Bernardo Sagastume
“Tan argentino como el tango o el asado”, decía la campaña publicitaria del Auto Justicialista, que fue un reflejo de la propaganda de la época, combinando nacionalismo industrial, orgullo patrio y los ideales del movimiento que encabezaba el coronel Perón. El coche, que se fabricaría en la provincia de Córdoba, se presentó como “un triunfo de la industria nacional”, que promovía la sustitución de importaciones y el desarrollo tecnológico local. Hace apenas dos meses, el equipo de Donald Trump anunció el T1, un teléfono móvil que estará “diseñado y fabricado con orgullo en EE. UU.”, gracias a unos procesos de manufactura “que se llevarán a cabo en Alabama, California y Florida”.
Las similitudes saltan a la vista, a pesar de que han pasado 75 años entre una y otra iniciativa. Ambos proyectos, envueltos en retórica nacionalista y promesas de soberanía tecnológica, acaban siendo ejemplos paradigmáticos de cómo la intervención estatal distorsiona los mercados, engaña a los consumidores y desperdicia recursos valiosos. El T1 Phone de Trump Mobile, se presentó con gran fanfarria como un dispositivo revolucionario que encarnaría los valores estadounidenses en el competitivo mercado de los smartphones. Donald Trump Jr. y Eric Trump lo describieron como “un servicio transformacional diseñado para ofrecer conectividad de primer nivel, valor inigualable y servicio completamente estadounidense”. El teléfono de los hijos del presidente, que cuesta $499 y viene acompañado de un plan de 47 dólares mensuales, fue promocionado inicialmente como un producto al cien por cien hecho y pensado en el gran país del norte.
Sin embargo, la realidad parece ser considerablemente menos patriótica y está dando la razón a aquellos que predijeron inmediatamente que el teléfono sería fabricado en China. Las sospechas se confirmaron cuando se desveló que el T1 era esencialmente un dispositivo chino reconfigurado. La promesa de fabricación nacional desapareció silenciosamente del sitio web de la empresa cuando se hizo evidente que producir un smartphone competitivo íntegramente en Estados Unidos era económicamente inviable en el mercado actual. Es que cuando los políticos prometen soluciones que el mercado libre supuestamente no puede proporcionar, inevitablemente recurren a subterfugios y engaños para mantener vivas sus narrativas. El T1 Phone no representa, en realidad, una verdadera innovación tecnológica ni una expansión del comercio y la industria estadounidenses, sino un ejercicio de branding político que trata de explotar el sentimiento nacionalista para obtener ganancias comerciales. O, al menos, electorales.
El paralelismo con el caso argentino es notable. Durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, entre 1952 y 1955, el estado argentino emprendió un ambicioso proyecto de industrialización automotriz a través de la empresa pública Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME). El automóvil “Justicialista” (repitiendo el mismo nombre del partido político peronista) era uno de sus estandartes y fue producido en una serie de 167 unidades entre 1953 y 1955, durante el apogeo del proyecto peronista de sustitución de importaciones. Aquella idea de “hagamos aquí para no tener que comprar fuera”.
La iniciativa surgió de la convicción de que Argentina podía desarrollar una industria automotriz completamente nacional, libre de la dependencia tecnológica extranjera. IAME, esto es obvio, no surgió en un garaje, sino que fue creada por decreto presidencial con el objetivo específico de producir automóviles argentinos, con el proyecto Justicialista como el símbolo más visible de esta ambición industrializadora. Perón anunció en mayo de 1952 que IAME lograría fabricar 5.000 autos por año, una cifra a la que no se llegó ni por asomo, ni siquiera en el acumulado.
Al igual que el T1 Phone, el proyecto Justicialista estaba más basado en adaptaciones de tecnología extranjera que en innovación genuina. Los diseños se inspiraron en modelos de DKW y Chevrolet, adaptados localmente para acelerar el proceso de desarrollo. Sin embargo, esta estrategia de imitación tecnológica no logró crear una industria sostenible ni competitiva. Los vehículos carecían de la eficiencia y calidad necesarias para hacer un buen papel en mercados internacionales, y dependían completamente del proteccionismo estatal para su supervivencia.
El proyecto se interrumpió abruptamente en septiembre de 1955 con la Revolución Libertadora que derrocó a Perón, pero su fracaso trascendía las circunstancias políticas específicas. La industria automotriz argentina dirigida por el estado había demostrado ser incapaz de generar los incentivos necesarios para la innovación, la eficiencia y la competitividad que solo emergen en mercados verdaderos.
Historia de fracasos
La comparación entre ambos proyectos muestra algunos patrones que se repiten en la historia de los fracasos de la intervención estatal. En primer lugar, ambos fueron presentados con grandilocuente retórica nacionalista, prometiendo “soberanía” tecnológica y liderazgo industrial. Sin embargo, en la práctica, ambos terminaron siendo ejercicios de rebranding o adaptación de tecnología extranjera, sin generar las innovaciones sustanciales que prometían.
En segundo lugar, tanto el T1 Phone como las camionetas y coches Justicialista carecían de los incentivos de mercado necesarios para desarrollar productos verdaderamente competitivos. El T1 Phone se apoya en el marketing político y la lealtad partidaria más que en ventajas tecnológicas reales, mientras que los vehículos Justicialista dependían del proteccionismo estatal para encontrar mercado. En ambos casos, la ausencia de competencia genuina eliminó los incentivos para la innovación y la eficiencia.
En tercer lugar, ambos proyectos ilustran cómo la intervención estatal puede distorsionar las señales del mercado y llevar a la mala asignación de recursos. Los recursos invertidos en la empresa IAME podrían haber sido utilizados más eficientemente por empresarios privados operando en el mundo real. De modo similar, el capital y el talento empresarial involucrado en Trump Mobile podría generar mayor valor en proyectos que compitan genuinamente en ese o en cualquier otro sector.
El desarrollo tecnológico genuino es otra cosa, porque las innovaciones más revolucionarias en tecnología móvil han surgido de empresas privadas compitiendo en buena lid, no apoyados en las trampas de los gobiernos. Apple, Samsung, Google y otras compañías han logrado avances extraordinarios precisamente porque operan bajo la presión constante de la competencia y la necesidad de satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores. Sus productos no necesitan propaganda política o proteccionismo estatal para triunfar; su éxito se basa en la capacidad de crear valor real para los usuarios.
La industria automotriz mundial también es prueba de esta realidad. Los fabricantes más exitosos son aquellos que han enfrentado la competencia internacional más intensa, forzándolos a innovar constantemente y mejorar la eficiencia. Toyota, Honda, Ford y General Motors no lograron su posición dominante gracias a la protección estatal, sino porque desarrollaron las capacidades necesarias para competir exitosamente en mercados globales y abiertos.
Además, ambos casos revelan cómo la intervención estatal puede engañar a los consumidores al presentar productos mediocres como logros tecnológicos extraordinarios. Los compradores del T1 Phone que esperaban tecnología estadounidense de vanguardia recibieron un dispositivo chino reconfigurado. Los argentinos que compraron vehículos Justicialista creyendo apoyar la industria nacional terminaron con productos de calidad inferior que no podían competir internacionalmente y que además eran una mala copia de coches extranjeros.
Esta dinámica de engaño es inherente a la intervención estatal en los mercados, dado que cuando los gobiernos promueven productos que no pueden competir en condiciones de libertad, inevitablemente recurren a la propaganda, el proteccionismo y la manipulación de información para mantener sus narrativas. El resultado es un círculo vicioso donde se desperdician recursos, se engaña a los consumidores y se impide el desarrollo de capacidades competitivas reales.
La experiencia histórica también demuestra que las industrias protegidas por el Estado tienden a volverse dependientes de esta protección, perdiendo incentivos para mejorar y innovar. La Argentina de los años cincuenta desarrolló una industria automotriz que solo podía sobrevivir con altos aranceles y subsidios estatales. Décadas después, cuando el país se vio obligado a abrir su economía, muchas de estas industrias protegidas colapsaron porque nunca habían desarrollado la competitividad necesaria para enfrentar la competencia internacional.
Más allá de sus contextos temporales y geográficos específicos, estos casos nos dejan una enseñanza, y es que la innovación genuina y la competitividad solo pueden surgir cuando los empresarios operan libremente y compiten por el favor de los consumidores, sin la interferencia de burócratas que pretenden suplir los supuestos fallos del mercado. Porque cuando los gobiernos se erigen en fabricantes y los políticos en empresarios, el resultado rara vez es progreso auténtico. Las historias del Justicialista y del T1 Phone nos dejan una pista sobre cómo se llega a la innovación, que no es precisamente a través del Boletín Oficial. A ella se llega compitiendo, arriesgando capital genuino y satisfaciendo necesidades reales de las personas en lugar de pensar en alimentar mitos nacionales.
