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Acabemos con el Frankenstein del sistema fiscal

1 de enero de 2019
impuestos
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España pretende incrementar los ingresos fiscales en casi 6.000 millones de euros para el año próximo, caso de entrar en vigor los presupuestos que ha preparado el departamento de Montero. De ellos, unos 4.000 deberían pagarlos las empresas al afectar la subida al tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades y la exención de dividendos obtenidos en el extranjero (previsión de 1.776 millones de euros), el impuesto sobre las tecnológicas (1.200  millones de euros ) y la tasa a las transacciones financieras (que recaudaría 850 millones). Nada extraño, el gobierno del PSOE pone el foco en los grandes contribuyentes, patrimonios y multinacionales… exactamente igual que hacía el gabinete de Mariano Rajoy. 

El problema, que urge ser revertido, es que el sistema tributario español es una especie de Frankenstein que ha ido siendo reformado, enmendado o modificado durante años sin acometer una ambiciosa reforma que coloque el sistema fiscal español a la vanguardia en cuanto a modernidad y que sea base de un crecimiento sostenible y vigoroso. De hecho, las experiencias más recientes hablan de estudios y comisiones que crean sustanciosos documentos de trabajo que mantienen una cierta coherencia de la que quedan desprovistos una vez se cogen solo aquellas cuestiones que pueden resultar más interesantes a los responsables políticos. Es lo que ocurrió con el informe Lagares cuyas conclusiones y recomendaciones, ampliamente compartidas, no se implementaron por la inevitable pulsión política de acometer solo lo que puede reportarles votos. Canarias también se ha movido en ese territorio, pasando en poco tiempo de creer en la necesaria reforma fiscal -en cuyo marco se incorporaba la rebaja del IGIC- como objetivo político a proclamar la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que contábamos con una “política fiscal vanguardista en el mundo”. 

En Canarias, además, se ha llegado a algún magro acuerdo para la rebaja de impuestos por mor de la necesidad de apoyos para sacar adelante los presupuestos de la comunidad autónoma. Pero, y he ahí lo grave, no existe más coherencia en la actuación que la previsible de quienes operan en la búsqueda constante de votos en el mercado electoral. Para este próximo año, con una salud en ingresos de todas las administraciones que para nosotros querríamos los particulares y empresas, la rebaja apenas si suponen 150 millones de euros mientras que sólo el Presupuesto de la Comunidad superará por mucho los ocho mil millones. La rebaja, por otro lado, muy concentrada en el IGIC que, es cierto, sufrió una subida salvaje en el año 2012 al pasar, en su tipo general, del 5 al 7%. 

La pregunta, por tanto, es obligada. ¿Se puede hacer cosa distinta? ¿Está en línea con las recomendaciones de las principales autoridades económicas tales como el Banco de España, la UE o lo que ya hacen los países de la OCDE? ¿Es cierto que contamos con una fiscalidad vanguardista?. España no mantiene en sus ingresos demasiada coherencia y en sus principales impuestos presenta unos datos alienados con el resto de países de la UE, excepto en el IVA. El IRPF se encuentra en máximos pese a la elevada tasa de desempleo que aun mantenemos. El de Sociedades se recupera pero está todavía lejos de la mayor recaudación conseguida (en 2007, 44.823 millones de euros frente a los 23.143 millones del año pasado, fruto en buena parte de la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores). En cualquier caso, es justo señalar que existe toda una suerte de deducciones, bonificaciones y reducciones que provocan, por un lado, la erosión de la capacidad de recaudación y, por el otro, cierta sensación de incertidumbre entre los obligados tributarios. Estas herramientas de ahorro fiscal desperdigadas suponen unos 50 mil millones de euros al año. Pero dónde existe un auténtico sinsentido es en el comportamiento de la imposición indirecta, particularmente centrada en el IVA (el IGIC cuanta con idéntico problema aunque de forma más moderada). Aunque las organizaciones comentadas anteriormente instan a actuar en reprimir esos problemas, aumentando la imposición indirecta con incrementos en la base imponible del IVA, o de algunos de los muchos tipos reducidos existentes o subiendo la fiscalidad con nuevos impuestos ambientales que se deberían compensar con reducciones de impuestos directos a los trabajadores y las empresas. Nada de esto está contemplado, antes al contrario, lo que se pretende es elevar la fiscalidad directa, es decir, el IRPF y el Impuesto de Sociedades (éste último está siendo rebajado en muchos países que pretenden ganar atractivo para la inversión empresarial) mientras que en los especiales se ha decidido atacar el diésel para igualarlo al impuesto que soporta la gasolina, creando al tiempo una enorme incertidumbre, el desplome de las ventas de los coches de gasoil y una depreciación de los vehículos, propiedad de familias que los han renovado recientemente sin pensar que podrían ser asaeteados por un gobierno que previamente les invitaba a comprar con fuertes subvenciones en el precio. Lo singular es que en fiscalidad ambiental, la nueva moda, no se va más allá. Y es un campo fértil, no solo para incrementar impuestos, también para implantar nuevos habida cuenta el entusiasmo de una parte de la sociedad con estos tributos que presuntamente castigan a los más contaminadores y contribuyen a atacar los efectos del cambio climático. El mismo partido que sostiene al gobierno, el PSOE, llevaba en su programa electoral una serie de tributos de esta categoría, tales como gravámenes sobre el dióxido de carbono, los óxidos nitrosos, los residuos industriales y sobre bolsas y embalajes. La medida que han anunciado supondrá un ingreso adicional de 670 millones de euros pero que se verá minorada por el lanzamiento de un nuevo Plan Renove de 200 millones de euros para que sean cambiados los coches más antiguos que circulan por nuestras carreteras. Todo antes de que en 2040 se dejen de vender aquellos que utilicen energías fósiles. 

Los indirectos, una forma de satisfacer a grupos de presión

España tiene un problema evidente con la gestión de su imposición indirecta. Somos el país de la UE con un menor número de productos en su tipo general, siendo rebajado de manera considerable ante cada grupo de presión que con suerte haga creer a los dirigentes que son un sector estratégico o que existe un agravio comparativo que debe ser subsanado. Así cabe entender la batalla dada por diversas organizaciones en favor de lo que han venido llamando “tasa rosa”, un IVA reducido (del 10%) ha pasado a uno de tipo superreducido (4%) que afectaba a los productos de higiene intima de las mujeres. O el caso de los productos veterinarios, que pasan del 21% al 10%, dada la enorme importancia que tienen las mascotas en millones de hogares españoles. Especialmente crítico es el asunto de la hostelería, una actividad que no parece que requiera de grandes atenciones para su correcto funcionamiento. No se trata de cuestionar que sectores completos puedan contar con impuestos bajos, el problema es que esto no responda más que a conexiones espúreas entre políticos y empresarios, sin dotarnos de un sistema marcado por un principio básico que debe informar la fiscalidad de un país: recaudar con suficiencia, generalidad y equidad. 

Por si no fuera poco, existe un problema adicional que tiene que ver con la calidad jurídica de las distintas reformas que se han ido implementando. Existe un alto grado de consenso sobre la necesaria simplificación de la legislación tributaria y una mayor nitidez de la que se conserve para evitar en lo posible las controversias que se dirimen en los tribunales por la interpretación caprichosa que se hace. La crisis ha agudizado el problema, según el ex-director del Instituto de Estudios Fiscales Juan José Rubio, se aprobaron más de 400 normas fiscales con el fin de atajar los diferentes escenarios que se fueron produciendo entre los años 2008 y 2018. La constante búsqueda de ingresos adicionales en momentos en que la economía se deprimía pudo tener mucho que ver con el asunto. 

Una de las cuestiones pendientes, además, es el efecto distorsionador que tienen el efecto combinado del IRPF y las contribuciones empresariales para financiar a la seguridad social, lo que se ha traducido en complicaciones para mantener trabajo estable en un país necesitado de ello. No es menor el impacto de los tipos marginales del IRPF en asuntos cruciales como la oferta de trabajo, el ahorro o la inversión más el escaso atractivo que resultar cara a la asunción de riesgos empresariales. Y el asunto estrella de una reforma fiscal merecedora de tal calificación sería el tratamiento fiscal que se debería dispensar al ahorro, unificando tipos para evitar la distorsión sobre el ahorro familiar que sigue pendiente de ser solucionado. Siendo otro de losa asuntos a considerar prioritarios y con un horizonte temporal electoral tan activo, poco indicios apuntan en ese dirección.