Durante años las rivalidades entre las cajas de ahorros de Canarias se centraron en mantener su hegemonía en cada provincia frente a la competencia peninsular, CajaCanarias en Tenerife y La Caja Insular en Las Palmas. En unos meses, con la anunciada y prácticamente inevitable fusión entre CaixaBank y Bankia, el destino las reunirá en un mismo banco.
De aquellas cajas tan solo sobrevivieron sus fundaciones, mientras que su negocio y su propia esencia había quedado disuelta en dos grandes bancos. Lo cierto es que la independencia financiera de cada provincia era un espejismo alimentado por los políticos locales que usaron, como en el resto de España, las cajas de ahorro como instrumentos para dar crédito y credibilidad a diferentes proyectos megalómanos. O lo que es lo mismo, a dar veracidad a promesas electorales que les ayudaban a ganar elecciones. La decadencia de las cajas empezó cuando los políticos metieron la mano… si no en sus cajas de caudales -está por juzgarse en algunos casos- sí en sus consejos de administración. Esta segunda parte es un hecho, las cajas de ahorros como la Insular nacieron con un propósito social asociado a los Montes de Piedad pero todo se torció cuando en los años 80 se malinterpretó el ideal democrático al vincularlo con la intervención política de todas las instituciones donde las elecciones tan solo marcaban el porcentaje de reparto que correspondía a cada partido. Mucho han sobrevivido estas entidades a pesar de que se trataba de un modelo insostenible que podría explicar el nivel de endeudamiento de todas las administraciones y el fracaso económico del país.
A fin de cuentas se vincula el sistema financiero con el capitalismo cuando en España las cajas de ahorro han sido ,meramente, las extensiones financieras del poder político. Un sector fuertemente intervenido en el que el mercado brilla por su ausencia. Deberíamos cuestionarnos sobre el liberalismo de nuestras sociedades cuando en buena parte de los pilares que sustentan el modelo se asemejan más a la intervención y planificación socialista. Quienes son partidarios de una mayor colectivización de la sociedad aprovechan además los fallos que derivan de este socialismo financiero para atribuírselos al capitalismo y aumentar así el control sobre la economía. Una extraña paradoja que puede terminar empobreciendo a quienes hoy obtienen pingües beneficios al dar por bueno un sistema bancario en el que tratan a sus clientes como rehenes sin que haya alternativas reales en la competencia. Sobre todo para las clases medias, que no tienen recursos para proteger sus ahorros en reservas de valor como el oro o alternativas creativas con las que no se pueden realizar las gestiones diarias como paypal o bitcoin.
Pese a las alegrías bursátiles tras la fusión, cualquier accionista de la banca sabe que sus títulos continúan fuertemente depreciados, de hecho valen menos que un paquete de rollos de papel higiénico. Y es que aunque se trate de un producto muy demandado durante la pandemia, es preocupante que el valor de una empresa valga menos que su valor contable. Todo para reducir los costes operativos -o sin eufemismos, cerrar buena parte de sus oficinas y despedir a miles de trabajadores- con el objetivo, seguramente inalcanzable, de levantar las acciones de nuevo.
No parece que nadie gane, salvo un sistema bancario que depende de la regulación pública que se encamina hacia un sistema no ya de bancos centrales públicos con competencia entre bancos privados sino a una limitación de actores que reproduzcan y actúen en la práctica como un gran banco público con la emisión de dinero, el crédito y hasta las modalides de depósitos están reguladas. Así que no es que hayamos perdido las cajas, es que los políticos locales han perdido su juguete. Y si bien esto es una buena noticia lo preocupante es que han ganado mayor influencia en los bancos y, por tanto, en el sector financiero nacional, reduciendo la competencia de forma artificial a través de la intervención pública. Y es que si no cambian las cosas uno de los principales accionistas del nuevo banco será el Estado, no los ciudadanos, sino sus dirigentes políticos. Al final a lo que se reduce esta estrategia de fusiones es en el apuntalamieto del status quo, o lo que es lo mismo que arrastremos los mismos problemas estructurales desde hace 40 años. Un calamidad.
