El preludio de la nueva normalidad no anticipa nada bueno. Los políticos están utilizando el miedo a la pandemia para recortar libertades a todos los niveles, primero fueron los cierres perimetrales que han continuado con toques de queda o restricciones de horarios, como si la hora del día fuera un factor que afectara a los contagios. Nos obligaron a llevar mascarilla aun cuando paseábamos solitariamente por la montaña, por si contagiábamos a las piedras, mientras que la última pretensión gubernamental pasa por exigir un pasaporte sanitario si queremos llevar a cabo actividades en lugares públicos. Pasaporte sanitario pero pasaporte al fin y al cabo, y no solo es que se ponga fin a la confidencialidad de los datos sanitarios sino que los pasaportes son expedidos por los poderes públicos para controlar los movimientos de la población y de la misma forma que los conceden los pueden retirar como bien saben aquellos que viven bajo dictaduras como en Cuba, Corea del Norte o Venezuela.
La tensión entre libertad y seguridad no es nueva, constituye el argumento recurrente con el que los gobernantes han acrecentado sus funciones a lo largo de la historia. Ante una crisis la solución que siempre encuentran los políticos pasa por acaparar nuevos poderes extraordinarios… que se convierten en ordinarios y permanentes. Ocurre en todos los ámbitos y la economía es buena muestra de ello, los trabajadores y empresarios renuncian a su libertad para pactar contratos en pro de un bien que se supone superior pero que se reduce siempre a una mayor regulación de la actividad económica y en más impuestos. Si esto ya es de por sí preocupante más debería serlo cuando en el altar de la política se pretenden sacrificar libertades tan fundamentales como la de movimiento.
Ahora ya sabemos que el primer Estado de Alarma de la pandemia fue inconstitucional y, posiblemente, el posterior que se alargó por medio año también será declarado ilegal. A pesar de que se ha intentado rebajar la importancia de este hecho, se trata del mayor atropello a los derechos de los ciudadanos en nuestra ya no tan joven democracia. Restringir derechos básicos sin seguir los procedimientos legales y los controles constitucionales establecidos es el atajo más rápido que un gobernante puede tomar para terminar con la democracia. Cumplir los procedimientos legales no es una nimiedad, es la condición necesaria para que exista Estado de Derecho, lo contrario es abrir la puerta a la arbitrariedad.
La Justicia se ha convertido en el último baluarte de protección frente a las pretensiones liberticidas de nuestros políticos aunque el desgaste institucional puede ser irreversible. Pocos son los presidentes autonómicos que no han intentado restringir libertades ante su incapacidad de gestionar la pandemia con las facultades ordinarias de las que disponen, mejorando la gestión sanitaria, poniendo coto a aglomeraciones ya ilegales o vacunando a más población. De hecho los políticos que han autorizado eventos masivos sin control, van más retrasados en el proceso de vacunación o no han sido capaces de aumentar en este largo y medio la atención sanitaria son los que más libertades ciudadanas han intentado limitar. Y es que mientras nos entretenían señalando supuestas amenazas populistas -en muchos casos de otros países- nuestros gobernantes están llevando a cabo políticas verdaderamente populistas utilizando el miedo para que las sociedades democráticas entreguen pacíficamente su libertad a cambio de una promesa de falsa seguridad. La demagogia puede engañar a los votantes pero el populismo socava los principios y reglas de la democracia, y es justo el momento histórico que estamos viviendo ahora.
La amenaza a la democracia tal y como la conocemos es real, no es un fantasma que sobrevuela países exóticos ni es enarbolada por políticos marginales o partidos extraparlamentarios. No, son los gobernantes actuales quienes han caído en la tentación de usar el miedo para conseguir poderes excepcionales que de otro modo jamás habrían conseguido. En los últimos años desde Occidente se analizaba con extrañeza el éxito de China por su progreso con ausencia de libertades sin comprenderlo y sin caer en la cuenta de que no era tan difícil que termináramos siguiendo su modelo de asfixiante control social bajo un gobierno dirigista. También cuando estudiamos la historia nos preguntamos cómo sociedades avanzadas y cultas pudieron dejarse llevar por la barbarie transformándose con el beneplácito del voto popular, en atroces dictaduras. No podemos caer en esta corriente populista y repetir errores del pasado, el silencio no es en ningún modo aceptable y nuestro deber es denunciarlo y oponernos antes de que sea demasiado tarde.
