Poco conocido por la ciudadanía y raramente debatido en público, este impuesto grava de forma sibilina, persistente y creciente más de mil productos, muchos de ellos no fabricados en Canarias, y sostiene un sistema de privilegios a costa del consumidor.
Aunque parezca contradictorio con la actual guerra de aranceles, lo cierto es que en las últimas décadas los mercados globales se abrieron paso con fuerza, llevando a una ampliación de miras en la gestión de muchas empresas. Empezaron a pensar en grande, porque se podía jugar a lo grande. Sin embargo, Canarias, que durante más de un siglo fue ejemplo de libertad arancelaria y puerto franco, se mantuvo al margen, incluso agravando su aislamiento geográfico con un aislamiento económico. Es la excepción dentro de la Unión Europea, con un arancel interior que contradice su propia historia económica. El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), instaurado oficialmente para “compensar desventajas estructurales” y proteger la industria local, se ha transfigurado en un sistema opaco de transferencias de riqueza de abajo arriba, que privilegia a ciertos sectores, penaliza al conjunto de consumidores y frena el desarrollo económico del Archipiélago.
Desde estas páginas hemos destacado con recurrencia el carácter no solo contrario a la mejor tradición económica canaria que tiene este impuesto sino también cómo se ha hurtado a la ciudadanía la posibilidad no ya de cuestionarlo, sino siquiera de informarse al respecto. Por ello, resulta saludable la aparición de nuevas voces, como la del empresario y streamer Alexis Amaya, que, ante la inacción de los representantes políticos, defienden el bolsillo de los consumidores canarios y su derecho a no pagar de más por los bienes que consumen cada día.
La historia del AIEM se remonta al proceso de integración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea. Este estatus permitió que Bruselas autorizara en 2002, por primera vez, un impuesto sobre la importación y entrega de mercancías destinado a proteger ciertas producciones locales. Su antecedente directo fue el Arbitrio sobre la Producción y la Importación (APIC), un tributo para el que el Gobierno español solicitó autorización a comienzos de los años noventa, en un marco transitorio que expiraba el 31 de diciembre de 2000. Durante ese periodo, la Comisión Europea permitió exenciones fiscales en favor de los productos locales, un mecanismo que se mantendría y ampliaría con el AIEM. En su origen, el objetivo era compensar la pérdida de competitividad de algunas manufacturas isleñas frente a la producción peninsular y extracomunitaria.
Pero el AIEM no tardó en ser capturado por dinámicas de lobby industrial, dado que las actualizaciones periódicas del listado de productos gravados, pactadas habitualmente en la más absoluta opacidad y sin debate público real, han convertido el arancel canario en el instrumento recaudatorio perfecto: selectivo en teoría, indiscriminado en la práctica y en constante ampliación.
El engaño de las cifras oficiales
Hay, en realidad, un engaño arancelario institucionalizado, porque según el relato oficial, el AIEM gravaría solo algo más de 150 “productos”: 67 de alimentación y bebidas; 13 agrícolas/ganaderos; 4 de minas; 13 de construcción; 34 químicos; 12 metalúrgicos; 1 de tabaco; 3 textiles; 6 de papel y 3 de artes gráficas. La cifra parecería manejable, incluso razonable para los bienintencionados. Pero el truco es técnico y deliberado: no son “productos”, sino partidas arancelarias de 4 dígitos que operan como comodines fiscales.
Como explica Sebastián Grisaleña, veterano del comercio exterior canario, el sistema TARIC europeo (la codificación utilizada para la clasificación de mercancías) exige 10 dígitos para identificar mercancías. Al registrar solo 4, el Gobierno canario activa una bomba fractal en la que cada partida explota en decenas de subproductos. El cálculo real, una vez hecho, deja al desnudo el truco, ya que serían casi 1.400 los artículos gravados, unas diez veces más que la cifra oficialmente comunicada. Las sucesivas revisiones eufemísticamente argumentan que la reforma busca adaptarse a la capacidad real de la industria local, pero el resultado es siempre la expansión del ámbito de aplicación y la inclusión de sectores donde ni siquiera existe producción relevante en las Islas.
La selección de los productos afectados por el AIEM es un catálogo amplísimo que afecta a la cesta de la compra: la carne porcina fresca o refrigerada, ya sea en canales, medias canales, piernas o paletas, soporta un 15% de recargo al entrar en las Islas. La carne caprina y zanahorias frescas, un 5%; la carne de ave y los huevos de gallina, al 10% y 15% respectivamente; las cebollas también al 15%, y las rosas al 5%.
La lista no se ciñe a lo que pasa por la cocina de nuestros hogares, sino que avanza hacia el dormitorio y el salón, al continuar con productos textiles, colchones, somieres, cubrepiés, edredones y hasta bikinis; a menudo, artículos que ni se producen ni se producirán jamás localmente, pero que reportan a la hacienda canaria ingresos ingentes.
Un ejemplo especialmente llamativo es el del pan ácimo utilizado en las misas católicas. Las hostias, que son consumidas a diario en las liturgias, no han logrado quedar fuera del listado de productos gravados por el AIEM, pese a su uso exclusivamente religioso. La razón: las autoridades canarias las incluyeron dentro de la partida arancelaria 1905, la misma que agrupa productos de panadería, pastelería y galletería, según informaba hace unos días Vozpópuli. Como consecuencia, las hostias pagan un 10% de arancel al entrar en las Islas, es decir, ni siquiera el pan consagrado para la Eucaristía escapa al celo recaudatorio del gobierno regional.
El pretexto clásico para mantener el AIEM es el de salvaguardar la producción local y alcanzar una pretendida “soberanía alimentaria”, evitando que la industria y el campo canarios se vean arrasados por la competencia de operadores foráneos. Representantes agrarios y empresariales (Asaga, Asinca) aluden a cifras superlativas de autosuficiencia, defendiendo, por ejemplo, que la papa local cubre supuestamente hasta el 65% del consumo en algunas islas según la patronal tinerfeña, aunque los datos reales de Las Palmas sitúan esa cuota en menos de la mitad de lo declamado.
Sin evaluación
Tras más de veinte años de aplicación de esta protección, ¿qué ha pasado con los protegidos? Pues la industria manufacturera insular, lejos de crecer, ha retrocedido dramáticamente: del 5,1% del PIB regional en 2002 al 2,8% en 2021, y con una caída en el empleo del 36,1%. Lejos de impulsar el tejido local, el AIEM lo ha adormecido y envuelto en una telaraña de privilegios y complacencia. Así lo confirma un severo informe del Colegio de Economistas de Las Palmas, que no halla beneficio tangible de este impuesto para el sector manufacturero ni evidencia de que su caída hubiese sido peor sin él.
La magnitud del engaño se agrava al comprobar que más de la mitad de estos bienes ni se producen ni se producirán jamás en las Islas. ¿Por qué entonces gravar bikinis, somieres o chándales infantiles? Grisaleña lo resume con crudeza: “Son insaciables, han preferido recaudar a costa de perder todos nuestros derechos históricos. Y hay sectores que se aprovechan de esto: la ambición los traiciona, solo piensan en ellos mismos, sin importarles las penurias que sufre la gente”.
El AIEM, por otra parte, opera como un impuesto cuyos efectos colaterales resultan abrumadoramente negativos. Al gravar la importación de cientos de productos, distorsiona de raíz los precios relativos, creando un mercado local artificialmente cerrado y poco competitivo. Los consumidores, privados del acceso a productos alternativos más baratos o de mayor calidad, ven la oferta restringida y los precios desbocados. El diferencial es especialmente sangrante en la cesta de la compra: huevos, patatas, cebollas, mantequilla, leche, yogur o café, que en la Península llegaron a tener un IVA del 0% (desde enero están en un 4%), aparecen sujetos en Canarias a tipos de hasta el 15% con el AIEM, un recargo “fantasma” que no aparece desglosado en el tique de compra, se cuela sin pedir permiso y, así, no es percibido por la mayoría de los consumidores.
Este carácter opaco y regresivo hace que el impacto sea mucho mayor entre las rentas bajas, que consumen en mayor proporción estos bienes esenciales. No es casualidad que el poder adquisitivo de las familias isleñas haya crecido solo un 8,6% en 20 años, frente al 40,9% nacional, por lo que el Archipiélago figura entre las comunidades más vulnerables a la inflación alimentaria. El discurso de la recaudación “finalista” y compensatoria no se sostiene, por otra parte, ya que la práctica demuestra que los ingresos del AIEM, engrosados bajo el paraguas del Régimen Económico y Fiscal (REF), se utilizan de modo generalista y benefician sobre todo a la estructura burocrática autonómica.
Récord tras récord
Este maquiavelismo contable convierte el AIEM en una trampa de liquidez en la que los ciudadanos pagan sobreprecios en rosas frescas (5%) y papas (15%), mientras la administración recauda casi 300 millones de euros anuales. A pesar de su supuesto carácter excepcional, la recaudación del AIEM no ha dejado de crecer de forma sostenida, consolidándose como una fuente de ingresos cada vez más lucrativa para las arcas regionales. En 2024, representó el 7,70% de la recaudación líquida total de la comunidad autónoma y según las estadísticas tributarias de julio de 2025, las últimas publicadas, el impuesto podría establecer un nuevo récord este año. La tendencia al alza ha sido constante en los últimos años. En 2019, la recaudación acumulada fue de 137 millones, cifra que se mantuvo relativamente estable en 2020 con 140,8 millones. Sin embargo, a partir de 2021 se observa un incremento más significativo, alcanzando los 188,6 millones, seguido de un fuerte crecimiento hasta los 233,8 en 2022. La tendencia alcista continuó en 2023, con una recaudación de 269,3 millones, y de enero a diciembre de 2024 recaudó la cifra más alta registrada, 282,2 millones, lo que muestra una expansión sostenida y con proyección alcista, con un crecimiento del 100,37% en la recaudación de 2024 en comparación con 2020.
Esta alza constante desmiente por completo la idea de que el AIEM es una herramienta técnica de apoyo limitado a sectores vulnerables. Al contrario, su comportamiento recaudatorio lo hace aparecer como un mecanismo estructural de extracción fiscal, que amplía su alcance en cada revisión normativa y genera incentivos perversos para mantener e incluso expandir las barreras a la entrada de productos foráneos. Lejos de corregir una desventaja estructural de Canarias como región ultraperiférica, el AIEM ha terminado por institucionalizar una transferencia sistemática de renta desde los consumidores hacia una minoría empresarial protegida y, sobre todo, hacia una administración pública cada vez más dependiente de estos ingresos. Debe recordarse que en 2021 se asumió ante la UE el compromiso de no superar los 150 millones de recaudación, algo que ha sido ya sobrepasado largamente.
Cabe subrayar además otro efecto perverso: la transferencia de renta directa, aunque invisible, depende netamente de la capacidad de presión de los grupos protegidos. Cuanto mayor su influencia, mayor será la lista de productos blindados en los despachos legislativos, se produzcan o no en las Islas. Los grupos de interés organizados (los productores locales privilegiados) ejercen una influencia política mucho mayor que los consumidores dispersos. En paralelo, los productos importados —muchos de los cuales son más baratos y de mejor calidad por pura lógica de escala— quedan injustamente penalizados, restando competitividad a toda la economía canaria.
La consecuencia es que la industria protegida, lejos de ganar musculatura, se acomoda en su zona de confort, rehuyendo la innovación y la modernización. ¿Para qué arriesgar, diversificar o mejorar una oferta, si el cliente está cautivo por decreto? El AIEM estimula así una economía rentista y generadora de sobreprecios, muy lejos del dinamismo y la eficiencia que promete la retórica oficial.
Y cada modificación, lejos de racionalizar, expande el listado de partidas gravadas. Así ocurrió en 2020, añadiendo 46 nuevos productos y eliminando apenas 20; la lista es cada vez más arbitraria y menos sujeta a criterio técnico objetivo. La legislación permite blindar productos con cuotas de mercado locales altísimas, por encima del 75%, lo que convierte la protección en un instrumento meramente rentista y recaudatorio. A todo esto se suma el absurdo de proteger partidas donde no hay producción local o esta es meramente testimonial, como el jamón de jabugo o los propios chándales escolares que las familias compran sin saber que pagan un impuesto escondido. Lo que se presenta como ayuda a la industria, es en realidad un tributo que grava por igual a consumidores pobres y ricos, y que desperdicia los recursos que podrían destinarse a actividades realmente productivas.
Ante todo esto, hay una ausencia total de debate sobre el AIEM. Salvo contadas excepciones, como Unidos por Gran Canaria en el pasado y VOX hoy, la mayoría de los partidos prefiere eludir el tema. La explicación debería hallarse en el peso electoral y mediático de los grupos organizados beneficiados, que saben defender con uñas y dientes su parte del pastel, mientras los consumidores, atrapados en la dispersión y la falta de información, carecen de una voz efectiva en el debate público.
La propaganda dominante consiste en hacer creer que el AIEM protege a la economía canaria, cuando en realidad perpetúa un sistema de privilegios a costa del ciudadano medio. El gobierno regional, lejos de proponer alternativas o de analizar cuantitativa y cualitativamente el panorama productivo real, hace recaer la carga de la prueba en los críticos y solo cuando se demuestre de forma fehaciente la inexistencia de producción local estaría dispuesto a retirar una partida del listado, pero nunca encarga auditorías independientes ni permite que la transparencia rija el procedimiento. Así, la maquinaria arancelaria se retroalimenta a sí misma, expandiéndose cada vez que un grupo de presión consigue introducir su producto en la lista protegida.
El AIEM ha dejado de ser, hace mucho, una medida temporal justificada por la insularidad y hoy es un ejemplo paradigmático de cómo los tributos cobijados en la opacidad acaban beneficiando a minorías bien organizadas y perjudicando gravemente el bien común. Su permanencia es la ficción gracias a la que unos pocos viven del trabajo de la mayoría y el debate de fondo que debería abrirse no es sobre cómo parchear el AIEM en cada revisión, sino cómo desmontarlo del todo y sustituirlo por una política verdaderamente orientada a la competencia, el crecimiento y la prosperidad. Prosperidad para todos.
