La nueva legislatura y los nuevos diputados del Parlamento de Canarias confirman la sospecha de que aunque se les oiga hablar en contra de la “desigualdad” y se destaque que sus mayores preocupaciones pasan por “lo social”, la caridad empieza por casa
Ha comenzado una nueva legislatura autonómica y lo hace con cambios sustanciales: ya no gobierna Coalición Canaria y ya no son 60 los representantes elegidos para el Parlamento regional, sino que son 10 más, 70. ¿Y quiénes son? Pues no cuesta imaginar que la inmensa mayoría son perfectos desconocidos para los ciudadanos, aunque los hayan votado. Ya se sabe que las largas papeletas con los nombres de los aspirantes pequeñitos y el logo del partido grande, sumado a la no aplicación de circunscripciones uninominales favorece la confección de propuestas electorales donde, con suerte, solo el cabeza de lista es alguien medianamente conocido. Puede suspenderse por un momento la incredulidad y abrirles un crédito de confianza para que, quizá, al cabo de estos cuatro años consigan que los canarios los reconozcan por la calle y les agradezcan la función impagable que han hecho por su bienestar. Todo puede ocurrir, aunque sería sin duda un hecho inédito.
Mientras tanto, puede analizarse de dónde provienen, cuántos ingresos declaran y qué profesiones tienen, de manera tal de saber cuánto hay de parecido entre representantes y representados. Lo cierto, tras el examen de los datos aportados –y, para mayor transparencia, hechos públicos en la web de la Cámara–, es que se parecen bastante poco al pueblo en nombre del cual se toman las decisiones. Para empezar, declaran ingresos anuales muy superiores a la media de la población. Es más, la gran mayoría de ellos (53) se ubica dentro del 10 por ciento de mayores ingresos según la declaración de la renta, es decir, entre los que ganan más de 39.500 euros al año. Y la mayoría entre ellos (43) aparecen dentro del 5 por ciento más rico, con ingresos superiores a 53.000 euros en doce meses. Mucho deberán esforzarse para ponerse en la piel de sus votantes cada vez que se hable de desigualdad de ingresos o de las acuciantes realidades sociales, ya que la renta media es entre tres y cuatro veces inferior a la que perciben sus señorías: la mitad de los contribuyentes ingresaron menos de 15.700 euros, un tercio no llega a 11.000 y el 10% no llega a los 4.000 euros al año, según la muestra anual de declarantes del IRPF que elabora la Agencia Tributaria.
Por otra parte, del análisis de sus trayectorias profesionales se desprende que para buena parte de los diputados los ingresos que perciben del Parlamento de Canarias son los más altos que han recibido a lo largo de su vida laboral. Así como en la legislatura pasada se daba el caso de algunos diputados que no declaraban ingresos antes de jurar su escaño, en esta legislatura hay quien viene del paro, como el representante de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente, a quien ya le ocurrió lo mismo al momento de ser designado viceconsejero de Turismo en el gobierno de Paulino Rivero, que lo rescató de las listas del INEM. Son, ciertamente, muy pocos los que llegan al hemiciclo de la actividad privada. Si miramos por grupo parlamentario, Nueva Canarias tiene a la totalidad de sus cinco diputados provenientes de la política, y tres de ellos que repiten en Teobaldo Power. En el caso del Partido Socialista, apenas 4 de sus 25 escaños están ocupados por personas que no llegan de la mano de la política o de la administración pública en cualquiera de sus variadas formas. En Coalición Canaria también abundan los cargos públicos que repiten responsabilidades con cargo al contribuyente, con la sola excepción de 3 de sus 20 diputados, aunque entre esos tres aparezca Lucas Bravo de Laguna, con toda una carrera política como alcalde y consejero insular en Gran Canaria. Por el lado del Partido Popular, apenas 2 de sus 11 diputados no proceden de la función pública, si bien en el caso de uno de ellos, médico de profesión (Miguel Ángel Ponce), compatibilizaba su labor en la sanidad privada con la pública. En Podemos, los cuatro diputados repiten escaño y en el Grupo Mixto, solo dos no llegan desde un sueldo público, el citado Fernández de la Puente y la periodista Vidina Espino (Ciudadanos). Como curiosidad, cabe destacar la rara preferencia por la liquidez de algunos de ellos en su declaración de bienes, con los casos llamativos de los 463.000 euros en cuenta corriente de Socorro Beato o los 172.000 de Juan Manuel García Ramos, ambos de Coalición Canaria.
Podemos concluir en que hay un claro sesgo de origen en el actual Parlamento, con una sobrerrepresentación de políticos y funcionarios que muy lejos está de parecerse, en lo que a actividad profesional se refiere, a los votantes que acudieron a las urnas el 26 de mayo pasado. Nada debe sorprendernos, en consecuencia, que muchas veces nos demos cuenta del enfoque ajeno a la naturaleza de la actividad privada como motor de la sociedad con que abordan los asuntos públicos que se tratan en la Cámara. Por el lado del volumen de sus retribuciones como diputados (que promedian los 50.000 euros al año), puede argumentarse, como es habitual, que el ejercicio de la política debe ser recompensado para que merezca la pena dedicarse a la cosa pública. Pero al mismo tiempo cabe hacerse la pregunta acerca de cuántos de los 70 legisladores autonómicos encontraría con facilidad unos sueldos semejantes en los ámbitos productivos, en el sector privado de donde surgen los impuestos para sostener el coste de la administración. “Debe hacerse lo posible para que los mejores se acerquen a la política y sin sueldos atractivos eso es imposible”, se afirma con frecuencia. Surge la comparación de siempre, con la Transición, cuando profesionales de muy variadas ramas se interesaron por la política, aun al coste personal de percibir menos dinero por su trabajo. Pero los tiempos son otros y, si bien los salarios actuales no son un gancho demasiado atractivo para aquellos que son premiados con un buen sueldo en su actividad privada por ser profesionales de prestigio, también es cierto que el sistema ha ido girando hacia un círculo vicioso. Sucede que si la mayoría de ellos reciben retribuciones mayores a las que tendrían fuera de la política, nos encontramos con un incentivo orientado a cumplir de la manera más completa con la disciplina de partido. Ser alguien cuya función primordial es convertir su dedo índice en una luz verde o roja cada vez que se vota una iniciativa parlamentaria, que tal vez sea una manera muy descarnada e incluso injusta de valorar su actividad. Cierto es que no colaboran mucho a que no se tenga esa visión de su labor porque, ¿quién va a atreverse a ser crítico con las políticas que sostiene su partido, aun estando en contra en su fuero más íntimo, si se arriesga a perder el empleo por el que gana lo que en la calle no obtendría de ningún modo? Algunos de ellos es cierto que están muy expuestos a presiones de todo tipo, a trabajos más allá de los horarios habituales, al coste personal y familiar de tener que volar entre islas con gran frecuencia e incluso al escarnio público cada vez que se publican sus prebendas o privilegios, pero la mayoría son perfectos desconocidos para los ciudadanos a los que representan. ¿Hasta qué punto se puede decir que proceden de una vida que se parezca mínimamente a la de sus votantes?
Cabe sostener, a su favor, que si tuvieran ambiciones fuera de la política podrían considerar que un escaño como diputado puede ser visto como un mero trampolín y se lo pensarían dos veces antes de optar a puestos en el área privada en su vida posterior a la del Parlamento con normalidad o la tranquilidad de saber que no serán señalados como beneficiarios de una “puerta giratoria”. Todo esto lleva a que la política se vea poblada de personas que cuesta imaginar tengan alternativas mejores para su desarrollo personal. O por funcionarios, una excepción demasiado frecuente, para los que, con un puesto asegurado, no representará un coste extra volver a su plaza. En muchos otros países desarrollados, especialmente anglosajones y nórdicos, existen numerosas trabas e incompatibilidades que impiden a los funcionarios dar el salto a la política, pero en España, lejos de dificultar ese tránsito, se facilita e incluso parece que se premia. Si bien se subraya constantemente los posibles conflictos de intereses de los pocos legisladores que provengan del sector privado a la hora de tratar asuntos cercanos a su actividad anterior, nunca se presta la debida atención a que los funcionarios metidos a políticos voten constantemente a favor de sus propios intereses, ya sea en leyes que amplían la esfera de influencia de la administración o, incluso más particularmente, en normas como las del Estatuto del Empleado Público, que les otorga una excedencia de carácter indefinido en caso de que sean elegidos para desempeñar cargos políticos y además les da derecho a recibir un complemento salarial una vez que se reincorporen a su plaza. Son incompatibilidades tan poco defendibles como las del sector privado, pero gozan de una presunción de buena voluntad que bueno sería que se pusiera en tela de juicio.
Consiga acceso al contenido completo:
