La Gaveta Económica reunió a distintos responsables de partidos políticos con representación regional (o que aspiren con fundamento a tenerla tras las elecciones de mayo) para establecer las prioridades económicas de las Islas en los próximos cuatro años. Asistieron Rosa Dávila (Coalición Canaria), Esther González (Nueva Canarias), Miguel Montero (Podemos), Lope Afonso (Partido Popular), Mariano Cejas (Ciudadanos) e Iñaki Lavandera (Partido Socialista), moderados por el director adjunto de esta publicación, Bernardo Sagastume. También había sido invitado Vox, que tras vacilaciones iniciales accedió a acudir aunque finalmente la pérdida de un enlace aéreo impidió a Fernando Bermejo acudir a la cita. Durante más de hora y media hablaron sobre diversos temas, que hemos agrupado para que sea lo más útil al lector interesado.
Diagnóstico y soluciones
El representante de Podemos expresó su desconfianza en la capacidad de gestión de los gobernantes, “son muchos los recursos que han llegado desde Europa, también del gobierno central que se han dilapidado, no se puede echar la culpa a Madrid o a los que no han gobernado, los responsables son aquellos que sí lo han hecho”. Aunque quiso dejar claro que reconocen la importancia del turismo, “en nombre del sacrosanto desarrollo se han cometido muchos disparates” y, a modo de mensaje tranquilizado afirmó: “Aunque se pueda creer que mantenemos algunas tesis más radicales, hay sectores en los que se debe liberalizar más y otros en los que debe existir más control. Nosotros queremos contar con un programa participado, no con grandes recetas porque no hay milagros”.
Cejas, de Ciudadanos, quiso comenzar respondiendo al representante de la formación morada, “no comparto la idea de que hay un exceso de subvenciones, no son un regalo, somos una región ultraperiférica que vive alejada de los mercados”. Sí que quiso dejar claro que existe una hiperregulación fruto de contar con 88 municipios y 7 cabildos más el gobierno que “da por resultado el tener leyes duplicadas”. Crítico con el gobierno regional porque tiende a repetir políticas de un año para otro sin atender a sus propios discursos, “se afirma que hay que apoyar al sector primario y luego se ve que apenas se dedica el 1% del presupuesto”. Para el partido naranja la prioridad debería contar con un plan estratégico a medio y largo plazo que evite dar bandazos, al tiempo que sería preciso “repensar todo el entramado burocrático; se nos dijo que la Ley del Suelo resolvería muchos de estos problemas pero no hay un solo Plan General que se haya aprobado bajo su amparo”.
Lope Afonso comenzó su disertación valorando aquellas cosas que se han conseguido y que se han ido asentando a pesar de no terminar de consolidarse. En ese sentido habló del REF y el hito que supone desvincularlo de la financiación ordinaria. Las zonas especiales, la baja tributación son una buena palanca a la que fiar nuestro crecimiento, aunque “ahora vivimos un momento de ralentización relacionada con la inestabilidad política nacional, las elecciones, la amenaza del Brexit y la recesión en Alemania”. Partidario de no perder oportunidades históricas para ayudar a rebajar la tasa de desempleo, el gran problema de Canarias, también aboga por trazar políticas estratégicas que acaben con el inmovilismo, proponiendo reformas como la administrativa que agilice proyectos y acabe con la maraña burocrática y la reforma fiscal, en línea con la tesis de los populares a nivel nacional. Afonso también pidió que la administración se retire de algunos sectores y que se evite la tediosa relación que existe entre los ciudadanos y la burocracia.
Rosa Dávila quiso sumarse a la necesidad de desburocratizar la economía y las relaciones entre administraciones aunque subrayó que se han dado ya algunos pasos. Incidió en los avances que ha logrado Canarias en el reconocimiento de su status pero aspira a que juguemos en los años venideros el explotar la centralidad geográfica en un mundo globalizado, “donde la tecnología y la comunicación puede poner en valor la posición estratégica de Canarias”. No quiso rehuir el que considera principal problema de Canarias, el paro, pese a registrarse el récord de activos con más de 900.000, “somos una tierra de oportunidades” pero para que se beneficien los canarios, “debemos mejorar una asignatura pendiente, la educación, no solo invirtiendo en ella sino apostando por el bilingüismo, la relación de la Formación Profesional con el mercado laboral, diversificar la economía o aprovechar las nuevas herramientas que el REF nos concede, anclado además como está en el Estatuto de Autonomía”. Reclamó para el gobierno de estos cuatro años el mérito de la estabilidad y el diálogo, “capaz de sacar el presupuesto de año en año”.
Desde las filas socialistas, Lavandera fue critico con el afán de los que han gobernado Canarias en “conservar y proteger a sectores productivos, manteniendo el status quo, sin incentivarlos a ser cada vez más productivos en una economía cada vez más global y abierta”. Echó en falta una planificación general de Canarias y puso por ejemplo el Eje Transinsular, “que no era más que la suma de lo que creía cada gobernante en su isla”. Compartió con la también consejera de Hacienda, Rosa Dávila, el problema de la cualificación de los canarios, “a los que no hemos sabido dotar de la formación necesaria”. Critico con la Ley del Suelo, “que no es que haya resuelto grandes problemas” advirtió que no se puede competir turísticamente vía salarios, para no ahondar en el problema que se observa desde el año 1998 a hoy, que lejos de converger con el resto de España, las diferencias se ensanchan. Quiso destacar el que, a su juicio, es el gran reto de los próximos años, la digitalización que no conoce de fronteras, tampoco para los canarios: “si apostamos por el conocimiento y la digitalización, nadie nos podrá detener”. Sin embargo, “por desgracia, ni el sector público ni el privado apuestan por ello, los presupuestos del Gobierno en I+D+I hoy sin inferiores a los existentes en 2010.
El primer bloque lo cerró la representante de los nacionalistas de izquierdas, Esther González. A su juicio, “el problema de Canarias es contar con una economía terciarizada con una gallina que ha puesto todos los huevos en la misma cesta”. Mientras, “el discurso del gobierno ha sido diversificar e internacionalizar la economía, pero cada vez dependemos más del turismo y del exterior”. Añadió que es ineficiente la política turística, “que actúa sobre la demanda cuando lo debería hacer sobre la oferta con el fin de que nuestro destino se cualifique, se prepare mejor para la llegada de las vacas flacas”. El problema es que “competimos con sol y playa mientras que hay muchos destinos más baratos que nosotros, con lo que dependemos de cómo vayan los demás”. Su solución pasa por dejar de depender del turismo y la construcción porque “en veinte años no hemos cambiado nada y habría que conseguir industrias de alta tecnología y bajo consumo de territorio”. Advirtió que la simplificación administrativa que comparte, “no puede convertirse en barra libre” e hizo varias apelaciones durante la charla a la falta de evaluación de las políticas públicas en Canarias, no hay forma de saber sus resultados y la consecuencia es “picotear de aquí y allá sin sacar rendimiento a los recursos disponibles”.
Vivienda y alquiler vacacional
Este segundo bloque lo inició el representante del PP, para quien el problema del alquiler vacacional cabe atribuírselo por entero al gobierno regional que sigue sin regularlo: “desde hace tiempo se sabía que es asunto complejo que debe respetar el derecho de propiedad y que puede enfrentarse a problemas de nulidad. Se ha actuado sin valentía, por evitar regularlo como la actividad económica que es, que debería estar reglado, con criterios de calidad definidos, seguridad garantizada y con registro de clientes”. Conectó la problema de la vivienda vacacional con los porque sufre la viviendas de larga temporada pero señaló también al gobierno como responsable: “no ha habido viviendas de promoción pública en los últimos años”
Cejas comenzó afirmando que la vivienda vacacional es un asunto “que ha venido para quedarse”. Reclamó valentía para la regulación y estableció su confianza en la compatibilidad de usos, “hay familias que lo requieren para sus vacaciones porque no se pueden permitir pagar dos habitaciones en hoteles”. Urgió al gobierno una solución, “no se puede dejar la pelota en el tejado de los municipios o cabildos, creo que se debería crear una norma marco nacional que luego pudiese adaptarse a las distintas realidades e impedir que se degraden los destinos”. Liberó de culpa al alquiler vacacional del aumento de precios en la vivienda de otros usos e insistió en que “no hay plan de vivienda desde el año 2012, ahora se presenta uno corriendo para el periodo 2019-2022, ¿qué hemos hecho en cuatro años?”, se preguntó para añadir que “hay islas como Lanzarote o Fuerteventura en las que no se construye vivienda pública desde hace 15 años”.
Podemos reclamó una mayor intervención pública para resolver estos problemas; critico con el gobierno por no exigir una relación más clara a la SAREB en relación con el parque de viviendas existentes, sí que presumió de logros en Baleares -donde la formación morada cogobierna con el PSOE- y donde la solución al alquiler vacacional fue una norma autonómica con los límites y luego cada isla buscó una solución para sí. Los cabildos, para los que reclama mayor competencia y negárselo es una falta de respeto hacia esas centenarias instituciones, deben zonificar y marcar el rumbo. “El alquiler vacacional afecta al alquiler residencial, es un problema real. En Baleares se llegó a un acuerdo con el sector hotelero y el extrahotelero, lo digo para alejar fantasmas”. Añadió que en Canarias hay “gente sin casas y casas sin gente porque el mercado no se regula solo” y que sin atacar a los propietarios de casas hay que buscar ejemplos en Europa donde se pueden hacer contratos de alquiler a largo plazo para evitar que se genere fricciones. Terminó su intervención apelando a una mayor acción de lo público y criticando que se intentara arreglar el problema de la promoción pública en “los minutos de descuento de la legislatura”.
Esther González comenzó señalando su dolor “porque hace unos años los lanzamientos eran por las hipotecas y ahora por no poder afrontar los pagos del alquiler” aunque quiso refutar la idea de la elevación de precios como consecuencia de la ausencia de vivienda pública, “los problemas que tienen maestros o médicos en Lanzarote o Fuerteventura no se podrían evitar, por nivel de renta no tendrían acceso a esas viviendas”, compartiendo el diagnóstico de que los precios se han elevado por culpa de las vacacionales. Reconoció que es asunto complejo y que incluso dentro de su partido hay disparidad de opiniones sobre el particular. Se extrañó de que el PP no quiera a los municipios regulando sobre el alquiler vacacional cuando “apoyaron con entusiasmo la Ley del Suelo que cantonalizó Canarias”. Para González, hay riesgo de caer en exclusión social por los problemas con la vivienda y criticó que los fondos de FDCAN se utilizan en “bordillos y farolas” en vez de destinarse a un asunto “más beneficioso para los canarios”.
“Los problemas de la vivienda vacacional no son iguales en todos los sitios, ni siquiera lo son dentro de una misma isla, ni dentro de un mismo pueblo donde barrios distintos tienen problemas distintos”, explicó Lavandera para arrancar su exposición, que destacó que la vivienda ha dejado de prestar “su función social” que no está definida por el derecho de propiedad. Las políticas de vivienda no es “solo construir vivienda” y no hay una política merecedora de tal nombre desde 2015. “Los recursos disponibles hoy no tienen nada que ver con los de entonces, con 2.000 millones de euros más se podrían utilizar mejor”. Su apuesta es comprar vivienda, se planteó hace cuatro años cuando los precios eran un 20% más bajos. Abogó por medidas innovadoras que dinamicen el sector, con un fuerte papel de la administración para acabar con el problema. Sí que expresó sus dudas sobre el vacacional, con la estructura de costes del sector, lo que puede ocurrir en que en cuatro o cinco años se haga un enorme daño al bajar mucho los precios, así que, concluyó, “hay que preservar la función social de la vivienda y regular mediante requisitos de calidad la vacacional”.
Dávila quiso enfatizar que el problema de la vivienda no es exclusivo de Canarias, “lo hay en todas las comunidades autónomas”. Se mostró partidaria de una regulación autonómica que luego pueda admitir diferenciaciones insulares”. Se apuesta por generar oportunidades para que la gente cuente con vivienda, impulso a la vivienda pública, no solo la de Protección Oficial, también con ayudas al alquiler para gente joven. Quiso mostrarse conciliadora ante la realidad de que hay “que respetar el derecho de propiedad y el del sector turístico mediante la promulgación de valores de excelencia. También hay que estudiar el impacto en el precio de la vivienda”. También cree que el mercado es incapaz de regularse solo por lo que entiende que la mejor opción es una planificación pactada con los ayuntamientos para que “no acaben disparando cada uno para un lado”. Presumió, eso sí, de haber acometido el gobierno la operación más importante en este materia, la compra a un fondo buitre de las viviendas de Añaza para que las pudiesen ocupar personas vulnerables.
Internacionalización y atracción de empresas foráneas
La representante de Nueva Canarias insistió en su crítica a la incapacidad de Canarias para evaluar las políticas públicas, fijando su atención en la Zona Especial Canaria o las Zonas Francas, “donde se implantan tres o cuatro empresas pero que desde luego no es una máquina de captar compañías”. Para cambiar la estrategia, añadió, es “necesario saber la evaluación y conocer en qué se ha fallado”.
Lavandera censuró que Canarias no se sepa vender en el exterior, añadiendo que la manera en que se venden los incentivos de las islas en el extranjero distan de ser los adecuados, “no creo que un viaje de Clavijo a los Estados Unidos sea el modo”. Puso como ejemplo el de los incentivos al cine, que solo empezaron a funcionar cuando un empresario de Gran Canaria viajó a California y en su stand explicaba los beneficios de rodar en Canarias, “nunca ha existido una estrategia correcta”. Empero, sí cree que tenemos enormes herramientas para mejorar la posición de Canarias y están contempladas en el REF. La apuesta por la economía del conocimiento, inversión en I+D más el acompañamiento público a través de Proexca o el ICEX pueden ser importantes, desvinculando que eso ocurra solo en los territorios más próximos.
Rosa Dávila quiso dejar claro que hay un problema de seguridad jurídica y fiscal, “consigues un REF con unas herramientas extraordinarias y si luego viene el gobierno de Madrid y se lleva por delante buena parte de las deducciones trasladas a los inversores una inseguridad que desagrada. Ha sucedido con las producciones cinematográficas”. Contestó a la respetaren de NC sobre las cifras de la ZEC, “no son tres o cuatro empresas, hay 611 empresas, con 1.000 millones de euros en inversiones y 9.000 empleos creados”. Explicó que el nuevo REF hace hincapié no tanto “en la inversión como en el empleo pero es fundamental que las herramientas estén seguras” para terminar lamentando que a la Ministra de Hacienda “no le guste nuestro régimen fiscal”.
Lope Afonso señaló que algo se ha avanzando en estos años pero lamentó que “países con una fiscalidad menos reducida han sido capaces de atraer inversión tecnológica, no hemos sabido dar con la tecla”. Expresó sectores en los que las Islas podrían ser punteras y recordó que ya desde los tiempos de José Carlos Mauricio en la Consejería de Economía y Hacienda se hablaba de “materializar la Reserva de Inversiones en África para internacionalizar la economía”.
Mariano Cejas celebró “que el REF atraiga empresas pero no debemos conformarnos. Canarias tiene un enorme problema de paro y la educación explica buena parte de lo que ocurre. 9 de cada 10 parados tienen estudios inferiores a secundaria y ninguna empresa va a querer invertir si no hay talento”. Partidario de volver a enganchar a los desempleados al mercado laboral involucrando a los operadores y a los centros de formación, sí que señaló el problema del suelo de cara a atraer a industrias a Canarias aunque, matizó “las deducciones fiscales del 45% para empresas de software son más atractivas que cualquier subvención, por lo que tiene potencialidad si se sabe explotar”. Reclamó el papel de acompañante de las empresas públicas de cara a la internacionalización de las empresas canarias y quiso dejar claro que la enseñanza en idiomas, “no sólo en inglés, también en francés” puede jugar un papel relevante en África.
Montero concluyó que si con impuestos bajos no se atraen empresas la “solución no pasa por ir regalando Canarias”. Fue critico con la idea de que no exista talento en las Islas y reclamó un papel central para las universidades publicas. El problema, añadió, es que “hay mucha gente con talento que se ha ido fuera y no pueden regresar porque los sueldos aquí no acompañan”. Cuestionó la formación de los empresarios, porque “ya está bien de querer culpar a la gente por no tener cualificación”, reprobó la construcción de un modelo mendicante que “supone estar todo el día buscando en el exterior a los culpables”. No quiso terminar su turno sin descartar el uso de la RIC en África, “esos son impuestos que se dejan de pagar aquí”.
Más o menos gasto público, más o menos impuestos
Para Coalición Canaria en las Islas se ha “alcanzado la cuadratura del círculo al conseguir cumplir con los objetivos de estabilidad con una menor deuda”.- Además, “se ha conseguido acompañar el crecimiento económico con más inversión, destinar fondos a inversión productiva e incrementado el gasto social”. Por si fuera poco, “se han bajado los impuestos y aspiramos a seguir haciéndolo”. En un capítulo en el que la consejera se sentía cómoda, añadió que el rebajar el “IGIC de los coches eléctricos a 0% es un hito que ha sido recogido por la prensa internacional” y que, tras haber prácticamente eliminado los impuestos de Sucesiones y Donaciones, el del “Patrimonio debería desaparecer pero es asunto sobre el que no tenemos capacidad normativa”.
Lavandera rebajó el entusiasmo con este análisis y prefirió señalar los problemas que se siguen produciendo: “Dejando de gastar el 4% del presupuesto, hay gente con dificultades, en pobreza severa el 13,6%, en riesgo de exclusión social el 40%, problemas con las listas de espera sanitarias, educativos en las islas menores donde depende del bolsillo de las familias, no hablo de dependencia porque estamos a la cola de la cola”. Lavandera remachó que con estos indicadores no se puede presumir de “ser noticia mundial porque seamos capaces de hacer tributar igual a un híbrido que a un eléctrico”. Criticó la rebaja de impuestos y denunció que hemos ido “hacia atrás en progresividad fiscal” y que se eliminase el gravamen a las herencias, “se nos decía que la gente renunciaba por el impuesto y lo que pasa es que no quieren aceptar los gravámenes de lo heredado como causa” para rematar su intervención sobre la RIC defendiéndola pero con “mayor intervencionismo a la hora de definir sus usos”.
Esther González quiso rehuir el debate sintetizando suposición: “El parámetro esencial debería ser si contamos con servicios básicos de calidad, si la educación, la sanidad o la seguridad tienen estándares de calidad”. Insistió en que los servicios han de mejorar porque estamos la cola, si se gestiona bien los impuesto serán más bajos y si no se hace eficientemente, deberán ser más altos”. Se sumó a la crítica de Lavandera sobre la pérdida de progresividad fiscal y afirmó que tenemos un problema por la inadecuada “redistribución de la renta”. Y pidió, como han venido haciendo toda la legislatura desde su formación, una tasa turística para poder cualificar la oferta.
Sobre este asunto se manifestó Montero pero yendo un paso más allá. Quiere la tasa pero sin límites, de la que se beneficien todos los canarios. Critico con el Cabildo de Gran Canaria, donde es consejero, por “hacer rotondas con dinero público para inversores privados” y con el Partido Socialista, “por haber apoyado antes de llegar al gobierno un impuesto a la banca y a las grandes fortunas y luego haberse rajado”. Terminó aclarando que de sus reuniones con los técnicos de Hacienda, “hace falta más inspección para acabar con el fraude fiscal”.
Ciudadanos quiere “acabar con la grasa de la administración, evitar esos 170 millones de déficit de las empresas públicas o con el número de empresas que tiene el Cabildo de Tenerife (42), todo aquello inservible o que deba de reducirse”. Reprochó a Rosa Dávila que dejase de ejecutar 500 millones del presupuesto, se mostró partidario de “rebajar los impuestos directos más que los indirectos, a fin de cuentas el IGIC no afecta solo a los canarios, también a los 15 millones de turistas que nos visitan, además de que con esos recursos se financian ayuntamientos y cabildos”. No entiende que tengamos tramos en el IRPF más elevados que Madrid, cuando tenemos una situación económica peor.
Cerró el representante del PP, Lope Afonso, quien abogó por un “gasto racionalizado, eficaz y sostenible”. Cree posible contar con servicios esenciales mejores que los que hay ahora, pagar menos impuestos “directos e indirectos” y atribuyó el mérito a su formación de la rebaja impositiva de Canarias, porque “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, les otorga mayor autonomía y capacidad de gasto”. Sí que compartió con Dávila que los Impuestos sobre el Patrimonio y el de Actos Jurídicos Documentados “sobran desde hace tiempo”.
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