Los teóricos de la elección pública (Public Choice) explican que existen formas de protestar contra aquellas decisiones tomadas por nuestros dirigentes que no terminemos compartir. Una de ellas, quizás la más llamativa, es la de votar con los pies, esto es, huir de nuestra jurisdicción a otras más amables, aquellas que reputemos mejor encaja con nuestras ideas (fiscales, legales, morales,…). Es lo que ha hecho El Rubius, al parecer, un exitoso muchacho que ha hecho de su canal en Youtube una forma muy lucrativa de ganarse la vida. No es el único, sí el más reciente y también el más denostado una vez se supo que abandonaba España -vivía en Madrid, ese paraíso fiscal- para marcharse a residir en Andorra.
Las reacciones, al estilo muy español, nada comedidas no se hicieron esperar y se ha tenido que leer y escuchar auténticas barrabasadas, particularmente entre las personas dizque de izquierdas. Por ejemplo, todo bondad, que si enferma mejor se queda en Andorra y que no espere ser tratado en un hospital español, o que debe permanecer en nuestro país porque su educación fue pública, o sandeces de la misma jaez. En realidad, así lo explicó el propio afectado, se marcha harto de la persecución de la Agencia Tributaria y molesto porque las enormes cantidades que se ve compelido a pagar son usadas sin tasa ni control por unos botarates que se han apropiado de las instituciones. Incluso, tras su marcha y queriéndole dar la razón, muchos medios y la propia Hacienda, advirtieron que le perseguirán para mostrar si finge o es real su cambio de residencia. Es curioso, el libro “Hacienda somos todos, cariño” de Carlos Rodríguez Braun, Luis Daniel Ávila y María Blanco (publicamos entrevista con ella en este mismo número) analiza la retórica que ha utilizado la Agencia Tributaria a lo largo del tiempo, de cuando pretendía seducir a los pagadores de impuestos -insistamos, no somos contribuyentes- con amables formas para que fuésemos parte de algo más importante que nuestras propias vidas. Pero hoy ya no es así, armada de trabuco y faca en forma de hostigamiento digital, se impone la amenaza directa porque el estado ya no necesita enamorar, nos obliga, so pena de prisión, a cederle una parte cada vez más considerable de nuestro esfuerzo, trabajos forzados en su bienestar.
Por eso es interesante el discurso de El Rubius. Es evidente que se marcha porque puede, su trabajo es fácilmente deslocalizable y sus clientes están en muchas partes del mundo, en una nueva realidad laboral que supera con creces la imaginación (es un decir) de la burocracia, con regulaciones e impuestos de cuando la tecnología no ocupaba el central papel que hoy tiene en nuestro día a día. Pero, además, protesta el joven por el uso de los impuestos y nos lleva a un debate que no se quiere tener en España, con un gasto público que no para de crecer y una evaluación del mismo que ni está, ni se espera. El estado decide por nosotros sin respetar nuestros medios de vida porque se apropia por la fuerza de una parte creciente de ellos. Si no respeta nuestros medios, ¿por qué habría de hacerlo con nuestros fines?
No hay nada honorable en defender el pago de impuestos elevados para que con ese dinero el poder político siga creciendo. A lo largo de la historia se ha observado más natural lo contrario, es decir, resistirse a entregar nuestros bienes para ese mismo fin. Se habla de un contrato social cuando se quiere decir contrato socialista, en el que el estado tenga primacía y del que uno no puede excluirse, que es lo que aplica al caso de El Rubius cuando se sugiere que debe vivir aquí in aeternum.
A pesar de los múltiples tratados que se han escrito sobre el particular, no hay manera de establecer una tributación óptima. Sabemos que, a partir de una determinada cantidad de ingresos públicos no se experimenta una mejora de bienestar social, tan solo el de los grupos mejor organizados merodeadores del poder. Los concernidos por el Carnaval están de enhorabuena porque con dinero público se acude en su ayuda, incluso con una palmaria irresponsabilidad política. Una crisis que ya trae consigo una dramática subida de la pobreza con privaciones severas para muchas familias vuelve a despacharse a la muy María Antonieta forma: “¡Qué coman pastelitos!”, dicen que dijo cuando le contaron que el pueblo no tenía pan. O el pan y circo redivivo a mayor gloria de nuestros políticos.
CODA
Tras la publicación en la edición impresa de este artículo, se ha intentado desde el Ayuntamiento e inmediaciones explicar lo bien traída que está la celebración de este Carnaval. Los motivos son los que cabría esperar, poder mantener vía subvención a quienes participan de la fiesta, por más que lo expliquen en términos de inversión. Aclaremos una vez más que las administraciones no invierten nada, que solo distribuyen. Que lo visible es que se han gastado más de dos millones y medios de euros en celebrar una fiesta que podría perfectamente haber sido suspendida, como suspendida ha estado la celebración popular de la misma. Que ese dinero, más allá de que en un futuro inmediato sea imprescindible para atender necesidades reales, procede de unos castigados bolsillos de los contribuyentes. Hoy, en esta España pandémica, mayores de 16 años trabajan el 40% de los que desean hacerlo, recayendo sobre ellos todo el peso tributario del país. Mientras muchas familias prudentemente aplazan decisiones de gasto hasta saber en qué medida les afectará esta crisis, nuestros gobernantes siguen cebando su maquinaria electoral, comprando con dinero público su permanencia en el poder. Un disparate que se ha reproducido en otras administraciones aunque, quizás, ninguna en los términos cuantitativos que el de Santa Cruz.
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