Las prácticas recaudatorias del gobierno mantienen muchas de las estrategias del período anterior, pero reforzadas con herramientas y procedimientos que ya no apelan a una supuesta solidaridad fiscal sino al terror liso y llano
De Montoro a Montero hay apenas una sola letra de diferencia y no estaríamos inaugurando nada en estas páginas si hiciésemos un chiste al respecto. Pero es que la ministra de Hacienda actual –en funciones al momento de escribir estas líneas– no parece estar dispuesta a dejar que se extinga el recuerdo del hombre nacido en Cambil. Si es usted uno de los receptores de las famosas cartas, sabe de qué le estamos hablando. Y sabe que en ellas, después de unos datos de sus cuentas, aparece la frase: “Esta carta es una mera comunicación, por lo que no debe contestar, enviar documentación, ni justificar el importe de los datos que se desprenden de sus declaraciones, ni de los abonos que puedan existir en sus cuentas bancarias”. Y el remate con: “Simplemente le trasladamos la información de que dispone la Agencia Tributaria”. Quizá Edgar Allan Poe o Lovecraft no podrían haberlo hecho mejor, maestros del terror como eran. El estremecimiento que recorre la espina dorsal del destinatario de la temida misiva es imaginable. El mensaje es algo así como “te estamos vigilando y sabemos exactamente qué es lo que haces con tu dinero”, a lo que se podría agregar “…que deseamos pase a ser nuestro dinero lo antes posible”, pero eso ya sería leer entre líneas. O no tanto, si tenemos en cuenta que la propia ministra calificó hace poco como “dogma” la idea de que el dinero de los contribuyentes “donde mejor está es en los bolsillos”. Es decir, que cada uno sea dueño de lo propio, de lo que se ha ganado, para la señora Montero es un “mantra” que merece además, no solo ser puesto en cuestión, sino algo peligroso, un debate con el que “hay que tener cuidado”. Con esta cabeza al frente, desde el ministerio se han defendido ante la alarma social aduciendo que no hay ninguna amenaza, sino que solo se han dedicado a señalar una serie de “asimetrías en los ratios de negocio” en relación con lo de cada sector y que se brinda esta información para que el contribuyente valore si su comportamiento tributario “pasado, presente o futuro es adecuado”. Usted sabrá.
Sucede que a un ministro de Hacienda, al fin y al cabo, le toca hacer el trabajo sucio, simular ante la opinión pública que es la síntesis del mal, para tratar de que no se piense en que el responsable real de las políticas que aplica es su jefe, el presidente. Sucedió con Cristóbal Montoro, de cuya familia se acordaba toda la España productora a la hora de hacer sus declaraciones. ¿Pero de Rajoy? ¿Y de Sánchez ahora? Que (el actuar de Hacienda) parezca un accidente. También es útil para los medios de comunicación, que focalizan en el ministro de Hacienda las críticas, al tiempo que salvan la figura presidencial, porque al fin y al cabo siempre es necesario mantener los puentes transitables por lo que pueda ocurrir.
Si bien es cierto que las temidas cartas no se envían este curso por primera vez, la novedad respecto de los dos años anteriores en los que se ha puesto en marcha el plan consiste en que la notificación informa al contribuyente de ratios de negocio medios del sector en el que operan (relativos a márgenes de negocio y cobros en efectivo y en tarjeta) para poner de relieve que los indicadores del suyo discrepan de las líneas generales y que eso puede ser interpretado como una síntoma de riesgo fiscal. Hacienda somos todos, pero ellos un poco más que nosotros y pueden meterse en nuestra vida sin freno alguno para sembrar de sospecha a personas honorables y sus empresas, que pese a ser los que mantienen la estructura del estado, son constantemente señalados por los que desde niños han sido adoctrinados en la religión de lo colectivo.
El episodio de las cartas no es el único inquietante acerca del terror robespierano que se ha instalado en la sociedad. La guillotina fiscal pende sobre nuestras cabezas de múltiples formas, algunas incluso disimuladas, como queda expuesto en la manera en que se presenta el borrador de la declaración anual de la renta. Si tenemos en cuenta que la estadística indica que dos de cada tres presentaciones no modifican este borrador, en el que Hacienda no incluye muchas de las posibles deducciones, podríamos pensar en que hay hasta cierto grado de mala fe en la manera en que el sistema confecciona los borradores. La misma actitud, pero en sentido opuesto, a la de las cartas. Mientras en aquellas se aseguraba veladamente que usted debería pagar más, en este caso se hace todo lo posible para que usted no se dé cuenta de que podría pagar menos. Según han calculado los asesores fiscales de Taxdown SL, cada año los españoles dejaron de reclamar más de 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas. El caso de los descuentos por maternidad, que se aplican hasta los tres años de edad, es sangrante, ya que unas 450.000 madres no lo solicitan, en un país donde los nacimientos ya han caído por debajo de los 400.000 al año. En cada caso pueden reducir la cuota diferencial del IRPF hasta en 1.200 euros por hijo, lo que suma unos 402 millones no reclamados que se queda el gobierno. Es mucho mayor aun la cifra por amortizaciones de vivienda habitual, que alcanza a los 940 millones, o los 4.100 millones que podrían dejar de pagar los 8 millones de personas con rentas bajas. Lo mismo para los trece millones de españoles que no declaran sus aportaciones a sistemas de previsión social, lo que le da al fisco casi 3.500 millones de euros extras. Así siguen las deducciones no ejercidas sumando y sumando, con las de cada comunidad autónoma (las guarderías gratis de Castilla y León, los 600 euros por hijo de Madrid, el 15% de las entidades que fomenten el catalán en Cataluña y Valencia, los libros de texto gratuitos de Baleares…), hasta alcanzar unos 9.000 millones de euros en total, según el cálculo que hacen estos asesores fiscales, que obviamente recomiendan revisar bien el borrador para incluir manualmente cada deducción.
Pagar más ganando menos
Esto no queda allí, porque también aparecen tras las cortinas, pero con un efecto muy concreto, fenómenos como la no aplicación del incremento del coste de vida a los tramos de la tarifa del IRPF. Es decir, se supone que cada persona paga impuestos en función de su capacidad para generar rendimientos y, si su sueldo sube en igual medida que el IPC, no debería padecer una mayor carga fiscal. Esto no lo dice uno cualquiera, sino que así está expresado en el Texto Refundido de la Ley del IRPF, que prevé esa deflactación de las tarifas. Son correcciones que, con la excusa de la crisis, se dejaron de aplicar en 2008 y que hacen que un contribuyente pase de un tramo al superior, sin que haya en realidad ganado una posición mejor frente al aumento de los precios por inflación. Por no aplicarse esto, se calcula que en 2019 el contribuyente del tramo medio de edad y con un hijo mayor de seis años ha tenido que pagar algo así como 500 euros extras a Hacienda.
Todas estas circunstancias son las que han llevado al Tribunal Supremo a reconocer, en una sentencia reciente, que es un “sentir común” la “profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social” que provocan normas como las que imperan en el ámbito fiscal. Con motivo de tomar una decisión a favor de un contribuyente que reclamaba no pagar a Hacienda las costas en un pleito donde se ponían en discusión sus procedimientos, el alto tribunal reclama de los responsables del fisco la utilización de conceptos y categorías “perfectamente definidos y delimitados por la ciencia jurídica tributaria”, pero que en su desarrollo en el texto normativo “delimitan contornos que se alejan del concepto o categoría enunciado, para terminar definiendo o mostrando una figura fiscal distinta”. En otras palabras, les acusa casi de mala fe. La Sala de lo Contencioso-Administrativo se muestra comprensiva en primer término: “A veces, parece que dicha técnica responde a meras lagunas o a propias complejidades conceptuales de una determinada figura tributaria”, pero a continuación desnuda lo peor, lo que nos temíamos. En otras ocasiones, esa técnica descubre “una finalidad directamente dirigida a salvar obstáculos que harían inviable su aplicación”. Blanco y en botella. Para sumar más a lo que resulta casi una sentencia histórica, el tribunal justifica también la nulidad de los gastos de los procedimientos contra Hacienda porque “se presentan como impuestos lo que constituyen verdaderas tasas o viceversa”, o cómo se juega con la imposición directa o indirecta, o con los tributos extrafiscales, por ejemplo. El no abonar la seguridad jurídica utilizando al redactar las normas conceptos jurídicos determinados o categorías conceptuales que después no se condicen con “la inmediata certidumbre que los identifica” incluso debe acarrear “las consecuencias jurídicas que el ordenamiento reserva a las quiebras constitucionales”.
Misión en Portugal
Ante este panorama, resulta una consecuencia del muy humano instinto de supervivencia que más de uno haya empezado a planear una vida mejor fuera de las fronteras españolas. Pero no estamos hablando del sudeste asiático, de sitios exóticos donde bajar impuestos tiene buena prensa. No, hablamos de la vecina y modesta Portugal, que lejos de los oropeles de economías más brillantes ha sabido sin embargo poner sobre la mesa notables ventajas fiscales que han hecho que algunas de las estrellas del firmamento artístico se estén planteando fijar allí su residencia. Hablamos de esos ricos y famosos que, conforme suman seis ceros a su cuenta bancaria, toman consciencia de lo doloroso que es sostener aquello de la fiscalidad progresiva que tanto les gustaba cuando eran pobres. La moda portuguesa ha llamado la atención del sabueso fiscal español, que ahora ha aumentado sus exigencias hacia aquellos que cruzaban la frontera para resguardar nada más ni nada menos que el fruto de su esfuerzo. Ya no tendrá su propiedad tan bien protegida como antes, porque no basta con aportar el certificado de residencia fiscal que les extendían las autoridades lusas. La hacienda española no se da ya por satisfecha y empieza a considerar muchos de esos casos como una “simulación de residencia fiscal”.
Según este nuevo criterio, los pensionistas y –sobre todo– los directivos españoles están bajo sospecha de que en realidad guardan un mayor vínculo económico con su país de origen del que oficialmente declaran. El acecho no se detiene ante nada y la Agencia Tributaria no pone ningún freno a los métodos con los que comprobar si de veras esas personas se han mudado al otro lado de la frontera. Por ejemplo, los someten a una auténtica autopsia en sus redes sociales, a la busca de datos que los delaten, de ese selfie traicionero que confirme su presencia dentro del país. Incluso llegan a acercarse al domicilio anterior y a preguntar a los vecinos por él o revisan si mantiene el mismo médico de cabecera que tenía antes del cambio de su residencia fiscal. Una persecución sin cuartel.
Esta verdadera cacería por parte del fuerte al débil es lo que ha llevado al think tank Civismo a publicar cada año su informe sobre el “día de la liberación fiscal”, en el que consignan en qué momento del año se considera que uno empieza a trabajar para uno mismo, ya cumplidas las obligaciones tributarias. Se acumula todo lo que en promedio se paga en los primeros meses del año y el resultado ha dado esta vez 178 días, o lo que es lo mismo, el 27 de junio, cuatro días antes de la fecha límite de presentación de la Declaración del IRPF para los contribuyentes que no hacen domiciliación bancaria y cuyo balance salió a devolver. Si nos ponemos a analizar en qué impuestos se van esas 178 jornadas de sueldo del contribuyente medio, nos encontramos con que 103 días se destinan a las cotizaciones sociales; 34, a cumplir con el IRPF; 25, a abonar impuestos indirectos; 11, a contribuir por Impuestos Especiales; y 5, a otros gravámenes, como el IBI, Patrimonio, o Matriculación. Con respecto al año anterior, la variación es mínima, no en el total de jornadas, que permanece invariable respecto de 2018, sino que presenta un cambio de composición. Las cotizaciones sociales ahora han aumentado en uno los días necesarios para pagar impuestos, al pasar de 102 a 103, frente a un descenso del impuesto sobre la renta, que significa 34 días en vez de los 35 del año anterior. Lo comido por lo servido, porque esto refleja que las bajadas de impuestos llevadas a cabo por algunas comunidades autónomas y las reducciones de cotización en rentas más bajas fueron compensadas por el aumento en las bases mínimas de las contribuciones a la Seguridad Social. Según Civismo, continúa así una leve tendencia que se observa desde 2015 de impuestos directos en línea descendente.
Del 28 de junio en adelante, una vez teóricamente liberados del yugo fiscal, tampoco conviene relajarse demasiado, porque no solo detrás de cada esquina, sino hasta en la intimidad de nuestra cuenta bancaria persiste el acoso. Tengamos en cuenta que el secreto bancario se ha convertido en cosa del pasado: la AEAT dispone desde el año 2016 de información e las entradas y salidas totales de todas las cuentas bancarias de los contribuyentes, tanto de personas físicas como de entidades. En momentos en que se hace gala de la “protección de datos” –con una ley específica que tiene en estado de incertidumbre a muchos por no saber con precisión cómo cumplirla, todo hay que decirlo–, los datos nuestros en manos de los bancos no tienen la más mínima protección. Hay alguien que escapa por completo a la idea de igualdad ante la ley y que tiene acceso a nuestra vida financiera sin ningún tipo de limitación. Pareciera que el estado tiene un privilegio moral sobre el ciudadano para pasar por alto sus libertades y avasallar sus propiedades, que todo lo que hace, aun si constituye un acto de muy reprochable ética, se justifica por los fines de un muy diluido “bien común” que presuntamente representa. Las excusas esgrimidas para que pase al olvido el secreto bancario son siempre de índole moral superior: la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, combatir la venta de armas o pillar a los grandes evasores, aquellos que no entienden que “Hacienda somos todos”. Pero en realidad deberíamos equipararlo al secreto de la relación entre un un profesional y su cliente. O incluso al secreto confesional. No todas nuestras actividades deben estar expuestas al examen gubernamental, es más, la inmensa mayoría de ellas no deberían estarlo. La esfera privada es de cada uno de nosotros y de nadie más. Eso incluye qué hacemos con nuestro dinero, dónde lo guardamos y de qué manera tratamos de obtener la mayor rentabilidad. No es, como se suele decir, que el secreto financiero “oculta” el dinero, sino que la verdad es que lo protege. ¿Acaso usted, aunque sea por simple pudor, desea que sus amigos, sus vecinos, incluso sus familiares tengan acceso a sus datos fiscales o a la lista de movimientos de su cuenta bancaria? Si le permitimos, como le permitimos, el goce de una excepcionalidad moral a Hacienda, para que pueda hacer todo lo que quiera, estaremos poniéndonos los grilletes para partir mansamente rumbo al cadalso.
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