Bernardo Sagastume
Los defensores del uso del dinero en efectivo jamás se habrían imaginado que les saldría un aliado del lado más impensado. Porque los pagos en metálico que el PSOE tendrá que explicar en los juzgados llegan después de años de presión explícita e implícita en contra del papel moneda, algo que se acentuó en los meses de la pandemia, cuando las mentes biempensantes se jactaban en las redes sociales del tiempo que hacía que no tocaban sino el plástico de sus tarjetas bancarias para pagar cosas como la guagua o un simple café.
La sospecha de corrupción ahora sobrevuela al mismo PSOE que en 2020 presentó una propuesta legislativa (una PNL) para la eliminación gradual del efectivo y que buscaba la “desaparición definitiva” del pago en metálico a medio plazo, argumentando beneficios contra la economía sumergida y el aumento de la recaudación fiscal. Aunque no prosperó como ley independiente, influyó en la posterior Ley 11/2021, de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que redujo el límite para pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros entre profesionales o empresas y personas físicas. Para cantidades superiores, estamos obligados a usar medios electrónicos (tarjetas, transferencias o apps como Bizum). El objetivo explícito es “mejorar la orientación del sistema tributario” y eliminar gradualmente el efectivo, fomentando pagos digitales para mayor trazabilidad. Tal y como nos hemos acostumbrado, las normas de este tipo rara vez buscan ampliar el campo de nuestra libertad individual, sino solo restringirla bajo la excusa de la lucha contra el fraude.
Quizá el mayor triunfo de la maquinaria política y financiera contemporánea sea haber convencido a medio país de que el efectivo es un peligro, casi una patología que hay que extirpar por el bien común. El progresivo cerco normativo, cada vez más límites, cada vez más sospechas, siempre bajo la bandera de la modernidad o la sumisión fiscal, no mejora la honestidad social ni garantiza la transparencia, como bien lo prueban los pagos del PSOE. Lo único que consigue, con eficacia digna de estudio, es desplazar el foco del responsable al instrumento, del corrupto al billete.
Si los pagos opacos de los partidos políticos llegan en sobres y no en transferencia bancaria, no es por nostalgia del papel, sino porque el dinero físico los protege de las normas que ellos mismos aprueban. A la vez, el bombardeo institucional demoniza esos mismos billetes cuando sirven al ciudadano corriente, al jubilado que gestiona sus pagas sin apps, al agricultor que lleva su caja en billetes y monedas, a la familia que ahorra en un sobre para la cuesta de enero.
Hace poco, al conocerse los datos de caída en el número de autónomos en los primeros nueve meses del año, no fueron pocos los que lo celebraron como una victoria del gobierno. Su idea es que España sea un país de empleados, sin duda. No cabe sorprenderse, entonces, de que, para empeorar aún más la persecución a los pequeños productores, a partir de 2026 se hayan introducido cambios en sus negocios, como la obligatoriedad de la factura electrónica para todos los autónomos y pymes, el sistema VeriFactu y la implementación de un código QR en cada factura.
Eliminar el efectivo no limpia la política, pero sí limita el campo de la libertad de cada uno de nosotros. Cada barrera añadida avanza un paso más en la subordinación financiera, porque hoy ya no puedes pagar 1.001 euros en metálico y mañana cualquier intercambio requerirá validación digital, siempre a expensas de una autoridad lejana, silenciosa, lista para supervisar, corregir o incluso cortar el grifo si así lo dictan las circunstancias del día. Cada vez que renunciamos al cash perdemos no solo una herramienta, sino un derecho.
A quienes celebran la inminente extinción de los billetes habría que recordarles que la privacidad no es un privilegio sospechoso, sino un pilar de la convivencia y la dignidad. La trazabilidad total es una distopía desde donde se lo mire, porque ningún gobierno ni banco debería tener la llave de todos los bolsillos. Resulta saludable, pues, protestas como la iniciada en Fuerteventura, que proponen huelgas de datáfonos y vuelta al contante y sonante, porque mantener el efectivo no es un capricho de la resistencia anacrónica de la ultraderecha ni una manía de unos conspiranoicos. Es impedir que una supuesta comodidad sea el altar donde termine sacrificada la libertad más elemental, la de disponer de lo propio sin pedir permiso.
