En la portada del primer número de la Gaveta Económica nos preguntábamos qué ocurriría si nos bajaran los impuestos. Corría el año 2015 y sufríamos las consecuencias de un draconiano ajuste de los presupuestos públicos que el gobierno de España decidió aplicar bajo las órdenes del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que consistió básicamente en ampliar los ingresos por la vía de la carga fiscal a los españoles para aumentar sin reducir el gasto público. Pero tras aquel nefasto gobierno llegó a la Moncloa Pedro Sánchez, con una agenda socialista de gasto que en lugar de corregir una política fiscal basada en el expolio privado para priorizar el enriquecimiento público, las empeoró con creces. Así lo demuestra el reciente estudio del Instituto Juan de Mariana (IJM) publicado a principios de abril en el que a modo de Impuestómetro analiza la carga fiscal que soportan los contribuyentes de nuestro país. Según este informe no solo es que el peso de los impuestos sobre el Producto Interior Bruto (PIB) haya subido del 32 al 38 por ciento desde 1995 sino que la mayor parte de este incremento, un 60 por ciento, se ha producido desde 2019. En términos absolutos la recaudación en España ha pasado de 150.000 a 511.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, ha experimentado un aumento del 240 por ciento. Cabe preguntarse si, en este tiempo, los servicios públicos también se han incrementado en la misma medida ya sea en cantidad o calidad.
Las recetas para superar las crisis en España parece que siempre pasan por subir los impuestos, tengan su origen en el sistema financiero o en una dudosa gestión de una pandemia que paralizó la actividad económica. En ambos casos dos gobiernos de España, de diferente color, han optado por aumentar la presión fiscal. En el primer caso fue una exigencia de Bruselas para poner en orden las maltrechas cuentas públicas que llevaron al país al borde de la quiebra mientras que en el caso más reciente se trata de una propuesta más ideológica pactada entre el actual gobierno y la Unión Europea en base a la idea de que se deben “armonizar” la fiscalidad española con la europea, lo que el Think Tank de pensamiento liberal Juan de Mariana calcula la subida de impuestos resultante sería de 39.000 millones de euros, lo que supondría un pago adicional de 2.082 euros por hogar que irían a parar a las arcas públicas. Esta armonización, que siempre es al alza, se fundamenta en que la presión fiscal en España se encuentra algo por debajo del promedio comunitario, en concreto en algo menos de 3 puntos de PIB (38 por ciento del PIB español frente al 40,9 por ciento del PIB en la UE-27, según los datos de Eurostat). La trampa estadística reside en tomar este indicador olvidando otros como el del esfuerzo fiscal que vincula la carga fiscal que soportan los contribuyentes relacionado con la renta per cápita y el tamaño de su población. Si introducimos estos factores en la ecuación los españoles realizan un mayor esfuerzo fiscal que sus homólogos europeos y para estar en la media comunitaria los impuestos deberían bajarse hasta el 36,9% del PIB según el IJM que también señala que “el foco debería estar centrado en el denominador, es decir, en aumentar el nivel de vida y la renta de los ciudadanos. Al ensanchar las bases imponibles, sería posible obtener más ingresos impositivos e, incluso, reducir el esfuerzo fiscal que se demanda a los contribuyentes”. Es decir, bajando los impuestos podría conseguirse mayor recaudación dado que el esfuerzo fiscal actual y el que se busca – el Plan Presupuestario para este 2024 remitido a Bruselas apunta a un aumento de la presión fiscal de 0,5 puntos porcentuales del PIB para el presente año, lo que dejaría esta medida en un 38,6 por ciento del PIB, lo que supondría pagar 7.000 millones de euros más al año, o lo que es lo mismo, un promedio de 371 euros más por hogar- ahogan la actividad económica y aliviarla podría dinamizarla, generando más inversión y empleo. No es extraño que, con estas cifras y los planes gubernamentales España se encuentre a la cola del Índice Internacional de Competitividad Fiscal que elabora la Tax Foundation, al situarse en el puesto 31 de las 38 economías desarrolladas analizadas. Hay, por tanto, alternativas a la cacareada “armonización” fiscal si lo que de verdad se busca es un sistema fiscal eficiente, incluso sin llegar a producir una revolución fiscal.
Tan relevante como el volumen de impuestos es su estructura, y en este caso el Instituto Juan de Mariana destaca que, “en términos generales, de cada 100 euros que se recaudan 32 euros proceden de impuestos indirectos, otros 32 euros de los impuestos directos y los 36 restantes, de las cotizaciones sociales” poniéndose especial énfasis en los impuestos al trabajo pagados por los empleadores, un tipo de tributo que no solo queda escondido para los propios trabajadores sino que, si lo comparamos con la Unión Europea, resulta más elevado (28,2% frente al 27,35%) como también lo son los impuestos que gravan el capital. Por el contrario, los impuestos al consumo y los que pagan los trabajadores son más bajos y de producirse esta armonización europea se traduciría, de nuevo según cálculos del propio IJM, en una subida impositiva de 39.000 millones de euros, equivalente a que cada hogar debería pagar 2.082 euros más en impuestos.
De momento, y en apenas cinco años, los impuestos han subido un 2,9 puntos respecto del PIB, en contra de la tendencia europea en los que apenas ha habido cambios con un incremento casi despreciable del 0,1 por ciento. Resulta llamativo que para armonizarnos a las políticas europeas que durante la pandemia el camino recorrido por nuestro gobierno sea el contrario y, además, haga recaer estos incrementos básicamente sobre las familias teniendo que cargar con 2 de cada 3 euros de este aumento. En este sentido la exhaustiva enumeración que realiza del Impuestómetro resulta impactante y merece la pena reproducirla:
- Ocho subidas del IRPF, tanto en los tramos de la renta como en los del ahorro, así como mediante la limitación de las desgravaciones por aportaciones a planes de pensiones.
- Cuatro aumentos del Impuesto sobre Sociedades, incluido el tipo general y el tratamiento de las deducciones de beneficios obtenidos en el extranjero.
- Un incremento del Impuesto de Patrimonio, cuyo tipo de referencia pasó del 2,5 al 3,5 por ciento en la configuración nacional del tributo.
- Una subida del Impuesto sobre el Valor Añadido que afecta a bebidas azucaradas y edulcoradas, al pasar del 10 al 21 por ciento.
- Un aumento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con la alteración de la regulación fiscal que definía la tributación de los pactos sucesorios.
- Diez subidas de impuestos más, a través de la creación de nuevos gravámenes como la Tasa Tobin o la Tasa Google, de la adopción de nuevos tributos que gravan los beneficios “extraordinarios” de la banca y las energéticas o del alza de figuras como la que afectan a las primas de seguros o la compra de vehículos.
- Diecisiete incrementos y cambios de motivación recaudatoria en las cotizaciones sociales, donde se ha alterado las cuotas de autónomos, las bases máximas, etc.
Es decir, 42 subidas impositivas en apenas cinco años a las que añade otras 17 modificaciones del ordenamiento tributario entre las que se encuentran el catastrazo que implicó un aumento del IBI o el Impuesto de Solidaridad para las Grandes Fortunas. Si las sumamos todas las subidas durante el gobierno de Pedro Sánchez llegan a las 69.
Si por separado todos estos impuestos asustan, los contribuyentes no son siempre conscientes del coste total que supone para su bolsillo. En este sentido especialmente interesante calcular como lo hace el IJM el peso de la fiscalidad sobre las rentas medias que se eleva hasta los 45 euros de cada 100 que cuesta emplear a un trabajador. Este Impuestómetro arroja luz sobre un sistema con poca transparencia en el que se descubre que la carga del Estado se come prácticamente la mitad de la riqueza que genera la sociedad y nos devuelve a la pregunta inicial sobre la cantidad y calidad de los servicios públicos que recibe cada trabajador. ¿Merece la pena pagar la mitad del salario por lo que obtenemos del Estado?
Casi una década después de aquel reportaje sobre un hipotético alivio fiscal, las razones y argumentos que lo defienden no sólo son los mismos sino que vienen reforzados porque son más necesarios que nunca. La presión fiscal ha aumentado al tiempo que el poder adquisitivo de los españoles ha caído, con una productividad estancada y un PIB que apenas ha sido capaz de recuperarse tras la pandemia, es fundamental permitir que la economía pueda progresar antes de cargarla con todo tipo de tributos que lastran su crecimiento y, aunque los políticos que solo piensan en engordar las arcas públicas sean incapaces de entenderlo, limitan la recaudación fiscal. Suele decirse que si se buscan resultados distintos no es conveniente hacer lo mismo así que, ¿por qué no prueban a bajarnos los impuestos?
