Limitado a un uso medicinal muy restringido o a una amplia red asociada al delito, la producción, distribución y consumo del cannabis afronta tiempos decisivos, con una legislación que puede abrir la puerta a la descriminalización y al fin de su marginalidad
¿Tiene usted más de 19 años? Pues entonces ya puede comprar online en portales como weed-deals.ca, donde tiene a su disposición una amplia selección de variedades de marihuana, con su descripción correspondiente, tanto en su aspecto como en sus efectos, así como un generoso rango de concentrados y accesorios que puede añadir a su pedido. Unos pocos días después, recibirá el paquete en su casa, como quien pide una pizza por teléfono. Siempre y cuando, claro, viva en Canadá. Porque en España, bien al contrario, deberá cumplir/eludir las leyes y mantenerse al margen, en el mercado informal, si quiere hacerse con la misma sustancia que en el país norteamericano se vende libremente.
Primero fue Uruguay (2013), aunque desde 1996 California había legalizado su uso medicinal (hoy ya once estados de EE.UU. lo permiten libremente para uso recreativo), ahora se suma Canadá y, próximamente, Luxemburgo, en una Europa en la que existe el antecedente de Ámsterdam y sus famosos coffee-shops, en cuyo entorno económico se mueven unas 100.000 personas y que en los más de 40 años desde que se iniciase la experiencia no ha hecho aumentar sino bajar el consumo, en un 20 por ciento. ¿Qué puede pasar en España? Difícil pronosticar en el corto plazo, pero hay algunas señales que merecen ser tenidas en cuenta.
Canopy. Tal vez no le resulte familiar este nombre, pero es el de una empresa de las de mayor relevancia en el mercado mundial de cannabis legal, un mercado que se estima que puede alcanzar los 31.000 millones de dólares dentro de tres años. Canopy Growth Corporation, anteriormente Tweed Marijuana Inc., tiene su sede en Smiths Falls (Canadá) y acaba de comprar Cáñamo y Fibras Naturales SL, Cafina, una start-up española, de las pocas que cuentan con la sanción de la Agencia Estatal de Medicamentos para cultivar e investigar las posibilidades de la marihuana medicinal. La adquisición se basó en un análisis estratégico, que señala a España por su gran potencial para un futuro mercado del cannabis europeo. Las condiciones que aprecian como favorables son las de sus amplias tierras de cultivo y sus buenas infraestructuras para dominar el mercado continental. No es la primera jugada de los canadienses al cruzar el charco, porque ya cuentan con instalaciones en Dinamarca, unos invernaderos de 40.000 metros cuadrados en Odense de los que esperan salir sus primeras producciones en este mes de septiembre.
Cafina aporta a Canopy toda una tradición en el cultivo del cáñamo, dado que su sede, en Callosa de Segura, fue en el pasado el epicentro del tratamiento del cáñamo en España, el lugar donde las varillas y fibras eran manufacturadas y convertidas en alpargatas, cuerdas, velas y alimentos. Sin ir más lejos, las velas de las Santa María, la Niña y la Pinta estaban hechas de este cáñamo. Pero, sin embargo, los productores alicantinos de este cultivo milenario de cuando en cuando reciben visitas de la policía, al ser casi imposible de distinguir a simple vista estas plantas de las de la marihuana, aunque tengan un bajo contenido de THC, es decir, de cannabinoides psicoactivos. Resultan ser primas hermanas, dado que son una de las miles de variedades de la cannabis sativa. Canopy se prepara, al adquirir esta marca española, para un mercado potencial de un millón de personas, si nos limitamos a los que en España, según datos del Ministerio de Sanidad, fuman a diario marihuana o hachís. De ese millón, apenas unas decenas de miles son enfermos (generalmente, de cáncer), que la consumen de diversas maneras por sus propiedades terapéuticas. El resto lo hace sencillamente por placer, relajación o para huir de sus problemas: pensemos en que un 7% de los conductores analizados al azar en las carreteras españolas dan positivo en cannabis. Aquí hay un punto que los usuarios juzgan discriminatorio, porque aunque no se encuentren bajo los efectos de la marihuana la prueba les expone a una sanción de 500 euros y la quita de 6 puntos del carnet. Sucede que el THC es una sustancia liposoluble y se queda días en el cuerpo, por lo que aunque ya hayan pasado días de su efecto embriagador se exponen a sanciones. Por eso, en círculos cannábicos se recomienda no coger el coche por varios días si se ha consumido la droga, ya que solo mide el rastro en el cuerpo y no los verdaderos efectos en el momento del control policial.
El caso de los conductores “pillados” se podría explicar a partir del desconocimiento y el sesgo prohibicionista de los estudios sobre la materia. Mientras que con otras sustancias legales como el tabaco y el alcohol hay intensísimas campañas sobre sus efectos y peligros, en el caso de la marihuana todo aparece atravesado por la propaganda y la ideología de las partes interesadas, que se suele sintetizar en un burdo “no a la droga”. La noticia de un conductor que da positivo en cannabis rara vez detalla que esos rastros pueden llegar a no decir nada acerca de su conducta en la carretera, del mismo modo que no se aprovecha la información disponible para advertir, por ejemplo, de los riesgos para el bebé que puede acarrear el consumo de marihuana durante el embarazo.
El caso de Colorado
Las experiencias con la legalización no empiezan ni terminan en Ámsterdam. Colorado, en EE.UU., es uno de los primeros estados en desvincular el delito de la venta y consumo de cannabis. Las evaluaciones del impacto de estas medidas ofrecen números sobre los más variados aspectos, aunque siempre se echa de menos uno fundamental: el de la ampliación de libertades individuales que significa que sea cada persona la que decida consumir o no, sin tutelas de los gobiernos. Puestos a analizar los datos, al poco tiempo de legalizarse la venta de marihuana, ya se disponía de cifras de la caída de delitos contra la propiedad, de un 14 por ciento, en Denver, la capital del estado. Los números cinco años después confirman esas primeras señales: los delitos graves de producción y venta ilegal de cannabis se redujeron considerablemente (un 52%) entre 2008 y 2014, aunque el número de plantas incautadas en Colorado por la DEA ha variado desde 2008 de 5.000 a 40.000 plantas por año. No todo cultivo es legal, porque debe cumplir con la regulación que implica observar requisitos de verificación, empaquetado y etiquetado, así como reglas de seguridad. Por otra parte, el uso por parte de adolescentes ha caído hasta el más bajo en una década, según datos de una encuesta del gobierno federal. Quizá esto no pruebe del todo que la legalización provoca una disminución en el consumo, aunque sí podría servir para desalentar la idea contraria, la del aumento por la facilidad en conseguir la sustancia. Donde sí ha aumentado, pero apenas un uno por ciento, ha sido el uso entre los mayores de 18 años. Desde el punto de vista de la fiscalidad, los defensores apuntan el gran potencial recaudatorio de esta actividad, con ingresos que rondan los 200 millones de dólares por impuestos a la marihuana, aunque representan aproximadamente el 1,52% del total de la recaudación de Colorado. En cuanto a un índice nada despreciable para calcular cuánto se aprecia vivir en uno u otro sitio, el del valor de las viviendas, ofrece un dato favorable: los precios se han incrementado un 6 por ciento en aquellos municipios donde se ubican puntos de venta de marihuana.
Desde el punto de vista sanitario, existe una mejora apreciable en el simple hecho de que la legalización ha permitido que el consumidor tenga una información antes inaccesible o de dudosa fiabilidad. El marketing y la fabricación se han vuelto profesionales y el etiquetado permite saber de dónde proviene el producto y cómo ha sido procesado. La gran industria farmacéutica y las cadenas de alimentación ya estudian la manera de integrar el cannabis en sus productos, por lo que muchos especulan con que no mucho más allá de 2020 se podrá ver en las estanterías de Walmart o Target algunas de esas novedades.
España, Luxemburgo y Uruguay
El caso de Uruguay se inscribe no en la intención de aumentar la esfera de las decisiones personales, sino más bien en la del gobierno en desplazar al crimen organizado como único proveedor. Similares intenciones declara el gobierno de Justin Trudeau en Canadá, que aspira a quitarle a los vendedores del mercado negro el 50 por ciento de sus ventas. El gobierno de Pepe Mujica en el país sudamericano compartía el diagnóstico con los abolicionistas: la guerra contra las drogas si sobre alguien recae es sobre los cientos y miles de personas presas, pero no tanto sobre las organizaciones que las comercializan. Entonces se propuso intervenir en el mercado, con un marco legal en el que el estado se convierte en el distribuidor y se lleva un registro de los consumidores, a los que no se les puede vender más de 40 gramos por mes. A juicio del estudioso Antonio Escohotado, la experiencia no ha funcionado, porque “es grotesco pasar de la prohibición a un monopolio estatal ñoño, donde solo se admiten proporciones muy bajas —y encima caras— de THC”, según dijo en una entrevista reciente. Esto cree que lleva a que el mercado negro se aproveche del mal suministro estatal. De otro lado, Luxemburgo puede ser el primer país europeo no en descriminalizar –en esto Portugal lleva la delantera– sino en legalizar la producción y el consumo de cannabis. El ministro de Sanidad ha solicitado a los países vecinos que relajen sus leyes sobre drogas, a la vista de que la política que sobre esto se ha tenido durante los últimos 50 años “no funcionó”. Prohibir todo “lo hizo más interesante para los jóvenes”, por lo que reclama una actitud más abierta hacia las drogas.
Tan abierta como la tienen, en rigor de verdad, los mercados bursátiles, donde ya existe un índice específico, el North American Medical Marijuana Index, que agrupa a algunas de las firmas de mayor tamaño en bolsa del sector, como la citada Canopy Growth (9.600 millones de euros en acciones), su rival Aurora Cannabis (7.300 millones), y también GW Pharmaceuticals (4.200 millones) o Aphria (2.800 millones). Desde comienzos de 2017 algunas de estas compañías han llenado de emoción las bolsas de Canadá y Estados Unidos, con subidas superiores al 200% –y de más de un 500% en el caso de Canopy Growth-. La posibilidad de que se trate de una burbuja es real, pero las expectativas de productores e inversores pasan por que cada vez más países despenalicen la marihuana y así se expanda el mercado. Firmas como Constellation Brands, que distribuye en Estados Unidos cervezas como Corona y Modelo, además de vinos y otras bebidas espirituosas, demuestran en los hechos su interés por la marihuana: sus 4.000 millones de dólares de inversión –algo más de un tercio del capital social– en Canopy Growth permiten especular con un uso masivo en bebidas más pronto que tarde.
Y mientras tanto, España se mantiene en una zona gris, con el uso terapéutico como punta de lanza hacia una despenalización más amplia. Es lo que ocurrió cuando en mayo de 2017 una amplia mayoría de los grupos del Parlamento de Canarias se mostraron en favor de que se estudie legalizar el cannabis con usos medicinales. Lo mismo sucede en el Congreso de los Diputados, donde se ha acordado estudiar el asunto a través de una subcomisión, para, “basándose en las evidencias científicas, dar garantía en materia de salud a los pacientes”. Los vaivenes políticos de los últimos años han retrasado el inicio de estas labores parlamentarias. Pero al mismo tiempo florecen los grow shops y los clubes cannábicos. En los primeros se puede adquirir semillas de cannabis con la premisa de que son “para coleccionistas”, porque no se permite el cultivo, aunque cuando las plantas no están a la vista y son para autoconsumo no es sancionable, pero sí ilegal. Sin embargo, es obvio que la venta de semillas lleva al cultivo, como lo demuestran las publicaciones que allí mismo se comercializan. Suman unas 100.000 personas las que, según los datos que maneja el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (grupo independiente formado por investigadores, médicos y asociaciones de pacientes relacionados con el uso del cannabis medicinal), tienen que recurrir a la clandestinidad para hacerse con plantas de las que extraer productos para uso terapéutico.
Por el lado de los clubes cannábicos, solo en Canarias su número ronda los 300, según asegura Narest Díaz Cerezo, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Canarias, que apunta una demanda creciente para abrir clubes. “Aunque existe un vacío legal para el transporte: es un delito contra la salud pública y por eso se están incautando muchos cultivos”, explica. Se trata de asociaciones sin fines de lucro, que “evitan que los compradores tengan que recurrir a circuitos vinculados al delito y a drogas de mayor peligro”. Díaz Cerezo aboga por un consumo responsable y detalla que en estos clubes solo entran los socios, muchos de los cuales consumen para tratar patologías, calmar dolores o reducir el consumo de benzodiazepinas. “Esto ayuda a mucha gente, además de su uso recreativo, por supuesto; todo depende de cómo actúe cada uno”, añade. Aunque las cantidades varían y no están limitadas al uso terapéutico, estas asociaciones generalmente producen la cantidad suficiente de derivados del cannabis para abastecer a sus miembros, pues está prohibido que vaya a parar a terceras personas, ya que sería considerado tráfico ilegal, aunque cualquier adulto (con el aval de los miembros de la asociación) puede acceder a un club para practicar el uso recreativo del cannabis.
Uno de los diputados que llevó este asunto al Parlamento de Canarias, el majorero Iñaki Lavandera (PSOE), muestra su preocupación por la imagen pública que se tiene de algunos de estos clubes, donde a veces se ha encontrado una actividad comercial que poco tiene que ver con los principios que deben regirlos. “Por no tener una regulación, se llega a cierto tipo de malas prácticas que perjudican a los que abogan por una regulación responsable y un autoconsumo sin miedo a lo que pueda pasar”, afirma. De esta manera, toma posición del lado de los que creen que es una actividad que debe ser regulada, aunque la competencia es del Gobierno del Estado.
El Archipiélago marcó un curioso hito en marzo del año pasado, al lograr colocar el cannabis en el listado de las mercancías bonificadas para su transporte con fondos europeos. El cannabis sativa dispone incluso de un número aduanero, el 5302, aunque se especifica un uso similar al de los tradicionales cultivos alicantinos, en su estado “en bruto o trabajado, pero sin hilar”, así como “estopas y desperdicios de cáñamo, incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas”. El destino de esta mercancía es industrial, fundamentalmente en el sector textil, pero no falta quien especula con que en el futuro este pueda ser la vía legal para ampliar al uso terapéutico o recreativo. Europa se encargaría así del flete del cannabis, las tasas portuarias o aeroportuarias, los costes de manipulación del cargamento una vez que toca suelo isleño, las tasas de seguridad y el recargo por el incremento del coste del combustible, conocido como BAF (Bunker Adjustment Factor). Aunque para que eso llegue, seguramente tendrá que producirse antes un debate sosegado no solo sobre los efectos de la despenalización, sino también sobre el asunto de fondo, que es en qué medida las personas estamos en condiciones de asumir la responsabilidad de nuestros actos al margen de las vigilancias gubernamentales. Aun en asuntos como este y contra la idea predominante que niega toda discusión amparándose en que son asuntos de salud pública y que por tanto conciernen a todos.
Consiga acceso al contenido completo:
