cabecera_new

Román Rodríguez: “Debe definirse un modelo condicionado de crecimiento”

5 de mayo de 2023
romanro
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

¿Qué balance hace de los últimos cuatro años en Canarias?

A veces me refiero a este período como el cuatrienio trágico, dada la sucesión de crisis a las que nos hemos tenido que enfrentar. Pero, a pesar de las duras circunstancias vividas, el Gobierno de Canarias ha hecho frente a lo ordinario y extraordinario de estos años de manera eficaz, desde la estabilidad política y el compromiso social. Hemos gestionado más recursos financieros que nunca y hemos ejecutado mucho mejor que los gobiernos anteriores. Hemos reforzado los servicios públicos; hemos protegido a las familias, a las empresas y a los autónomos y hemos ayudado a los sectores más vulnerables de la sociedad. Hemos desplegado unos presupuestos expansivos –40.000 millones de euros en todo el período– sin subir impuestos y rebajando la deuda pública. Podemos decir que hemos empezado a cambiar –para mejor– las cosas en Canarias.

A su juicio, ¿cuál cree que es el principal problema económico de las Islas?

El problema que más impacto provoca en las familias es el desempleo. Y aunque hay que decir que estamos convergiendo –en términos de EPA– con el resto del Estado y las tasas de paro tienden a igualarse, precisamos seguir articulando políticas integrales de empleo que nos permitan insertar a nuestros estudiantes y formarlos en función de las necesidades del mercado laboral; las empresas tienen que encontrar aquí lo que demandan. De esa manera, también se modularían los crecimientos constantes de la población activa llegada de otros puntos.

A principios de este siglo, Canarias había logrado converger en PIB per cápita con el resto del territorio nacional, pero en los últimos años se ha agudizado el rezago. ¿A qué es debido? ¿Cuál cree que sería la principal política pública a implementar para revertir esta situación?

Efectivamente, mientras en el año 2000 el PIB per cápita de Canarias era del 99% del PIB per cápita de España, en el año 2019, antes de la pandemia, se había reducido al 80,3%. El PIB pe cápita es el cociente entre el producto social o la riqueza generada en un año dividido por la población residente en Canarias. A pesar de que la evolución del numerador, es decir del PIB, fuera igual que el de la media española, la divergencia se produce fundamentalmente por el incremento tan relevante que ha tenido el archipiélago en los últimos 20 años. Así en Canarias entre 2000 y 2020 la población ha crecido unas 550.000 personas (un 36%) mientras que en España hizo un 16% y en el País Vasco un 5%. Este fenómeno del incremento poblacional es complejo, pero hay que afrontarlo con serenidad y con realismo. Creemos que solo puede abordarse desde la planificación territorial de cada isla, definiendo un modelo condicionado de crecimiento, fundamentalmente de los alojamientos turísticos, en las cuatro islas turísticas. No debemos crecer más sino crecer mejor. Preocuparnos más por la calidad que por la cantidad. Potenciar la rehabilitación del stock de infraestructuras turísticas existentes y no tanto dedicar recursos a obra nueva. Para ello es imprescindible alcanzar grandes consensos políticos y sociales, primero en el diagnóstico de nuestra propia realidad y, luego, en las recetas para garantizar un buen futuro a las canarias y los canarios.

La productividad lleva estancada en las Islas casi tres décadas, sin embargo, merece poca atención por parte de los políticos, medios y académicos. ¿Qué importancia le da a la productividad? ¿Cree que se podría hacer algo para colocarla en guarismos aceptables?

La mejora de la productividad es un objetivo importante en cualquier economía. Mejorar la producción por unidad de factor de producción (trabajo y capital) empleado es lo que hace a una empresa más competitiva. Pero el cálculo de la productividad de la economía canaria no es nada sencillo ni hay datos continuos de su evolución. La medición de lo que se denomina “productividad aparente del trabajo”, es decir dividir el PIB anual por la población ocupada es completamente insatisfactorio para abordar realmente esta problemática. Hay que estudiar la productividad desde el ámbito microeconómico de las empresas, agregar estos datos al menos por ramas de actividad, porque es muy diferente la productividad en el sector industrial que en la hostelería por poner un ejemplo. La productividad de la economía canaria sería el agregado total de las productividades sectoriales en un año concreto. Para hacer esta comparación deberíamos tener esta información anualizada y publicada y no existe esta estadística oficial.

No obstante, hay que recordar que en lo fundamental la productividad tiene que ver con el desempeño da la función empresarial: la formación que ofrece a sus trabajadores, las aplicaciones tecnológicas que aplican y la organización de la actividad que emplean en sus procesos productivos. La productividad no la definen las administraciones públicas. Éstas, en todo caso, son responsables de la productividad de los empleados públicos, que sin duda es mejorable, pero estos solo suponen el 18% de toda la población ocupada existente en el archipiélago.

La responsabilidad de las administraciones públicas para mejorar la productividad global de la economía canaria consiste en generar un entorno normativo favorable a la actividad empresarial, fomentar la formación pública, especialmente la FP, orientada a las demandas de trabajo existentes e implementar las infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad digital, polígonos empresariales, planificación territorial, etc) que faciliten la actividad económica.

Numerosos sectores de nuestra economía deben su sostenibilidad económica a las subvenciones. ¿Qué límite deben tener estas ayudas?

Nuestra economía está sometida a unos condicionantes muy fuertes, derivados de nuestra propia realidad geográfica. El sentido de las subvenciones es ayudar, precisamente, a que esas limitaciones tengan el menor impacto posible. Dado que muchas de nuestras desventajas en ese sentido son de carácter permanente, esas ayudas deberán mantenerse en tanto persistan aquellas. Así lo ha entendido la Unión Europea que ha definido a Canarias cono Región Ultraperiférica (RUP), y ha incluido esta consideración en los artículos 349 y 107 en su Tratado de Funcionamiento (TFUE), que permiten modular las políticas comunitarias y recibir ayudas permanentes para hacer frente a condicionantes permanentes.

¿Es partidario de reducir el impacto de impuestos como el AIEM?

No. El AIEM es un arbitrio pensado para proteger nuestras producciones locales; fruto, además, de un acuerdo social y político en el Archipiélago. Forma parte del corpus jurídico y del núcleo fundamental de la especial incorporación de Canarias a la Unión Europea, junto a figuras impositivas como el IGIC y su finalidad no es en ningún caso recaudatoria. La última revisión fue convalidada por el Parlamento de Canarias de manera unánime en enero de 2021 y en ella se actualizó la lista de productos, de manera que se eliminaron aquellos que ya no se producían aquí. Por otra parte, se ha demostrado también que el impacto del AIEM en el precio final de los productos es irrelevante

La Tasa verde se ha constituido, sobre todo lo que afecta a las comunicaciones aéreas, en una grave amenaza para Canarias. ¿Confía en que pueda salvarse la excepción? ¿No es contradictorio el haber declarado la emergencia climática antes que nadie?

No veo contradicción alguna. Antes al contrario, creo que para Canarias es fundamental posicionarse de manera rotunda y pública a favor de la lucha contra el cambio climático y de la descarbonización de la economía. Habrá que luchar hasta el último momento por la exceptuación de Canarias de esa tasa verde a los vuelos internacionales o, cuando menos, plantear compensaciones. Pero para alcanzar esos objetivos debemos demostrar que estamos comprometidos con esos objetivos europeos y ejecutando medidas para cumplirlos.

Hemos visto en los últimos tiempos que movilizaciones ciudadanas han paralizado proyectos que parecían poder desarrollarse sin más complicaciones. De un lado, se paralizan; en otros, se ralentizan. ¿No puede esto explicar la falta de atractivo inversor que presentan las islas frente a otros territorios más empeñados en garantizar la seguridad jurídica?

Creo que la ausencia de seguridad jurídica la da, precisamente, la desregulación. Si existen normas claras para que todo el mundo se atenga a ellas y esas normas están bien pensadas y son fruto de consenso político y social no debe haber problemas para atraer inversiones, siempre de acuerdo con las orientaciones previstas en las citadas normas.

En relación con lo anterior, una protección del suelo excesiva o muy celosa, ¿no puede complicar más el futuro de las islas?

Nuestro bien más preciado, del que se nutre todo nuestro sistema económico y el que nos ha dado décadas de progreso es el territorio. Por eso hay que cuidarlo bien y someterlo a reglas. Porque se trata de garantizar, precisamente, la seguridad jurídica de todos los actores intervinientes y, por tanto, el desarrollo equilibrado y armónico entre todas las islas, respetando sus propias particularidades. Los canarios tenemos en nuestras manos la posibilidad de tomar medidas para generar mejores condiciones de vida y uno de los instrumentos adecuados para que Canarias crezca equilibradamente, tanto desde el punto de vista territorial como económico, es el planeamiento.

¿Están las Islas superpobladas?

La población de algunas islas ha experimentado en los últimos 25 años un enorme crecimiento, cuya evolución, de mantenerse, será absolutamente insostenible desde todos los puntos de vista; no solo económica, territorial o medioambientalmente, sino también desde la prestación de los servicios públicos o la adecuación de infraestructuras y equipamientos. Por ejemplo, la población de Fuerteventura ha crecido un 180% desde el año 1996 o la de Lanzarote, un 111%. Tenemos que dar una respuesta adecuada a ese reto demográfico, de manera que podamos blindar nuestro sistema económico y, por tanto nuestro propio futuro. Para ello, tenemos que actualizar la política territorial y el planeamiento; reorientar el turismo hacia la calidad y recuperar los planes de modernización para la renovación del sector y ordenar los nuevos fenómenos turísticos y residenciales. No se trata de crecer más, sino de crecer mejor.

¿Cree que tiene encaje legal la limitación de compra de propiedades a no residentes?

Somos conscientes de que puede haber dificultades, pero vamos a luchar por ello; entre otras cosas, porque lo llevamos en nuestro programa electoral. Queremos hacerlo tal y como ha hecho Nueva Zelanda o Canadá. O, dentro de la Unión Europea, Dinamarca. Canarias está a la cabeza de la adquisición de viviendas por extranjeros, por encima del 30%, duplicando la media estatal y por delante de Baleares, Comunidad Valenciana o Murcia. Este es uno más de los aspectos que debemos regular para hacer frente al reto demográfico y sobre el que proponemos una batería de medidas claras, amparándonos en nuestra condición RUP.

Llegamos a la recta final de la legislatura y arranca la campaña electoral, con lo que se volverá a hablar de la necesidad de cambiar el modelo productivo de las Islas. ¿Cree que es necesario? En tal caso, ¿qué propone su partido para que tal cosa pueda ocurrir?

La principal industria canaria es el turismo. Y debe seguir siéndolo, porque es una actividad insustituible para nuestra economía. Ahora bien, debemos aprender de los errores del pasado, pero también de los aciertos. Para blindar el turismo es fundamental establecer un modelo que permita, de verdad, crecer en calidad y no en cantidad. Para ello resulta necesario que Canarias recupere plenamente su capacidad de planificar el futuro, lo que pasa por que el Gobierno, desde el consenso con el resto de administraciones, retome sus competencias, transferidas por la Ley del Suelo a las corporaciones locales. Hay un atasco importante en cabildos y ayuntamientos en materia de planeamiento, porque no cuentan con los medios suficientes para hacer frente a esta tarea, mientras que los importantes recursos de los que disponía el Ejecutivo autónomo fueron desmantelados. En paralelo y de manera complementaria, debemos trabajar en la diversificación y digitalización, con la I+D+i, el impulso de las economías circular, verde y azul o la consolidación de la industria audiovisual. Y también en la descarbonización, en la sostenibilidad alimentaria, la seguridad hídrica y la generalización de las energías alternativas.

Entrevista publicada en el número 89:

Portada LGE 89