Si te has mudado a Lanzarote o a Fuerteventura sabrás de qué hablamos. Lo mismo sucede también en algunas zonas de Tenerife y de Gran Canaria, aunque en menor medida. Sí, es muy difícil encontrar una vivienda para alquilar y las empresas que necesitan mano de obra lo saben bien, porque se han preocupado también por facilitar la búsqueda para el personal que quieren contratar y que llega de fuera de la isla. También lo saben los directores de institutos, porque no se pueden cubrir plazas de profesores por este motivo. Es natural que surjan iniciativas como la página en Facebook “Alojamientos para docentes Canarias”, donde se trata de poner en contacto a propietarios e inquilinos.
¿Cuál es el problema? ¿es solo normativo o hay unos especuladores que acaparan cada vez más propiedades y solo quieren alquilar a turistas? Lo cierto es que cuando en 2017 se aprobó la Ley del Suelo se explicó su necesidad en que iba a facilitar y agilizar muchas inversiones que estaban sin poder desplegarse por trabas administrativas. Ya por esos días el Círculo de Empresarios de Gran Canaria advirtió de que la norma surgía con buenas intenciones, pero que no alejaba el “riesgo de bloqueo” a muchas iniciativas que dormían el sueño de los justos. Recientemente, publicaba La Provincia que en los seis años transcurridos desde 2017 ni uno solo de los 88 municipios canarios había adaptado sus planes a la nueva ley. Peor aun, que 26 de ellos han devuelto al gobierno regional las competencias urbanísticas y medioambientales que les concedía la norma. Y todo ello pese a que uno de los argumentos de venta legislativos había sido el de dar a los ayuntamientos mayor poder de decisión.
En Canarias, como en toda España, hay una abundante oferta de suelo privado no urbanizado cuyos propietarios estarían deseosos de urbanizar si contasen con mucha más simplicidad normativa y si las cesiones obligatorias no fueran en algunos casos abusivas. Lo decía el expresidente Clavijo al aprobar la Ley del Suelo: “Canarias tiene suelo clasificado hasta decir basta y que no se podrá desarrollar ni en veinte años”. Pero han pasado más de cinco años desde entonces y la situación no parece que vaya a mejorar.
Desde posiciones liberticidas se llama a regular el precio de los alquileres, algo que no solo es un ataque al derecho de propiedad, sino que en los hechos ha demostrado que no funciona. También desde estos sectores se señala a los culpables: los acaparadores de vivienda, pérfidos especuladores que prefieren quitar del mercado sus propiedades aunque con ello pierdan dinero. La percepción de las cosas es a veces muy diferente a la realidad, porque los números nos dicen que la vivienda no principal no ha hecho otra cosa que retroceder en los últimos años en Canarias.
Por viviendas no principales se entiende las que no tienen una familia residente fija (viviendas secundarias o vacías) y la estadística del Ministerio de Fomento es nítida con respecto a Canarias: en los últimos diez años han retrocedido desde 252.132 unidades a 172.471, unas 80.000 menos en ese período, una caída del 30 por ciento. De manera que sería mejor reorientar el problema y dejar de mirar solo una pequeña parte de él, el hecho de que en las zonas más codiciadas haya ahora más interés por el alquiler vacacional.
En el mismo período, la vivienda principal sí ha aumentado, pero con una progresión mucho menos vigorosa que la de los años precedentes a 2011. Dos datos que lo ilustran: el parque total de viviendas creció en casi 190.000 unidades entre 2001 y 2011 y solo sumó 18.388 entre 2011 y 2021. En este periodo, sin embargo, la población canaria aumentó en 200.000 habitantes, a once personas por cada nueva vivienda, grosso modo.
Algunos cálculos nos dicen que el suelo representa aproximadamente la mitad del precio de un piso, por lo que una verdadera liberalización de ese suelo supondría un cambio radical en la valoración de los inmuebles. Si de verdad se lograse lo que la Ley del Suelo prometió y no ha conseguido, esto es, facilitar que se construya en suelo ya clasificado, podría darse un paso enorme hacia la solución del problema de la vivienda en Canarias. Resulta un auténtico crimen y un atentado contra la posibilidad de que los sectores con menores ingresos se conviertan en propietarios que esto siga siendo así en islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde sobra suelo por todas partes.
