Desde el año 2008 los diferentes gobiernos de España no han sido capaces de cuadrar sus cuentas públicas gastando más de lo que el Estado podía ingresar. Esta acumulación de déficits presupuestarios ha ido engrosando el endeudamiento público de forma que ha pasado de suponer menos del 40% a más del 110% del Producto Interior Bruto (PIB). Para visibilizar esta preocupante realidad el Instituto Juan de Mariana (IJM) ha publicado un contundente informe en el que calcula que España alcanza el Día de la Deuda el 30 de noviembre. Es decir, durante un mes, todos los años, las administraciones públicas tienen que recurrir al déficit y a la deuda para poder seguir funcionando. Una negligente gestión política que causa problemas económicos a todos los ciudadanos y que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), continuará así hasta, al menos, 2028.
Las consecuencias de esta cronificación del déficit implica graves consecuencias que terminan desajustando los equilibrios económicos de un país. De hecho muchas de las debilidades que ha manifestado España en las últimas crisis, incluida la causada por los confinamientos impuestos con la pandemia, tienen mucho que ver con esta falta de equilibrio presupuestario que lleva a la acumulación de deuda más allá de lo recomendable. La primera derivada y más evidente es que a mayor deuda conlleva mayores intereses y por tanto buena parte del esfuerzo presupuestario se desvía desde la financiación de los recursos públicos al pago de estos intereses. Precisamente, tras la crisis financiera, se popularizó el término de “deuda odiosa” para expresar el malestar que implicaba tener que pagar unos intereses cada vez más elevados mientras se realizaban ajustes como dejar de revalorizar las pensiones o congelar algunos privilegios a los empleados públicos como sus jornadas laborales de 35 horas. Un discurso que no estaba falto de demagogia pues el origen de esta odiosa deuda no es otro que mantener unos niveles de gasto por encima de los ingresos reales y la productividad de un país. Cuando los salarios y los beneficios sociales rebasan este equilibrio se producen estos desajustes que a medio plazo terminarán estallando. Otras consecuencias no son tan evidentes pero igualmente dañinas como el “efecto desplazamiento” de una deuda excesiva “en la medida en que el crédito ofrecido por las entidades financieras fluye con más fuerza hacia el sector público, dejando al aparato productivo en condiciones desfavorables” tal y como apunta el IJM en su análisis. Y es que el Estado se ha convertido en una especie de agujero negro que acapara todo tipo de recursos y prioridades dejando al sector privado en un segundo plano y, por tanto, en una posición de desventaja que es muy difícil remontar.
Entre la negligencia y la ilusión fiscal
Examinar las cuentas públicas españolas resulta desolador porque desde el año 2008 ningún gobierno ha sido capaz de cuadrar sus cuentas gastando más de lo que era capaz de ingresar. Lo cierto es que en el periodo entre 2013 y 2018 se consiguió invertir la tendencia creciente pero sin conseguir doblegarla. No se trata tan solo de una negligencia de gestión sino también de control ya que el equilibrio presupuestario es uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea al que se comprometen los estados miembros y un incumplimiento de las leyes vigentes ya que España constitucionalizó el control presupuestario en la reforma del artículo 135 de la Constitución de 2011 y su desarrollo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Así, tal y como recuerdan desde el IJM, se estableció un umbral del 3% en el déficit anual en el que podían incurrir como máximo las administraciones públicas españolas mientras que la deuda no debería rebasar el 60% del PIB. Pese a este mandato legal y a los esfuerzos realizados durante el breve paréntesis mencionado, el incumplimiento ha sido la tónica general superando, año tras año, el límite del 3%. Así no solo han fallado los gestores políticos sino los controles para garantizar el cumplimiento de las normas. A ello ha contribuido la laxitud permitida por los órganos políticos de la Unión Europea durante estos años lo que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de controles externos que no dependan de los mismos responsables públicos a quienes se debe controlar. De hecho si nos fijamos en el caso español sí ha habido una parte de la administración capaz de equilibrar sus ingresos y gastos: los ayuntamientos. Según los saldos presupuestarios desagregados que también aporta el Instituto Juan de Mariana los municipios españoles han sido las únicas administraciones capaces de controlar su déficit entre 2012 y 2021. No lo han hecho en muchos casos por voluntad propia sino por la Regla de Gasto que les obligaba a ello impuesta por el gobierno central y en cuanto Hacienda ha suspendido este techo de gasto para los ayuntamientos muchos de ellos han empezado a gastar más de lo que ingresaban contribuyendo al déficit general.
Lo cierto es que incurrir en déficits públicos es el camino fácil que toman los gestores políticos para gastar más -o peor- sin necesidad de subir los impuestos a corto plazo. Se trata de una forma de encubrir el gasto público sin que los contribuyentes actuales lo paguen proyectándolo al futuro. Una ilusión fiscal que el Instituto Juan de Mariana calcula que supone que cada asalariado tiene una deuda 8.478 euros y les alerta que serán ellos que tendrán que hacerla frente en el medio plazo ya que “la vida media de la deuda española es de 7,9 años, de modo que no estamos traspasando tales obligaciones a las próximas generaciones, sino que nosotros mismos las enfrentaremos también a medio plazo, en forma de más impuestos”. De esta forma se junta la negligencia de la gestión presupuestaria con los incentivos perversos de los políticos que aspiran a ganar las siguientes elecciones gastando más sin que los ciudadanos sientan el sobrecoste de forma inmediata difiriéndolo. Una ilusión con una vida muy corta pero que termina saliendo gratis para los políticos y muy cara para los contribuyentes.
La deuda: una montaña que se acumula
Gastar más de lo que se ingresa año tras año implica ir acumulando una deuda que se va amontonando haciendo que pagar sus intereses sea cada vez más oneroso. No siempre ha sido así, entre 1997 y 2007 las administraciones consiguieron disminuir el endeudamiento del Estado desde el 65% al 35% del PIB tal y como recoge el estudio del IJM, aunque desde entonces se ha disparado hasta alcanzar el 115% del PIB en 2022. El déficit puede ser algo puntual pero la deuda es un problema que se agrava con el tiempo como hemos señalado acaparando cada vez más recursos para su financiación al tiempo que los mercados encarecen sus intereses e incluso pueden negarse a seguir concediendo créditos al aumentar la posibilidad de impago. Es lo mismo que le ocurriría a un particular que puede endeudarse siempre y cuando existan perspectivas de que seguirá pagando sus deudas pero en cuanto se llega a cierto límite se cierra el grifo del crédito. Y, en cualquier caso, queda a merced de sus deudores lo que para un país implica una pérdida de soberanía. Este fue uno de los problemas de España durante la crisis financiera y si no ha llegado a repetirse en los últimos años no ha sido por la confianza crediticia española sino por el respaldo casi a fondo perdido realizado por el Banco Central Europeo. Buena parte de la crisis inflacionaria que sufre Europa se debe a esta expansión crediticia, como suele decirse nada sale gratis aunque sus efectos no sean inmediatos ni directos. En el caso de que esta generosidad que llevan a cabo los países solventes de la zona euro para salvar a los incumplidores estarían al borde de la quiebra. Por eso la eurozona marca un límite en el 60% respecto del PIB en el endeudamiento que no es fruto de un capricho como recuerdan desde el Instituto Juan de Mariana sino que “la literatura económica pone de manifiesto que una deuda superior al 60% del PIB afecta al crecimiento económico y, además, puede comprometer la estabilidad financiera del país”. Es la experiencia histórica y el análisis de la macroeconomía la que dicta esta recomendación que, por otro lado, parece de sentido común. En este sentido en términos de PIB España terminó 2022 en niveles similares a los de 2008 lo que equivale a que la riqueza generada sigue siendo la misma pues han sido más las pérdidas que las ganancias en estos últimos años. Mucho más alarmantes resultan estas cifras si se relacionan con la población ya que al aumentar el PIB per capita ha disminuido lo que indica una pérdida de productividad general del país y una pérdida de poder adquisitivo real que ya están notando los ciudadanos en sus bolsillos. Los españoles ya somos más pobres que en 2008 y a ello ha contribuido la irresponsabilidad fiscal de los gobernantes generando una deuda que lastra el crecimiento y las posibilidades de inversión en la economía productiva. Por ejemplo, según este mismo informe “reducir la deuda del 95% al 35% del PIB elevaría el PIB en 5,2 puntos, mejoraría el consumo privado en 4,5 puntos, impulsaría la inversión en 6,4 puntos y reduciría la carga fiscal en 9,5 puntos”.
Celebrar el Día de la Deuda para concienciar a los contribuyentes
Son magnitudes que están íntimamente relacionadas y de ahí la importancia de utilizar conceptos como el día de la deuda que ayudan a los contribuyentes a visibilizar un problema que los gobiernos esconden debajo de las alfombras del presupuesto. Gracias al informe del Instituto Juan de Mariana sabemos que los ingresos que recauda el Estado solo pueden financiar los servicios públicos y su burocracia hasta el 30 de noviembre mientras que el resto del año viven del crédito. Si nos comparamos con los países de nuestro entorno descubrimos que hay siete países de la Unión Europea que alcanzan este Día de la Deuda antes que España, pero tienen la ventaja de que el total de su deuda es mucho menor, con un del 53,8% de media del PIB, más de un 50% por debajo de nuestro país. Pero es que si nos fijamos en el sistema de la Seguridad Social resulta mucho más preocupante ya que el IJM ha calculado que su Día de la Deuda se adelanta al 10 de octubre y si eliminamos las aportaciones presupuestarias para saber cual sería la sosteniblidad del sistema de pensiones exclusivamente a través de las cotizaciones de los trabajadores esta fecha llegaría el 28 de septiembre lo que implica que para sanear el sistema habría a que acometer “una reducción media de 57 euros mensuales en los pagos entregados a los jubilados”, según este mismo estudio.
En cifras la deuda pública total asciende ya a 29.500 euros por habitante y sólo en 2023 los pasivos del Estado habrán aumentado en 60.000 millones de euros. El informe propone también expresar estas cifras a través de un reloj de deuda en el que la deuda se incrementaría en 164,8 millones de euros cada día, lo que supone 6,8 millones por hora, 114.155 euros por minuto y 1.903 euros por segundo. El tiempo, en este caso, más que oro es deuda y el problema es que se va acumulando.
Este endeudamiento descontrolado no parece un problema mientras el crédito fluye y se refinancia la deuda proyectando su pago hacia el futuro. Sin embargo se trata de una carrera de la rata que en algún momento puede terminarse -ya sea en ocho años o en quince- y que, en cualquier caso, provoca debilidades en el sistema productivo que ya se están manifestando en la economía real. Para no llegar a ese punto existe margen para reequilibrar los presupuestos entre los que el estudio destaca los 32.000 millones en subvenciones calculados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) o 60.000 millones en desembolsos del sector público que el Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que podrían reducirse sin afectar a su funcionamiento. No se trata tanto de gastar más sino de gastar mejor prescindiendo del gasto improductivo para financiar mejor los servicios públicos que también ven como se desvían cada vez más recursos a pagar los intereses de la deuda. En este sentido y a pesar de su impronta liberal el Instituto Juan de Mariana propone una solución conservadora al problema creciente de la deuda ya que apuesta por la consolidación fiscal a través de la contención presupuestaria ya que han calculado que si España mantuviese en 2024 los niveles de gasto estimados para 2023, alcanzaría un escenario de superávit. El inconveniente es que equilibrar las cuentas un año no termina con el problema de la deuda y necesitaría que este compromiso de responsabilidad presupuestaria se mantuviera en el tiempo y, lamentablemente, la historia reciente nos enseña que podría no ser suficiente ni existen garantías de que los políticos irresponsables volverán a conducirnos por la senda del gasto más allá de lo que son capaces de ingresar.
