Las consecuencias sanitarias del coronavirus serán recordadas junto con las económicas, que en España y en Canarias ya se perfilan como una profunda crisis que hará tambalear el sistema al atacar sus mismos cimientos.
La tragedia del coronavirus persistirá mucho más allá de sus consecuencias en forma de muertes directas y, así, al miedo a contraer la enfermedad le seguirá el miedo a no poder vivir en la normalidad en que nos encontrábamos antes de que todo esto sucediera. A las previsiones económicas que se tenían sobre este año y el siguiente se añade ahora este factor de profunda incidencia, hijo de ese miedo y de las medidas adoptadas para frenar el avance del Covid-19, centradas en el aislamiento social y el freno obligatorio de la mayor parte de las actividades. Sin saber a ciencia cierta todavía cuándo será ese día después –esa es una de las grandes incertidumbres–, todos los cálculos apuntan a una fuerte contracción de los planes de inversión y del ahorro y consumo de las familias, también al cierre de empresas y a un aumento pesadillesco del desempleo en España y, en especial, en Canarias.
Los antecedentes inmediatos no eran optimistas, aunque mirados ahora con el prisma de la pandemia pueden parecerlo. Tras crecer un 2,4% en 2018, el PIB de Canarias iba camino de desacelerarse hasta el 1,5% en 2019 pasado, según las estimaciones de BBVA Research. Este sería el cierre de seis años consecutivos de crecimiento a un promedio anual del 2,3% que, sin embargo, es un ritmo inferior al del conjunto nacional. La división de estudios económicos de esta entidad bancaria hacía unas previsiones de crecimiento del 1,1% en 2020 y a la alza, con un 1,8%, en 2021, “lo que permitirá crear 38.000 nuevos empleos” para llegar a un número de ocupados en las Islas que “podría superar los 940.000, récord absoluto que sobrepasaría en un 6% el máximo alcanzado antes de la crisis”. No es difícil ver hoy ese pronóstico de una manera tan altamente deseable como inalcanzable, pues lo que se avecina estará lejos de esas cifras y nos obligará a verlas casi como un ideal a conseguir tras mucho esfuerzo y tiempo.
Basta con mirar la principal actividad económica del Archipiélago para darnos cuenta de que el impacto con la realidad tras estos meses de cuarentena será brutal. La previsión oficial indica que 2020 puede terminar con una caída del 80% en el número de turistas, esto es, de 15 a unos 3 millones, y eso incluye una fuerte disminución de los visitantes extranjeros, cuyo peso en el total de llegadas ronda habitualmente entre el 85 y el 88%. Turismo de Canarias estima que los establecimientos de las Islas tardarán un año en reabrir por completo y que la recuperación de su actividad no llegará sino hasta 2021. Si acaso se espera una apertura de la décima parte de los alojamientos para la temporada de verano, números escasos para sustentar una verdadera reactivación, toda vez que esas estimaciones apuntan a que se perderían más de 12.000 millones de euros en la facturación turística y más de 130.000 puestos de trabajo. Un dramático comunicado de Riu ha puesto negro sobre blanco lo duro de la situación: “Quizá en los primeros días tuvimos la esperanza de que esta crisis no fuera tan profunda. Pero hoy tenemos la certeza de que se trata de la mayor contingencia que jamás hayamos encarado. Nunca hemos vivido algo así”. La cadena, que es la cuarta en España y la primera en Canarias, ha paralizado por completo su actividad en los 19 países donde tiene hoteles.
Los grandes números, en consecuencia, revelarán un estado comatoso que se puede expresar en un desplome histórico del 28% en el PIB canario, que pasaría de unos 45.000 millones de euros anuales a algo más de 32.000, siempre según las estimaciones que se hacen en el área de Turismo. Por el lado del empleo, cabe destacar que las cifras de cierre del año pasado aparecieron maquilladas por una fuerte contratación desde el sector público en el último trimestre del año. Aun así, ya solo contabilizando la parte inicial de esta cuarentena, la Seguridad Social a finales de marzo contaba en las Islas con 767.089 afiliados, 51.051 menos que un mes antes, o dicho de otra manera, que se destruyó un 6,24% de puestos de trabajo con respecto al final de febrero. Esta es la tasa de retroceso más elevada en España, tras la registrada por la región andaluza (6,65%) y si se lo contextualiza con los antecedentes de Canarias se llega a la conclusión de que en los primeros compases de la cuarentena se destruyó casi el triple de puestos de trabajo de los generados durante el último año, que fueron apenas 18.096. Debe tenerse en cuenta que nada augura una mejoría en esto, dado que al final de marzo todavía no regían las restricciones más profundas anunciadas por Pedro Sánchez a partir del 30 de marzo pasado. Si bien se supone se trata de “un permiso retribuido” y que los trabajadores recuperarán las horas de trabajo no prestadas “de manera paulatina y prolongada en el tiempo”, queda por ver de qué manera afecta a unas empresas que están con la soga al cuello y lo que eso significa a la hora de mantener los puestos de trabajo. Los números de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) lo dicen todo: unos 200.000 canarios se encuentran en esa situación y está por verse cuántos de ellos podrán retornar con normalidad a sus puestos de trabajo.
Según los números declarados a Hacienda en la última campaña íntegra de la que se tienen datos, 2017, 4 de cada 10 empresas españolas estaban en pérdidas, con una media de 174.000 euros en números rojos. Suman 237.415 y en su gran mayoría se trata de pequeños negocios familiares, a los que la facturación cero de la cuarentena puede dar perfectamente la puntilla. Basta con ver que por encima de los 150.000 euros de facturación anual solo se ubica el 17% de las empresas españolas. Antes de que llegara toda esta nueva situación, las previsiones ya eran poco halagüeñas, con una contracción durante 2019 que se expresaba en indicadores como la caída en un 12% de la importación de bienes de equipo, que se añade a la del 38% del ejercicio previo. Por el lado de la superficie visada para la construcción de edificaciones destinadas a uso no residencial, la disminución en 2019 fue del 30,4% en Canarias, pese a que hubo un avance en el conjunto de España del 9,9%. No es de extrañar, en consecuencia, que las cifras de compraventa de viviendas hayan acusado una caída de un 11,6% durante 2019.
La hibernación
Todos estos eran indicadores que, sin ser recesivos al analizarlos en su conjunto, sí mostraban una clara desaceleración económica en el momento en que el Covid-19 hizo su aparición. Por tanto, a partir de ahora sí se da por hecho que se producirán los dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB que la definición canónica de recesión exige para llamarla como tal. El gobierno de Sánchez se ha escudado en una palabra, “hibernación”, que busca ser asimilada de manera dulce, pero que puede pecar de inexacta aunque ahora les haya parecido que podía prestar un servicio en el campo de la propaganda. El léxico informático llama hibernación a ese estado en el que el ordenador aparenta estar apagado, pero que ante la presión del botón de encendido recupera exactamente el estado anterior al de hibernación. Sucede que difícilmente la parábola de la hibernación pueda aplicarse en el estado actual de la economía, ya que una vez pasadas las restricciones sanitarias no será posible que todo vuelva al punto en que se encontraba.
Todo este momento tan particular tendrá un impacto en el tejido productivo que va desde el saldo negativo de supervivientes, esto es, cuántas empresas habrán cerrado no temporalmente sino para siempre, hasta cuándo podrán, las que queden vivas, alcanzar sus niveles de actividad y de empleo previos a esta crisis. Y en caso de que sobrevivan, la incógnita a desvelar es hasta dónde podrán emplear las plantillas con que contaban antes de la llegada del virus. A nadie sorprenderá que se alcancen en Canarias cifras de récord absoluto en paro en los próximos meses, un salto al 40% o más aun, cifras escalofriantes que amenazan con comprometer incluso la convivencia pacífica en la región. Si el negocio del turismo absorbe en su conjunto el 40 por ciento de los empleos en las Islas y no se espera siquiera que reabra este año la totalidad de los establecimientos que han cerrado sus puertas, las perspectivas se presentan sin duda preocupantes. La demanda sufrirá un revés importante en tanto los ciudadanos de mercados emisores como Reino Unido, Alemania e Italia pueden retraer su gasto y anular toda previsión de vacaciones por un buen tiempo. Por el lado de las aerolíneas, el paisaje dista de ser alentador: la agencia Moody’s estima que la capacidad se reducirá en una horquilla que va del 40% a un mínimo del 60% entre abril y junio, respecto a los volúmenes del año pasado. Para el ejercicio completo el tráfico se verá mermado entre un 25% y un 35%, según sus proyecciones. Tal y como sucede en cualquier otro negocio, las compañías más fuertes disponen de estructuras de capital que les permite tener paradas sus flotas un par de meses, aunque pocas pueden resistir cinco, seis o más meses, estiman. Por el lado de las aerolíneas de tamaño más modesto, su exposición será mucho mayor y algunas pueden no superar la crisis. Su futuro será el cierre o la absorción por otras de mayor tamaño. Moody’s se permite incluso recomendar como “imprescindible” una acción de los poderes públicos para sostener al sector aéreo.
La mano visible
Es que, tal y como sucedió en las crisis anteriores, nadie de los que tienen poder de decisión se pregunta si la situación es tan grave fruto de los errores cometidos, sino que proponen profundizar más en ellos como solución. Es decir, hacer más de lo que se estaba haciendo mal. No otra cosa es el clamor en el que se unen ahora y casi siempre partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos para que “se haga algo” y ese algo suele ser siempre la misma receta: más gasto, más impuestos y más deuda. Surgen así los “planes de choque”, las “medidas extraordinarias” y, cómo no, la necesidad de “un nuevo Plan Marshall”, como si de aquel dispendio se hubiera podido deducir que a él se debió la recuperación de la economía de los países europeos tras la Segunda Guerra. Más bien, fue al revés, y el llamado milagro alemán debe su éxito a las decisiones en sentido opuesto que adoptó Ludwig Erhard, con medidas absolutamente contrarias al intervencionismo socialista que caracterizó al programa nazi. Privatizaciones, rebaja de impuestos, amplias desregulaciones y apertura del comercio y la economía fueron los ejes de esa receta de éxito tanto allí como allá donde se la haya puesto en marcha.
Es justo lo contrario de lo que, lamentablemente, parece que se hará en España. Por un lado, tenemos la amenaza en forma de tuit por parte del vicepresidente Iglesias, al citar la Constitución en la parte que le interesa, aquella de que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (la ambigüedad de la redacción constitucional ayuda, por otra parte). Por otro, una orden ministerial en la que no queda del todo claro si se ampara la acción de los “okupas” al estilo de Ada Colau en Barcelona, cuando se dice que debe ponerse a disposición de las víctimas de violencia doméstica una “solución habitacional inmediata”, a través de una “ayuda” que “podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes”. Por supuesto, queda por verse la verdadera efectividad –y su existencia real– de los 200.000 millones de euros anunciados por el presidente Sánchez para rescatar la economía española. De su existencia cabe dudar, toda vez que ese número, tan caro a los planes de difusión mediática, en realidad no existe. 100.000 millones son solo avales para proteger a la banca ante la eventualidad de que las empresas no puedan afrontar sus compromisos con ellos. Sí, esa banca de la que tan mal han hablado los miembros del gobierno, sector Podemos. De los 100.000 restantes, 83.000 se limitan a meros aplazamientos de pagos. Lo que queda, 17.000 euros, se destinan a pagar prestaciones de desempleo a las personas afectadas por un ERTE o a aquellos autónomos que cesen de su actividad o que vean reducir sus ingresos en más de un 75%”. De los autónomos que siguen a duras penas trabajando, ni una sola palabra, aunque la realidad les haga perder buena parte de sus ingresos. Ni una sola palabra de rebaja de impuestos, sino más bien todo lo contrario.
Es que una de las lecturas que pretende el gobierno que se haga tras la crisis sanitaria del coronavirus es que le debemos la vida a lo público y, como ejemplo, pretenden poner el sistema sanitario. Si le debemos la vida a lo público, aumentemos su influencia pues. En ese sentido se están dirigiendo todos los esfuerzos, con el objetivo de crear ese marco mental. Y no siempre de manera sutil, porque se ha hecho explícito por parte del exministro Josep Borrell, que antaño representó el ala moderada en La Moncloa y que hoy aboga abiertamente por la nacionalización de empresas. Podríamos estar, entonces, ante un panorama intranquilizador por donde se mire. Los datos que maneja el Gobierno de Canarias hablan de que el 98% de las empresas que han solicitado acogerse al mecanismo extraordinario de los ERTE cuentan con menos de 50 empleados y que prácticamente la mitad de ellas son negocios que pagan nóminas a menos de cinco trabajadores. ¿Cuántas de todas esas podrán sobrevivir? ¿Cuántas de ellas tienen el necesario músculo financiero que les permita mantenerse en pie después de todo este tiempo de cero ingresos, pero con pago de impuestos? Muchas de esas cortinas que se han bajado por la cuarentena lo han hecho para siempre y no volverán a subir. Sin embargo y pese a ese tejido productivo tan débil, de empresas pequeñas y de discursos políticos pro pymes, en circunstancias como estas la discusión pública se suele centrar en el rescate de las más grandes, porque son las que tienen capacidad de presión política. Como ejemplo, véase el reciente caso de Thomas Cook y los excesos a la hora de tomar decisiones que agradasen a los empresarios más aficionados a recibir amparo en los presupuestos públicos. El gran error consiste en ir al rescate de empresas que ya estaban mal antes de que sucediera la debacle. Nos preguntábamos cuántas empresas pequeñas podrán sobrevivir y la respuesta es incierta, como casi todo desde que empezó este fatídico 2020. La solución al problema sanitario llegará, se espera, más pronto que tarde. En cuanto a la solución a los problemas económicos, hay pocos motivos para ilusionarse con que se discurrirá por el camino correcto.
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