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¿Competencia o armonización fiscal?

11 de enero de 2021
Isabel Díaz Ayuso
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El gobierno central ha puesto en su punto de mira a la política fiscal de la Comunidad de Madrid y amenaza con armonizar los impuestos de todas las comunidades para que no puedan incurrir en lo que denominan como dumping fiscal. A juicio del gobierno de coalición entre socialistas y neocomunistas, desde Madrid aprovechan el efecto capitalidad para llevar a cabo una competencia desleal a otras autonomías “pobres” que no pueden rivalizar provocando un drenaje de recursos públicos desde la periferia al centro. La armonización, claro, se pretende hacer al alza, en ningún caso a la baja.

Lo cierto es que el gobierno regional de Madrid así como el de otras autonomías dentro de sus competencias en los impuestos propios y cedidos llevan a cabo las políticas fiscales que libremente deciden. En el caso del impuesto de patrimonio que es el que inició la controversia se bonifica en Madrid mientras que en el resto de autonomías tiene los tipos más elevados de toda la OCDE. Prueba de esta disparidad en la presión fiscal que sufren los ciudadanos dependiendo del territorio en el que vivan es el índice que elabora anualmente la Fundación para el Avance de la Libertad en la que en este año Madrid se ha situado en el podio seguido de las provincias vascongadas y Canarias mientras que el final de la tabla lo ocupan, de peor a mejor, Cataluña, Asturias y Aragón.

A raíz de la polémica sobre los impuestos que se pagan o no se pagan en Madrid subyace el debate de fondo que no es otro que el de la competitividad fiscal. Posiblemente los políticos que acusaron a la comunidad de Madrid de tener impuestos demasiado bajos no calcularon todas las consecuencias de sus palabras al dejar de manifiesto para sus votantes que existe una alternativa viable al expolio fiscal al que someten a sus ciudadanos en sus territorios. De hecho la competencia fiscal ha funcionado y en los últimos años hemos visto cómo las autonomías han competido por librar a sus ciudadanos de otros impuestos anacrónicos e injustos como el de sucesiones y donaciones a través de bonificaciones y deducciones.

No es el caso del disputado impuesto de patrimonio que se pretende forzar en Madrid pues es uno de los pocos impuestos que han ido desapareciendo en Europa salvo en España, Italia, Holanda y Francia, donde pervive aunque reformado como impuesto sobre la fortuna inmobiliaria. La supresión de este impuesto se ha debido principalmente a que el coste de su cálculo y gestión para las agencias tributarias era muy elevado en comparación a su recaudación. De hecho este impuesto se recuperó en el 2011 después de suprimirse tan solo tres años antes por lo que ni siquiera en España es un tributo con muchos defensores. Si a ello sumamos su impopularidad por su cálculo algo arbitrario y que muchos expertos creen que se incurre en el principio de doble imposición al exigirse que se vuelva a pagar por un patrimonio que ya creó obligaciones fiscales cuando se adquirió no es de extrañar que cueste justificar su aplicación.

Otro factor que ha funcionado a favor de la eliminación del impuesto de patrimonio ha sido la fuga de contribuyentes ya que las grandes fortunas tienen capacidad para poder moverse con más facilidad de forma que frente a perder grandes contribuyentes los estados han preferido recaudar menos por este concepto. Perder contribuyentes no solo supone una merma en la recaudación sino que se traduce en una fuga de cerebros, empleos y capital que, en definitiva, es la base de una economía dinámica que, a su vez, es una fuente de riqueza, también para las administraciones públicas que cooptan una parte de la misma a través de los diferentes tributos.

¿Qué es un paraíso fiscal para la Unión Europea?

Las entidades con soberanía fiscal tienden a calificar de paraísos fiscales a todas aquellas otras que tienen los impuestos más bajos. La Unión Europea es el marco fiscal en que se encuentra España y buena parte de los impuestos que hoy pagamos como el IVA son exigencias que tuvimos que cumplir para entrar en el selecto club europeo. Por contra, los países que se mantienen al margen del consenso socialdemócrata con impuestos bajos y respeto por el secreto bancario son los que habitualmente se conocen como paraísos fiscales. 

Aún así, la demagogia política permite las hipérboles de los políticos cuya única receta se basa en subir los impuestos para poder gastar más calificando como paraísos fiscales a otros gobiernos que simplemente tienen impuestos más bajos. Dentro de la Unión Europea existen otros impuestos nacionales que escapan al control de sus élites políticas. Quizá el caso más llamativo sea el del Impuesto de Sociedades ya que en sus tipos bajos en Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos ha hecho que los eurócratas vean con recelo a estos países que en las últimas décadas han conseguido atraer a las grandes multinacionales a sus territorios en detrimento de otros que mantienen los impuestos a las empresas mucho más elevados. Paradójicamente el país en el que se encuentra la sede de numerosas instituciones comunitarias, Bélgica, es uno de los que mantiene estos tipos por debajo de la media. La solución de los burócratas europeos no es preguntarse por qué las empresas prefieren dejar los países con impuestos elevados para pagar menores cantidades al fisco y su solución a pasa por invocar el artículo 116 del Tratado de la Unión Europea para obligarles a subir estos impuestos bajo el pretexto de eliminar distorsiones que afecten a la competencia en el mercado interior. Lo curioso es que utilizando el mismo argumento podrían plantearse lo contrario y obligar a bajar los impuestos a quienes los mantienen en tipos muy elevados, que al fin y al cabo es lo que distorsiona el mercado interno europeo ya que los impuestos no son otra cosa que una distorsión de los poderes públicos en las leyes del mercado. 

Por ello no extraña que la armonización fiscal se encuentre siempre en boca de los políticos. Esta anhelada armonización siempre lo es por la parte de arriba, equiparando los tipos en sus máximos, nunca en sus mínimos. Es una tendencia que vemos dentro de España cuando los políticos aspiran a subir los impuestos a los madrileños pero también a nivel europeo. No hace tanto el tipo general del IVA era del 16%, dentro de la horquilla baja entre los países comunitarios, hasta que se aprovechó la crisis financiera para subirlo hasta el 21% situándolo así en la media. Periódicamente las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional recomiendan subir los impuestos que se mantienen por debajo de la media actuando a modo de cártel. No cabe duda de que para los políticos es más sencillo optar por subidas de impuestos para aumentar la recaudación que trabajar en la eficiencia de los servicios públicos como haría cualquier empresa privada buscando maneras de elevar su productividad mejorando procesos y desestimando todo aquello que no aporta un valor añadido al producto o servicio final. Y claro está, sería dramático abandonar tanto chiringuito político tan lucrativo para cargos públicos y abonados al presupuesto público.

Madrid, un pequeño oasis en el infierno fiscal español

Algo parecido ocurre en España con el caso de Madrid cuyas políticas en las últimas décadas se han encaminado a bajar impuestos en los tramos autonómicos y en tratar de no crear nuevos. El resultado no ha podido ser más positivo… para los propios madrileños y para el resto de españoles. Madrid no solo ha atraído a inversores y a una población creciente que paga menos impuestos que la media española – unos 2.200 euros menos al año que un catalán, por poner un ejemplo- sino que la recaudación fiscal de la comunidad ha ido en aumento y aporta una mayor cuantía al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamental, es decir a la caja común que permite que todas las autonomías puedan recibir los mismos recursos en función de sus necesidades y no de sus ingresos.

Sin embargo, la situación de los madrileños dista mucho de ser un paraíso fiscal. Los madrileños continúan pagando un IVA general del 21%, los trabajadores mejor pagados pueden llegar a tributar hasta un 45% de su renta y mantiene tres tributos propios. Es cierto que estos números contrastan, por ejemplo el caso de Cataluña que ha creado hasta 15 impuestos autonómicos mientras que en La Rioja el tramo máximo de la renta puede llegar a suponer hasta el 49,5% de los ingresos de un trabajador. Es verdad, se pagan menos impuestos en Madrid que en otras regiones pero los impuestos que paga un madrileño siguen siendo muy elevados.

Existen por tanto dos tendencias contrapuestas. Por un lado la de la competencia fiscal en la que las diferentes jurisdicciones tributarias compiten por atraer residentes e inversores y por el otro el de la armonización fiscal que consiste en elevar los tipos impositivos por la parte de arriba. La predisposición a que el fiel de la balanza se incline hacia un lado u otro depende de muchos factores e incentivos.

En principio la descentralización política también conlleva descentralización fiscal por lo que la tendencia hacia una mayor competitividad fiscal debería ser más clara de lo que lo es en España mientras que en los procesos de unificación política como en la Unión Europea la propensión se dirija hacia una convergencia impositiva. No obstantes si estas hipótesis no se cumplen en el caso español puede deberse a que la capacidad de exigir impuestos no viene dado por una responsabilidad fiscal debido a los fondos de solidaridad entre autonomías que permiten a los gobiernos regionales gastar sin tener en cuenta su recaudación. De esta forma no existen incentivos para hacer que las administraciones y los servicios sean más eficientes sino todo lo contrario ya que el gasto es una variable independiente al de la recaudación. De ahí que sean otras autonomías las que se opongan más ferozmente a que las que más recaudan puedan bajar sus impuestos, no solo porque las ponen ante el espejo de que otra política fiscal es posible sino porque ven peligrar su propia fuente de ingresos públicos.

Hacer común lo especial

En todo este debate resaltan más los silencios que las palabras. Mientras que se señala a Madrid por ejercer sus competencias dentro de los márgenes del régimen fiscal común nada se comenta sobre los regímenes especiales que hay en España. En particular se trata del sistema de fueros históricos de Navarra y País Vasco así como las particularidades específicas de las regiones ultraperiféricas como es el caso de nuestra comunidad, Canarias, o de Ceuta y Melilla. 

Precisamente el modelo de conciertos económicos encierra una alternativa que podría reequilibrar el modelo autonómico entre responsabilidad fiscal y gasto sin dejar de lado la necesaria solidaridad interterritorial. Lamentablemente esta posibilidad no se encuentra en el centro del debate público ya que las comunidades forales perciben su modelo como un privilegio exclusivo mientras que otras autonomías lo perciben como un agravio comparativo en el que no pueden participar. Hacer común lo especial podría ser una vía con la que poner los incentivos necesarios para que las administraciones fueran más eficientes tanto en la obtención de ingresos como de gastos creando un sistema igual para todos en la que cada región pueda ajustar el modelo atendiendo a sus necesidades y características especiales.

Bajar impuestos no es suficiente

Con todo, tener un sistema fiscal que no suponga un expolio puede ser una condición necesaria aunque no suficiente. Como bien sabemos en Canarias con un régimen económico y fiscal particular que permite tipos impositivos indirectos (IGIC) muy por debajo de los generales del IVA o un Impuestos de Sociedades que sujeto a bonificaciones puede llegar a ser tan solo del 4%. Muchos se preguntarán, con razón, por qué entonces las islas Canarias no se han convertido en estas décadas en la sede de empresas multinacionales que, por el contrario, han preferido establecerse en Irlanda, Holanda o Luxemburgo. Ni siquiera las empresas españolas han elegido nuestras islas mayoritariamente para obtener estos beneficios fiscales optando por lugares como Madrid.

Y es que como en tantos otros asuntos incurren otras variables a la hora de elegir una jurisdicción en la que establecerse que tiene que ver más con la seguridad jurídica, la estabilidad política, un entorno propicio para hacer negocios, existencia de capital humano, que sea un lugar atractivo en el que vivir y tantas otras que son intangibles. No basta con tener buenas conexiones aeroportuarias y bajos impuestos si fallan todas las demás porque los inversores necesitan regulaciones claras sin que los las administraciones públicas se entrometan continuamente en el mercado. En este caso, el resultado no será una economía dinámica creada por la atracción de empresas y trabajadores sino una el surgimiento de una clase de buscadores de rentas públicas y concesiones. La competencia fiscal es una pieza fundamental para conseguir un bien mayor pero además es positiva en sí misma ya que favorece tanto a los contribuyentes como a las administraciones, que con un peso menor en una economía pueden obtener mayores ingresos y financiar unos servicios de mayor calidad.