Las decisiones restrictivas de las actividades económicas relativas a la movilidad basadas en ideología están generando mayores conflictos y pérdidas económicas y de confort a los usuarios de estos transportes que las medidas equilibradas y procompetitivas que se han adoptado en otras regiones o países de la Unión Europea.
La alta polarización -que parte de los taxistas de Barcelona han logrado instaurar en la sociedad e instituciones catalanas-, conlleva una pérdida constante de calidad en su servicio y un freno a la competitividad y modernización al dar la espalda tanto a las mejores prácticas reguladoras, nacionales e internacionales, como a la digitalización de los servicios. Mientras tanto, los usuarios aceptan resignados “lo que hay”, sin pensar en lo que podría ser, si no estuvieran cautivos de un chantaje permanente.
El resultado es que la situación del sector del taxi en Barcelona es un claro ejemplo de cómo la captura del regulador y el monopolio consolidado pueden distorsionar el mercado, perjudicando tanto a los consumidores como a los propios trabajadores del transporte. Lo que debería ser un servicio público dinámico, competitivo y adaptado a las necesidades de los ciudadanos se ha convertido en un campo de batalla donde los intereses corporativos del taxi dominan, a menudo mediante prácticas coercitivas que rozan lo mafioso.
En lugar de fomentar la convivencia entre modelos de negocio diferentes -como el taxi tradicional y los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC)-, la Generalitat de Cataluña está promoviendo, por enésima vez en la última década, una legislación que restringe drásticamente la capacidad operativa de los VTC en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Esta normativa, lejos de buscar un equilibrio entre los sectores, parece diseñada para proteger el monopolio del taxi a costa de limitar la libertad de elección de los usuarios y asfixiar a los competidores emergentes.
La presión constante de los más radicales ha logrado que las autoridades adopten medidas que, más que proteger el interés general, salvaguardan el “statu quo” de los taxistas. Adam Smith lo apuntó claramente “La política de monopolio es una política de tenderos. La única ventaja que procura a cierto tipo de personas se torna, por conductos muy distintos, en perjuicio para los intereses generales del país”.
De hecho, la próxima propuesta legislativa de la Generalitat, con medidas como obligar a la reserva previa de los vehículos con un antelación mínima de seis horas (pese a haberse declarado inconstitucional este tipo de obligaciones) supone una nueva vuelta de tuerca que hará desaparecer el ya de por sí escaso servicio de VTC que hay en Barcelona, sin que el servicio de taxi se amplie proporcionalmente, lo que asegura desabastecimiento y mal servicio al usuario en los próximos años. Progresismo lo llaman.
Es el precio que pagará una sociedad que ha sucumbido a la extorsión de unos pocos frente a los intereses de todos. Además, supone un disparo al pie en lo referente al crecimiento del sector turístico y ocio, máxime cuando la inseguridad en las calles de la ciudad condal se incrementa a mayor ritmo que la deuda pública, que ya es decir.
Esta dinámica perversa ha desembocado en episodios de acoso e incluso violencia física contra los conductores de VTC, a quienes los taxistas más radicales consideran enemigos directos. Los boicots, las persecuciones y los daños a los vehículos son una triste realidad que muchos VTC enfrentan día a día. ¿Qué tipo de mercado permite que los competidores sean expulsados no por su falta de calidad o eficiencia, sino por la fuerza bruta y la intimidación? ¿Era esta la arcadia feliz que buscan el Gobierno progresista y los independentistas?
Además, el argumento de que los VTC precarizan el empleo o no cumplen con las mismas obligaciones que los taxistas es una verdad a medias que encubre una realidad más compleja. Si bien es cierto que las plataformas digitales deben garantizar condiciones laborales dignas para sus conductores, también es innegable que el modelo del taxi tradicional lleva años anclado en la subvención fiscal que implica el régimen objetivo (módulos) de IVA e IRPF, y en una estructura rígida y poco adaptada a las demandas actuales de movilidad.
La solución no debería ser limitar a los VTC, sino modernizar y flexibilizar el sector del taxi para que compita en igualdad de condiciones. En su día, así lo expusieron la Sala y el Abogado General del TJUE, y las recomendaciones de la Comisión Europea, pero Generalitat y taxistas estaban a lo suyo, a ver cómo regular algo de un modo más intervencionista aún de lo que ya estaba.
La Generalitat, en su papel de regulador, debería velar por el interés público y no por los privilegios de un grupo concreto. La competencia no es el enemigo, sino el motor que impulsa la mejora continua de los servicios. Proteger a los taxis mediante barreras artificiales no solo perjudica a los VTC, sino también a los propios taxistas que quedan inermes y cautivos de la dependencia de los politicos, esclavos de altos precios para ofertar su servicio, y con la permanente incertidumbre de cuando puede caer el castillo de naipes en el que se sostiene su sistema de licencias limitadas. Sin olvidar a los ciudadanos -graves perjudicados-, que ven reducidas sus opciones de transporte y, en muchos casos, enfrentan tarifas más altas y menos disponibilidad.
Barcelona, como ciudad moderna y cosmopolita, merece un sistema de movilidad acorde con su realidad social y económica. Apostar por la diversidad de opciones, la innovación y la convivencia de modelos es esencial para garantizar que el transporte sea accesible, eficiente y justo para todos. La normativa en trámite, lejos de avanzar en esa dirección, representa un retroceso que pone en jaque los derechos de los autónomos del taxi, de consumidores y los autónomos y trabajadores de los VTC. En las anteriores veces que han intentado la misma política, los tribunales han echado abajo todas las restricciones de derechos, pero se ve que todo da igual a los iluminados por la ideología anti-mercado.
Es hora de que la Generalitat reconsidere su postura y entienda que la regulación debe equilibrar el mercado, no proteger monopolios. Solo así se podrá garantizar un sector del transporte urbano justo, competitivo y adaptado a las necesidades del siglo XXI. La pregunta que queda en el aire es: ¿están los gobernantes dispuestos a desafiar los intereses establecidos o seguirán cediendo a la presión de quienes temen el cambio?
Por Emilio Domínguez del Valle, abogado experto en movilidad y transportes.
