“La minería es la actividad más reglada tanto en el ámbito económico como en el industrial. Una cantera, para ser considerada legal, habrá de tener casi 100 permisos de todo tipo”. No son las afirmaciones de un empresario que pide que le dejen hacer y retiren los muchos obstáculos que encuentra para desarrollar su labor. Quien así se expresó fue Ángel Morales González- Moro, Jefe del Servicio de Minas en la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Defiende su actuación por más que aquellos presentes en la mesa redonda celebrada en la Real Sociedad Económica Amigos del País no compartan idéntico diagnóstico. Y es que los empresarios, ecologistas o políticos que allí se dieron cita son conscientes del problema generado a día de hoy exclusivamente en la Isla de Tenerife, cuyas consecuencias se han empezado a manifestar ya con posibilidad de agravarse en fechas próximas: No hay áridos.
¿Qué son los áridos y por qué son importantes?
Aunque pueda parecer una afirmación pretenciosa, es cierto que los áridos son esenciales para la vida humana, hasta el punto de que son el producto natural más consumido, sólo superado por el agua. Sus usos tienen una larga data, desde la extracción manual que a lo largo de la historia se efectuaron de piedras naturales para la construcción de calzadas y edificios hasta las más modernas explotaciones de las canteras que conocemos hoy. Aparte de su importancia cuantitativa, es cierto también que constituye el primer sector minero español, algo que no ha cambiado tampoco durante la crisis. En 2007 existían en España unas 2.500 explotaciones censadas, lo que venía a representar el 57% del total del sector minero. Y generaban en total unos 10.000 empleos directos y unos 40.000 indirectos que resultan de añadir las empresas de transporte y las subcontratas. Hoy las explotaciones se han reducido un 30% y los empleos un 50%, pero los áridos siguen siendo el 61% del sector minero español.
No resulta extraño encontrar afirmaciones de diversos colectivos sobre el freno que resultaría imperativo imponer a la hora de seguir extrayendo este recurso de la naturaleza aunque para ello hubiese de ralentizar nuestro crecimiento y bienestar. El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Juan Antonio Afonso Mosegue, en su introducción del tema en la Económica cree que es una visión errada y que las sociedades más prósperas tienen un consumo mayor de este tipo de producto. Explicó, “que el consumo de áridos de un país es directamente proporcional al de cemento, aunque esa proporción varía mucho de un país a otro. Es muy alta en los países muy industrializados (Noruega, Finlandia, Austria, Alemania…) por el consumo de la propia industria, y mucho menor en países cuyo principal destinatario es el sector de la construcción (España, Italia, Portugal…). Este es también el caso de los países en vías de desarrollo, que tienen un consumo de cemento mas elevado que los países desarrollados, hasta que sus infraestructuras básicas estén ejecutadas. El transcurrir del tiempo han demostrado, que cuando un país alcanza los 20.000 $ de renta per cápita, su consumo de cemento per cápita se reduce y se estabiliza en torno a los 400 kg. por habitante y año, con las conocidas excepciones de España y China, y en menor medida Irlanda”.
Especialmente llamativo es el caso de España, que en 2007 -pico de la burbuja inmobiliaria- con una renta per cápita de 32.700 $ tenía un consumo de cemento de 1.350 kg. por habitante y año, propio de un país en vías de desarrollo, y que tras el estallido de la burbuja cayó un 80% y sigue en mínimos. En 2016 estuvo en menos de 240 kg. por habitante y año. Mayor peligro de burbuja inmobiliaria global presenta hoy China, que con sus casi 8.000 $ de renta per cápita ha consumido entra 2011 y 2013 más cemento que EEUU en los últimos 100 años.
En Canarias, en consumo de cemento, alcanzamos un pico -para el conjunto de las Islas- de 945 kilos por habitante y año en 2007, descendiendo hasta algo más de los 200 kilos en el año 2013 y ahí se ha mantenido hasta la fecha, esto es, muy lejos de los 400 kilos que se considera razonable en economías desarrolladas.
Tipos de áridos
En la España continental, a diferencia de Canarias, el consumo de áridos, es de unas 9 veces el de cemento, debido a que las canteras peninsulares ofertan una gama de tipos de áridos mas amplia que las canarias. Nuestras canteras producen áridos de petrografía muy diferente (por su origen volcánico) y están mucho mas especializadas.
En Canarias, los áridos de mayor calidad, son los basálticos, que no existen en la Península, que llamaremos tipo 1 y que se emplean en hormigones, asfaltos, prefabricados estructurales y morteros. Su consumo es del orden de 3 veces el de cemento.
Son los que escasean en la Isla de Tenerife, no en el resto de Islas, y más que lo harán en el futuro próximo una vez se agote la cantera legal actual que los produce. La demanda de este tipo de producto es estable, no esporádica y crea un enorme problema a las empresas de la construcción. Un portavoz de la patronal Federación Provincial de Entidades de la Construcción (FEPECO) estima que deben ser programadas con carácter urgente canteras de áridos de tipo 1 para un consumo de 1.200 kg. por habitante y año, por más que en 2016 se haya quedado en una cantidad de 660 kg. Hay otros tipos de áridos pero no presentan un problema similar a día de hoy, como el caso de tipo 2 (picón, hay más que suficiente), de tipo 3 (zahorras naturales y artificiales con una oferta escasa pero suficiente), de tipo 4 (escolleras y todo uno para obras marítimas, que aunque existen grandes dificultades para su obtención, su consumo es esporádico), de tipo 5 (arenas para regeneración de playas, que son abundantes en los yacimientos submarinos pero que inexplicablemente no pueden ser extraídos con lo que se trae arena amarilla del Sáhara o se ha utilizado arena negra que no es del agrado de nuestros turistas) y de tipo 6 (usados en rellenos y que dependen de los desmontes de cada momento).
¿De dónde se obtienen?
Aunque a los técnicos de planeamiento -planificadores-, les encantaría que estuviesen en los lugares que ellos, plenos de fatal arrogancia, deseasen, colocando en un mapa una marca con las zonas en las que autorizar su extracción, esto no es posible, y aquí la mala noticia para los burócratas: extraer árido con una calidad mínima de cualquier desmonte requiere acometer una investigación previa del recurso minero allí donde se halle.
Si todo lo anterior ya es una demostración de la importancia a la hora de obtener este preciado producto, ¿por qué hemos llegado a este punto? Cabría decir que Tenerife, su Cabildo Insular lo aprobó, cuanta desde el año 2002 con un Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) con el que se pretendía garantizar al autoabastecimiento de áridos, limitando los ámbitos extractivos y señalando los lugares de los que podría obtenerse. Por entonces se plantean también posibles excepciones a las canteras activas y, sorprendentemente (o no tanto) la autorización privilegiada para determinadas infraestructuras portuarias. Es decir, la propia administración deja abierta la posibilidad de dar el visto bueno para sí de actuaciones que no lo tendrían en caso de tratarse de particulares. Aunque la arquitecta Pía Oramas ha afirmado, en el mismo ciclo de conferencias antes citado en la Económica, que no han hecho uso de esa capacidad arbitraria, sorprende escuchar al portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Eustaquio Villalba, que se han usado áridos ilegales en la construcción del Puerto de Granadilla. Todo un sinsentido pero que nos conduce a otro punto interesante. La propia Oramas es incapaz de precisar el número de canteras o plantas de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) o explotaciones ilegales existentes, lo que llama la atención teniendo en cuenta que la administración ha sido capaz de usar drones para cazar a vecinos que cuenten con pequeños cuartos de aperos, terrazas no legalizadas o incluso piscinas en sus domicilios con el fin de poder cobrar más impuestos. La arquitecta Oramas no encaja bien que le digan que trabajan con datos desfasados, expone en su conferencia cifras del año 2009, lo que lejos de tranquilizar aumenta la inquietud de aquellos que esperan que el Cabildo sea más parte de la solución que del problema.
Tras el cierre de las canteras del Barranco de Güímar, no hay más que una sola cantera de áridos legal en Arico y está próxima al final de su vida útil. Cuenta con todos los permisos y debe afrontar una exigente regulación, incluyendo los certificados de marcado CE que muestra las propiedades del producto, garantizando su calidad. Para mantener este distintivo, pensado por la Directiva Europea para canteras y no para los desmontes, una empresa tiene que hacer ensayos semanales conforme a unas directrices de muestreo cuyo coste anual excede los 25.000 euros. Algo que, ocioso es subrayarlo, no hacen las empresas que operan con plantas de RCD ́s y desmontes al margen de la regulación, otra desventaja competitiva de quienes sí actúan conforme a la ley.
En la ausencia de más canteras legales, los áridos reciclados son requeridos para muchas obras. Pero, al contrario que en la España continental, no provienen del tratamiento de escombros de demoliciones (viviendas, hoteles, centros comerciales, hospitales) sino de desmontes que picotean el territorio con la connivencia pasiva de las administraciones, que mirando para otro lado, no observan las obligaciones de control mineras ni ambientales, tampoco contemplan la restauración ni exigen los avales que sí son requeridos a los operadores legales. Estas empresas legales compiten en desigualdad porque no solo existen a ojos de la administraciones, es que cualquier incumplimiento lleva aparejado un castigo como quedó acreditado de forma reciente con la sentencia contundente a cuatro empresarios areneros que, y otra sorpresa, contaban con la licencia de minas según la afirmación del Jefe de Minas de la Consejería de Industria, Ángel Morales. ¿Cómo fue posible?
Existe una ley de Minas del año 1973 más una serie de preceptos entre las que están el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, así como la legislación ambiental, la relativa a los terrenos afectados por actividades mineras, de protección del ambiente atmosférico, de residuos de la industria de la minería, de restauración de espacios afectados y un largo etcétera, según explica a La Gaveta Económica el vicepresidente de FEPECO, Diego Vega La Roche, quien añade “también son muchos los organismos que intervienen, en primer lugar el Gobierno de Canarias, que tiene transferidas las competencias en materia minera aunque no ha producido hasta el momento legislación autonómica al respecto, depositadas en la Consejería de Industria. El proyecto de restauración morfológica lo aprueba Minas y luego la viceconsejería de Medio Ambiente aprueba la restauración ambiental. Esta viceconsejería está en otra área del Gobierno, la Consejería de Política Territorial y la COTMAC debe aprobar el estudio de impacto ambiental que habrá de disponer del correspondiente estudio.
La que conforma el proyecto de restauración de las canteras, en materia medioambiental es la viceconsejería de Medio Ambiente, adscrita a la Consejería de Política Territorial además de la COTMAC para la aprobación del estudio del ambiental con la correspondiente declaración de impacto. El Cabildo Insular otorga la calificación territorial y atenerse a lo que está establecido por el PIOT tras declarar la actividad clasificada como molesta, nociva, insalubre o peligrosa y luego los ayuntamientos deben otorgar las correspondientes licencias municipales”. Asemeja mucho a un calvario burocrático pero sigue esto sin explicar las razones para un pronunciamiento tan contundente de la justicia contra los empresarios condenados. Pero, Vega La Roche, aclara: “Las canteras de Güímar tenían todos los permisos que requería la normativa sectorial vigente (Minas y Medioambiente) pero carecían de la licencias municipales, a pesar de reiteradamente solicitarlas, de haber firmado convenios y entregar materiales, dinero y máquinas, el Ayuntamiento de Güímar nunca se pronunció. De todos modos, la dureza de la sentencia viene dada porque el tribunal consideró que no solo carecían de licencia municipal, sino que se había producido daños contra el medio ambiente, resultado de una denuncia de unos particulares, metiendo a todas las canteras en el mismo saco”.
El asunto gana en interés por momentos, porque con independencia de la afección al medio ambiente que contempla la sentencia, cabe preguntar si un ayuntamiento puede obtener beneficios de una actividad que no ha autorizado y mantener el silencio administrativo durante casi 30 años. No puede obviarse que la sentencia de los áridos de aquel municipio crea un problema adicional, la idea de que aquellos que actúan siguiendo las normas en base a las leyes, pueden encontrarse con serios problemas por la actitud cerril de un ayuntamiento, generando nuevos incentivos a que se actúe de manera ajena a la legalidad, más si a efectos administrativos, solo se presta atención a los que operan con luz y taquígrafos.
Pero, sin duda alguna, se ha creado una sensación de alarma acudiendo a los tópicos habituales sobre empresarios depredadores del medio ambiente, que queriendo enriquecerse no han tenido empacho en machacar el territorio. Los políticos son muy sensibles a este tipo de argumentos, así que convendrá estar atentos a la forma en la que intentar resolver un problema que ellos mismos han ido generando, desde los lejanos tiempos de principios de este milenio cuando se advirtió del problema de Güímar y del desabastecimiento al que la isla se vería abocada de una materia prima básica para la construcción como es el caso de los áridos. Aquellas minas, las únicas autorizadas entonces para la extracción de gravas, fueron precintadas en el año 2005 sin que desde entonces se haya tomado ninguna decisión para encontrar una alternativa razonable con yacimientos viables. Es cierto que el estallido de la crisis ralentizó la demanda de la isla pero los áridos que se han ido utilizando provienen de plantas de machaqueo que en una mayoría son clandestinas, al margen de la cantera legal anteriormente citada. Estos productos procedentes del machaqueo no reúne las características físicas y petrográficas mínimas exigibles, en muchos casos sin cumplir con el marcado europeo CE que debe acreditar que tienen una calidad adecuada para ser utilizadas en hormigones, pavimento asfáltico, prefabricados estructurales de responsabilidad y morteros. Algo que, por otro lado, indigna a no pocos empresarios porque “las propias administraciones admiten, en contra de la legislación, que se usen esos materiales para sus obras”, nos comenta un portavoz autorizado de FEPECO. De hecho, en el año 2016 se estima que el 30% de los áridos de este tipo se obtuvieron de desmontes (y no de cantera) tanto legales como ilegales”. Desde la otra patronal del sector, la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (CONCAP), se alerta sobre estas actuaciones con materiales no legales que se financian con fondos europeos “porque las certificaciones en cuanto a calidad de esos áridos pueden conllevar la devolución de fondos si no cumplen las condiciones y es muy difícil que lo hagan con áridos reciclados”.
Ante la ausencia de canteras legales, se observa una tendencia al crecimiento de las plantas de machaqueo que, aquellas que operan en la sombra, picotean todo el territorio, creando unos daños ambientales de difícil resolución e impidiendo el adecuado control de calidad que puede dar lugar a accidentes y derrumbes de los que no han estado exentos en la Isla de Tenerife (10 en los últimos años, algunos con víctimas mortales). Pero también hay autorizaciones para ese tipo de actividad, que corresponden a la consejería de Medio Ambiente, un contrasentido que es denunciado por los empresarios del sector. Una cantera que aspire a contar con todos los permisos puede aguardar por las licencias durante un periodo no inferior a entre 8 y 10 años, lo que no da la impresión pueda resolver los problemas de demanda que actualmente empiezan a vislumbrarse.
No se puede pasar por alto las implicaciones sociales de todo este asunto. La sentencia anteriormente citada así como el tratamiento de los medios de comunicación al asunto, genera enorme ruido a la hora de resolver un problema real. No es solución, por ejemplo, importar el árido por más que sea una propuesta escuchada en el mismo debate anteriormente comentado, nada más y nada menos que por una ingeniera de Montes, que asumiendo que eso encarecía todos los precios no le pareció reparar en las consecuencias adicionales.
Luego está el asunto de la rehabilitación o restauración de las canteras, también en el centro del debate político tras la sentencia de Güímar. Si se le presta atención a lo que dicen algunos dirigentes con altas responsabilidades y una mayoría de periodistas (afortunadamente irresponsables), la impresión es que los barrancos deberían ser llevados a su primigenio estado. ¿Es esto deseable? ¿Posible? ¿Ideal? Para hacer eso habría que buscar un lugar de donde obtener el material y proceder al relleno, lo que nos lleva a duplicar los problemas medioambientales por lo que es muy pertinente preguntarse si muchos de los que manifiestan opiniones sobre el particular hablan realmente en serio y con conocimiento de causa. Una cantera, cumplida su función, puede ser rehabilitada morfológica y ambientalmente. En el primer caso, es un asunto que concierne a los profesionales de la minería y a la administración de minas, encargada de adverar que se han cumplido las condiciones establecidas en los permisos concedidos. Se trata de garantizar la estabilidad de los taludes para garantizar la seguridad de la zona. En los aspectos ambientales habrá de tenerse en cuenta todos los factores del espacio, de las condiciones incluso climáticas del lugar pero aceptando, y es lo más duro de conseguir en una sociedad persuadida por sus políticos y medios de comunicación de lo contrario, que las empresas que se dedican a estas extracciones son cada vez más eficientes y con una menor afección al medio ambiente.
Hay un problema y se urge una solución. La CONCAP cree que ”Tenerife necesitará 1.500 toneladas al día de áridos para hacer frente a la obra pública y privada, cantidad que podría cuadruplicarse cuando se empiecen a llevar a cabo las obras que están previstas. No pueden extraerse de los desmontes que se generan en las obras por razones de cantidad y calidad, ni son suficientes ni pueden en algunos casos obtener las certificaciones necesarias”. Así que, advirtiendo ellos también que lo de Güímar ocurrió por no poner una solución adecuada en el momento preciso, han venido solicitando encuentros entre empresas y administración para poner arreglo pero sin demasiado éxito hasta el momento.
Con todo, lo más sencillo resulta -como es habitual- lo que más desagrada a quienes toman decisiones, sabedores del coste electoral que podrían afrontar -está lejos de poder acreditarse, el ruido no se convierte mágicamente en votos- pero se podría ensayar la fórmula que propone Juan Antonio Afonso Mosegue tras afirmar que los recursos mineros no están donde uno quiere, no se puede elegir su ubicación ni fijarla en planes territoriales diversos porque puede ocurrir que el recurso posteriormente no exista. Así que, en buena lógica, la canteras deberían estar permitidas donde no estén expresamente prohibidas. La alternativa, claro está, es no hacer nada y pensar en la vuelta a las cavernas.
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