La celebérrima obra distópica (?) de George Orwell 1984 parece empeñada en convertirse en la hoja de ruta de nuestro gobierno nacional. Alguien debería advertirles que fue escrita como una acerada denuncia de las sociedades totalitarias, particularmente el comunismo, no como un manual de instrucciones para arribistas gobernantes. Este año que, afortunadamente, nos apresuramos a despedir ha sido una prueba de fuego para ciudadanos y dirigentes, cada uno revelando su verdadera naturaleza. Aun a riesgo de molestar a algunos compañeros periodistas que se indignan cuando se hace referencia al gobierno socialcomunista -cuando uno de los Ministros más pintorescos perpetró un libro titulado “por que soy comunista” (Planeta, 2020)-, lo cierto es que estos son en mayor medida los que han devenido en una amenaza para la convivencia pacífica y las libertades individuales. Persuadidos de que no debían desperdiciar una buena crisis, el virus les dio la coartada y ellos han mostrado su absoluta carencia de escrúpulos.
No ya por una confinamiento que arrasó con los derechos individuales mientras la población salía a sus balcones a aplaudir, fruto de una educación que ha ido haciendo creer que el estado es benefactor y que debe ser juzgado por sus intenciones, jamás por sus letales resultados. Un confinamiento que obvió lo esencial, que la enfermedad se había descontrolado por los cálculos políticos para que no se desluciera una celebración multitudinaria que bien podría haberse pospuesto. Luego, las prisas y decisiones que apenas encontraban respaldo en unos expertos que jamás se identificaron así fuera porque el propio gobierno no requiere de más asesoramiento que el de sus conmilitones, personajes que han medrado en las organizaciones políticas sin más conocimiento que el funcionamiento interno en los partidos. Aun así, cambiando el criterio en función de lo que beneficiase los intereses de los gobernantes, jamás anteponiendo la salud de los ciudadanos a los que dicen servir, no se aisló a los enfermos sino que se decretó un cierre que se extendió a lo largo del tiempo y cuya consecuencia lógica ha sido una ruina de la que tardaremos en recuperarnos. A todas estas, los españoles seguían citándose en los balcones a primera hora de la noche para aplaudir. Quienes disentían, eran rápidamente señalados y hasta han hecho un pack con cualquiera que no siguiese acríticamente las indicaciones con una etiqueta que antaño era utilizada solo para los que rehusaran reconocer el Holocausto y, hogaño, vale lo mismo para objetar contra el cambio climático que para los renuentes con el uso de una mascarilla: negacionista.
La vuelta de tuerca que hemos ido sufriendo en todo este tiempo no parece que se pueda contener. Desde el lastimoso espectáculo ofrecido por los dirigentes de todos los partidos para ver quién es el responsable de restringir libertades hasta la ominosa renuncia de la justicia a tomar cartas en el asunto. No es extraño, la elección de Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado no parecía la mejor decisión y el ejecutivo de Sánchez, no conforme, ha ido a por el gobierno de los jueces para escándalo de nuestros socios europeos. Las cesiones en los presupuestos a Bildu solo son gravísimas al comprobar como el propio partido mayoritario en el gobierno las asume sin rechistar, demostración adicional de cómo el legislativo ha quedado supeditado a los caprichos del ejecutivo, convirtiendo la separación de poderes en una quimera.
No se puede decir que no nos advirtieran. El Marques de Galapagar (expresión deliberada habida cuenta que parecen quieren convertirla en delito de odio como si los que realmente odiasen a los discrepantes no fuesen ellos) expresó con anticipación sus deseos, en un pacto anterior quiso toda la maquinaria política del estado porque siempre ha sido un cuento chino, con perdón, su genuina preocupación por los desfavorecidos. Así que no cabe alegar sorpresa cuando ahora se muestran partidarios de controlar todas las opiniones e informaciones en los medios de comunicación con el muy orwelliano Ministerio de la Verdad. Tampoco cuando en una nueva controversia judicial sobre las inspecciones sorpresa en domicilios particulares llevadas a cabo por los inspectores de Hacienda, es precisamente Podemos quien propone un cambio legislativo que las ampare. “For a man’s house is his castle” proclamó Edward Coke frente a las pretensiones de los hombres del rey de entrar en las casas particulares sin una causa justificada ya en el lejano siglo XVI.
Tenemos un gobierno que considera que el fin justifica los medios y que todo ha de producirse dentro del estado, nada fuera de él. Si esto solo no nos inquieta, nada lo hará.
