Una de las buenas costumbres de las elecciones en Estados Unidos es que, además de los candidatos a presidente, representantes y senadores, se vota también sobre una gran cantidad de asuntos públicos cuya última decisión se deja en manos de los ciudadanos. El 6 de noviembre pasado se rechazaron algunas de las “proposiciones”, tal el nombre con que llegan a las urnas, que se presentaban como buenos propósitos para mejorar la protección de determinadas personas. Quizá el caso más conocido, por haber sido objeto de debate también en España, haya sido la que intentaba que en California se obligase a tratar como empleados a los trabajadores de servicios como Uber o Lyft, que fue rechazado, de modo que puedan seguir desempeñándose como autónomos (y, en general, lograr mejores ingresos). Pero hubo otro que despertó gran interés mediático en los sectores de origen hispano, la Proposición 16, que buscaba volver a la política de “acción afirmativa” o de “discriminación positiva” con respecto a determinadas minorías.
Ese regreso implicaba derogar la Proposición 209, de 1996, que establece que el gobierno y las instituciones públicas no pueden discriminar ni otorgar un trato preferencial a las personas por motivos de raza, sexo, color, etnia u origen nacional en el empleo público, la educación pública y contratación pública. El caso es curioso, porque los partidarios de la discriminación positiva eran una aparente amplia mayoría, que había recaudado 31 millones de dólares para la campaña y que aparecía apoyada por deportistas profesionales (a los que sus representantes empujan hoy a cuanta causa buenista surja por ahí), cámaras de comercio, políticos progresistas y, cuándo no, las empresas de Silicon Valley, que así como por una parte modernizan con sus productos buena parte de nuestro día a día, por otra parte están capitaneadas por ejecutivos de indudables simpatías con el intervencionismo. Del otro lado, solo se habían recaudado 1,6 millones y fue gracias a aportaciones individuales, sin instituciones ni famosos de referencia. Sin embargo, el día de las elecciones, el 56 por ciento de los once millones de californianos que votaron lo hicieron en contra de la Proposición 16 y esto, por ahora, bloquea el regreso a las políticas de acción afirmativa en este estado de la costa oeste.
Algunos de los más interesados en que así fuera resultaron los inmigrantes chinos, que estimaban que iban a sufrir el perjuicio que implica quedarse fuera de las universidades públicas ante el caso de que a iguales méritos (o incluso menores) se prefiriera dar la plaza a un estudiante negro o hispano. Su criterio es fácil de entender: creen que la discriminación entre personas es ilegal y que así debe seguir siéndolo. Pero enfrente se encuentran todos aquellos que sostienen que debe defenderse el discutible propósito de la “justicia social”, aunque esto implique romper el principio de igualdad ante la ley.
El caso de esta votación en California debería interesar más en España, aunque me temo que solo habría interesado si se salían con la suya los partidarios de la discriminación. Más si tenemos en cuenta que en estos momentos se está tramitando una ley “trans” en la que el gobierno de PSOE-Podemos busca separar lo biológico de lo psicológico y así permitir que alguien se inscriba en el DNI como mujer a pesar de haber nacido hombre y viceversa. Al margen de este asunto, que está despertando controversias, el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Igualdad habla de una norma que “debe servir como marco que permita a los poderes públicos poner en marcha con urgencia medidas de acción positiva que hagan posible que, más allá de la igualdad formal, la igualdad de las personas trans sea plena, real y efectiva, poniendo fin a una discriminación histórica y sistemática hacia este colectivo”.
No conocemos cuál es el alcance de esa “acción positiva” de la que habla el proyecto impulsado por la cartera que dirige Irene Montero, pero teniendo en cuenta que el gobierno español en muchos aspectos actúa como un émulo del gobierno argentino (son declarados admiradores del kirchnerismo) y que este ya ha aprobado su ley trans, cabe preguntarse si la ley incluirá en esa acción positiva la copia del sistema de cupos que ya se ha establecido en Argentina, donde al menos el 1% en los puestos de trabajo en el estado debe ser destinado a “travestis, transexuales y transgénero”.
Habiendo perdido toda esperanza de que alguno de los representantes públicos ofrezca verdadera resistencia a este tipo de iniciativas, solo queda esperar que alcen su voz en España algunas personas como los inmigrantes chinos de California, que mientras defendían su derecho a no ser discriminados beneficiaban al conjunto de la sociedad al frenar el embate igualitarista que lo que único que hace es crear nuevas desigualdades.
