“El mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio” dice con una frecuencia no exenta de gracia el notable economista Carlos Rodríguez Braun, con quien hemos hablado en este mismo número tras la presentación de su último libro. Un caso práctico de esta teoría universal lo encontramos en estas islas, donde los políticos, la más de las veces, intentan justificar su ineficacia en base a criterios realmente simples, al alcance de sus vociferantes seguidores en redes sociales. Siempre fue así, son unos expertos en justificar que las deficiencias en los servicios públicos se deben, jamás a sus errores de planificación, siempre a que son demasiados los factores (cuando no población residente son turistas y si no… puede incorporar un largo etcétera). El último ejemplo claro de chivo expiatorio lo encontramos en la pretensión del Cabildo Insular de Tenerife de imponer (jamás convencer) una tasa de tres euros al día que pagarían los coches de alquiler. Es curiosa la retórica, seguida de forma acrítica por los medios de comunicación; los coches de alquiler no pagan nada, lo harán o sus usuarios o sus propietarios pero jamás el coche, por más que esa despersonalización funcione bien al objeto pretendido, ingresar todavía más dinero que será malgastado por las muchas administraciones que, a día de hoy, siguen entorpeciendo nuestra vida diaria.
Las razones para la tasa no son muy originales mas sí lo es (o quizás no tanto) que una propuesta de Podemos haya sido tan bien acogida por Coalición Canaria en Tenerife. Se han escudado en lo de siempre, como hay un problema ingente de congestión de tráfico, los coches de alquiler deberán pagar la “factura social” de su actividad, como si hasta la fecha hubiesen estado liberados de tal cosa. No es verdad, claro está, pero es mucho más sencillo señalar pretendidos culpables que ver cuál ha sido la contribución de las administraciones a la situación actual. Incluso el director insular de Fomento en el Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, un clásico a la hora de dibujar medidas intervencionistas y regresivas, valga la redundancia, ha llegado a afirmar que los coches de alquiler contribuyen “a la congestión de las carreteras, al colapso de los espacios naturales y al aumento de emisiones de CO2”. Es un viejo truco pero no tan eficaz como se pretende; en toda acción humana hay externalidades y las hay de tipo positivo y, desde luego, negativas. Pero señalar unas sin reparar al tiempo en las otras, es algo que conviene a dirigentes que llevan toda la vida metiendo las narices en asuntos que en nada les concierne (de hecho, esta idea de la tasa nace en el Cabildo pero debe aplicarla el Gobierno). Existen externalidades en la actividad de los coches de alquiler que mostrarían todo su potencial, si por ejemplo, las carreteras estuviesen a la altura de lo que se merece una isla que, milagrosamente, sigue recibiendo seis millones de turistas. Permiten acceder a espacios naturales en cuyas inmediaciones hay negocios que jamás podrían funcionar sin el aporte de turistas que llegan de forma autónoma con sus vehículos alquilados, sin ir más lejos y sin pretender ser prolijos en la enumeración de ventajas tan evidentes que resulta desasosegante tener que enumerar.
Es tentador para nuestros políticos gravar con una tasa o precio público el alquiler de los coches. De un lado, es complicado que con todo lo que se publica de manera reiterada sobre emisiones de CO2 salga alguien a defender la actividad de los vehículos privados, por más que con que se indague un poco se observa rápidamente que en las empresas de transporte del Cabildo, particularmente TITSA, poco se ha avanzando para que sus motores sean energéticamente más eficientes, en un caso más de consejos vendo que para mí no tengo. Por otro lado, si de verdad la tasa se pudiese llevar a efecto y trasladar sus costes sin más al turista que alquila, él no votará en las islas con lo que las administraciones se quedarían el provecho sin el reproche. ¿Qué podría salir mal?
18 millones de euros: la madre del cordero
Los propios cálculos hechos sobre el potencial recaudador, ceteris paribus, hablan de algo más de 18 millones de euros al año. La cifra se obtendría de cobrar tres euros diarios a los 17.000 vehículos que, en promedio, se alquilan cada día sobre un total de entre 35.000 y 40.000 que se dedican a esta actividad. Un panal de rica miel que atrae la voracidad recaudatoria de las administraciones que, obviamente, no lo venden de esa manera, porque siendo malos no son tontos, ya saben que no podrían presentarse ante la opinión pública diciendo que quieren esa cantidad de recursos adicionales para malgastar en las múltiples actividades en las que se involucran y en las que son tan prescindibles como inevitables por vocación propia. Las recaudaciones de impuestos funcionan mucho mejor en la teoría que en la práctica; a veces ocurre que los ciudadanos no se comportan como esperan los líderes inteligentísimos y rehúsan seguir haciendo uso de aquello que se pretende gravar como venía ocurriendo antes de la fatídica decisión. Se ha alegado en el caso que nos ocupa, que los precios del rent a car son muy bajos, Carlos Alonso dixit, a la sazón el planificador que está al frente del Cabildo de Tenerife, sin pararse a pensar que la primera razón de que esto ocurra es que existe una vigorosa competencia que empuja los precios hacia abajo, de lo que se benefician todos. Los clientes, desde luego, pero también aquellos que ven llegar a sus negocios alejados de las zonas destinadas a la actividad, los frutos de un turismo que de otra manera tendería a quedarse en los establecimientos turísticos haciendo exclusivo uso de los servicios que le prestan . Y es que, ¡caramba!, si dependiesen los visitantes del transporte público que gestiona (es un decir) la propia administración, entonces sí que definitivamente seríamos un destino de sol y playa. El transporte público ni es eficiente, ni eficaz, ni puntual, ni cómodo, ni barato, ni presta atenciones suficientes a los usuarios, particularmente el servicio de guaguas en el que una buena parte de los conductores apenas si hablan idiomas, ni tienen los incentivos adecuados para ello, precisamente por la condición de trabajadores de una empresa pública fuertemente sindicalizada. Observemos, empero, que una tasa operaría como una cantidad que incrementaría los costes fijos y con ello, afectaría a la competitividad de las empresas. Caso, como se ha planteado, de atacar el IGIC con un recargo añadido al actual tipo del 13,5% del que se librarían los coches eléctricos, y dando por buena la cantidad de tres euros diarios, entonces para un coche que actualmente se alquila por 30,65 euros (precio para un Fiat 500 en la página web de CICAR) esa penalización supondría un inquietante 10% adicional. Por cierto, esto sería llevar el impuesto indirecto a niveles superiores a los del IVA, en otra desafortunada decisión que desprecia nuestro REF.
Hay unas 200 empresas que se dedican a la actividad en Canarias, de ellas, el 80% son pequeñas y medianas y el resto son algunas de las grandes enseñas mundiales que aquí participan del negocio de la mano, igualmente, de empresarios canarios. U otras empresas que nacidas y ensoleradas aquí, son capaces de competir en un escenario muy competitivo donde la gestión eficaz debe ser la norma, so pena de resultar expulsado del mercado. Cualquiera con un poco de curiosidad y buena memoria, podrá recordar que hace unas décadas los precios para un par de días eran casi los que se pueden conseguir hoy en un entorno low cost y fuerte competencia para una semana; para el mismo ejemplo anterior encontramos el vehículo por tan solo 134,03 euros. De ahí las dificultades que van a encontrar las empresas para poder trasladar el capricho político al usuario final.
El propio Becerra, en su etapa en el Gobierno regional que por entonces presidía Adán Martín, no debería desconocer los inconvenientes que acarrean subidas como las pretendidas. En 2002 se elevó el IGIC del 4,5% al 13,5% a este sector, que es donde se encuentra en la actualidad. Muchas pequeñas empresas fueron incapaces de competir con esa subida salvaje que no podría repercutirse en su integridad a los clientes, contribuyendo el gobierno con su decisión al cierre de muchas de aquellas empresas familiares que poblaban nuestra geografía. Decía Mises con razón que el gobierno no puede hacernos más ricos (de manera legal, se entiende) pero sí que puede empobrecernos, en este caso hasta llevar a la ruina de familias enteras. El conocimiento en sociedad es acumulativo pero parece que no lo es para aquellos dedicados a la cosa pública que, a mayor desgracia, no responden personalmente por sus decisiones, aun tengan funestas consecuencias.
El coche eléctrico
Visto el inicial rechazo de la idea, insistamos que era de Podemos con la pretensión de que se destinen sus recursos a la creación de una renta básica, convencidos como están en la formación morada que el capital se reproduce solo, lo que ha repetido ad nauseam el Cabildo es que no hay afán recaudatorio y que sería buena cosa que esos ingresos adicionales se desplomasen hasta llegar a cero, como consecuencia de una transición tan eficaz como milagrosa hacia un parque de coches de alquiler eléctricos. Alonso, en modo populista, llegó a decir que “el turismo ha creado empleo en las islas, pero todavía seguimos con tasas de paro elevadas y con rentas bajas, y esto hay que vincularlo al Pacto de Rentas, a la capacidad que podamos tener una renta social, un ingreso que las personas con más dificultades económicas puedan tener de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o de las rentas más bajas”, por lo que habría que “imponerle a la actividad turística una tasa, a través del rent a car, que permita financiar servicios públicos, en particular, contribuir a un mejor nivel de renta”. ¿Qué tal? Si no fuesen nuestros representantes públicos, tendríamos la tentación de pensar que han dicho una cosa y la contraria. Lo que sí parece evidente es que se improvisa constantemente, con un ojo puesto en el objetivo a abatir y otro en la reacción de la sociedad a cada una de estas ocurrencias.
Lo que parecen no observar nuestros planificadores son las razones por las que los vehículos eléctricos no vean incrementada de manera apreciable su demanda a pesar de los fuertes incentivos que se incorporan para ello. Sin ánimo de ser exhaustivos, es cierto que la ausencia de puntos de recarga –algo de lo que sí podría haberse encargado el Cabildo- puede ser un factor relevante pero también saber exactamente el momento en que las tecnologías están suficientemente maduras, los vehículos suponen una inversión elevada en la que no siempre se justifica ser un “early adopter”, una persona que empieza a utilizar una determinada tecnología en cuanto está disponible, porque no es lo mismo serlo del Iphone X que de un Tesla, pongamos por caso. Las mejoras constantes en los vehículos eléctricos hacen que uno adquirido unos meses atrás haya dejado de ser una innovación notable y existe margen, así lo creen potenciales compradores, para mejorar tanto autonomía como velocidad de recarga o potencias en poco tiempo. El sobreprecio puede influir por más que se destinan recursos notables a subvencionar la compra y a llevar a cero los impuestos que pagan. Para un coche de alquiler, estaríamos hablando de triplicar su precio de compra y verse obligados a la renovación de las baterías pasado un tiempo, lo que supondría una fuerte inversión adicional. De la duración de las baterías caso de afrontar pendientes como las existentes en nuestras islas, casi mejor no discutir.
Puede que sea el futuro… o puede que no. Toyota, uno de los fabricantes más importantes del mundo, tardará un tiempo en disponer de un vehículo eléctrico puro, siendo su preocupación actual nuevos motores de hidrógeno o la consolidación de los híbridos. Quizás, perdón por la poquedad, tiene el fabricante nipón alguna información que desconozca nuestro omnisciente Cabildo.
Pese a la pretendida impugnación que hacen los políticos sobre la actividad de los rent a car y sus externalidades negativas, es cierto que también merece subrayarse que el coche promedio dedicado a la actividad tiene una edad de entre dos y tres años, por tanto, son muy eficientes en cuanto a emisiones, mucho más que los de la población residente poseedora de una flota de vehículos envejecida, la más del país. Los coches de alquiler apenas suponen el 8% del total de coches que circulan por nuestras carreteras, con lo que resulta complicado responsabilizarlos de la congestión del tráfico. Las empresas dan muestras de un apetito inversor notable, deben renovar sistemáticamente sus flotas para no perder negocio y hacerlo para alquilar con precios bajos. Según el informe de Impactur Canarias 2017, las empresas dedicadas al alquiler de transporte contribuyeron con un 19,8% a la inversión del sector, unos 196 millones de euros. Los empresarios son conscientes de sus obligaciones para mantenerse en el mercado y si existiese una genuina demanda de coche eléctrico, seguro que ya habrían destinado recursos a tal fin. No es dinero que hayan preferido ahorrarse, sencillamente destinan a la renovación lo que cuenta con demanda real y suficiente. No es un comportamiento plano, hay empresas que ya ofrecen coches eléctricos a sus clientes por más que sean conscientes de que no admiten un uso intensivo con posibilidades de recarga sencillas en caso de alejarse demasiado. Son más las limitaciones de la tecnología y la disponibilidad de puntos de recarga que la maldad intrínseca que nuestros burócratas atribuyen a los empresarios. Empresarios, por otro lado, que ya son suficientemente asaeteados a impuestos, como bien recordara el presidente de ASHOTEL, Jorge Marichal, refiriéndose al estudio anteriormente citado de Impactur Canarias: “el sector turístico contribuyó a las arcas públicas con 2.123 millones de euros procedentes de impuestos directos e indirectos. Además, hubo un gasto turístico en las islas que superó en 2017 los 4.586 millones de euros y un tipo impositivo que en 2012 subió del 5% del 7% en IGIC para este sector. Así, la Administración pudo recaudar 321 millones de euros de todas las actividades que componen el gasto en destino (alojamiento pagado en destino, alimentación y bebidas, transporte local, actividades recreativas, culturales y deportivas, compras y otros gastos como salud o farmacia, entre otros). Ese incremento impositivo hasta el 7% se ha traducido en 2017 en casi 100 millones de euros extras anuales de recaudación”. El gasto público asociado al turismo en las Islas fue para ese año de 931 millones de euros.
Para no tener afán recaudatorio, bien que lo parece. Y por ello ya han señalado un nuevo enemigo: el vehículo privado.
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