El disfraz más terrorífico del Carnaval es el de notificación de Hacienda. El humor parece ser el único refugio que les queda a los contribuyentes para combatir las malas artes de la Agencia Tributaria (AEAT). Si bien pagar impuestos es una obligación, los ciudadanos también tenemos derechos que el Fisco vulnera con inspecciones que invierten la carga de la prueba y convierte automáticamente a los sospechosos de delito fiscal en culpables que deben probar su inocencia.
Mientras tanto, el Estado pone en marcha todo su poder coercitivo para imponer de forma preventiva multas, recargos, el bloqueo de las cuentas e incluso el señalamiento público a través de la lista de morosos. Un aparato de recaudación al servicio de un sistema fiscal confiscatorio que empobrece a la gente mientras engorda unas arcas públicas donde retozan burócratas mediocres con sueldos que jamás habrían logrado en el mercado libre.
Anestesiados por la presión fiscal y la costumbre de aceptar las sanciones de Hacienda para evitar males mayores, los españoles ven cómo ha tenido que venir un abogado extranjero a recordarles que aún tienen derechos.
Nacido en Nueva York y afincado en Londres, Robert Amsterdam es conocido por su lucha contra regímenes autoritarios en Rusia o Venezuela. Pero ahora se ha fijado en España porque, a su juicio, aquí se vulneran derechos humanos con total impunidad. Está dispuesto a combatir judicialmente lo que llama la “filosofía extorsionadora” de la Agencia Tributaria. La presunción de inocencia, sostiene, está en juego.
En lugar de discutir si un impuesto se solapa con otro o si una norma contradice una directiva europea, este abogado ha emprendido una macrocausa que ataca la lógica misma del sistema. Como declaró durante su comparecencia en Madrid: “España está en una crisis constitucional tremenda. Hay un malestar general en la población que ha normalizado los escándalos de corrupción, y Hacienda opera como una organización que en realidad no tiene derecho a existir en una sociedad libre y democrática”.
Todo empezó cuando su despacho, Amsterdam & Partners LLP, con oficinas en Londres y Washington DC, asumió la defensa de contribuyentes extranjeros acogidos al régimen especial conocido como Ley Beckham. Fue entonces cuando Amsterdam descubrió la “excepcionalidad española”: un engranaje fiscal que “opera al margen del Estado de Derecho y convierte en víctimas a ciudadanos honrados”.
Desde mayo, su buzón no deja de llenarse con mensajes de españoles que narran historias de terror recaudatorio: embargos, bloqueos de cuentas, multas sin proporción y amenazas de cárcel. La mayoría son ciudadanos corrientes. “No recibo cartas de millonarios —subraya—. Recibo llamadas de gente humilde, de familias arruinadas, de matrimonios destrozados por la presión fiscal. Me dicen: ‘Nuestra vida se ha convertido en un infierno’”.
El miedo como política de Estado
Aquí llegamos al meollo del asunto: el miedo como política de Estado. Robert Amsterdam lo describe sin rodeos: “España no tiene un tipo impositivo real; el tipo es lo que Hacienda pueda quitarte ese año. No existe un marco claro: es lo que puedan robarte, con la excusa que sea”.
Para él, lo más inquietante es cómo ese temor se vuelve costumbre. “He estado en regímenes autoritarios, he defendido a opositores en Moscú, he visto dictaduras de cerca. Pero la normalización del miedo fiscal en España es única en Europa”, insistió.
Este miedo se alimenta, según Amsterdam, de un incentivo perverso: el sistema de bonus que cobran los inspectores de Hacienda, prohibido o impensable en la mayoría de países de la OCDE. “Los fuerzan a actuar como depredadores contra sus propios compatriotas porque así pagan sus facturas. Es inmoral”, denuncia. Y añade: “El 75% de los países de la OCDE no tienen nada similar. Si Hacienda dice lo contrario, que publique los datos. Pero no lo hace porque saben que es corrupto.”
Como si esto fuera poco, recuerda que en España rige la presunción de veracidad: si un inspector cree que algo está mal, la carga de la prueba recae por completo en el contribuyente, que paga primero y recurre después. “Reciben requerimientos de 100 páginas imposibles de cumplir para alguien sin un ejército de abogados. Si se retrasan, pierden. Y si falta un euro, la sanción puede ser del 50% o el 75% de toda la base imponible. No hay proporcionalidad”.
Para Amsterdam la Agencia Tributaria actúa con métodos propios de la antigua policía secreta de Alemania Oriental, la Stasi, instaurando una vigilancia implacable y un estado de sospecha permanente. Un modelo que podría agravarse con digitalización “acelerada” de Hacienda –basada en inteligencia artificial y big data– que amenaza con crear un Gran Hermano fiscal, capaz de cruzar datos sin controles independientes, presumiendo siempre que el error o el fraude está del lado del contribuyente. “En dos años, España vivirá en un 1984 tributario”, advirtió en la rueda de prensa que ofreció en junio en Madrid.
Amsterdam también destacó el impacto devastador del sistema fiscal en el tejido empresarial, especialmente entre los jóvenes emprendedores. “Este es un gobierno en guerra contra los negocios”, afirmó, señalando que la AEAT no solo persigue a los contribuyentes individuales, sino que también destruye empresas a través de inspecciones y sanciones arbitrarias. En su presentación, mencionó casos de jóvenes empresarios que han perdido sus negocios debido a la presión fiscal, un fenómeno que, según él, no tiene parangón en países como Inglaterra o Francia. “El gobierno cree que si destruye un negocio, otro tomará su lugar. No entienden que no es así”, explicó, criticando la falta de visión económica de las autoridades.
Y si bien ahora la corrupción rampante del actual gobierno hace que esta política sea más dañina para Amsterdam “no empezó con Pedro Sánchez, sino que es un problema estructural que viene de antes, viene de un Estado que usa Hacienda como martillo político y extorsionador, independientemente del color del partido” y que han utilizado los ministros de Hacienda, se apellidaran Montero o Montoro.
Pero lo más preocupante quizá no sea solo el abuso de poder, sino la mansedumbre con la que lo aceptan los ciudadanos españoles. El propio Amsterdam mostró su sorpresa ante esta pasividad generalizada: “Es impactante que tenga que venir un extranjero a defender a los españoles de sus propias instituciones”, señaló con amarga ironía.
Impuestos o libertad
Amsterdam no ahorra calificativos duros y aunque en España mucha gente guarde silencio por temor a las represalias de Hacienda lo cierto es que también hay voces autorizadas que coinciden plenamente con este diagnóstico.
Ignacio Ruiz-Jarabo, quien fuera director de la misma Agencia y autor del imprescindible libro “Impuestos o Libertad”, publicado por Gaveta Ediciones en 2022, respalda por completo esta acusación y la considera no solo razonable, sino necesaria. Ruiz-Jarabo lleva años denunciando, entre otros abusos, la llamada “presunción de veracidad” que otorga a la Agencia Tributaria una posición de ventaja absoluta frente al contribuyente.
Tras conocerse las acciones de Amsterdam, Ruíz-Jarabo escribió que él también considera que “desde hace años la Agencia Tributaria abusa de modo inclemente de esta posición jurídica ilimitadamente privilegiada” y que “la manera en la que se fijan las retribuciones variables de los inspectores de Hacienda constituye un anacronismo inadmisible que objetivamente, subrayo este término, induce a la prevaricación de los funcionarios actuantes”.
Los datos confirman la denuncia. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en España más del 20% de las liquidaciones fiscales acaban impugnadas y el 60% de esas reclamaciones se resuelven a favor del contribuyente, lo que prueba la frecuencia de abusos y errores. Como dice Amsterdam: “¿Qué sentido tiene un sistema donde más de la mitad de las sanciones se tumban en tribunales? El problema es que cuando llega la sentencia, el contribuyente ya está arruinado, divorciado o hundido”.
¿Quién es Robert Amsterdam?
A Amsterdam la Agencia Tributaria lo acusa abiertamente de buscar fama con esta iniciativa. Él se burla de esa etiqueta: “Ya gané el World Prize for Pro Bono Advocacy, ya he representado a la Iglesia Ortodoxa ucraniana, al Congo contra Apple… No busco fama. Busco justicia”. También estuvo preso en Rusia en 2003 por defender a un opositor a Putin.
Aún así subraya una y otra vez que su pleito no es contra España: “no estoy atacando a España. Estoy señalando un abuso de poder. España no es la víctima: los ciudadanos españoles son las víctimas”. Y recuerda que dentro del país hubo intentos de regeneración: “Existió la Declaración de Granada para reformar Hacienda. ¿Qué hicieron? Subieron impuestos 47 veces más. Duplicaron la recaudación mientras la economía solo crecía un puñado de puntos. No hay un tipo fiscal real: es lo que puedan sacarte hoy”.
En Madrid, tras recibir una carta amenazadora de la Agencia Tributaria española, Amsterdam lejos de intimidarse, enarboló esa misma carta como símbolo de resistencia, declarando su intención firme de seguir adelante con la denuncia contra lo que considera una injusticia flagrante. Su intervención pone en evidencia la valentía necesaria para enfrentar abusos institucionales, incluso cuando la mayoría calla.
Su despacho, ya trabaja en un informe que presentarán en septiembre bajo el nombre de “Madrid Memorándum” en el que se expondrán todos los abusos de la AEAT y las acciones judiciales emprendidas. Entre tanto, elevará sus quejas ante las Naciones Unidas y ya ha preparado una denuncia de más de 40 páginas que presentará a la OCDE para solicitar la suspensión del intercambio de información fiscal con España. Y es que el resto de países no pueden ceder información mientras el fisco español no respete los principios legales más elementales.
Para terminar interpeló a los españoles: “¿por qué tengo que estar aquí sentado y no todos ustedes? ¿Por qué callan los abogados españoles? Por miedo. Miedo al escarnio, a la represalia, a la ruina. Lo entiendo, pero no lo acepto. Mi consejo: si un inspector les amenaza, denúncienlo. Si se sienten víctimas, no callen. Únanse, no se resignen”.
La denuncia de Amsterdam puede ser la chispa de una rebelión cívica contra los abusos de un Leviatán fiscal que se ha creído intocable. Quizá no cambie el sistema de la noche a la mañana. Quizá pierda en los tribunales. Pero ya ha puesto sobre la mesa una evidencia que muchos preferían ignorar: que el miedo fiscal, cuando se institucionaliza, acaba devorando la libertad.
Como escribió Ayn Rand en La rebelión de Atlas en 1957 “el estatismo sobrevive saqueando; un país libre sobrevive produciendo”. Ya no vale con pagar y callar. La verdadera pregunta no es quién es Robert Amsterdam. Es si los contribuyentes españoles se unirán a esta rebelión contra el Leviatán fiscal.
