No van a parar hasta que todos seamos pobres. Esa es la consigna y el que no quiere verla, debería. Se manifiesta en muchas cosas, pero en especial cuando se tienen noticias de un proyecto de cierta envergadura en Canarias. Es el momento en que se ponen en marcha los mecanismos que buscan que este naufrague de alguna u otra manera. Lo hemos visto muchas veces en el pasado, lo vemos en nuestros días y lo volveremos a ver en el futuro.
Con resignación, decía hace pocos días un empresario de las islas que para él sería más fácil y más lógico llevar los asuntos con estos grupos de presión sentados a la mesa donde se deciden las inversiones, para saber desde un principio a qué atenerse y evaluar si merece la pena seguir adelante o no, una vez conocidas todas las dificultades que habrán de sortearse para llegar a buen puerto. Por supuesto, esto no debería ser así, porque tendría que bastar con que se respetasen las leyes por todas las partes implicadas. Es, de algún modo, eso que se conoce como seguridad jurídica.
Pero la previsibilidad no es una virtud de la que se pueda jactar Canarias si se trata de hacer negocios. A la multiplicación de administraciones intervinientes, que puede llegar hasta a cuatro niveles distintos, se suma el factor sorpresa de las protestas, recursos y palos en la rueda que puedan ponerse desde organizaciones que operan como un verdadero poder en la sombra y que pueden dar al traste con el mejor y más escrupulosamente diseñado de los proyectos inversores.
“No queremos el Dreamland en ubicación alternativa. Directamente no lo queremos”, decía un líder de opinión de estos grupos o colectivos, como se autodenominan, en Twitter hace pocos días. Y resulta de agradecer al menos la sinceridad en este caso. Ya que directamente reconoce lo que desean sin ambages, sin parapetarse detrás de otros motivos meramente instrumentales. Porque lo habitual es que se haga en nombre de la preservación de una especie animal o vegetal que se afirma que corre peligro o que se hable de un valioso yacimiento prehispánico que debería respetarse –esto se suele decir con aire solemne y dando a entender que es casi un sitio sagrado– o, más bien, argumentando que se vulnera esta o aquella normativa urbanística o de ordenación del territorio.
Lo que en realidad sucede es que no quieren el progreso aunque se llamen algunos de ellos a sí mismos progresistas, no quieren la prosperidad ni la creación de riqueza y es natural que así sea cuando lo que subyace detrás de esas preocupaciones por el cuidado del medioambiente, el legado etnográfico o la aplicación de cualquier norma regulatoria excesiva es otra cosa. Es solo evitar la acumulación de capital, que es uno de los ejes del programa marxista, y que en su cosmovisión está íntimamente relacionada con la idea de explotación de unos sobre otros. Es, también, una de las formas en que se manifiesta el pobrismo, esa voluntad de que seamos todos iguales… de pobres.
Tan sincera como el citado tuitero es la canción institucional del partido que inspira a muchas de las políticas que padecemos en España durante este tiempo, el Partido Peronista o Justicialista de Argentina que tan buenos lazos tiene con Podemos. En la marcha “Los muchachos peronistas” se insta directamente a combatir la acumulación de riqueza, con una clara visión negativa: “Por ese gran argentino/ que se supo conquistar/ a la gran masa del pueblo,/ combatiendo al capital// ¡Perón, Perón, qué grande sos!”, etc. cantan en cada mitin hoy los seguidores de los Kirchner. Un programa político en toda regla, que combate el capital como a Marx le gustaría. Aunque nos quieran hacer creer que persiguen las más elevadas metas.
