal más favorable?
El sistema normativo y regulatorio de derecho común como el Reino Unido tradicionalmente ha resultado más atractivo para las empresas por aquello de que generan un entorno menos intervenido, más claro y que anima a la inversión. Aquí parece que en general en España la actitud de la regulación siempre es muy paternalista, quiere modificar conductas u orientar patrones de la producción de la manera que considera apropiada el político y si eso entra en conflicto entre las diferentes fuerzas representativas de la sociedad puede dar pie a que continuamente se den cambios u oscilaciones en uno u otro sentido. Y además todo viene con ese barniz del tufo intervencionista con el que vienen estas normas. El hecho de que Canarias teniendo un marco fiscal tan atractivo solo haya podido realizar parte de su potencial económico nos está diciendo que por la vía fiscal se han asentado algunas bases interesantes y ahora lo que toca es caminar por los demás senderos de lo que que conforman un marco de política económica atractivo. Esto es como en algunos países del mundo en los que los impuestos también son bajos pero el entorno regulatorio no genera una sensación de seguridad jurídica y de incentivo a la actividad empresarial. En otras partes sucede al revés, hay países que no tienen una regulación tan compleja pero que tienen impuestos muy altos. Un caso evidente sería el de los países nórdicos donde por lo general hay regulación inteligente, eficacia judicial y quizá son menos competitivos por el flanco fiscal. Cuando ya has mejorado una de las palanca que tienes de política económica lo sensato e inteligente sería mantener esa conquista y profundizarla si fuera posible y sin embargo abordar todo lo demás que no se ajustado aún porque evidentemente si Canarias es un mercado UE y estando dentro de un mercado grande y cierto poder estratégico como el que tiene España lo cierto es que tener esos impuestos bajos acompañando de una regulación inteligente mejor planteada y un clima institucional que de verdad favorezca eso sí supondría un cambio estructural para Canarias.
Entrevista publicada en el número 90:
