Lo bueno que tiene el intervencionismo es que siempre lo juzgamos por sus intenciones. Si son consideradas óptimas, poco importará el resultado final así sea una ligera modificación del punto de partida, lo importante será aparentar movimiento. De ahí que no sea infrecuente grandes proclamas que, en el fondo, aspiran a modificar hábitos -incluso milenario-s en un ejercicio frecuente de ingeniera social. La lucha contra el tabaco tiene mucho de esto último. Convendría preguntarse por el número de personas que a uno lo rodean y que, efectivamente, desconozcan los efectos que eventualmente pudiera ocasionarle el hábito tabáquico. Más allá de un pequeño empujón (nudges) del que habla el Nobel de Economía Richard Thaler en el libro de idéntico nombre, o de impedir el acceso a edades tempranas al tabaco, todo lo demás está de más cara a justificar o explicar el papel a desempeñar por los gobiernos. Más, si como se verá, su acción es singularmente llamativa porque aunque se presenta como un benevolente padre de familia preocupado por nuestro bienestar, más bien es juez y parte ya que al reclamar interés legítimo en la salud de los ciudadanos, tiene al tiempo el cazo extendido para recaudar una notable cantidad de recursos de unos castigados fumadores. Y lo que vemos, salvo en los casos que deberían evitarse, son personas mayores de edad que toman decisiones de forma voluntaria asumiendo sus consecuencias, algo que en todo caso siempre es conveniente respetar porque jamás se ha dicho que la libertad futura deba ser más importante que la presente. Las personas tienen que tomar decisiones de acuerdo con el tiempo y lugar que viven, nadie debería interferir en ellas máxime si no se producen daños a terceros.
Frederic Bastiat, el periodista económico vasco francés, nos enseñó a indagar en lo que no se ve frente a aquello que parece tan evidente que no requiere nuestra atención. Así que, frente a las grandilocuentes declaraciones de nuestros burócratas explicando decisiones que toman y que nadie les solicitó, bueno sería observar los efectos que sí causan ellos mismos pese al esfuerzo por disimularlos. Así, si vemos los datos contenidos en el informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) en colaboración con la CEOE, “La importancia del sector del tabaco en la economía española 2017”, obtendremos una mejor fotografía de lo que estamos haciendo con el hostigamiento a toda una industria. Lo primero que llama la atención es el volumen de negocio del tabaco, de hecho en España supone casi el 0,3% del PIB al superar los 3.200 millones de euros al año. Por si fuera poco, emplea de forma directa e indirecta a más de 60.000 personas en nuestro territorio. En Canarias, los datos no son menos importantes porque a un negocio de 358 millones de euros anuales se debe sumar el hecho de que son 3.500 personas las que laboran en los distintos procesos relacionados. El pasado tabaquero de las islas se nota todavía hoy en dos aspectos relevantes, el primero es que es el lugar de España donde mayor número de fábricas existen (38 instalaciones), lo que permite exportar por valor de 147 millones de euros, casi al mismo nivel de lo que representan las exportaciones de plátano (157 millones). Desafortunadamente no son grandes extensiones las dedicadas al cultivo de la planta del tabaco aunque en los últimos años hay un esfuerzo por retomar producciones de calidad aprovechando el pasado esplendor de marcas y procedencias, como el tabaco de La Palma (en el número 12 de esta revista informamos de los progresos de la empresa Kolumbus). A día de hoy, en Extremadura se concentra el 97,4% del cultivo del tabaco, lo que permite a España ser el tercer productor de la Unión Europea, detrás de Italia y Grecia. Se destaca de las plantaciones del tabaco que son un cultivo sostenible desde el punto de vista agroambiental al que se le ha ido dotando de medios renovables de energía y que no precisa de abonos ni productos fitosanitarios.
Como se puede observar, son datos importantes en los que nadie parece reparar cuando se aumenta la represión del negocio mediante leyes de restricción o aumento de impuestos. De hecho, aunque hoy tenga una menor importancia que en el pasado, no precisa de adicionales medidas amparándose en caídas de demanda, tal fue la explicación del Vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda en 2010, José Manuel Soria, cuando decidió subir uno de los impuestos que lo grava: ”No tiene sentido mantener el precio del tabaco bajo cuando los turistas ya no son los de antes que compraban cantidades considerables para aprovechar el diferencial de precios”. Cualquier argumento es aceptable para el rejonazo fiscal.
Un pasado glorioso
El proceso evolutivo del tabaco en España se puede diferenciar en cuatro etapas: Durante el siglo XVI y parte del siguiente, se cultiva libremente pero sus usos están limitados a los medicinales u ornamentales en huertas y jardines: Desde finales del siglo XVII y hasta finales del XVIII, ante las primeras restricciones en su comercio con el establecimiento del estanco de la Corona, se desarrolla y mitifica el carácter clandestino de su cultivo y tráfico. En la tercera etapa, que abarca todo el siglo XIX, la prohibición se detiene durante dos cortas etapas –la de las Cortes liberales, en 1814, y la del trienio liberal, de 1820 a 1823-, pero se realizan diversas pruebas de libertad de cultivo en algunas provincias españolas y la total liberalización en Baleares y Canarias. La última etapa ya recorre el siglo XX, con la instauración del monopolio de Tabacalera y los incrementos de cultivo y producción. Debe tenerse en cuenta que la primera fábrica en España se creó en Sevilla en 1620 pero bajo el control de la Hacienda desde 1684, lo que sin duda nos muestra las conexiones que siempre hubo entre los ingresos públicos y la actividad productiva.
En 1852 Bravo Murillo declara francos los puertos de Canarias, con lo que se hace efectiva la libertad de cultivo de tabaco en el Archipiélago; Años más tarde se legalizan las relaciones comerciales de los productores insulares y el Estado, según queda recogido en el libro “La tradición insular del tabaco” (Anelido Rodríguez Concepción, Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, 2003). No debe extrañar que ya por entonces empezaran a labrarse los iniciales pasos de empresarios del sector, tal resulta el caso de Luis Zamorano López, un emprendedor que, procedente de Algeciras, intuyó que se encontraba ante una demanda creciente que alguien habría de atender. Abrió así un estanco, en el número cinco de la calle de La Marina en Santa Cruz de Tenerife, que sería el origen de una compañía que con el tiempo se convertiría en una de las más importantes de Canarias y que diversificaría para llegar a sectores como el turístico, inmobiliarios o el agua de manantial (hoy es el grupo CIO, desligado de la parta tabaquera que representaba CITA, actualmente JT International Canarias cuya historia se narró en el número 9 de La Gaveta Económica). O ya en el siglo XX, otro empresario grancanario rivalizaba en marcas y reconocimiento internacional, con marcas como Kruger o Condal frente a los Coronas de los primeros. Se trataba de Eufemiano Fuentes. Anteriormente ya existía en Gran Canaria la sociedad “Porvenir Agrícola de las Islas Canarias” (1874) creada en la convicción de que la isla reunía condiciones propicias para producir tabacos de calidad. En 1875, el gobierno español compró 20 toneladas de tabaco de las islas pagando 4 chelines la libra, lo que indujo la irrupción de numerosos espacios dedicados al cultivo del tabaco. Una vez más, el papel del gobierno nunca resulta neutral.
Las sendas que recorrieron todas estas empresas no son del interés de este articulo mas si las razones para que se fuesen produciendo cambios que alterarían significativamente el campo de juego, con resultados del que casi no se libraría nadie. Y eran muchas empresas, Don Álvaro, en La Laguna, era uno de los mejores ejemplos en el sector de los puros, empleando a una cantidad considerable de trabajadores, pues llegaron a superar el millar.
En 1870 se relanza la actividad tras la crisis de la cochinilla porque se buscan producciones que pudiesen tomar el relevo y se piensa en aquellos que tuviesen mayor demanda en los más ricos y avanzados mercados europeos. Se ensaya con plantaciones de algodón, café, tabaco, caña de azúcar, henequén y caucho pero con desigual resultado, según el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ramón Díaz en su publicación “En torno al tabaco en Canarias, una perspectiva local”, contenido en el más amplio trabajo “Ciclo en torno al tabaco en Canarias” (2001). Solo el tabaco y la caña azucarera rindieron beneficios, particularmente el primero que se dio con bastante buen resultado en todas las islas con la excepción de Fuerteventura. Fueron, con todo y pese a que las fabricas podían comprar plantas de las procedencias que quisieran, buenos años y de aquella época son las más importantes empresas del sector.
En 1949 se constituyó Tabacalera para gestionar el monopolio tabaquero concedido en principio por 25 años: Hasta ese momento, aun siendo un monopolio estatal existía el arriendo a empresas privadas, lo que explicaba el relativo dinamismo del mercado. Las empresas canarias se encuentran de repente con cupos a la exportación a la península, lo que supuso un freno enorme al progreso de las empresas canarias, pese a que el buen nombre del tabaco canario –particularmente en cigarrillos negros y puros- le habría reportado buena progresión. El cepo pretendido se va resolviendo con el paso del tiempo abriendo nuevos mercados, lo que se corresponde con el genuino espíritu empresarial. Tabacalera podía competir también en el mercado canario, abierto como siempre fue y debió seguir siendo (no, no solo en el caso del tabaco), lo que se tradujo en múltiples y potentes operadores, particularmente en el mercado del tabaco rubio, con la participación de las principales marcas americanas dotadas de ingentes cantidades de recursos para el marketing. Mientras que en el cigarro negro siempre se contó con reputación, en el rubio hubo que improvisarse una estrategia y esto obliga a fabricantes canarios a apostar por la gama media baja, donde se puede vender mucho con márgenes pequeños. Esto ocurrió porque de repente el negro sufrió una pérdida de demanda, la soberanía del consumidor propició que los gustos de los usuarios alteraran el escenario, esa que provoca que lo que ayer resultaba atractivo hoy puede dejar de serlo. El puro canario también ve descender sus posibilidades, en parte porque existía un competidor repleto de reputación pese a los innegables lazos que unen a ambos tabacos, el habano cubano y el canario. Errores empresariales propiciados por el descubrimiento de un mercado tan grande como el americano en momento de sanciones, (¡la política!, otra vez), llevó a rebajar las calidades para atender las cantidades, desperdiciando una oportunidad histórica. Vemos, por tanto, que es una mezcla de error empresarial puro pero, al tiempo, una incesante actividad política que interfiere en el funcionamiento normal del mercado.
Cuando las cosas parece que pueden volver a su estado original, arranca toda la histeria reguladora que hemos presenciado en los últimos años, desde los macrojuicios con sentencias milmillonarias a los continuos avisos de los efectos sobre la salud del tabaco para que se restringa el consumo de este producto que, originario de la zona andina entre Perú y Ecuador, convive con el hombre desde hace entre cinco mil y siete mil años, estando su consumo extendido por toda América cuando llegaron los primeros colonizadores.
Así que hoy vivimos en una especie de esquizofrenia tan cara al pensamiento burocrático. De un lado, el Estado, a través de la SEPI, es el propietario mayoritario de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) encargada de la transformación de entre el 85% y 90% del tabaco que se procesa en España. La distribución mayorista corre a cargo de Logista en el 90% del total de los cigarrillos, pese a tratarse de una actividad liberalizada. Son enviados esos productos a estancos, actividad igualmente regulada en el resto de España, donde funciona una red de expendedurías (estancos) que suponen un total de 13.286 establecimientos que saben que obtendrán el 8,5% del P.V.P. de cada cajetilla. También las máquinas de vending están autorizadas en bares, restaurantes y kioscos, concentrando el 40% del total de las ventas con 15 céntimos de incremento en el precio sobre el que está disponible en los estancos. No es el caso de Canarias, aquí cualquier establecimiento puede vender y con plena libertad para establecer el margen que considere. Como se ve, es una actividad que en el conjunto del país tiene una notable gestión y decisión empresarial pública, si colocar junto en una frase empresarial y pública no fuese un oxímoron.
Como el Estado puede hacer pasar cualquier acción suya como necesaria, otra característica de su implicación en el negocio tiene que ver con los recursos que obtiene por los impuestos a aplicar. Es poco conocido que se trata del producto más gravado de cuantos existen, por encima de las gasolinas o el alcohol, que sufren igualmente impuestos especiales. Así, solo el tabaco generó en 2014 (último dato disponible) más de 9.111 millones, el 5% de la recaudación total del conjunto de las administraciones públicas. El tabaco genera el 34,7% de la recaudación total de los impuestos especiales, mientras que si le añadimos lo que supone el IVA (otros 2009 millones de euros, el 3,7% del total del ingreso de ese impuesto) nos encontramos que el tabaco tiene una presión fiscal del 77%, es decir, del precio que el usuario paga, tres de cada cuatro euros son impuestos. Algo que no ocurre con los hidrocarburos (47%), el alcohol (43%) o la electricidad (el 21%). Para Canarias, los datos son también notables, en 2016 el Gobierno regional ingresó 176 millones de euros, de los cuales 136 millones proceden de los impuestos especiales y 40 del Impuesto General Indirecto (IGIC).
Aunque en el informe de AFI citado se hace hincapié en el contrabando de tabaco que aumenta cada año, al tiempo que descienden las ventas en los puntos finales de comercio por variadas circunstancias, a nadie podría sorprender la correlación entre el voraz apetito gubernamental traducido en elevados impuestos y las permeables fronteras de Andorra o Gibraltar donde el precio no está “dopado” por tributos de toda jaez.
Conclusión:
El Estado está lejos de ser un actor neutral en el negocio tabaquero. Por un lado, participa activa y directamente en el mismo con empresas públicas al tiempo que regula frenéticamente los aspectos más esenciales y sensibles, desde los precios a las licencias para poder comercializarlo. Por otro, obtiene pingües beneficios de la existencia de la actividad, aguijoneando a los consumidores con unos impuestos de todo punto de vista abusivos, que no disuasorios, no obstante, los mayores precios no se traducen en idéntica proporción en descenso en los consumos, solo en el desvío hacia canales de venta alternativos, en muchos casos circuitos ilegales. El hostigamiento a los fumadores, incluyendo la obligación a los operadores para que incorporen imágenes desagradables o letanías a modo de advertencias en las cajetillas de tabaco, parece que tampoco tenga un éxito que merezca la pena ser resaltado. Es por ello que resulta un ejemplo claro de buenas intenciones pero con resultados mejorables.
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