Desde hace ya un tiempo, desde que la tensión se incorporó como estrategia política, el ambiente se ha ido haciendo irrespirable. No
es que fuésemos felices antes sin saberlo; es que éramos conscientes de que vivíamos en un espacio que, como buena sociedad abierta, sostenía un pacto implícito: era compatible estar radicalmente en desacuerdo y, al mismo tiempo, convivir, incluso mantener relaciones de amistad. Tener posiciones antagónicas no debía preocuparnos; formaba parte del equilibrio de aquellos años.
Hoy no es así. Lo que podríamos considerar espacio común se ha vuelto incómodo. Opinar tiene costes, disentir despierta sospechas y callar, lejos de significar asentimiento, se ha convertido en una forma de autoprotección. El adversario pasa a ser enemigo; ya no se discrepa de forma legítima, sino que se atribuyen fallos morales que permiten la despersonalización previa a cualquier estallido de indignación. En ese terreno embarrado se mueve una clase política que haríamos bien, por higiene cívica, en no confundir con la sociedad a la que dice representar. A derecha e izquierda emergen discursos que degradan el debate, mientras una parte mayoritaria del país -cabe esperar- no se siente cómoda ni reconocida en esa deriva.
El problema se agrava cuando quienes deberían amortiguar esa tensión contribuyen a amplificarla. Parlamento, medios, universidad o administración han ido abandonando, con distintos grados de responsabilidad, su función de enfriar el conflicto. La negociación política cede terreno a una lógica de trincheras. Cuesta no preguntarse qué habría sido de la transición si sus protagonistas hubieran actuado bajo los códigos actuales. Aquella capacidad de entenderse empieza a parecer una excepción histórica, mientras esta nueva normalidad -término repetido hasta la náusea en la Covid- amenaza con consolidarse.
En este clima aparece un fenómeno sutil pero decisivo: el miedo. No es miedo legal ni censura formal. Es el temor reputacional, la etiqueta, la caricatura. Profesionales que miden cada palabra, docentes que evitan ciertos temas, empresarios que prefieren no opinar, conversaciones familiares que esquivan la actualidad. No faltan ideas; crece la percepción de que expresarlas tiene un coste.
Y esto no es ni sano ni normal. Este ambiente se refuerza con una política convertida en espectáculo permanente: escándalo continuo, indignación diaria, hipérbole constante. El ciudadano no vive ni puede en observación, lo hace encadenando sobresaltos. Y el sobresalto sostenido provoca fatiga moral, cívica e institucional.
Lo más significativo es cómo ese clima amplía el radio de acción de lo político sobre esferas que antes pertenecían a la responsabilidad social o familiar. La propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años se formula en clave de protección, pero transmite un mensaje de fondo: lo que antes se consideraba tarea de padres y familias pasa a convertirse en materia de regulación general. No se niega el problema del impacto digital en los jóvenes; se señala la tendencia a sustituir responsabili-
dades sociales por soluciones normativas.
Algo parecido ocurre con el cuestionamiento a la formación profesional privada. Se trata, precisamente, de uno de los ámbitos donde el papel de lo público debería explicarse por su función de garantía, acceso y cohesión, no por la pretensión de monopolizar la
oferta. La iniciativa privada, por su naturaleza, tiende a detectar antes y con mayor agilidad las necesidades productivas y sociales, adaptando programas y especialidades con una rapidez difícil de igualar por la estructura burocrática. Sin embargo, el debate se desliza hacia otro terreno: deja de centrarse en resultados, calidad o inserción laboral y pasa a girar en torno a la legitimidad misma de que actores privados participen en la educación. No es un episodio aislado, sino la prolongación de la desconfianza mostrada previamente hacia las universidades privadas. El problema vuelve a ser cultural antes que técnico: el espacio intermedio entre individuo y poder público se observa como algo que debe ser limitado, cuando en realidad es uno de los pilares de una sociedad plural y funcional.
Las democracias no suelen romperse de un día para otro; se desgastan poco a poco, cuando las reglas formales siguen en pie, pero el clima que las sostenía empieza a deteriorarse. La libertad muere antes en las costumbres que en las leyes. España vive un desgaste profundo del clima civil que convendría tomarse en serio. El problema no es que pensemos distinto. Eso es inevitable y saludable. El problema empieza cuando dejamos de ver al que discrepa como alguien con quien se puede convivir. Ahí es cuando el aire, casi sin que nadie lo advierta, empieza a resultar insoportable.
