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Vidas de servicio público (en sentido literal)

31 de agosto de 2015
enchufe
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Tan solo 5 diputados de los que tomaron posesión el pasado mes de junio no proceden laboralmente de la función pública, bien por trabajo como funcionarios, bien por su desempeño profesional en sus partidos o en cargo público. Son Gabriel Corujo (este socialista es autónomo, acaso el único), Melodie Mendoza (trabajaba para una empresa de marketing en la Gomera), José Ramón Ramos (gerente de un complejo de apartamentos en Valle Gran Rey antes de que lo fichase, como a la anterior, Casimiro Curbelo), María del Río (de Podemos, subdirectora de una fundación dizque privada que se nutre exclusivamente de subvenciones públicas, tal resulta la Casa Museo de José Saramago) y Natividad Arnaiz (también de Podemos, que prestaba servicios en una empresa subcontratada por la administración). El perfil del resto podría encajar en el de un político con tres legislaturas a sus espaldas en distintas administraciones cuyos ingresos superaron los 42 mil euros en el año pasado. Su pasado laboral, eso sí, ha estado vinculado al sector público.

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, -antes de comenzar siquiera la campaña electoral- terminó convertida en un personaje de éxito por un desliz en una entrevista de televisión, al ser preguntada por un periodista en directo a cuánto ascendía el PIB de Canarias. A pesar del desparpajo de la por entonces diputada nacional y su afán por restar tensión al momento, el vídeo se convirtió en viral y todo aquel que lo vio pareció saber de inmediato lo que la candidata socialista desconocía. Quizás eso hizo que pasara desapercibida otra expresión suya, al ser preguntada por su experiencia laboral. Iernández ya había confesado en el diario El País que había trabajado ‘de camarera sin contrato, en el iliperdino vendiendo mermelada, en Carrefour poniendo pilas a juguetes, en una tienda de regalos para hombre. Y, terminando la carrera (Relaciones Laborales), en la UGT y en una campaña de prevención sobre violencia de género: Pero esa noche, quizás por aportar más datos tras la clamorosa metedura de pata, fue más precisa explicando su trayectoria profesional: ‘Y luego ya en lo mío’. En realidad, con esa expresión quiso destacar que desde entonces enganchó dos legislaturas como senadora y otra más como diputada, hasta su reciente abandono del Congreso al conseguir el acta de parlamentaria regional. Esa forma de referirse a ‘su’ trabajo en la política de una forma similar a como lo haría un médico, abogado o periodista es llamativa y, aunque quizás no de una forma tan explícita, encontramos que muchos de los políticos que están en el Parlamento de Canarias también podrían expresarlo en los mismos o parecidos términos.

Aunque pueda parecer un asunto socorrido, lo cierto es que la experiencia profesional se antoja importante para aquellos que tienen la capacidad de interferir en la vida de los ciudadanos promulgando, tal es el fervor legislativo, normas de toda condición. Se podrá argumentar que quizás no lo sea tanto, que el mandato que ellos obtienen no es imperativo y que sus señorías suelen votar en comandita siguiendo instrucciones de partido. Lo cierto es que cada uno de los diputados percibe un salario por su labor, en muchos casos superior a lo que recibirían de proseguir con lo que en realidad sí podríamos considerar ‘suyo: De hecho, son escasos los ejemplos de quienes probablemente obtendrían un estipendio superior en el caso de no dedicarse a la polítca activa y que, en ese supuesto, sí podríamos considerar que su actividad le supone un sacrificio a la altura de su vocación. La excepción, conocida la reciente declaración de bienes y actividades de los diputados, podría ser la del diputado de Podemos Francisco Antonio Déniz, quien ganó por su trabajo en la Universidad de La Laguna 56.981 euros en 2014, retribución que se antoja complicada obtenga en el Parlamento si le añadimos el compromiso de su formación política de no superar el equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales. Como nota curiosa, el resto de diputados de esta formación, incluso con estos límites autoimpuestos percibirán un aumento considerable de sus ingresos.

¿Qué formación debería tener un político?

¿Qué debería estudiar-?¿Qué idiomas o experiencia profesional se les pide para acceder a un cargo? En España no hay barreras de entrada para presentarse en una lista electoral salvo ser mayor de edad, si bien hasta hace unos años también se exigía ser español. Hoy no. Al contrario que en otros países, aquí no existe una escuela específica de administración pública (Francia tiene su ENA) y, salvo Asier Antona (VP) y Migdalia Machín (CC) no hay nadie con estudios de ciencia politica- que por otra parte, tampoco parece que sea garantía de nada, por más que Podemos y la Complutense pretendan ponerlos de moda-. El debate sobre si se deben aumentar sus salarios es recurrente pero supone un evidente desgaste electoral defender que ganan poco. Bien es cierto que siempre podría argumentarse, como ya hiciera en su momento Cristina Tavío, que en ocasiones hay que ‘tomar decisiones impopulares’, precisamente tras una subida en las retribuciones de los parlamentarios recién comenzaba la crisis en 2007. Y sí, ya Tavío estaba por el Parlamento.

Esa es otra característica acentuada de nuestra cámara de leyes, la veteranía de los allí presentes. Incluso con la particularidad de que el grupo completo de Podemos se estrena en esta legislatura y, por tanto, careciendo de antecedentes institucionales. lis cierto que, al tiempo, todavía está claro que no quiere retirarse, con lo que cuando termine la legislatura habrá acumulado 40 años de dedicación pública. La formación académica más repetida es la de Licenciado en Derecho (32%). En esta legislatura (la IX) hay un abanico superior en estudios universitarios, con médicos o economistas, pero también licenciados en Educación Física, Biología, diplomados en Relaciones Laborales y turismo o farmacéuticos. Quizás lo más sorprendente sea encontrar a una diputada socialista con un Máster en criminología —Ana González-, dos técnicos en dibujo lineal o un periodista —José Manuel Pitti, su carrera ha estado más vinculada a los medios públicos que a los privados, eI último la Televisión Canaria-, También a un músico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Juan José Márquez. Más homogéneas resultan sus actividades anteriores. Todos acumulan muchos años en política, siendo más sencillo destacar quiénes no tienen esa veteranía. El caso ya comentado de Pitti, varios de los diputados de Podemos, más otros dos pertenecientes a la Agrupación Socialista Gomera son los únicos que carecen de experiencia previa en lides politicas de cualquier tipo, más allá el genérico ‘inquietudes sociales tempranas’. Aunque para curiosidad, la del Alcalde de Santa María de Guía (Gran Canaria) Pedro Rodríguez, hoy en Nueva Canarias, cuyo curriculum destaca que es diplomado en Enfermería por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Licenciado en la misma materia por la Universidad Fernando Pessoa, centro privado que se instalará -ya obtuvo autorización- en el municipio del que Pedro Rodríguez es alcalde .

Lo que sí es completamente llamativo es la procedencia laboral de la mayoría de los parlamentarios. Queda dicho que muchos tienen licenciaturas o diplomaturas universitarias, de la más diversa condición y no consta el expediente académico de ninguno de ellos -es mucho más sencillo conseguir su relación de bienes que obtener su expediente profesional, como bien sabemos en La Gaveta Económica-. No obstante, hasta el 90% de los diputados es, o bien funcionario, o personal laboral, ha trabajado en el entorno de sus respectivas formaciones políticas, con absoluta carencia de cualquier otra experiencia laboral. Es decir, de alguna u otra forma, han estado vinculados a una nómina procedente de los presupuestos públicos a lo largo de sus correspondientes carreras laborales. Fuera de la función pública en sentido amplio, cabe considerar a David de la Hoz, que explica en su perfil profesional que ha sido 14 años deportista profesional, luego mediador de seguros y por último, desde 2011, político. O el de Gustavo Matos, que compatibilizé la política con su despacho de abogados desde temprana edad y que hubo de escoger la Dirección General de Comercio en la pasada legislatura. A su despacho ha vuelto, por más que haya ganado escaño en las últimas elecciones. Igualmente llamativo es el caso de Juan Ramón Hernández, consejero en el Gobierno los últimos ocho años, que siendo perito mercantil de profesión y constando que es director de banca en excedencia, ésta la obtuvo hace la friolera de 24 años que son los que lleva de ‘servicio público’: Castro (36 años) y Casimiro Curbelo (33) son los únicos que llevan más de tres décadas en política. Los diputados del PP, por su parte, son los que presentan una media de veteranía mayor, con casi 15 años por barba de sus doce diputados.

Si se compara con otros parlamentos autonómicos se llega a conclusiones similares. Quizás a nivel nacional todavía no es tan acentuada esa procedencia pero la intuición parece señalar que sí lo terminará siendo, salvo por las nuevas formaciones que se incorporarán. Esto podría explicarse por lo mal que le sienta el transcurrir del tiempo a nuestra democracia y a su particular sistema de partidos. En la transición, los políticos que la hicieron posible eran funcionarios de alto nivel, abogados y economistas del Estado, entre otros. Pasados unos años, los responsables seguían siendo funcionarios, pero de un tipo laboral de inferior rango profesional. Aunque estos han resistido algo, no es menos cierto que también han terminado cediendo a día de hoy para ser relevados por trabajadores y profesionales de la política, funcionarios de partido en feliz expresión de Max Weber (la política como profesión”, Biblioteca nueva. Madrid 2007). Es un tema tratado con detalle en el libro ‘La dictadura de la incompetencia’ de Xavier Roig (Gestión 2000, Barcelona, 2010).

¿Supone necesariamente un problema?

Si no legislasen con la fruición que lo hacen, de los temas más variados y a veces sin caer en la cuenta que inciden sobre temas ya regulados, sin escuchar a los sectores sobre los que influirá la normativa o incluso ignorando en ocasiones quién tiene la competencia, podría decirse que no. La realidad es tozuda y puede señalarse que existe un problema al ser de peor calidad las leyes emanadas del Parlamento. En un mundo cada vez más complejo, deciden sobre un enorme abanico de actividades, que o bien no conocen, o bien han de contar con asesoría especializada, lo que no está exento de costes económicos.

Más absurdo es escuchar debates sobre competitividad o emprendimiento como necesaria forma de diversificar la economía del Archipiélago, tesis defendidas por diputados cuya vida laboral ha estado ligada al sector público y al que volverán apenas dejen -si eso ocurre- la actividad política. Igualmente es llamativa la apelación que ha hecho el presidente Clavijo para que se abra un debate sobre el modelo turístico de Canarias. Como idea es inobjetable (¿quién podría oponerse a un debate?) pero el problema es cuando pensamos en los llamados a llevarlo a cabo e incluso votar sobre los asuntos que pudieran decidirse.

turismo supone para el Gobierno unos ingresos de algo más de 1,700 millones de euros al ario, según el sector, y el 33% del PIB y una cifra similar sobre el número de puestos de trabajo, según las cuentas satélites del turismo. Bien, en el Parlamento de Canarias, estudios específicos sobre turismo tienen dos diputados, si bien otro de ellos — Jesús Ramón Ramos de la Agrupación Socialista Gomera- es el gerente del Hotel Jardín del Conde. Con esos antecedentes, ¿son capaces de atender a las múltiples implicaciones que tiene el turismo políticos profesionales que jamás han tratado con él, salvo cuando actúan como turistas?

Aunque en el arranque de la legislatura se ha hablado de un cambio de la ley electoral, parece que se centra más en el número de diputados y su procedencia que en las capacidades exigidas, careciendo de importancia el enorme desequilibrio existente entre la representación pública y una que merezca la consideración de privada. ¿Sería igualmente plácida la situación si, por ejemplo, en el Parlamento se sentasen 55 empresarios?

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